La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, mostró su compromiso con el sector de la ganadería intensiva de la región y afirmó que «tanto la Junta como el Ministerio lucharán en Europa para que la nueva Política Agraria Común (PAC) incluya ayudas a este sector, como ha venido recibiendo hasta ahora».
Así se lo trasmitió a los representantes de la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC), con los que se reunió en Toledo para conocer de primera mano sus inquietudes y mostrarles «el total apoyo del Gobierno regional al sector ganadero y a su derecho a mantener las ayudas que ha venido percibiendo en el marco del presupuesto de la PAC».
 El problema estriba en que la propuesta de reforma -que presentó la Comisión Europea en octubre de 2011- prevé que las ayudas en el sector ganadero se concedan a partir del año 2014 por superficie, es decir, a explotaciones con territorio asignado.
Esto privaría de las subvenciones por pago único a ganaderos de vacuno, ovino y caprino, a los que se les deja solamente la alternativa de obtener ayudas a través del conocido como «sobre nacional», cuyos fondos los estados pueden conceder a sectores en dificultades. Este cambio no convence a la Junta de Comunidades ni al sector ganadero, quedando este último a merced de continuas decisiones políticas por no tener derecho previo asignado.
Esta medida podría afectar a unos 550 solicitantes de Castilla-La Mancha, que dejarían de ingresar alrededor de 10 millones de euros al año que actualmente reciben en concepto de pago único de la PAC para sus explotaciones de intensivo sin territorio asignado.
Ante esta situación, explicó Soriano, desde el primer momento la Consejería de Agricultura trabaja junto al Ministerio y el resto de comunidades autónomas para hacer ver la necesidad de que se mantengan las ayudas de pago único al sector, ya que, «de lo contrario sería el gran perjudicado de la reforma de al PAC», ha señalado.
Asimismo, la consejera de Agricultura criticó que «el entonces Gobierno socialista no eliminara esta medida de los documentos de trabajo de la Comisión Europea durante los muchos meses en los que los estados miembros estuvieron aportando iniciativas, ya que era el momento de oponerse.

El pasado mes de octubre, la zona del Hondo de La Morena, en las inmediaciones de la ciudad de Albacete, sufría una serie de severas inundaciones. Pero este problema no afecta en exclusiva al Hondo de La Morena, sino a otras áreas del municipio.
En un reciente estudio, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)ha identificado otras zonas con riesgo potencial, como la entidad local menor de Aguas Nuevas, la pedanía de Tinajeros, las urbanizaciones de Aguasol y la Humosa o el Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete.
Según las entidades que han estudiado la zona, como la CHJ, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME)o la Universidad Regional, el origen de estas inundaciones es una combinación de factores geográficos y humanos que han hecho que, literalmente, el agua no tenga por dónde salir cuando llueve con intensidad sobre la ciudad de Albacete.
La zona de Los Llanos, donde se encuentra la ciudad de Albacetre, es una gran área endorreica. Esto es, una zona donde las aguas no tienen salida natural.
Eso se debe a que, según el IGME, Albacete se encuentra dentro de una depresión. Lo que hoy conocemos como Los Llanos de Albacete era, en la era geológica que se conoce como Plioceno (hace unos cinco millones de años), el fondo de un lago de gran extensión, pero de poca profundidad.
Con el tiempo, se fueron las aguas, pero la depresión se quedó. Una depresión, una cubeta, con una pendiente tan suave, tan poco pronunciada, que da la engañosa sensación de ser un llano casi infinito. Pero no lo es.

