ARTÍCULO LA TRIBUNA 15-3-2013 ASAMBLEA JCRMO.pdf

Los eurodiputados han votado su versión de la reforma de la Política Agrícola Común, una versión  que define la posición que va a tomar el Parlamento Europeo en lo que queda de negociación. Y esta vez no sólo tiene voz, sino que también tiene voto. En el pleno de ayer en Estrasburgo, los eurodiputados votaron a favor de una PAC más suave de la que plantea el Ejecutivo de Bruselas. Parte de esa suavización la proponen para lo que se conoce como greening, que son los requisitos medioambientales que se exigen para cobrar un 30% de las ayudas y que se resumen en tres obligaciones:la rotación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y la creación de áreas de interés ecológico en al menos el 7% de la superficie agrícola.
El Parlamento Europeo propone «flexibilizar» el greening. Plantea que se exima a las explotaciones de menos de 10 hectáreas de la obligación de rotar los cultivos, al igual que las plantaciones arbóreas permanentes, como los olivares o los frutales. Además, las plantaciones de entre 10 y 30 hectáreas podrán rotar sólo dos cultivos. La posición de la Comisión era más dura y proponía imponer la rotación obligatoria de tres cultivos a las plantaciones por encima de las tres hectáreas.
La Eurocámara también sugiera que el primer año de aplicación de la nueva PAC, las explotaciones de más de 10 hectáreas sólo dediquen el 3% de su superficie a áreas de interés ecológico y no el 7%. A partir del 1 de enero de 2016, éstas tendrían que abarcar el 5% de las tierras cultivables y la Comisión presentaría para marzo de 2017 un estudio sobre la viabilidad de incrementar este índice hasta el 7%.
Otro de los cambios que recomienda el Parlamento Europeo es minimizar el impacto de la reforma de la PAC en los ganaderos sin tierras al vincular de forma generalizada los pagos directos a las hectáreas de superficie. Los eurodiputados plantean que los pagos se suban del 10 al 15% en el caso de los asociados a la producción, en detrimento de los vinculados a las hectáreas. Ahora queda culminar las negociaciones con las otras dos patas de la UE, el Consejo y la Comisión. La negociación debería comenzar a principios de abril para llegar a un acuerdo en junio.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer dos importantes acuerdos que afectan al sector vitivinícola de la región y en concreto a los derechos de plantación de viñedo de la reserva regional. La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, detalló el contenido de estos acuerdos, empezando por explicar que se había aprobado la modificación del decreto de derechos de plantación para adaptarlo a la normativa europea y nacional y al mismo tiempo flexibilizar los criterios de cesión de estos derechos para poder adecuarlos en cada convocatoria a las necesidades reales del sector y a la disponibilidad de derechos de plantación.
Soriano concretó que se ha eliminado el tope máximo de 15 hectáreas por viticultor, una modificación que está «consensuada» con el propio sector y sirve para simplificar la normativa y sobre todo para acercarse a las demandas reales.
El segundo acuerdo, continuó, está muy relacionado con el primero y se refiere a la orden para la convocatoria que reparte los derechos de plantación de viñedo en este año 2013.

prioridades. En este sentido, la consejera señaló que la Junta oferta 5.000 hectáreas de derechos de plantación de viñedo de la reserva regional y va a priorizar que estos derechos vayan a los jóvenes agricultores. Por ello, a los que se incorporan a la agricultura por primera vez les cederán los derechos de plantación de manera gratuita, mientras que a los agricultores menores de 40 años que no sean nuevas incorporaciones les ofrecen unas tarifas más reducidas. Así, los menores de 40 años tendrán que abonar 137 euros por hectárea, mientras que el agricultor que no responda a estas características tendrá que abonar hasta 1.097 euros por hectárea.
Asimismo, la Junta de Comunidades también priorizará a aquellos agricultores que son profesionales y a las explotaciones que tienen la titularidad compartida. Para todos ellos, habrá unos precios especiales.

El Constitucional rechaza un recurso que puso la Junta a un cambio normativo de 2003. Niega que se invadan competencias autonómicas y defiende la posibilidad de multarlas

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que presentó la Junta de Castilla-La Mancha presidida por el socialista José Bono contra el artículo 129 de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del 2003 que modificaba la Ley de Aguas para incorporar una directiva comunitaria al derecho español.
La ley de la UE tenía como objetivo la protección y mejora de la calidad y el estado ecológico de las aguas, y establecía un marco para la protección conjunta de las aguas continentales, de transición, costeras y subterráneas para alcanzar un buen estado de las aguas en cada cuenca hidrográfica.
La reforma que aprobó entonces el Gobierno de José María Aznar ampliaba el objeto de la propia Ley de Aguas y, además, definía la ‘demarcación hidrográfica’ como la zona terrestre, marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas.
La Junta centró la argumentación de su recurso ante el alto Tribunal en cuestiones de técnica legislativa, especialmente el hecho de que se empleara la Ley de Acompañamiento y, por lo tanto, se limitaba el debate parlamentario y, en segundo lugar, a una supuesta invasión de competencias por parte del Gobierno central.

