La letra pequeña del memorándum en defensa del Tajo-Segura, firmado esta semana por el Ministerio de Agricultura y las comunidades de Murcia y Valencia, podría traer consigo un ataque directo hacia los intereses de Castilla-La Mancha. En concreto, el séptimo punto del documento al que ha tenido acceso La Tribuna plantea la «posible derogación de la disposición adicional primera de la ley 11/2005», es decir, de la ley del PSOE que modificó el Plan Hidrológico de José María Aznar. Una normativa que, en este punto exacto, permite «que Castilla-La Mancha pueda utilizar también el agua y la infraestructura del Acueducto Tajo-Segura», además de apuntar la «revisión a futuro» de los volúmenes trasvasables desde la cabecera del Tajo.
Otra propuesta que también podría suponer un giro radical en el actual status quo del agua, es el requerimiento de una revisión de la legislación actual «con la finalidad de mejorar los procedimientos de cesión de derechos, buscando la satisfacción de todos los interés y ámbitos competenciales afectados». Aquí, las plataformas en defensa del Tajo ven clara la intención del Levante de permitir la compra de derechos de uso de agua del Tajo por regantes del Segura. Derechos de agua que, como dicen, se irían directamente desde la cabecera del río a la tubería hacía el Levante. Lo consideran «un fraude de ley» en toda regla.

cambiar las reglas. Asimismo, este memorándum sentaría las bases para una «adaptación» de la Ley de Regulación del Régimen Económico de la Explotación del Tajo-Segura, fechada en 1980. Y es que, como dice el documento manejado por este diario, el objetivo no es otro que «el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y de una actividad agraria segura y sostenible». Un objetivo, aseguran, «estratégico y socioeconómico de primer orden para el Estado, cuya permanencia debe quedar garantizada».
En este sentido, llama la atención la demanda de actualizar también las reglas de explotación del trasvase al Segura, «conforme a las nuevas determinaciones de la planificación hidrológica del Tajo». El Levante requiere al Ministerio la revisión anual de estos «mecanismos de aplicación autonómica» para garantizarse para sí el agua del Tajo tanto en situación «de alerta» (sequías) como ordinarias. O lo que es lo mismo, siempre que lo requiera.
 Esta posible revisión anual de las reglas del trasvase podría, de facto, anular cualquier mejora para el río generada por el nuevo plan de cuenca del Tajo, que previsiblemente se aprobará a final de año.
Demandas todas que el Levante justifica en la «potencial variación de volúmenes» trasvasados y en el hecho «de que se superpongan a una situación ya de por sí desfavorable, caracterizada por la precariedad de los aprovechamientos para riego, y por las incertidumbres que como consecuencia del aumento natural de las demandas del Tajo, de la reducción de aportaciones de cabecera y de los posibles efectos del cambio climático, se generarán tanto a corto como a largo plazo».
Cabe recordar que este acuerdo fue suscrito el pasado martes en Madrid por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y los consejeros de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, José Císcar y Antonio Cerdá respectivamente. El Gobierno de Castilla-La Mancha no acudió a la citada reunión ni ratificó con su firma las demandas del Levante.

