La secretaria general del Ministerio de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina, desveló esta semana que ya se han acordado modificaciones con la UE en aspectos «tan sensibles» para España como las condiciones de ayuda a las inversiones en regadíos. Isabel García Tejerina dijo que las negociaciones sobre la propuesta para el desarrollo rural «se encuentran en una fase muy avanzada», y añadió: «La voluntad del Departamento es mejorar el diseño y la ejecución de la programación de desarrollo rural para el periodo 2014 – 2020, tanto en cuanto al cumplimiento de objetivos de la política de desarrollo rural, como en términos económicos».
Así lo explicó durante la inauguración de las Jornadas con las comunidades autónomas sobre la programación de desarrollo rural para el próximo periodo de programación que, organizadas por el Ministerio se celebrar en el Centro Nacional de Capacitación de San Fernando de Henares, en Madrid.
La número dos del Ministerio de Agricultura explicó que en el momento actual de las negociaciones de la política de Desarrollo Rural es preciso analizar los principales elementos de la estrategia que debe definirse para España de cara al próximo periodo.

satisfechos con el resultado. En su intervención, García Tejerina destacó los buenos resultados conseguidos en las negociaciones sobre Marco Financiero Plurianual para la UE, que permitieron «acordar un presupuesto para la política de desarrollo rural de 95.577 millones de euros a precios corrientes, mejorando sensiblemente la propuesta que se planteó en noviembre de 2012». «Podemos estar todos satisfechos con el resultado y los agricultores y ganaderos españoles pueden tener la tranquilidad de que España va a seguir percibiendo el mismo nivel de apoyos que viene percibiendo actualmente», añadió. «Es ahora -dijo- cuando debemos entrar en la fase de aceleración y trabajar en equipo para lograr la mejor programación de desarrollo rural para el conjunto de nuestro país, de nuestro sector y de nuestro medio rural».
Sobre la política de desarrollo rural en España, García Tejerina sostuvo que tiene que organizarse de manera que permita afrontar los desafíos estructurales que condicionan el logro de un nivel de vida digno en el medio rural y, en definitiva, su sostenibilidad».

Una problemática casi eterna. Los robos en campos y explotaciones agrarias han sido denunciados públicamente en numerosas ocasiones por las organizaciones agrarias y de hecho se han llevado a cabo muchas manifestaciones por este motivo. Pese a todo, solo han obtenido una respuesta, tal y como recordaba ayer el secretario general de Asaja de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y esa respuesta pasa por la modificación del código penal.
En este sentido, recordó que se han reunido con el delegado del Gobierno para exponer este problema y saben que no se puede agilizar el trámite parlamentario. Sin embargo, Asaja calcula que a principios de la primavera podría ver la luz la modificación del código penal y mientras tanto Fresneda aseguró que «estamos haciendo lo que podemos», así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y es que el invierno es una etapa bastante mala que provoca más miedo si cabe entre los agricultores, por lo que esperan que se apruebe cuanto antes la reforma.
Fresneda confía en ese cambio en la normativa porque «va a haber muchas medidas coercitivas para aquel que se atreva a robar». No obstante, no ocultó que es un asunto que preocupa mucho al sector y que podría haberse modificado ya el código penal hace años, desde la primera denuncia que se produjo. «Esperamos que en dos meses, más o menos, pudiera ver la luz la reforma del código penal», reiteró, porque es «la única solución».
El presidente de la organización, Fernando Villena, recordó que ha habido detenciones recientemente de personas que han cometido numerosos robos en los campos pero cree que el fallo es que cuando llega al juzgado la denuncia los fiscales no presentan cargos y lo único que hay es la declaración de la Guardia Civil al detener al autor o autores del robo.