Argumentos del Constitucional.

Ahora, el Tribunal Constitucional rechaza todas las razones esgrimidas por el entonces gobierno autonómico por considerar que no existe ningún mandato legal que exija que una directiva comunitaria deba ser transpuesta a través de un determinado instrumento normativo.
«La Ley de Acompañamiento es una ley ordinaria que emana de las Cortes Generales y, como tal, puede entrar a regular cualquier materia no expresamente asignada a otro tipo legislativo (…) Se trata de una decisión de mera oportunidad parlamentaria que, en sí misma, no conlleva merma alguna de los principios constitucionales que han de informar el procedimiento legislativo», se afirma de forma expresa en en el fallo.
En segundo lugar, rechaza que el legislador haya «alterado, condicionado o limitado» las competencias de la Junta de Castilla-La Mancha que, además, subraya, están definidas por la propia Carta Magna y «no por el legislador estatal».
En este sentido, explica que las leyes del Gobierno central cumplen una función de «uniformidad relativa» y de «ordenación mediante mínimos» que deben ser respetados por todas las comunidades autónomas, aunque las permite establecer «niveles de protección más altos» que no entrarían, por ese sólo hecho, en una contradicción con la normativa básica del Estado.
«El sentido del precepto constitucional es el que las bases estatales son de carácter mínimo y, por tanto, los niveles de protección que el Estado establezca en desarrollo del mismo pueden ser elevados o mejorados por la normativa autonómica», se añade.

Las competencias autonómicas.

En tercer lugar, el Tribunal  tampoco considera inconstitucional que se recojan en una disposición reglamentaria las técnicas definitorias de cada uno de los estados y potenciales en las masas de agua, así como los criterios para su clasificación. «La mera remisión en abstracto al reglamento no supone necesariamente que dicha norma vulnerará las competencias asumidas por las comunidades autónomas», reza el fallo.
Finalmente, el Tribunal Constitucional también defiende la legalidad la composición del entonces órgano de cooperación interadministrativa y, en segundo lugar, la posibilidad de repercutir en las comunidades aquellas responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del incumplimiento de la directiva comunitaria.
Corresponde al Estado no sólo establecer los sistemas de coordinación y cooperación que permitan evitar las irregularidades o las carencias en el cumplimiento de la normativa europea, sino también los sistemas de compensación interadministrativa de la responsabilidad financiera que pudiera generarse para el propio Estado», concluye el fallo.

Las dos cuencas hidrográficas más importantes para la provincia de Albacete, Júcar y Segura, así como la del Tajo, cuyo trasvase también cruza tierras albaceteñas, se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno de la nación.
Así lo reconoció en la última Comisión de Medio Ambiente del Senado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, quien señaló que estos dos primeros planes «son los que mayor dificultad están presentando» aunque también dejó claro que la fecha límite de diciembre de 2013 se tiene que respetar, so pena de sufrir fuertes sanciones económicas por parte de la UE.
Recordar que los planes de cuenca vigentes se aprobaron, en su totalidad, a finales de los años 90 y que la Directiva Marco del Agua de la UEestablece que debían estar todos revisados, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2009, hace ya más de tres años.

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La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, declaró ayer en Ciudad Real que el cobro de las ayudas de la PAC está garantizado hasta el año 2020. En un foro sobre la política agraria en Castilla-La Mancha, a preguntas de los medios, Soriano señaló que pese al recorte en los Presupuestos de la Unión Europea, España ha logrado mantener su cuota para la agricultura para los próximos 6 años. Esto, dijo, garantiza que las ayudas se seguirán manteniendo en el mismo nivel que se han estado repartiendo hasta ahora.
Soriano recordó que las ayudas de la PAC suponen un importante porcentaje de la renta de los agricultores y ganaderos, en particular, en comunidades como Castilla-La Mancha.
En este sentido, señaló que esta renta mantendrá su nivel durante los próximos años.
Por otro lado, destacó la importancia de que la Junta de Comunidades haya cumplido con el objetivo de déficit marcado por el Gobierno nacional y la UE, a lo que añadió que el equilibrio en las cuentas «es una condición indispensable para fijar las bases de una política agraria estable y duradera y mantener las ayudas al sector agroalimentario».
Sostuvo que para aplicar las políticas que queremos para el sector agroalimentario «es fundamental cuadrar las cuentas públicas con una visión a largo plazo, no sólo para atender los servicios sociales básicos, como estamos haciendo, sino también para afrontar los retos de un sector tan importante para Castilla-La Mancha como es el de la agricultura y la ganadería».
 «El cumplimiento del déficit por parte del Gobierno de Cospedal permite generar confianza en los mercados para que abran el grifo de la financiación a las empresas y cooperativas agroalimentarias; acabar con el alto nivel de endeudamiento; y posibilitar que se mantengan las inversiones públicas regionales en el sector», explicó.

La presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, anunció ayer que ya se están pagando las últimas cantidades de ayudas a los agricultores castellano-manchegos por valor de más de 6,7 millones de euros en concepto de pago único, unas ayudas que van a beneficiar a más de 1.200 trabajadores de este sector en la región.
Cospedal vistió ayer la cooperativa San Antonio de Padua de Villalpardo, en Cuenca, donde descubrió una placa con motivo de la ampliación de sus instalaciones.
La presidenta, que también visitó los almendros en flor de esta localidad conquense, subrayó la puesta en macha de ayudas del Ejecutivo autonómico para recuperar el sector primario «y atraer a personas que vienen de fuera a disfrutar de un paraje natural tan hermoso como los almendros de Villalpardo, que son una belleza natural».
Castilla-La Mancha es la tercera comunidad en producción de almendro y en extensión de este cultivo. En este sentido, la presidenta recordó que «tenemos agricultura, unos magníficos productos, y un medio ambiente digno de disfrutar y de que se venga a visitar».

apoyo a los emprendedores. Y durante su visita a la empresa Montajes Enoco, también en Villalpardo, Cospedal manifestó el apoyo del Gobierno regional a todos aquellos que tengan una idea emprendedora, «para que la pongan en marcha» y a los empresarios. «Aunque no son tiempos fáciles», es el momento de ayudar a quienes «ofrezcan sus ganas de trabajar y su ilusión para poder salir adelante», recalcó la presidenta autonómica.
En este sentido, puso en valor la necesidad de fomentar las exportaciones de todos los productos «de primerísima calidad» que se fabrican y producen no sólo en las grandes empresas de la región sino también en las pequeñas y medianas empresas de Castilla-La Mancha, como una de las mejores maneras para salir de la crisis y crear empleo, ha informado la Junta en nota de prensa.
 Asimismo, Cospedal subrayó el «enorme ejemplo» que supone esta empresa -Enoco- para la provincia de Cuenca y para el resto de la región, ya que se trata de un «proyecto que tiene la ventaja de que las mujeres rurales pueden vivir y mantener a sus familias en zonas rurales, en su pueblo o en un municipio cercano, sin necesidad de salir fuera para encontrar una oportunidad de trabajo». En concreto, esta empresa trabajan 38 personas, todas ellas mujeres, según informa la Junta de Comunidades en nota de prensa.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha defendido esta semana que la distribución de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) se aplique a nivel nacional único, aunque ha asegurado que esta posición será sometida a la consideración de los 17 consejeros autonómicos y de la conferencia sectorial como he hecho con la estrategia de negociación. Arias Cañete aprovechó su intervención en el Pleno del Senado para subrayar que el «problema empieza ahora», una vez que Bruselas ya ha decidido el reparto de las ayudas comunitarias al campo y a la ganadería  europea.
En este sentido, reconoció que España tiene ahora dos modelos a seguir para distribuir los fondos comunitarios de la PAC. El primero se centra en tomar las decisiones iguales para todo el territorio. «Es decir, se coge este sobre de 35.000 millones y se aplica en todo el territorio (…) eso garantizaría teóricamente que cada territorio no pierde dinero, pero dentro de cada territorio los consejeros tienen que tomar decisiones a ver si favorecen al olivar, a la leche, a la agricultura de montaña o a quién», explicó.
No obstante, advirtió: «Si vamos a 17 sistemas autonómicos fragmentados podemos correr el riesgo de que los sistemas peculiares de redistribución interna no sean entendidos conforme por la Unión Europea y haya territorios que empiecen a perder ayudas cuando se inspeccione por las autoridades comunitarias».
La segunda opción, más «complicada», según el ministro, es buscar un modelo que elimine en lo posible trasvases importantes de un territorio a otro y, dentro de un territorio, de los productores del propio territorio al del término municipal de al lado.
Ante estos dos modelos, Arias Cañete reconoció que ya ha habido comunidades que se han pronunciado claramente a favor de fragmentar la política agraria nacional, aunque insistió en que él propone una «política nacional» porque garantiza la igualdad a los productores en el mercado.