Grupo de trabajo. A partir de ahora, se ha constituido un grupo de trabajo coordinado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) e integrado por representantes del departamento y de las comunidades autónomas firmantes (Comunidad Valenciana y Región de Murcia). Según Francisco Ramos, en este foro de debate y análisis se hablará de la gestión del agua, y sus propuestas «serán tenidas en cuenta e incorporadas las que mejor convengan».
Las propuestas serán entregadas en un plazo máximo de tres meses, tras la firma de este Memorándum, a la Administración General del Estado, que tendrá el mismo período de tiempo para iniciar la tramitación de las actuaciones que corresponde a la vista de las propuestas que se realicen.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, aboga por flexibilizar la cesión temporal de derechos del uso del agua entre las cuencas del Tajo al Segura, para que los usuarios puedan disponer de recursos garantizados en épocas de sequía o de déficit de agua.
La propuesta de Fenacore se centra en reducir los trámites a un contrato entre organismos de cuenca, que facilitaría su puesta en práctica, en lugar de desarrollar una ley específica para llevar adelante el trasvase como sería necesario en la actualidad.
«De esta forma, en un contexto en el que afrontar la ejecución de trasvases exigiría una normativa específica, encendiendo todo tipo de tensiones políticas y territoriales, apostar por esta medida temporal evitaría una guerra del agua entre regantes de la cuenca cedente y receptora, en un momento además en el que los objetivos de déficit público hacen inviable acometer nuevas inversiones en obras de regulación», asegura esta asociación.
Además, recuerda que los trasvases se topan ahora mismo con una dificultad añadida por el aumento previsto del nivel de los caudales ecológicos, agua mínima necesaria para preservar los hábitats naturales, como ocurre en el caso del Tajo, dificultando así que pueda abastecer de forma permanente a la cuenca del Segura.
No obstante, para Fenacore, la construcción sostenible de embalses y trasvases intercuencas allí donde sea necesario sigue siendo una gran asignatura pendiente y la «mejor solución», junto a los bancos de agua, la alternancia de aguas superficiales y subterráneas, entre otras, para regular los efectos de la sequía cíclica que sufre España.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado información sobre la paralización de las obras de la tubería manchega. Preguntada por este asunto, la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, recordó ayer que esta obra tiene como objetivo el abastecimiento de los municipios de La Mancha y por tanto no tiene nada que ver con el regadío, puesto que es agua para abastecimiento.
De todos modos, Soriano reconoció que es una obra que está sufriendo un «gran retraso», recordando que en principio iba a tener una parte de financiación europea de hasta el 75%.
En este sentido, la titular de Agricultura indicó que la actuación del anterior gobierno socialista en esta materia «impidió, al paralizar el Plan Hidrológico Nacional, que España pudiera recibir ese porcentaje».
Añadió que esta obra debería estar ya finalizada hace más de tres años, por lo que culpó al gobierno socialista anterior de no poder contar con la financiación europea.
Sin embargo, Soriano dijo que el gobierno actual está terminando casi el 50% de la infraestructura, y por esa falta de financiación «tendrá que desarrollarse en función de las posibilidades económicas». En este punto, reiteró que «el PSOE frenó esta obra y por eso no se terminó».

memorándum y trasvase. En otro orden de cosas, el portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, volvió a referirse al memorándum firmado por los gobiernos del Levante y el Ministerio del ramo, reiterando una vez más que desde Castilla-La Mancha respetan cualquier opinión o estudio que quiera realizarse, pero hizo especial hincapié en que el plan de cuenca está publicado en el Boletín Oficial del Estado y «es el que determina el régimen jurídico».
Asimismo, preguntado por el último trasvase propuesto por la comisión de explotación, aclaró que es una propuesta y por tanto tendrá que verse el resultado final. Y de todos modos, aseguró que Castilla-La Mancha siempre tiene una actitud «solidaria» pero estará «vigilante».

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, consideró «factibles» las propuestas de reforma del Código Penal propuestas por el sindicato agrario Asaja para combatir los robos en las explotaciones agrarias y ganaderos, entre las que destaca la pena de prisión de 6 a 18 meses para las personas que sustraigan productos por valor superior a los 100 euros, según se informó La Tribuna en fuentes presentes en la reunión.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, se reunió el miércoles con los titulares de Justicia y Agricultura, para agravar estos delitos en la futura reforma del Código Penal. En la actualidad, el anteproyecto está siendo debatido en la actualidad en el Consejo de Estado, antes de ser remitido al Congreso de los Diputados para el inicio de su tramitación parlamentaria.
Según las fuentes consultadas, Ruiz Gallardón se comprometió a responder por escrito, en 15 días, a las demandas de la organización agraria, a través de Arias Cañete, aunque está «muy de acuerdo» con demandas de Asaja relativas a un mayor castigo de la «multirreincidencia» o con la posibilidad de que se incluyan «no sólo los robos», sino los daños producidos en las explotaciones agrícolas o ganaderas en la tipificación de las penas. Así, el Ministerio de Justicia estudiará la posibilidad de incluir un artículo en el nuevo Código Penal para que se especifique como agravante los robos que se produzcan en las zonas que estén fuera de áreas habitadas o poblaciones, «vinculadas con las explotaciones agrarias y ganaderas».