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«Nos gustaría tener un presupuesto expansivo, con mayor dotación, pero nos tenemos que ajustar a la realidad». Así comenzó la consejera de Agricultura a exponer ayer en las Cortes el dinero del que dispone para el año que viene y cómo va a distribuirlo. Aunque a María Luisa Soriano le gustaría tener más euros para abonar el campo castellano-manchego, anunció que al menos ha conseguido subir algunas partidas para 2013:«A pesar de los ajustes, vamos a priorizar líneas vitales con el incremento de sus presupuestos».
Una de esas líneas vitales será la de las ayudas agroambientales, que como casi todo lo que gestiona esta Consejería se paga en buena medida con fondos de Bruselas. Soriano anunció que en 2013 habrá 15 millones más. Será un aumento del 32% y supondrá una inyección de 64,7 millones de euros. Dentro de estas ayudas agroambientales, Soriano destacó las que van destinadas a la agricultura y ganadería ecológica. Explicó que en estos momentos Castilla-La Mancha ya es la comunidad autónoma con más superficie de cultivos ecológicos, que ya superan las 246.000 hectáreas. La portavoz del PPen la Comisión de Presupuestos, Pilar Martínez, precisó que sólo en viñedo hay 47.000 hectáreas y que en olivar son 62.000.
Otra de las partidas que sube es la de ayudas a cooperativas e industrias agroalimentarias, que se destina a financiar proyectos para incrementar el valor añadido de los productos que elaboran. En 2013 habrá 50 millones para subvenciones, lo que supone un incremento del 6,7% respecto a la partida de este año.
Soriano informó de que también se aumentarán las ayudas para compensar zonas desfavorecidas por ser comarcas de montaña o tener dificultades naturales. Será una partida de 27,9 millones que irá directamente a agricultores y ganaderos. Aumenta un 19,8% respecto a 2012. Quizá más espectacular resulte el incremento de los recursos para asesorar a titulares de explotaciones agrarias, que en 2012 tenía una partida relativamente baja (327.000 euros)y que en 2013 ascenderá a los 3,7 millones de euros. Se multiplica por diez.
Además, la Junta planea incrementar sus aportaciones con fondos propios en el marco del programa Leader, la política europea de desarrollo rural. Soriano expuso que si Castilla-La Mancha incrementa sus fondos respecto a 2012 (calcula que un 60%) se conseguirá sacar más fondos ajenos. Y es que estas partidas exigen cofinanciación. Es decir, que la UEsólo da dinero, si desde Castilla-La Mancha también se ponen euros.

Sólo obra nueva en regadío.

Soriano explicó que de cara al año que viene los presupuestos de su Consejería se reducirán sobre todo en el capítulo 1 y el capítulo 2, es decir, en personal y gasto corriente. En personal se gastará 97,4 millones de un presupuesto total de 1.303. Explicó que esta partida para personal se ha reducido un 14% respecto a 2012. En gasto corriente gastará 11,9 millones, 15% menos que en 2012 y la mitad que en 2011. En cambio, sube un 1%el capítulo 4, que es el de transferencias y donde se integran las ayudas a los agricultores. Este capítulo llega a los 878 millones.
Soriano tuvo que reconocer que el capítulo 6 sólo estará dotado con 18 millones de euros. Es el capítulo de las inversiones y, tal y como reconoció la consejera, «no permitirá abordar obra nueva, salvo excepciones como el regadío». Soriano señaló que parte de esos 18 millones se irán a finalizar obras en marcha y a pagar deuda contraída por el PSOE.

La Junta sube la bonificación de seguros para los jóvenes

La partida que tendrá Agricultura para el Plan Nacional de Seguros Agrarios será de 4,6 millones de euros. La consejera informó ayer de que la Junta aumentará las bonificaciones para jóvenes y para el seguro específico de daños de la sequía en pastos. Éste es un seguro que afecta a los ganaderos, que se han visto muy perjudicados en los costes de alimentación con la sequía del pasado invierno y primavera. Maria Luisa Soriano indicó que todavía está pagando los préstamos que contrajo el anterior Gobierno para las ayudas a las heladas de 2005 e inundaciones de 2007.

