El secretario del Agua del PSOE de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, señaló ayer que las declaraciones que realizó en Lorca (Murcia) el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en las que aseguró que los servicios jurídicos de su Ministerio «trabajan para que el Memorándum» que en su día firmaron los Gobierno de Murcia y Valencia con el Gobierno central sobre el Tajo-Segura «adquiera rango de ley» demuestran a las claras que «Cospedal ha traicionado a Castilla-La Mancha».
Para Luengo, estas afirmaciones «no pueden ser más desastrosas» para la región y vienen a poner de manifiesto que «lejos de trabajar en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, Cospedal, por detrás, ha vendido a nuestra comunidad autónoma en materia de agua y lo ha hecho por sus intereses partidistas», informó el PSOE en nota de prensa.
El responsable socialista indicó que tanto Cospedal como el resto de los miembros del Ejecutivo regional, «que tanto han alardeado del borrador del plan de cuenca del Tajo, conocían las verdaderas intenciones que había tras la firma de este Memorándum, y que nosotros hemos advertido en numerosas ocasiones y lo más grave es que además no han hecho nada para evitarlo».
De confirmarse las intenciones de Cañete de dar rango de ley a este Memorándum, en opinión de Luengo, supondría que «todas» las posibilidades de desarrollo económico para Castilla-La Mancha que pudiera traer consigo el plan del Tajo quedarían «totalmente» truncadas. «El plan del Tajo se convertiría en papel mojado y Castilla-La Mancha sería una colonia hídrica del Levante, con un Tajo que más que un río sería un estercolero», añadió.

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El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, manifestó ayer que los servicios jurídicos trabajan en estos momentos para que el Memorándum Tajo-Segura adquiera rango de ley «y en ver que otros aspectos, sin embargo, no tienen que tener esa regulación a tan alto nivel porque puedan ser modificables más fácilmente».
Pero, subrayó, las preocupaciones fundamentales y factores que preocupan a los regantes «están consolidados en una norma que les garantice la máxima estabilidad».
En la pedanía La Campana en Lorca (Murcia), donde el ministro presentó las obras para el desarrollo de nuevas infraestructuras de distribución de agua desalada, procedente de la planta de Águilas hasta el Valle del Alto Guadalentín, Arias Cañete recordó que el Memorándum es un acuerdo entre el Gobierno y la Comunidad de Regantes «y por lo tanto tiene unos compromisos firmes que tendrán su encaje normativo en normas de distinto rango».
«Puede haber normas, prosiguió su explicación, que tengan que tener una regulación a nivel de ley y que por su naturaleza tenga que tener un desarrollo reglamental». En este momento, acentuó el ministro, «estamos analizando cuál es la mejor forma jurídica».
Al hilo indicó, a preguntas de los medios, que el Memorándum es bueno porque está «muy dialogado y pactado» y ha sido el eje fundamental para sacar a exposición pública el Plan del Tajo, por lo tanto, «ahí ha habido un esfuerzo de consenso, de búsqueda de compromisos para garantizar las preocupaciones naturales de los regantes, que quieren tener la seguridad de que van a tener abastecimiento de agua y también de otras cuencas, de las excedentes».
Arias Cañete destacó, en este sentido, el esfuerzo «de conciliación y concordia» muy importante, en su opinión, y que «va a permitir el funcionamiento normal del trasvase Tajo-Segura, con garantía de seguridad jurídica, que no existía anteriormente, y estabilidad».
«Siempre que se hace planificación hidrológica hay preocupación porque el agua es muy necesaria», apostilló Arias Cañete, tras indicar que «si el Partido Socialista fue incapaz en el año 2009 de cerrar los planes hidrológicos es porque requieren mucho diálogo, consenso y negociación, y nosotros hemos dedicado muchas horas de diálogo a poder buscar el consenso básico, que se recogió en un Memorándum».
Y ahí, resaltó, «las aspiraciones de las comunidades de regantes, de las comunidades autónomas y la lógica preocupación del Gobierno de España de equilibrar las cuencas, se han plasmado en un documento; ahora estamos viendo como ese documento de intenciones se plasman en textos normativos».
Una vez que estos textos normativos estén encima de la mesa habrá una mayor tranquilidad «y las aguas volverán a su cauce», pero, señaló, la planificación hidrológica en España «no es fácil».