Tres años de prisión. En estos casos, las penas por robo, con independencia de su cuantía, podrían llegar hasta los tres años de prisión. No obstante, el departamento que dirige Gallardón está estudiando esta medida para que la pena tenga relación con la cuantificación de lo robado y con los daños colaterales que se produzcan en el acto delictivo.
De igual modo, Gallardón también se mostró favorable a la propuesta de agravar los delitos de las personas multirreincidentes, de aquellas otras las personas y empresas receptivas de los productos robados, así como los robos de cobre o suministro eléctrico, unos delitos que se han disparado en los últimos meses.
Por otra parte, Pedro Barato ha desvelado que los titulares de Interior y de Agricultora hablarán con el de Interior, Jorge Fernández Díaz, para «incentivar» una protección por parte de las fuerzas de seguridad en áreas rurales. “La situación es muy «alarmante y ha habido muertes por robar un móvil y 50 euros», afirmó tras la reunión. La última muerte se produjo en Cheste (Valencia) a finales de marzo, cuando un vigilante de naranjos falleció de un disparo en un enfrentamiento con un supuesto ladrón. En 2011 murió un pastor en Cinco Casas (Ciudad Real). «Cuando va a empezar una campaña en el campo -ya sea de melones o de cultivos permanentes, como los leñosos- y empieza el riego, ya estamos temblando», concluyó.
Asaja presentó a los titulares de Interior y Agricultura una propuesta de reforma del Código Penal, con ocho modificaciones, para agravar los hurtos en las explotaciones agrarias y ganaderas, entre las que figuraba restringir las medidas cautelares que se dictan para lograr la libertad provisional, especialmente en el caso de los delincuentes multirreindicentes o pagar lo robado como requisito previo a la suspensión de las penas privativas de libertad.

El Gobierno de Castilla-La Mancha adoptó ayer tres importantes decisiones en materia de agricultura. La consejera titular del ramo, María Luisa Soriano, explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno que una de estas medidas supone la asignación de 39,4 millones de euros para nuevas actuaciones con la finalidad de diversificar la actividad económica en zonas rurales.
La presentación y desarrollo de estos proyectos se realizará a lo largo de los años 2013, 2014 y 2015, ya que están incluidos en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 aunque la Unión Europea permite que se puedan desarrollar durante dos años más. Hasta ahora, añadió, los 29 grupos han contado con 96 millones de euros para llevar a cabo 958 proyectos desde el año 2007, permitiendo la creación de 541 nuevos puestos de trabajo y la consolidación de 410.
En segundo lugar, Soriano señaló que se ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas para la promoción del vino de Castilla-La Mancha. Se trata -dijo- de promocionar los vinos de esta tierra en países que no son de la Unión Europea, para lo cual las bodegas, cooperativas y consejos reguladores podrán presentar proyectos hasta el 25 de mayo.
En concreto, la consejera detalló que las ayudas cubrirán el 50% de los gastos para hacer promoción del vino, que tendrá que estar amparado por alguna figura de calidad (denominación de origen, identificación geográfica protegida o pago vitícola, así como marca colectiva de calidad o vinos que contengan una variedad de uva y esté indicado en la etiqueta).
Soriano confió en que en la próxima campaña de vino pueda mantenerse el presupuesto de más de 8 millones de euros, aunque se concretará en la conferencia sectorial, y en el marco de esta campaña se celebrará la Cumbre del Vino anunciada por Cospedal.
En tercer lugar , el Consejo de Gobierno aprobó un presupuesto de 600.0000 euros para ayudas al sector agroalimentario de cara al desarrollo de nuevos productos, técnicas o procesos innovadores.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, propuso ayer al Gobierno que modifique el Código Penal para que se aplique una pena de prisión de 6 a 18 meses, a las personas que sustraigan productos agrarios o ganaderos en explotaciones, cuando el valor de los mismos exceda de 100 euros.
Esta propuesta ya fue formulada por el PP en el Congreso de los Diputados en el gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, pero finalmente no fue aceptada por la ponencia parlamentaria que debatió la reforma penal.
Pedro Barato hizo esta propuesta en la reunión que mantuvo con los ministros de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en Madrid, para estudiar aquellas medidas que podrían adoptarse para frenar la oleada que sufren estas explotaciones.