LOS REGANTES APRUEBAN EL PLAN. LA TRIBUNA 11-11-2012.pdf

09/11/2012 Páginas de Agricultura de la Tribuna.pdf

Además, el ministro de Agricultura defiende reducir la diversificación de cultivos a dos por cada 20 hectáreas, un planteamiento que beneficiaría a Castilla-La Mancha

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha propuesto en la Comisión Europea reducir al 15 por ciento el porcentaje destinado al «greening», y limitar la diversificación de cultivos a dos por cada veinte hectáreas, un planteamiento que beneficiaría a Castilla-La Mancha.
En la última reunión del Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios, la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, expresó su rechazo a la propuesta comunitaria para vincular la percepción del 30 por ciento de las ayudas a nuevos condicionantes ambientes, el llamado «greening», porque encarecerían la actividad de agricultores y ganaderos.
Concretamente, en la propuesta se establece que los estados miembros tienen que emplear este porcentaje de su presupuesto para conceder un pago anual por hectárea a los agricultores que observen un buen comportamiento medioambiental de la producción agraria, a través de un componente verde, consistente en la diversificación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanente y la existencia de superficie de interés ecológico en las explotaciones.
Miguel Ángel Arias Cañete explicó esta semana en el Senado que la Comisión debe ser muy cuidadosa para que la configuración de este nuevo componente verde cumpla unas mínimas premisas, tales como asegurar que las prácticas que se establecen sean sencillas, se adapten a la diversidad productiva comunitaria, no afecten a la sostenibilidad económica de las explotaciones y no impliquen mayores cargas administrativas a los estados miembros.

Propuesta española. Para el titular de Agricultura, la propuesta de la Unión Europea se aleja de estas premisas y, por este motivo, es necesario una revisión de las medidas del «greening» para minimizar el efecto de tasa plana que ejercería el establecimiento de un pago uniforme desde el primer año de la aplicación de la reforma. «Esto último se alcanzaría limitando al 15 por ciento el porcentaje destinado a este componente, al tiempo que aplicando dicho porcentaje de manera individualizada, de manera que represente un porcentaje de los pagos a recibir por cada agricultor en línea con el modelo de convergencia por aproximación», afirmó.
Además, Cañete también subrayó que la propuesta de la Comisión respecto a la diversificación de cultivos y a la superficie de interés ecológico no es aplicable a una agricultura mediterránea como la española, con su actual diversidad de producciones, tanto agrarias como ganaderas, que posee.
La UE propone tener tres cultivos diferentes cuanto la tierra cultivada por el agricultor cubra más de tres hectáreas y que, al menos, un 7 por ciento de las hectáreas admisibles sea superficie de interés ecológico.
«La propuesta de la Comisión -dijo- no se ajusta a la realidad agraria de este país. España propone aumentar el umbral en ambos casos a 20 hectáreas, que la diversificación de cultivos se reduzca a dos cultivos y que el porcentaje de superficie de interés ecológico se reduzca a un 3 por ciento».
El ministro también explicó en la Cámara Alta que España defenderá en Bruselas que las infracciones y sanciones motivadas por el incumplimiento del «greening» se apliquen «única y exclusivamente» sobre este concepto y no afecte al pago básico.

Jóvenes agricultores. Finalmente, Arias Cañete respaldó la introducción de una ayuda obligatoria específica para los jóvenes agricultores al comienzo de sus actividades agrarias para facilitar su instalación inicial y el juste estructural de sus explotaciones.
Esta subvención se destinará a todos los agricultores de menos de 40 años que se instalen por primera vez como titulares de una explotación agraria, y se concederá como un pago anual durante un período máximo de cinco años.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha advertido esta semana en el Senado que los agricultores podrían recibir un 50 por ciento menos de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) si, finalmente, la Comisión logra ampliar la superficie total potencialmente subvencionable incluida en el Sistema de Información geográfica de la PAC.
«El hecho de que en nuestro país haya una enorme diferencia entre el número total de hectáreas declaradas para el régimen único en el año 2009, que son de 21 millones, y la superficie total potencialmente subvencionable, que es de 38 millones, puede diluir sensiblemente la cuantía de los importes por hectáreas», afirmó.
«Es decir –continuó- las disposiciones de reforma de la Comisión permitirían que 38 millones de hectáreas se pudieran beneficiar del nuevo sistema de apoyos. La mayor parte de esa diferencia, hasta alcanzar los 38  millones de hectáreas, procede de pastos permanentes».
Por ello, el titular de Agricultura subrayó que es imprescindible para España poder limitar el número de hectáreas admisibles porque si se pasa de 21 a 38 millones y las ayudas con un pago uniforme, como quiere la Comisión, las subvenciones  que perciben los agricultores actualmente se diluyen «de una manera salvaje», es decir, «se reducirían en un 50 por ciento», y «bajaría desde los 229 euros hectárea hasta 125 euros hectárea».