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Desde que se dio a conocer el borrador del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, se ha destacado, desde la Junta y el Ministerio, el alto grado de consenso logrado. Sin embargo, importantes comunidades de usuarios, como la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, ya han anunciado públicamente su rechazo al mismo, tanto a las obras aprobadas, como la sustitución de bombeos, como a las asignaciones de agua a Albacete. Así pues, ¿no hay riesgo de que este consenso se resquebraje cuando estas comunidades presenten sus alegaciones?
La obligación del Gobierno de Castilla-La Mancha es defender con rigor y firmeza los intereses de nuestros ciudadanos, pero hacerlo desde la lealtad, porque de nada sirve hacer del agua una guerra, como se ha hecho durante tantos años en esta tierra. Era una cortina de humo, una forma de ocultar la incapacidad del Gobierno socialista para resolver los problemas en materia de agua. Nosotros creemos que hay que garantizar las necesidades de Castilla-La Mancha en materia de agua, pero desde la lealtad. Creo que eso es la garantía del consenso básico. El plan del 98 se cerró con un altísimo grado de consenso y confío que el que está en marcha obtenga el mismo grado de consenso.
Otro aspecto que se ha destacado sobre el borrador, por parte de la Junta de Comunidades, es que Castilla-La Mancha dispondrá de más agua en comparación al Plan de 1998. ¿Podría detallar cuáles son las asignaciones de agua que aumentan?
Aumentan en dos aspectos, en que hay más agua y además podemos utilizar más agua. Para la provincia de Cuenca, por ejemplo, hay dos dotaciones nuevas de agua que no estaban recogidas en el plan actual, de once hectómetros cúbicos, seis de ellos para la capital de Cuenca. Se establecen también seis hectómetros cúbicos para futuros desarrollo industriales, que va a beneficiar a pequeños pueblos de Cuenca y Albacete que tenían estancado su desarrollo por no tener agua. Además, podemos usar más agua. Una petición justa es la de los regantes de la Mancha Oriental, porque de nada sirve el reconocimiento de poder disponer de 145 hectómetros cúbicos para riego si al final solo puedes disponer de 30, por las obras que hay, que es lo que está pasando. El borrador recoge las obras de la segunda fase de sustitución de bombeos, que han de iniciarse en 2014 y que van a permitir a nuestros regantes usar el agua que tienen reconocida. En cifras globales, en la planificación de 1998 las dotaciones reconocidas a la región eran de unos 3.800 metros cúbicos; en la actualidad las dotaciones se incrementan en 425.
Cospedal ha repetido que un principio básico en la gestión del agua es el de la prioridad de la cuenca cedente. En el caso del borrador del Plan del Júcar, ¿qué medidas concretas se han establecido para garantizarlo?
Haría una reflexión previa y es que trabajamos sobre el respeto a las sentencias de los tribunales. En 2004 hubo una sentencia que daba la razón a Castilla-La Mancha pero los gobiernos socialistas no hicieron nada. Dicho esto, el plan recoge el principio de prioridad como principio básico.

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En el 2011 se puso en marcha en Tinajeros (Albacete)una experiencia piloto de vigilancia ante el aluvión de robos que se habían registrado en explotaciones agrarias, con el cobre como principal reclamo para los amantes de lo ajeno. Según recuerda Herminio Molina, secretario de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo), de esta manera se quería poner coto a una situación de inseguridad que llegó a ser «insostenible, con una oleada tremenda de sustracciones no por pequeños rateros, sino por bandas perfectamente organizadas con ojeadores, ejecutores del robo, controladores, y especialistas en la fuga».
Añade Molina que visto lo visto y teniendo en cuenta que la administración competente no tenía medios para cubrir todo el territorio, a iniciativa de la Jcrmo y de la empresa Unión Protección Civil, se ofreció a los agricultores la posibilidad de que por un euro o euro medio por hectárea al mes, contar con este servicio cuyo cometido no es detener sino ver, controlar e identificar cualquier movimiento sospechoso y dar cuenta a la Guardia Civil para que actúe, «pues los agricultores -dice Molina- no somos policías».  
El tiempo transcurrió y los robos pasaron de ser algo habitual a prácticamente desaparecer, por lo que  dos años después, no sólo hay vigilancia privada en Tinajeros, sino que también se ha extendido a otros municipios de la provincia albaceteña como Barrax y La Roda, «de manera que hoy por hoy 10.000 hectáreas de regadío de la provincia, un 10% del total, están bajo esta protección».  De hecho, en lo que va de año únicamente en una finca de Barrax ha habido una sustracción de varios aspersores, pero no así de cables de pivotes -unos artículos que en otros tiempos llegó a representar el 80% de lo que se robaba en las explotaciones agrarias albacetenses-, ni de transformadores, aunque en este caso, indica Molina, es más el daño que ocasionan al agricultor que el dinero que pueden obtener por lo robado y sin perder de vista que, el cobre se está cotizando en el mercado sobre unos seis euros el kilo.
No obstante, en opinión del secretario de la Jcrmo, pese a la actitud disuasoria de esta acción y el trabajo llevado a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desmantelado redes y chatarrerías clandestinas, esto no va parar hasta que no se cambie el Código Penal y se incrementen las penas de prisión por esos hechos.