agravar los tipos penales. Además, el máximo responsable del sindicato agrario defendió la necesidad de que se agraven los tipos penales cuando se produzca en los delitos una multirreincidencia, correspondan a delincuencia organizada o a la criminalidad organizada.
En este sentido, recordó que el perfil de los delincuentes que operan en el medio rural responde en muchas ocasiones al del delincuente multirreincidente y a su integración en grupos organizados que se dedican a saquear las explotaciones agrarias.
De igual modo, también pidió al Gobierno restringir las medidas cautelares que se dictan para lograr la libertad provisional, especialmente en el caso de los delincuentes multirreindicentes.
«El sistema vigente de medidas cautelares no contribuye a la prevención de la comisión de otros delitos, especialmente por parte de delincuentes con varias decenas de detenciones que, aparte de causar en los mismos una sensación de impunidad, genera en la sociedad española y en el mundo rural una creciente alarma social», afirmó.

pagar lo robado. En quinto lugar, Pedro Barato propuso que la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad sólo pueda concederse previo al pago de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios derivados del hecho punible.
Respecto del delito de receptación, el responsable del sindicato agrario exigió un incremento de las inspecciones y controles de chatarrerías, desguaces y empresas del sector, así como el control policial de vehículos, furgonetas y camiones que transiten por los caminos rurales, en especial, en épocas de recolección.
Finalmente, Pedro Barato consideró necesario complementar las medidas penales con planes policiales específicos de prevención y de investigación de estos delitos en las zonas rurales afectadas, con intensificación de la vigilancia, especialmente durante las noches, los fines de semana y días festivos, actuando en coordinación agricultores y los distintos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y de las Policías Locales.

El memorándum del agua propiciado por los gobiernos del Levante y el Ministerio se estaba ayer debatiendo en Madrid para proceder a su firma. Preguntada por este asunto, la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, prefirió referirse al borrador del plan de la cuenca del Tajo en vez de al citado memorándum.
Así, la consejera señaló que en este asunto la postura del Ejecutivo castellano-manchego es «muy clara y muy evidente. Creo que lo entienden todos los ciudadanos». De este modo, la titular de Agricultura criticó que durante 28 años de gobierno socialista en la región el PSOE no fue capaz de «hacer nada» por Castilla-La Mancha en materia de agua y «lo único que ha buscado ha sido enfrentamientos».
Sin embargo, destacó que por vez primera, con el Gobierno de Cospedal y con el Gobierno de Mariano Rajoy, «tenemos soluciones de agua para Castilla-La Mancha y en concreto en esta demarcación hidrológica del Tajo».
La consejera recordó que había tan solo una reserva de 240 hectómetros cúbicos y ahora se alcanzan los 400 hectómetros cúbicos en una zona donde ha sido muy demandada y reivindicada «la necesidad de esa lámina de agua». «Frente a los enfrentamientos que provocaba el gobierno socialista, el Gobierno del PPlo que aporta son soluciones para Castilla-La Mancha», dijo, añadiendo que ve «garantizados los regadíos de toda la cuenca del Tajo».

La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, no acudió ayer a Madrid a la sede del Ministerio a firmar el memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y las comunidades autónomas de Murcia y Valencia sobre las aguas excedentarias del trasvase Tajo-Segura.
Mientras el secretario de estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y los consejeros de Agricultura de Valencia y Murcia, José Ciscar y Antonio Cerdá, respectivamente, firmaban un documento que incluye la constitución de  grupos de trabajo y un foro de debate con el que se pretende ladinamente aumentar el volumen de agua trasvasable y reducir la reserva de agua obligatoria en los pantanos de cabecera, la consejera de Castilla-La Mancha acudía a unas jornadas sobre Tecnologías de la Información (TIC)a la que asistieron 75 empresarios de la región y se reunía con más de un centenar de alumnos de Administración y Dirección de Empresas (ADE). Castilla-La Mancha, que entiende que ambas comunidades defiendan sus intereses en materia de agua, reitera con este gesto que lo único que obliga jurídicamente es lo que se publica en el BOE. Y lo publicado es el borrador del Plan de Cuenca del Tajo.