Ayudas en CLM. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Agricultura, del 2011, Castilla-La Mancha recibió 1.075 millones euros de la PAC: 847,3 millones del FEAGA, 20,3 millones de ayudas acopladas a ganadería bovina y 208,1 millones de programas para desarrollo rural.
En 2011, Castilla-La Mancha recibió un 13,7 por ciento del total de ayudas de la PAC en España, una proporción superior a la de su peso en el conjunto del sector agrario nacional y, los pagos medios por beneficiario, son ligeramente menores a la media nacional.
En concreto, en Castilla-La Mancha el número de beneficiarios por estas ayudas ascendió a 150.916 personas, con un valor medio de 4.448 euros, frente a los 4.996 euros que se recibe en el  conjunto de España.

Propuesta de la Comisión. La Comisión Europea ha planteado la desaparición del modelo histórico de pago único, actualmente en vigor, por un nuevo régimen de pago básico por hectárea admisible a disposición de los agricultores el primer año de aplicación del régimen, con el fin de garantizar una mejor distribución de la ayuda entre las tierras agrícolas de la Unión.
Arias Cañete reconoció durante su comparecencia en la Comisión del Senado que éste es uno de los problemas mayores a los que España debe enfrentarse en la reforma porque podría suponer trasvases muy importantes de ayudas entre sectores y territorios que producirían «graves desajustes» en las ayudas percibidas por los agricultores, hasta el punto de que podrían poner en riesgo la viabilidad de las explotaciones.
«Por lo tanto –dijo- no podemos apoyar esta propuesta y consideramos necesario plantear un mecanismo de aproximación, progresivo y limitado, para que el nivel de pagos directos sea ajustado a lo largo del período transitorio, siguiendo los mismos principios de la convergencia entre Estados miembros».
«Para España es imprescindible limitar el número de hectáreas admisibles que puedan entrar en el sistema, mediante el establecimiento de un período de referencia anterior a 2014. De esta forma, el nivel de apoyo podría mantenerse en un valor razonablemente similar al actual y se minimizaría la competencia entre agricultores y ganaderos», concluyó.

Apoyo internacional. La propuesta del Gobierno español, apoyada por Irlanda, Italia, Portugal, Dinamarca y Luxemburgo, tiene en cuenta la especificad de una parte importante de la ganadería española que, por la ausencia de tierra o por el sistema de tenencia de la misma, pudiera quedar desplazada del modelo si únicamente se contemplase la posibilidad de un pago por hectárea
La aportación presupuestaria para la PAC, que actualmente se recoge en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, y que mantiene la financiación de la PAC a nivel del 2013 con 317.700 millones de euros para el citado período, constituye un mínimo aceptable para España.

