El albaceteño Manuel Alonso Caballero ostenta desde hace poco la Vicepresidencia de la  Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), un colectivo que representa a buena parte de este sector industrial. En medio de la incertidumbre creada por las últimos cambios legislativos que limitan la producción de energía (sobre todo en fotovoltaica), Caballero explicaba para La Tribuna de Albacete en qué punto está la batalla legal contra las decisiones tomadas por el anterior Ejecutivo, y que continúan vigentes con el nuevo Gobierno.
Ha entrado en una asociación creada casi al tiempo que los polémicos decretos de 2010.
Anpier nace de la necesidad de representar a muchos productores fotovoltaicos, muy discriminados, alrededor de 56.000. No había ningún colectivo que uniera a esta gente y garantizara sus derechos. Nació tras dos decretos de 2010, en concreto el RD 1565/2010 y el RDL 14/2010, que son claramente anticonstitucionales. Entre otras múltiples acciones, Anpier entabló conversaciones con el gobierno de entonces para que no se produjera el daño al sector, pero a pesar de todos los esfuerzos de la asociación  para que se derogaran estas nuevas normas retroactivas para los productores de energía eléctrica a partir de la tecnología fotovoltaica, estas se hicieron efectivas a partir de 2011.

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La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, rechazó ayer la decisión de Bruselas de reformar la Política Agrícola Común (PAC) para que un 30 por ciento de los pagos directos se otorguen a aquellos agricultores o ganaderos que presten ciertos «servicios ambientales», como el barbecho obligatorio para un porcentaje de la tierra, el mantenimiento de pasto permanente o la rotación de cultivos.
María Luisa Soriano pidió al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que defienda ante las autoridades comunitarias la eliminación de este requisito y, en el caso de que no sea posible, una reducción «considerable» de este porcentaje, además de desligar por completo el cumplimiento de este nuevo requisito con el «pago básico» a agricultores y ganaderos.
La titular de Agricultura, que realizó estas declaraciones tras asistir a la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para asuntos Comunitarios, en Madrid, también defendió la necesidad de «flexibilizar» las nuevas demandas de Bruselas para percibir subvenciones, y que afectarían a unos 95.000 agricultores y ganaderos de la región, según las estimaciones de la Consejería.
«Estas nuevas medidas hacen inviable y poco rentable la mayoría de nuestras explotaciones, incrementan los costes de producción y, por tanto, reducen aún más la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas en unos momentos de crisis y de delicada situación económica. Nuestros agricultores y ganaderos ya están soportando gran cantidad de exigencias y requisitos medioambientales, y entendemos que no se pueden incrementar todavía más», afirmó.
Para María Luisa Soriano, esta reforma de la PAC ya ha suscitado el rechazo de la mayoría de las comunidades autónomas y de las asociaciones agrarias porque, en realidad, supone un recorte de las ayudas para el sector al imponer unos requisitos «difíciles de cumplir» y reducir la rentabilidad de las explotaciones.
«Obligaría a muchas explotaciones a tener que diversificar los cultivos y mantener hasta tres cultivos distintos. Esto, en el momento que estamos, con los productores muy débiles en la cadena agroalimentaria, provocaría una mayor atomización del sector primario y los debilitaría aún más», concluyó.

El Gobierno parece decidido a acabar con las duplicidades pese a quien pese, y ha empezado por una parcela muy polémica, la del agua, que quién sabe si desencadenará otra guerra por el preciado elemento. Así, el Consejo de Ministros de ayer derogó la anterior normativa en esta materia y aprobó un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma «directamente» las funciones de Política Hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión «mucho más eficiente».
Según informó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáez de Santamaría, se quieren evitar solapamientos, asumiendo también el Estado las competencias en el procedimiento sancionador, ya que, según insistió, esta ha sido «siempre» una competencia de la Administración central.
Para reforzar su argumentación, la jurista recordó que el pasado mes de marzo, el Constitucional «dejó sentado» el Principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas autonomías. A raíz de esta sentencia, el Gobierno anterior aprobó un RDL que permitía a las comunidades asumir las funciones, sobre todo sancionadoras, en el tramo que pasaba por su territorio.