El Ministerio de Agricultura, el Gobierno de Valencia y el de Murcia firmaron ayer un acuerdo para estudiar posibles acciones, principalmente en los ámbitos normativos y técnico, para «mitigar» las limitaciones que la nueva planificación del Tajo tendría sobre los aprovechamientos dependientes del acueducto Tajo-Segura.
Así consta en el borrador del Memorándum de entendimiento entre el Ministerio y las comunidades autónomas de la región de Murcia y la Comunidad Valenciana sobre las aguas excedentarias del trasvase Tajo-Segura.
El acuerdo fue suscrito por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y los consejeros de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, José Císcar y Antonio Cerdá respectivamente.
El número dos del Ministerio de Agricultura aseguró que el Memorándum no es más que una nueva muestra de la voluntad que tiene el Gobierno por alcanzar acuerdos en materia de agua desde el diálogo y la colaboración, y añadió: «Porque no se entiende la política del agua sin cooperación».
A partir de ahora, se constituirá un grupo de trabajo coordinado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) e integrado por representantes del departamento y de las comunidades autónomas firmantes (Comunidad Valenciana y Región de Murcia), al que «se invitará» a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ya ha declinado su participación en el mismo.
Según Francisco Ramos, en este foro de debate y análisis se hablará de la gestión del agua, y sus propuestas «serán tenidas en cuenta e incorporadas las que mejor convengan». «Es necesario que superemos ya la frase ‘la guerra del agua’ por la de la cooperación en materia de agua», concluyó.
Las propuestas serán entregadas en un plazo máximo de tres meses, tras la firma del Memorándum, a la Administración General del Estado, que tendrá el mismo período de tiempo para iniciar la tramitación de las actuaciones que corresponde a la vista de las propuestas que se realicen.
Las tres instituciones justifican estas medidas porque la entrada en vigor del Plan Hidrológico del Tajo supondrá una nueva determinación de excedentes que podría alterar el actual régimen de trasvase a través del acueducto Tajo-Segura.
«El mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y de una actividad agraria segura y sostenible constituye un objetivo estratégico y socioeconómico de primer orden para el Estado, cuya permanencia debe quedar garantizada», se afirma textualmente en el documento. Asimismo, argumentan la «potencial variación de volúmenes» trasvasados y el hecho de que se superpongan a una situación ya de por sí desfavorable, caracterizada por la precariedad de los aprovechamientos para riego, y por las incertidumbres que como consecuencia del aumento natural de las demandas del Tajo, de la reducción de aportaciones de cabecera y de los posibles efectos del cambio climático, se generarán tanto a corto como a largo plazo».
Ante esta situación, defienden la necesidad de impulsar «sin reservas ni dilaciones» la planificación hidrográfica del Tajo y de las demarcaciones del Júcar y el Segura, y proporcionar la mayor seguridad y estabilidad posible al funcionamiento de los regadíos, siempre teniendo en cuenta la indiscutida preeminencia de la satisfacción de las demandas en la cuenca cedente.

Críticas del PSOE. Curiosamente, tanto desde el PSOE de Castilla-La Mancha como de Murcia han rechazado el acuerdo. Los primeros por considerar que la firma del Memorándum significa reabrir la ‘guerra del agua’ porque anula el Plan Hidrológico del Tajo y, los segundos, porque es «la rendición de la Región de Murcia en el tema del agua y ante la número dos del PP, María Dolores Cospedal».
En un comunicado de prensa, el secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, afirmó: «Aceptar con una firma que se eleven los niveles de cabecera del Tajo hasta 400 hm3 no puede definirse sino como una traición a nuestra Comunidad Autónoma, máxime cuando los dirigentes populares han venido aprovechándose de los regantes, los agricultores, y de los murcianos en general, para conseguir votos con el tema del agua».

La consejera de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, señaló ayer que todavía no cuentan con una valoración económica definitiva de los daños que han podido producir las lluvias en la región, entre otras cosas porque la climatología todavía no está estable y hay muchas zonas que siguen están encharcadas y por tanto es imposible el acceso de los técnicos para hacer una valoración más detallada.
Aún no hay valoración de daños económicos, pero la consejera sí dijo que tienen una estimación de la superficie que puede estar afectada y que ronda el 2% de la superficie agrícola útil de Castilla-La Mancha. No obstante, insistió en que la gravedad de los daños no está definida, hasta que no se tranquilice la lluvia y empiece a levantar el tiempo y a subir las temperaturas y entonces puedan realizar los técnicos una labor más detallada.

seguros. Soriano destacó también que las parcelas más afectadas son cultivos de cereales y también algunas hortícolas, sobre todo en el caso del ajo. Sin embargo, añadió que la política del Gobierno regional es de fomentar y potenciar los seguros agrarios y aseguró que la mayor parte de estos cultivos tienen contratado un seguro, por lo que en el caso de que se produzcan daños económicos, podrán ver compensadas estas pérdidas de producción.