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El Ministerio de Agricultura lleva meses trabajando en simulaciones con distintos tipos de modelos de regionalización, con el fin de valorar cuál se adapta mejor a la diversidad agrícola española y produce una menor transferencia de importes de ayudas, en la aplicación de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC).
En una respuesta parlamentaria al diputado socialista Alejandro Alonso, el Gobierno asegura que el modelo más adecuado a estos objetivos se basa en una división territorial por agrupaciones de comarcas agrarias, con importes homogéneos de ayudas y por tipo de superficie.
«La comarca, como agregación de municipios con las mismas características agronómicas, es la mejor aproximación a las realidades agrarias de nuestro país, distinguiendo dentro de cada una de ellas, cuatro tipos de superficies cultivadas (cultivos herbáceos de secano, de regadío, cultivos permanentes y pastos», afirma el Ejecutivo.

Consenso. Pese a ello, el Gobierno subraya que la delimitación definitiva de las regiones será uno de los resultados del acuerdo que se alcance con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias.
No obstante, en la respuesta parlamentaria, el Ministerio de Agricultura afirma que uno de los grandes logros alcanzados por este país en las negociaciones de la reforma de la PAC ha sido haber conseguido la flexibilidad necesaria, de manera que se adapte a las peculiaridades de las agriculturas de los distintos estados miembros y, en particular, la española, pero «sin perder la coherencia y equilibrio» que le otorga su carácter de Política Común.
Por ello, el Ministerio asegura que se pondrá en marcha en nuestro país un modelo de aplicación nacional de la PAC que tenga en cuenta las diferentes realidades agrarias y, para ello, buscará el máximo consenso con las comunidades autónomas y asociaciones agrarias, para definir un sistema de regionalización adecuado a la diversidad de la agricultura española y que conlleve la menor transferencia posible de importes de ayuda entre sectores productivos y territorios y, con ello, entre beneficiarios.
En este sentido, la apuesta del Ministerio se centra en la aplicación de un modelo nacional basado en comarcas agrarias, de manera que queden contempladas sus distintas condiciones productivas.
«Un sistema de regionalización, adecuado a la diversidad de realidades agrarias de nuestro país, y que minimice los trasvases de fondos entre sectores, con una convergencia efectiva de ayudas entre agricultores dentro cada comarca muy limitada», concluye el Gobierno.

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Los agricultores albaceteños están a punto de acabar el verano de la misma forma que terminaron la primavera, mirando al cielo y echando cuentas de los daños que  les han producido, una vez más, las inclemencias del tiempo.
El pasado miércoles, a las siete de la tarde, dos tormentas, no una, entraron en la provincia por la comarca de Villarrobledo; se adentraron en La Manchuela, y cogieron dirección sur y luego torcieron hasta la capital provincial, donde acabaron de descargar.
De acuerdo a los datos que ayer llegaban a las sedes de Asaja y UPAen Albacete, la intensidad de la tormenta fue muy irregular, pero el frente fue muy amplio, de entre 20 y 30 kilómetros. Hubo zonas en que solo fue el típico aguacero de verano; en otras, llovió con intensidades de entre 30 y 40 litros por metro cuadrado «e incluso tenemos noticias de puntos muy concretos en los que llegó a caer piedra, como  pasó en Pozo Lorente», indicaba ayer Julián Martínez, secretario provincial de UPA.

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La segunda fase de la sustitución de bombeos será la primera obra  en iniciarse en la cuenca del Júcar  a principios de 2014, cuando se apruebe, de acuerdo a la previsiones del Gobierno central, la revisión del Plan de Cuenca. La obra, presupuestada por un total de 60 millones de euros, beneficiará a cerca de un millar de regantes del Júcar medio, que usarán aguas superficiales del río para evitar el uso de los pozos y así mejorar el estado del acuífero de la Mancha Oriental.
Así lo dieron a conocer ayer desde La Herrera (Albacete) el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Federico Ramos, la consejera de Fomento de la Junta,  Marta García de la Calzada y el delegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador.
Recorrieron parte de las infraestructuras de las que actualmente dispone la comunidad de Regantes de Balazote-La Herrera, la primera, pero no la única, que podrá utilizar la segunda fase de la sustitución de bombeos.
En cuanto a la financiación de las obras, Marta García de La Calzada señaló que el presupuesto «asciende a 60 millones de euros y hemos trabajado codo con codo con la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental para que la obra tenga un coste asumible, a pesar de las limitaciones presupuestarias» de tiempos de crisis

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LA SUSTITUCION DE BOMBEOS. ART. 11-9-2013 LA TRIBUNA.pdf

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ART. 6-9-2013 LOS REGANTES INICIAN EL PROCESO DE RENOVACIÓN.pdf

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