EFICIENTES. Sin embargo, Santamaría subrayó que para el Ejecutivo «es más necesario que nunca» que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una «clara delimitación de competencias» entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado. Yes que de lo que se trata es de «no multiplicar costes por tres, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero a las cuentas públicas», amén de mejorar el medio ambiente.
Además, comentó que el Gobierno estima que el agua es un «recurso escaso» y que es un dominio público «de todos los españoles», por lo que el Estado asume «todas las funciones de Policía en la gestión de las confederaciones hidrográficas.
Por otro lado, la vicepresidenta explicó que el Real Decreto también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta «especialmente» a la Red Natura 2000 para que los usuarios y municipios «tengan claras» las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
De este modo, indicó que éste es el caso «paradigmático» de los residuos, y puso de ejemplo que un traslado de los mismos que pasara por varias comunidades, necesitaba permiso notificado de la de salida y de llegada, un procedimiento«complejo» para esta cuestión tan delicada, lo que crea «múltiples dificultades» para empresas, usuarios o quienes llevan a cabo su gestión.
Con el nuevo texto, se modifica también la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para «simplificar y reducir» las cargas administrativas que estaban provocando «incertidumbre e inseguridad» en la aplicación de la norma.
Las críticas a esta medida no se hicieron esperar. Así, el secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, denunció que el Gobierno se convierte en «un mamporrero de las empresas ejecutoras de infraestructuras y se pone al servicio de los intereses empresariales». Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán tachó de «chapuza» la medida, avisando de que el Ejecutivo quedaba como un «guardia con porra».
También es de destacar que el Consejo de Ministros ha «abordado» un informe presentado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre las «reformas estructurales» en transporte aéreo y el ferroviario, con el fin de «mejorar la eficiencia de estos servicios y ahorrar costes». No se concretó ninguna medida, aunque quedó claro que no se tocarán los peajes.
Eso sí, la dirigente gallega empleó los mismos términos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, 24 horas antes, quiso dejar bien claro que esta polémica cuestión que la Comunidad de Madrid quiere aplicar cuanto antes «no está en la agenda del Consejo de Ministros». 

El PP quiere acabar de un vez por todas con la guerra política que mantiene con el PSOE en la política del agua y, para ello, propone restituir «el espíritu» del Plan Hidrológico Nacional del 2001, para garantizar agua en cantidad y calidad suficientes en la región.
Para los populares, las medidas incluidas en este acuerdo tenían en cuenta las necesidades presentes y futuras de los castellano-manchegos y aseguraban el crecimiento sostenible de la región, de un modo «ajeno y al continuo enfrentamiento estéril». «Reivindicaremos una verdadera política hidrológica nacional que resuelva los problemas estructurales del agua en este país, más allá de infraestructuras creadas como parches», afirman los ‘populares’.
Finalmente, señala que su propuesta hidrológica respetaba el principio de solidaridad interterritorial y recogía el fundamento de preferencia de la cuenca cedente , pero que no fue del agrado del anterior gobierno socialista porque «cerraba la posibilidad de seguir explotando políticamente el agua»

En materia de agricultura y medio ambiente, en una de las ponencias de su XXII Congreso regional el Partido Popular insta a la Unión Europea a incrementar la producción alimentaria y a mantener el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) en la futura reforma, al tiempo que apuesta decididamente en la región por una agricultura de regadío. Por ello, propone una reestructuración del olivar tradicional para potenciar la instalación de plantaciones intensivas, vinculada a las transformaciones en regadío por goteo, y plantea desarrollar algunos cultivos emergentes, como el del almendro o pistacho.
También se compromete a impulsar la creación de interprofesionales en el sector hortofrutícola, aumentar la dimensión de las cooperativas, mantener la financiación de los grupos de desarrollo rural, potenciar la vigilancia ambiental, impulsar la creación de una nueva Ley de caza y el uso de una licencia única para toda España, modificar la Ley de montes y apoyar la pesca.

Para salir de la crisis el Gobierno mira al campo. También en las plantaciones de Castilla-La Mancha y en sus explotaciones ganaderas tienen los ojos puestos algunas de las empresas líderes del sector agroalimentario del país. La idea es que por toda la región se siembren proyectos como el de Senoble en Talavera. Esta empresa no sólo va a abrir una nueva planta en la ciudad de la cerámica para seguir haciendo yogures, sino que también se nutrirá de la producción láctea de las ganaderías bovinas de la zona. La idea es que se multipliquen los proyectos que se basan en esta relación a dos bandas entre la empresa y el agricultor o ganadero. Con este objetivo, Cospedal se reunió ayer con el Foro Interalimentario, una asociación que reúne a empresas agroalimentarias que suponen el 25% de producción de España.
El director general de Foro Interalimentario, José Ignacio Arranz, resaltó que una comunidad como Castilla-La Mancha «tiene un potencial agrícola y ganadero de toda la vida», pero que quizá hay que reorientar hacia una nueva filosofía. «Castilla-La Mancha es un asiento importantísimo para poder dar lugar a una promoción y un desarrollo de toda la actividad agrícola y ganadera, que ahora mismo puede estar contenida, pero que tiene un modelo de negocio por donde puede progresar», aseguró
Arranz explicó que su modelo beneficia a todos los eslabones de la cadena. Empezó por el primero, el del sector primario de agricultores y ganaderos, a los que garantizaría «relaciones estables, a largo plazo y absolutamente transparentes». Luego se beneficiarían las industrias porque podrían conseguir cerca los productos agrarios. «Entonces la materia prima recorrerá menor distancia, podremos ser más eficiente y optimizar transporte», añadió. Por último, el consumidor también saldría ganando porque tendría un producto de «seguridad innegociable, calidad excelente y al precio más bajo posible».