Castilla-La Mancha seguirá recibiendo cerca de 1.000 millones de euros anuales en el período 2014-2020 de la Política Agrícola Común (PAC), según aseguró la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, poco después de participar en la conferencia consultiva del Ministerio de Agricultura con las comunidades autónomas para pactar estos fondos. Soriano subrayó la importancia de estos fondos comunitarios, que significan aproximadamente el 40 por ciento de la renta de los agricultores y ganaderos de la región. «En esta negociación nos estábamos jugando mucho y, por eso, para nosotros, lo más importante era conseguir que el presupuesto no variase, y se va a mantener para los próximos seis años. De ahí que estemos satisfechos y tengamos cierta tranquilidad para el futuro», afirmó. España recibirá de la PAC en concepto de ayudas directas del orden de 35.700 millones de euros para el periodo 2014-2020, lo que supone alrededor de 286 millones de euros más que en el periodo actual.
En el capítulo de desarrollo rural, la cifra que baraja el Ministerio es de 8.291 millones de euros, es decir, 238 millones más que en el periodo actual y, en medidas de mercado, la cifra estimada es de 4.200 millones de euros, que permitirá financiar todas las medidas de mercado que están en vigor en la actualidad.
Una vez conocidas las cifras globales, la titular de Agricultura explicó que ahora se iniciará un proceso de negociación interna, aunque aseguró que la idea del Ministerio y de las comunidades autónomas es que los diferentes sectores puedan mantener las ayudas que están recibiendo. «Aunque tenemos que avanzar a la convergencia, Castilla-La Mancha es una región que está por debajo de la media nacional y, por tanto, creemos que lo único que puede hacer la región en esta reforma es salir reforzada y beneficiada», afirmó.
No obstante, reconoció la satisfacción del Gobierno autonómico por los resultados de los acuerdos en Bruselas porque España ha logrado seguir siendo «beneficiario neto» de los presupuestos comunitarios, pese a que la tendencia en Europa ha sido ir a la reducción.
«Creemos que ha sido una labor extraordinaria de nuestros negociadores, es decir, de nuestro presidente Mariano Rajoy y también del Ministerio. Lo que queremos ahora es que se mantenga y consolide el presupuesto y podamos tener esa estabilidad para agricultores y ganaderos hasta el año 2020».

Satisfacción. En este sentido, recordó que hay otros capítulos de gran importancia, como es el haber logrado que las comunidades dispongan de una flexibilidad del 15% del presupuesto que le corresponda sobre los fondos de los pilares I y II, es decir, de los que son pagos directos a desarrollo rural, o viceversa.
De igual modo, también reconoció su satisfacción ante la decisión de Bruselas de flexibilizar los requisitos fijados para la aplicación del ‘greening’. «Es una política que nos preocupa, pero que parece que van a dar también a los estados miembros cierta flexibilidad para que puedan incorporar medidas que puedan ser alternativas».
Por todo ello, además de la posibilidad de los gobiernos autonómicos de disponer de tres años para desarrollar proyectos de desarrollo rural, dijo que el gobierno autonómico está satisfecho con la negociación llevada a cabo por el ministro. «La PAC se recorta un 13%, pero el presupuesto de España sí se mantiene. Los agricultores están satisfechos porque están viendo que hay un gobierno que ha defendido el campo y que ha sabido buscar alianzas», concluyó.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, aseguró ayer, en el pleno del Senado, que España está «muy satisfecha» de los resultados de la negociación de la PAC porque permitirá al país tener 35.705 millones de euros en ayudas directas y 8.291 millones en desarrollo rural. «Vamos a tener aproximadamente 520 millones de euros más en dinero que va a llegar al campo español; vamos a tener para todos los años cerca de 44.000 millones de euros de ayudas directas y desarrollo rural más las medidas de mercado», afirmó.
Miguel Arias Cañete, que respondió de este modo a una pregunta del senador popular Diego Sánchez, advirtió de que lo más complicado en la negociación no ha comenzado. «Ahora, tenemos que discutir si se meten más hectáreas, cómo se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y los sectores. Ahora hay mucha batalla», explicó.

La cuota sube al 39%.

En este sentido, el titular de Agricultura destacó el hecho de que la participación de la Agricultura en el presupuesto comunitario subió hasta el 39% respecto del 37% en la propuesta de la Comisión, y pidió a la oposición que no intenten meter miedo a los agricultores diciéndoles que van a descender las prestaciones que han recibido hasta el momento.
Previamente, en otra pregunta parlamentaria, la diputada socialista Fuensanta Coves rechazó el optimismo del ministro, y recordó que es la primera vez que la Unión Europea aprueba unos presupuestos restrictivos e inferiores al marco anterior, y es la primera vez que la PAC pierde recursos. «Señor ministro, a estas alturas solo la señora Merkel, el señor Cameron y usted se encuentran satisfechos con este presupuesto. En el resto de Europa se encuentran cuando menos defraudados», exclamó.
Finalmente, en este contexto, calificó de «increíble»que el Gobierno mantenga que España va a percibir 286 millones más que en el marco presupuestario anterior porque en el primer pilar el presupuesto baja 40.700 millones, un 13%.
Por su parte, la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, explicó que, una vez asegurado el marco financiero, ahora las miras de la Junta están centradas en la reforma de la Política Agraria Común (PAC), aunque reconoció que es posible que ésta no entre en vigor en 2014, sino que se prorrogue un año ante el escaso tiempo del que se dispone para cerrar un texto tan complejo.

El secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, exigía ayer que de forma inmediata el Gobierno de Castilla-La Mancha explique «cuál ha sido su posición» en la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, de modo que «todos» conozcan cuál ha sido el sentido de su voto.
García-Page hacía estas manifestaciones al ser preguntado por la decisión de la Comisión de autorizar un nuevo trasvase explicaba que «si se ha opuesto, apoyaremos a Cospedal», pero si el Gobierno regional ha apoyado el trasvase «tendrá que explicarlo muy concienzudamente a la opinión pública».
Los ciudadanos «tenemos derecho a saber si  el Gobierno autonómico ha dicho sí, se ha abstenido o ha dicho que no, y por qué motivos, en todo caso».
Page se mostraba de acuerdo con lo manifestado desde los municipios ribereños sobre una toma de decisiones «sin la previsión de las necesidades que va a tener la Cuenca en los próximos meses». Asimismo considera «incomprensible» que a estas alturas «no sepamos qué posición tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha que es el responsable de velar por los intereses de la gestión de la parte de Cuenca que nos corresponde, la más importante de todo el río Tajo».
Para Page es preocupante la «alegría» en este nuevo trasvase, previa a un momento en el que se van a tener que discutir «qué volúmenes de caudal» se precisan para el río Tajo.
Por otra parte, y preguntado si ha recibido respuesta a la reunión que solicitó con la presidenta de la Junta sobre el Tajo, García-Page explicaba que tiene constancia de que Cospedal ha dado instrucciones a su gabinete para que  se plantee el encuentro. No obstante, García-Page se mostraba dispuesto a la creación de un equipo de trabajo, del que formen parte los dos grupos parlamentarios y el Gobierno regional, para tratar de lograr «un consenso».

la voz del pp. Sin embargo, la diputada regional del PP Cesárea Arnedo confesó sentirse «abochornada» cada vez que escucha a García-Page hablar de agua. En su opinión, la palabra del líder socialista es «papel mojado» después de «aplaudir» un Plan Hidrológico Nacional y, después, «bajarse los pantalones». «Quien ha tenido el agua como bandera durante 30 años, pero en campaña electoral, ahora sentimos bochorno cada vez que habla de agua».
Por último, Arnedo no dijo estar a favor del último trasvase aprobado, pero insistió en que el PP luchará por un nuevo PHN que traiga a Castilla-La Mancha «agua en cantidad y de calidad».

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, manifestó ayer que las fincas rústicas que la Junta prevé poner a la venta son propiedades que «están abandonadas e infrautilizadas y no sirven para nada» y que la Junta «no tiene posibilidad de explotarlas».
En una entrevista en Radio Castilla-La Mancha, Soriano explicó que en la región «hay aproximadamente 3,3 millones de hectáreas forestales y la gran parte están en manos de particulares», ya que de ese total «sólo 170.000 hectáreas pertenecen a la Junta».
En este sentido, aseguró que no entiende la «demagogia» de quienes critican la venta de estos espacios a particulares, ya que los propietarios de fincas rústicas de este tipo «hacen una extraordinaria labor conservando el medioambiente y dando trabajo en poblaciones rurales, haciendo un beneficio a la sociedad. Se les ataca como si el que comprara estas fincas fuera a saltarse la ley a la torera», condenó.
Tras las críticas recibidas ante este tema, Soriano dijo que los que se quejan «lo hacen buscando la oportunidad política para atacar al Gobierno regional», porque a su juicio «son conocedores de las leyes y saben que la ley obliga a respetar la naturaleza».
«He visto artículos de decanos de colegios profesionales del sector quejándose sobre este asunto, y me sorprende, porque saben que hay una serie de leyes y no es que se vaya a arrasar», indicó. «Hay leyes a nivel nacional y regional que impiden hacer lo que a ti apetezca en los montes y hasta para podar una encina tienes que pedir autorización. No sé cómo pueden decir esas barbaridades, engañando a la población y creando una alarma injustificada sobre este asunto».
El Gobierno de Castilla-La Mancha ya contestó el pasado domingo a la organización Ecologistas en Acción a este respecto, afirmando que desde la Junta no se va a vender nada que sea ilegal vender y que todos los terrenos susceptibles de ser vendidos están en fase de estudio técnico y jurídico.
Fuentes del Gobierno regional declararon que además los terrenos no urbanizables a los que hace referencia Ecologistas (criticando que la Junta los quiere vender por 45,6 millones) no son exclusivamente montes si no todo aquel suelo rústico donde no se puede construir. Las mismas fuentes precisaron que «evidentemente» no se va a vender nada que sea ilegal vender, además de que las fincas rústicas susceptibles de ponerse a la venta están en una fase embrionaria de estudio.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, expresó ayer, en el Congreso de los Diputados, su frontal rechazo a la ayuda lineal por hectárea propuesta por Bruselas en la reforma de la PAC porque supondría el «hundimiento del sistema» agrícola y ganadero del país. «España solicita que la superficie sobre la que se aplique el nuevo sistema de ayudas pueda limitarse a aquella que ejerce una verdadera actividad agrícola y ganadera, evitando que superficies improductivas puedan recibir ahora pagos directos», afirmó.
Miguel Arias Cañete compareció ayer en la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja para exponer la situación de los debates de la reforma de la PAC que, previsiblemente, culminará en este semestre. El titular de Agricultura explicó que unas 21 millones de hectáreas en España cobran ahora de la PAC una media de 229 euros. De aprobarse el modelo propuesto por Bruselas, este número podría elevarse a 38 millones y la cuantía de ayudas a unos 118 euros por hectárea, disminuyendo drásticamente los fondos que reciben los agricultores y ganaderos.
Frente a esta propuesta, España pide que la aproximación de las ayudas no sea total, y que las pérdidas y ganancias a nivel de beneficiario puedan limitarse. Por ello, Arias Cañete señaló que la Convergencia debe llevar aparejada la limitación de las superficies elegibles a unas cifras similares a las utilizadas por la Comisión, en el cálculo de la Convergencia externa entre los Estados Miembros, lo que en el caso de España supone una cifra entorno a los 21 millones de hectáreas.
En este sentido, reconoció que un factor fundamental será la negociación del presupuesto. «España, junto con sus aliados, está liderando la defensa del presupuesto de la PAC», afirmó.