Ayer quedó constituida oficialmente la Comisión Regional de Cambio Climático, presidida por la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, que será el órgano consultivo y de coordinación en esta materia en Castilla-La Mancha, y cuyo fin es lograr una gestión eficaz y una coordinación adecuada de las políticas medioambientales.
Para Soriano, la puesta en marcha de esta comisión -que celebró en Toledo su primera reunión- permitirá «impulsar las actuaciones de lucha contra el cambio climático, lo que evidencia la decidida apuesta del Gobierno regional por el cuidado del entorno».
La titular de Agricultura aseguró que «actuar contra el cambio climático supone proteger la riqueza paisajística y medioambiental de una región cuya superficie forestal supone el 45 por ciento de su territorio, que cuenta con 1,8 millones de hectáreas dentro de la Red Natura 2000 y posee un importante patrimonio de flora y fauna que debemos salvaguardar».
Este organismo, que sustituye a la anterior Comisión Regional de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, cuenta con representantes de todas las consejerías del Gobierno regional, que trabajarán juntas para impulsar políticas de acción, que se centrarán en dos ejes: mitigación y adaptación.
El primer eje, el de mitigación, se marca dos objetivos estratégicos, como son la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con el horizonte 2020 y el incremento del efecto sumidero. Por su parte, el segundo eje, el de adaptación, se centra en minimizar los impactos y reducir vulnerabilidades de cara al futuro.

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El Gobierno defiende el consumo y cultivo de maíz transgénico en España porque dice que, según últimos estudios, no se derivan daños ni para la salud de las personas ni para el medio ambiente, según se desprende de una respuesta parlamentaria al diputado de UPyD, Toni Cantó, sobre el fomento del cultivo de este organismo genéticamente modificado. En la respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, el Ejecutivo argumenta que, sobre el maíz ‘MON810’, maíz transgénico que se cultiva y consume principalmente en España, el Departamento de Medio Ambiente realiza un programa de seguimiento del cultivo, en colaboración con científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), desde hace 12 años.
Eso sí, el Gobierno puntualiza al mismo tiempo que no realiza ninguna acción específica dirigida a fomentar el cultivo de productos modificados genéticamente, sino que cumple «estrictamente» lo que establece la normativa comunitaria, al permitir tanto su consumo como cultivo.
Por último, recalca que, en la actualidad, está valorando la posibilidad de desarrollar una norma sobre coexistencia en España. Así, especifica que el proyecto de norma contendría la existencia de una parte general, con normas sobre coexistencia que puedan aplicarse a cualquier cultivo modificado genéticamente autorizado.
Por otra parte, recogería unas medidas específicas para cada uno de los cultivos autorizados (actualmente sólo se contemplarían medidas de coexistencia para el maíz y la patata, por ser los dos únicos cultivos autorizados a nivel comunitario).

Maíz mon810. El maíz modificado genéticamente MON810 es el único evento que se cultiva en España y está autorizado a nivel comunitario. Por tanto es una opción que el agricultor puede utilizar una vez haya valorado los beneficios que le reporta este tipo de maíz y los costes que conlleva su utilización, según señala el Gobierno.

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Francisco Belmonte: «El proyecto se desbloquearía a condición, entre otras cosas, de que lo paguemos los regantes, algo que en la actual situación dudo que nos podamos permitir»

El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo), Francisco Belmonte, aguó ayer  las expectativas despertadas hace tan solo 24 horas, sobre el  «desbloqueo» de la segunda fase de la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental.
Como se recordará, el pasado miércoles, la Junta de Comunidades anunciaba, a través de un comunicado, el «desbloqueo» de este proyecto que, de acuerdo a lo pactado en 1997-1998, cuando se  negoció el Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, debía estar en funcionamiento hace 15 años.
El problema es que, según explicaba ayer Belmonte, la letra pequeña del «desbloqueo» de las obras no le termina de convencer aunque «por responsabilidad», la Jcrmo se ha comprometido a responder a la Junta y a la Confederación del Júcar en un plazo máximo de seis meses.
«El problema fundamental es económico -explicó- porque el proyecto se desbloquearía a condición, entre otras cosas, de que lo paguemos los regantes, algo que, en la actual situación, dudo mucho que nos podamos permitir, ni del todo, ni en parte».

LA JCRMO ENFRIA LAS EXPECTATIVAS 19-10-2012.pdf