El Gobierno les allana el camino.

Por parte del Gobierno regional quedó claro que quieren que se afiancen algunas empresas que ya están en Castilla-La Mancha, como Sada o Incarlopsa, y que son las principales de su ámbito en España. También quieren anunciar nuevos proyectos como el de Senoble en Talavera. Para conseguirlo, el portavoz del Gobierno aseguró ayer que no dudarán en hacer lo necesario para «allanar el camino».
Leandro Esteban explicó que el Ejecutivo va a elaborar un documento estratégico para que estas empresas conozcan las ventajas de venir a Castilla-La Mancha. Entre los puntos a favor, destacó que se pondrán en valor las infraestructuras para la instalación de nuevas compañías. También se mostró dispuesto a abordar las «reformas legislativas o jurídicas que sean necesarias».
Y es que si alguna empresa se anima a venir a Castilla-La Mancha por todos estos puntos a favor, el Gobierno regional se anotaría un ‘puntazo’. Tal y como reiteró Leandro Esteban, proyectos de este tipo traen riqueza y generan empleo. No sólo dan trabajo de manera directa, sino que también proporcionan ingresos a agricultores y ganaderos, lo que permite afianzar la población de zonas rurales de Castilla-La Mancha.
Si el anterior Gobierno socialista hizo de las energías renovables o de la aeronáutica sus banderas estratégicas para la región, el Ejecutivo de Cospedal está convencido de que Castilla-La Mancha puede ser un motor agroalimentario, que es un sector que da mucho margen para la innovación y la investigación.

La consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades, María Luisa Soriano, destacó ayer la importancia del abono en la última semana de más de 47 millones de euros de ayudas europeas al sector agrícola y ganadero. Concretamente, se ha realizado el pago de 13,5 millones de euros del Pago Único, otros 11,4 millones de ayudas a las vacas nodrizas y, por último, se ha abonado el tercer pago de la medida de la reestructuración y transformación del viñedo de más de 22 millones de euros.
«Pretendemos con este pago, como novedad en esta campaña, hacer pagos de expedientes por encima de cuatro puntos, lo que ha sido posible gracias a los 30 millones de euros de más que nos concedió el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de unos remanentes de otras medidas», subrayó.
Soriano aseguró que desde la Consejería de Agricultura «hemos presentado al ministro nuestras inquietudes con respecto a la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC), sobre todo lo que respecta a la ficha financiera, así como la preocupación de que el borrador de la reforma no atiende al modelo de agricultura que tenemos en España, ni en la región, porque nosotros queremos y creemos en un modelo de agricultura, rentable y competitivo».
No obstante, mostró su confianza en el Ministerio. «A Miguel Arias Cañete le faltó tiempo para defender en Europa los intereses del campo español. Nuestra confianza es que va a haber un consenso con las comunidades autónomas y con otros países que pueden tener los mismos intereses que el campo español, buscando las alianzas necesarias para defender de manera común los mismos objetivos».

El Gobierno de Cospedal aseguró que defenderá «de manera clarísima» los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua y que lo hará «en los tribunales si hace falta». El portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, lo confirmó ayer de manera rotunda a preguntas de los medios sobre el Plan de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en el que se descartan más trasvases. Esteban defendió que el Gobierno regional ya ha planteado recursos ante los tribunales de justicia cuando ha considerado que algunos de los trasvases, o las cuestiones derivadas de ellos, «no están ajustados a un principio consagrado en la legislación». El portavoz insistió igualmente, durante la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los jueves, que el Ejecutivo castellano-manchego entiende la planificación hidrológica del país en un ámbito nacional y en el marco de un debate en el que estén sentadas todas las autonomías «alrededor del Gobierno de España».