El ministro aseguró que «una reforma de la PAC como la que estamos abordando precisa de un presupuesto suficiente y, para lograrlo, el Gobierno continuará realizando todos los esfuerzos necesarios para que el Marco Financiero que se adopte mantenga el nivel de participación de España en el porcentaje de gasto global».

El PSOE no quiere que España pierda ni un euro

El portavoz de Agricultura del PSOE, Alejandro Alonso, subrayó durante su comparecencia en la comisión del Congreso que el presupuesto comunitario «marca todo», e instó al ministro que no respalde ningún acuerdo que implique una pérdida económica para España. «Ni un euro menos. España no puede renunciar ni a un solo euro de lo que procede de Bruselas, que asciende a unos 7.500 millones de euros», exclamó, para respaldar finalmente al Gobierno en su rechazo a la posibilidad de que se incremente en 17 millones el número de hectáreas que reciban ayudas de la PAC en España.

Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha ha advertido que en la próxima reforma de la Política Agraria Común la región se juega unos 140 millones de euros. Esto es casi el 14 por ciento de los aproximadamente 1.000 millones de euros de ayudas de la UE que llegan al campo regional cada año, y el porcentaje que quiere reducir la Comisión Europea. Por eso, el director general de la unión regional de cooperativas agrarias, José Luis Rojas, hizo ayer un llamamiento a que tal reducción no se haga efectiva.
Rojas recordó que una reducción de la PAC no sólo afectará a sus perceptores directos, los titulares de las aproximadamente 150.000 explotaciones agrícolas y ganaderas de la región, sino también a las cooperativas y demás empresas transformadoras y comercializadoras de esta producción. Estas empresas, recordó el directivo de las cooperativas, han dado un importante salto hacia la exportación, con la consiguiente traducción en empleos, que puede perderse por la austeridad mal entendida de las autoridades de la Comisión Europea.
Rojas también recordó el papel de la PAC a la hora de asegurar a los consumidores un suministro de alimentos de calidad y, sobre todo, asequible, que puede verse afectado si se reduce el papel moderador de costes que cumplen las subvenciones agrarias. Aquí desmintió el gran gasto que a la PAC suelen atribuir sus detractores. Así  recordó que las ayudas agrarias sólo suponen el uno por ciento de los presupuestos sumados de la Unión Europea y sus estados miembros.

Cumbre decisiva. Rojas explicó que las organizaciones europeas de cooperativas y de organizaciones agrarias han dirigido cartas a los presidentes de Gobierno, de la UE, incluido el español Mariano Rajoy, recordando el perjuicio que una reducción de ayudas causaría a los 26 millones de europeos que ahora viven de la producción agrícola y ganadera. «Una reducción presupuestaria aumentará el desempleo», profetizó pensando en regiones de fuerte base agraria como Castilla-La Mancha.
Por su parte, la técnico de las cooperativas regionales Nuria Villanueva comentó que para el diseño futuro de la nueva PAC será  decisiva una cumbre de gobiernos europeos prevista para el siete y ocho de febrero. Si hubiera un acuerdo, la nueva reforma podría entrar en vigor el año que viene.