Otros problemas. El segundo problema a afrontar a partir de estos momentos es la posibilidad de que se «diluyan y bajen» las ayudas que reciben los agricultores y ganaderos por hectárea, después de que la normativa comunitaria permita a partir de ahora que tierras marginales, zonas de pasto o zonas destinadas a frutales, hortalizas o vino, puedan ser elegibles para las ayudas. «Si la ayuda nacional está en una media de 240 euros por hectárea de media para 21 millones, y meto 17 millones de hectáreas más, la ayuda baja a cerca de 119 o a una cifra similar», explicó, para desvelar a continuación que está buscando una fórmula que permita al Gobierno español limitar las hectáreas para que los actuales productores sigan percibiendo un nivel importante de ayuda.
No obstante, sí aseguró que «está desterrada» la idea de que en el 2019 haya una ayuda por hectárea igual. «Creo que la hemos podido parar, pero recuerdo que el Gobierno socialista era partidario de una ayuda inicial de 100 euros por hectárea que, en su momento, me parecía descabellada y, ahora, estamos peleando por todo lo contrario».
El tercer problema que debe solucionar el Gobierno es cómo lograr la convergencia interna y, por ello, dijo que está luchando para poder  modular el apoyo a los cultivos en función de las necesidades reales de cada uno para compensar sus costos de producción. Por ello, aseguró que luchará para evitar «situaciones absurdas», como el hecho de que explotaciones que no hayan estado cultivadas o con carga ganadera pasen a tener ayudas espectaculares, mientras que quienes se han dejado la vida en el campo ven reducidas las ayudas a la mitad.
«La propuesta que se hizo de la PAC era descabellada. Está pensada para  países muy homogéneos, sin diversidad productiva. Pero España tiene toda la diversidad productiva del mundo (…).Tenemos una riqueza productiva que hace imposible una ayuda homogénea por hectárea.. La ayuda homogénea por hectárea sería la sentencia de muerte del campo español y estamos tratando de cambiar estas protestas», afirmó.

El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, aseguró ayer que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, «miente» cuando afirma que España cobrará más dinero de la Política Agrícola Común (PAC) porque, en realidad, pierde una «notable» parte de los recursos para la agricultura. «Miente y lo sabe», exclamó, en declaraciones a La Tribuna.
Por ello, subrayó que el PSOE seguirá «luchando» en el Parlamento Europeo para lograr un incremento de las ayudas económicas que recibirá nuestro país. «Arias Cañete hace malabarismos para justificar la negociación, pero la realidad es que España sufre una notable pérdidas de recursos, en torno al 17%, sobre las cifras actuales».
El parlamentario socialista por Toledo argumentó que el titular de Agricultura compara los presupuestos del 2010 con las cifras que se prevén en el 2020, pero sin tener en cuenta algunos elementos básicos en cualquier previsión económica, como los efectos de inflación o el incremento del índice del precio al consumo.
En consonancia con esta posición, el PSOE ha presentado una propuesta de resolución en el Congreso de los Diputados, con motivo del debate sobre el Estado de la Nación, donde advierte que es una cuestión de «supervivencia» que la reforma de la PAC garantice al campo español el mantenimiento de las ayudas que viene disfrutando.
Alonso también ha anunciado que el PSOE defenderá un modelo de reparto de las ayudas comunitarias que no distorsione la competencia interna y de un tratamiento homogéneo a los diferentes sector productivos en todo el territorio nacional.
No obstante, declinó pronunciarse más abiertamente sobre esta cuestión hasta conocer de primera mano la propuesta que debe presentar el Ministerio de Agricultura que, en principio, coincidirá en términos globales con las posiciones socialistas.

Privatización del agua. En materia de ganadería, el parlamentario socialista ha exigido al Ministerio de Agricultura que declare sectores sensibles al del vacuno, carne y al de la leche, que serán los más perjudicados por el nuevo mecanismo de reparto de ayudas que prevé Bruselas.
Por otra parte, entre las propuestas de resolución registradas por el PSOE en la Cámara Baja, figura la petición de derogar todas las medidas que se hayan adoptado que, de facto, supongan una “privatización y mercantilización” del agua a través de un mercado de derechos concesionales entre particulares, como sucede en algunas zonas de Castilla-La Mancha.
Finalmente, el Partido Socialista pide la protección del patrimonio forestal, con el fin de impedir su privatización, y la articulación de políticas activas de prevención y lucha contra los incendios forestales, incluida la activación de programas de reforestación con suficiente apoyo presupuestario.