El agua marcará la reunión entre Page y Cospedal, un encuentro que ha confirmado el PSOE, concretando la fecha del 11 de mayo, tal y como adelantó ayer La Tribuna. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes anunció que espera que su líder salga del Palacio de Fuensalida con un acuerdo sobre agua, más aún después de conocer cómo va a ser el Plan de Cuenca del Ebro. José Luis Martínez Guijarro aclaró ayer que no se van a conformar con nada menos para el Tajo.
La clave está en que el Plan de Cuenca del Ebro «incorpora unos planteamientos que son incompatibles con que se produzca un trasvase». Y es que el planteamiento de un acueducto sobre el río que cruza Zaragoza hasta la fecha no ha estado más que en el papel. Salió en la propuesta del Plan Hidrológico Nacional que elaboró el PP en los últimos años de Aznar, pero fue justo el punto que derogó Zapatero al llegar a la Moncloa. Desde las Cortes regionales, Guijarro explicó que el nuevo Plan de Cuenca del Ebro fija un caudal ecológico y unas reservas de agua para Aragón y La Rioja que blindan el río ante un futuro trasvase. El PSOE pidió ayer expresamente a «Rajoy y Cospedal el mismo trato para el Tajo que para el Ebro».
En el caso del Plan de Cuenca del Tajo, Guijarro demanda por tanto un nivel de caudal ecológico, es decir que se aumente el mínimo de caudal para mantener el ecosistema del río. Asimismo exige una reserva para la región y añade que también se podría establecer para Extremadura y Madrid. El PSOE calcula que Castilla-La Mancha necesita entre todas sus cuencas una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos de agua, pero faltaría por precisar qué parte tendría que garantizarse expresamente del Tajo.
Guijarro dejó caer que no pasa nada por plantearse el fin del trasvase Tajo-Segura a cambio de garantizar la salud del río y las necesidades de abastecimiento y regadío de la región. Lo que no quiere es que ocurra algo que desde el PSOE están temiendo y para lo que piden que la presidenta dé un puñetazo sobre la mesa del ministro de Agricultura. «Exigimos a Cospedal que evite lo que parece ser que puede ocurrir», demandó, «que el Plan Hidrológico Nacional se vuelva a hacer a costa del Tajo y de los intereses de Castilla-La Mancha».
En este contexto, la oposición ve fundamental llegar a un pacto con Cospedal sobre el agua. «Éste va a ser uno de los acuerdos que Page quiere tratar con la presidenta de Castilla-La Mancha el día de la reunión», confirmó Guijarro. Además recordó que en otras comunidades como Aragón, PP y PSOE ya han conseguido firmar un acuerdo en defensa del agua. Espera que la siguiente sea Castilla-La Mancha.

Tres pactos, dos agendas.

El agua no será el único acuerdo que plantee Page en la reunión. El portavoz de los socialistas en las Cortes explicó ayer que su líder también planteará un pacto sobre  financiación local para solucionar la difícil situación de los ayuntamientos de la región. El líder socialista también propondrá que el Gobierno regional lidere un proceso de participación con todos los agentes sociales y económicos que tengan algo que decir para llegar a un acuerdo por el crecimiento y el empleo.  
Todavía habrá que esperar dos semanas para ver si Page sale del Palacio de Fuensalida con sus objetivos conseguidos. Según el PSOE, ha debido de costar mucho cuadrar la agenda del también alcalde de Toledo con la de Cospedal, porque la solicitud de reunión se hizo ya hace unas semanas. José Luis Martínez Guijarro recordó que los temas que se van a tratar son claves para la región y habrían exigido más diligencia por parte del Gobierno. «Más vale tarde que nunca», se consoló.

Los últimos informes del Observatorio Nacional señalan que la tendencia de mejora que se manifestó a finales del 2009 empiezan a dar síntomas de agotamiento en ambas cuencas

Aunque la situación de las reservas hidráulicas en Albacete, especialmente en el Alto Segura, es buena, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ve indicios de un cambio de ciclo, especialmente en el Tajo, el Júcar y el Segura.
Estas tres cuencas hidrográficas son especialmente relevantes para la provincia. Primero, porque el 80% de su territorio pertenece al Júcar o al Segura; segundo, porque el tramo final del acueducto Tajo-Segura pasa precisamente por tierras albaceteñas.
De acuerdo a los datos aportados por el Observatorio Nacional de la Sequía (ONS), un organismo interdepartamental bajo control del Magrama, la situación, especialmente en el sudeste de Castilla-la Mancha, aún se mantiene dentro de los límites de lo normal.

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