El Ministerio de Agricultura defenderá en Bruselas «replantear» las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente o greening, que consiste en que un 30 por ciento de las primas se conceda a productores que presten determinados servicios al medio ambiente. La secretaria general de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina, defendió, por el contrario, que no se apliquen medidas complementarias para recibir esos fondos.
«España entiende que sólo con mantener las plantaciones permanentes ya se producen beneficios en la captación de CO2, en la protección del suelo contra la erosión, en el paisaje y en otros aspectos que justificarían que las superficies de cultivos permanentes cumplieran las condiciones del greening ipso facto, sin medidas complementarias», afirmó.
En una Jornada sobre Hortofruticultura en la PAC 2014 – 2020, García Tejerina defendió el principio de sostenibilidad ambiental de las explotaciones agrarias, subrayando que la configuración del greening debe cumplir, en todo caso, unas condiciones sencillas, que se adapten a la diversidad productiva comunitaria, que no afecten a la viabilidad económica de las explotaciones y que no impliquen mayores cargas administrativas a los Estados miembros.
En 2013, la Unión Europea (UE) debe cerrar un acuerdo sobre las perspectivas financieras para los próximos siete años y de ellas depende la conclusión de la reforma de la PAC. En las últimas negociaciones circularon documentos, como el que presentó la anterior presidencia rotatoria de la UE (Chipre), que planteaban una rebaja de los presupuestos, que afectaría sin duda a la agricultura.
Ante la posibilidad de que el Parlamento Europeo no apruebe esta reforma, España y otros países han solicitado que en 2014 se prorrogue el actual modelo de la PAC. La última noticia al respecto es que la Comisión de Agricultura de la Eurocámara ha planteado que la reforma agraria mantenga el mismo presupuesto que había hasta la fecha. Y además plantea algunas excepciones para el greening en cultivos determinados y explotaciones pequeñas .
En este sentido, Isabel Tejerina subrayó que España está solicitando que se respete la actual dotación presupuestaria en la propuesta inicial de la Comisión, para cuya defensa se quiere hacer un frente común y continuar trabajando con otros Estados miembros.

Tarifa plana.

En cuanto al contenido de la propia reforma, Bruselas propuso ideas como un pago fijo por hectárea o ‘tarifa plana’, diferente al sistema de derechos históricos que rige para las subvenciones en la actualidad.
No obstante, la número dos del Ministerio de Agricultura ha recordado que el Reglamento especifica claramente cuáles son los beneficiarios que podrán solicitar derechos en 2014, pero no establece ninguna referencia ni limitación al número de hectáreas por las que se podrán solicitar los derechos. Por ello explicó que la propuesta española «se basa en limitar el número de hectáreas admisibles mediante el establecimiento de un periodo de referencia anterior».
En relación con la convergencia interna individualizada, señaló que España se ha alineado con otros países para defender un método que consistiría en aproximar los importes individuales del Pago Básico a un valor medio de referencia, de manera similar al mecanismo empleado por la Comisión para la convergencia entre Estados miembros: «Creemos que este modelo de convergencia interna es el que conviene aplicar en España, por la diversidad de su agricultura y porque supone una transición menos abrupta con el modelo de Pago Único histórico que se aplica en la actualidad».

La consejera de Agricultura del Gobierno regional, María Luisa Soriano, ha solicitado a la Unión Europea que trabaje en la opción de la prórroga de los actuales presupuestos de la Política Agraria Común (PAC) de cara al próximo año 2014, con el fin de «dejar bien atados todos los cabos», para evitar «que por problemas puramente administrativos se pueda paralizar o retrasar alguna línea de ayudas».
Ha sido la propia Comisión Europea la que ha reconocido que la falta de acuerdo entre los 27 sobre el presupuesto global de la UE en el período 2014-2020 puede conllevar que se retrase el debate sobre la nueva PAC -ya que los estados quieren conocer la ficha financiera antes de adoptar el resto de medidas-, y que ésta no entre en vigor en 2014, como está previsto, sino un año después, lo que obligaría a prorrogar de forma excepcional los presupuestos para el próximo ejercicio.
 La consejera, que trasladó ayer en Madrid esta preocupación al Ministerio de Agricultura, consideró que «en principio no debe haber problemas con la prórroga automática de los derechos de pago único y otras ayudas, pero hay que resolver con diligencia cuanto antes todos los aspectos normativos y presupuestarios que atañen al Programa de Desarrollo Rural (PDR) para evitar que haya un vacío legal o financiero que altere el normal funcionamiento de los programas».