La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha asegurado que «el agua la tenemos que despolitizar y lo que hay que hacer es solucionarla técnicamente y atender las necesidades de agua tanto en cantidad como en calidad» en cada uno de los territorios. «No utilizar el agua como enfrentamiento entre ciudadanos y para hacer demagogia de unos partidos políticos contra otros, porque así no vamos a ninguna parte», ha añadido.
En una entrevista en CMT, ha asegurado que Rajoy va a retomar la política hidráulica por medio de un pacto nacional, que reconocerá la prioridad de la cuenca cedente y de los territorios por los que pasan esos recursos, así como el principio de «solidaridad».
En cuanto al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) ha asegurado que no ha funcionado y que ha sido «un engaño para los agricultores, pero también para el medio ambiente», pues «habían hecho muchas promesas que se han quedado sin cumplir» y ahora «habrá que atender».
En otro orden de cosas, ha manifestado que hay que revisar las normas de la competencia para acabar con el problema de los precios que afecta al sector primario, que perjudica a los productores agrarios y a los consumidores. Ha indicado que su departamento favorecerá la agrupación de los agricultores y por que el sector productor y el distribuidor trabajen de la mano, para regular oferta y demanda.    

El Gobierno regional ya se ha comprometido a pedir al nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy la modificación del Código Penal para poner freno a la situación de inseguridad que se vive en el campo, que sufre, cada vez con mayor frecuencia, robos y agresiones a agricultores y ganaderos. El Gobierno, por tanto, ha hecho los deberes y el Grupo Parlamentario Popular también. El miércoles se reunirá con la Asociación de Jovénes Agricultores (Asaja) para ir tejiendo la Proposición No de Ley (PNL) que elevará a las Cortes reclamando la reforma del Código Penal a fin de acabar con estas actividades delictivas.
Así lo adelantó ayer el portavoz de los parlamentarios populares, Francisco Cañizares, que informó que después de Asaja se reunirá con el resto de organizaciones agrarias. «Nos reuniremos con COAG y UPA y seguramente con algún otro colectivo profesional y técnico». El objetivo, dijo, es elaborar una propuesta que obtenga el consenso y el acuerdo de ambos grupos parlamentarios y que ponga fin a un asunto que afecta especialmente a Castilla-La Mancha.

Problemas internos del PSOE.
Por otro lado, los «problemas internos» que, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, tiene el PSOE están interfiriendo en el funcionamiento de las Cortes regionales y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Ésta es, al menos, la percepción de Cañizares, quien pidió a los socialistas que «resuelvan sus problemas internos» y propongan a una persona para integrar el Consejo Consultivo regional. Este órgano tiene tres de sus cinco miembros en situación de interinidad desde el pasado otoño, entre ellos el propio presidente de la institución, José Sanroma.
En este punto, recordó que hace tiempo se dirigió al portavoz de los socialistas en la Cámara, José Luis Martínez Guijarro, para reclamar el nombre de la persona que habían designado, «pero todavía no se ha pronunciado», recalcó Cañizares.
El Consejo Consultivo «es una institución muy importante para el desarrollo normativo de la Región», recordó el portavoz de los populares, quien considera además que no es conveniente «una situación de interinidad en un organismo en el que debe primar el cumplimiento de la legalidad».
La designación de los tres miembros del Consejo Consultivo debe hacerse por una mayoría cualificada, de forma que tiene que haber una sola lista votada favorablemente por los dos grupos parlamentarios, recordó el portavoz popular. Hasta ahora había dos miembros propuestos por el Grupo Socialista y uno por el Grupo Popular y ahora será a la inversa.
Aunque el Partido Popular ya tiene decidido los nombres de sus dos candidatos no los dará a conocer hasta que no se consensúe la lista con el PSOE, ya que tiene que ser una lista única. «No son capaces ni de sentarse a dar un nombre porque no saben que nombre dar, no saben a quién proponer, porque quien tiene que tomar esa decisión o no está en condiciones de proponer a nadie o de concitar el suficiente consenso interno para proponer a nadie», criticó. «Nosotros tenemos los nombres desde hace varios meses».    

El pasado mes de diciembre cerró uno de los años con menos precipitaciones de la última década, situándose 2011 como el tercer año más seco de este periodo, con 291 litros por metro cuadrado caídos sobre la ciudad durante los últimos 12 meses. El pasado año se sitúa en tercer lugar, como el más seco, tras los años 2005 y 2006, en los que se registraron precipitaciones que ascienden a 229,6 y 282,2 litros por metro cuadrado, respectivamente. Estos datos son ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y corresponden a una de las estaciones que existen en la ciudad, la de Albacete.
El pluviómetro registró 291 litros por metro cuadrado en la Estación Meteorológica de Albacete, mientras que en el año anterior se alcanzaron 560 litros, convirtiéndose 2010 en el año más lluvioso de la última década (2002-2011). Una cifra abultada, en gran parte, gracias a las nevadas que se sucedieron durante los meses de enero, febrero y marzo. En el primer mes del año 2010 se contabilizaron cuatro días de nieve, dos en febrero y uno en marzo.
Las precipitaciones contabilizadas en el último año distan también de la media de lluvias de la última década, que ronda aproximadamente los 360 litros por metro cuadrado. Fue mayo el mes más lluvioso del pasado año y en éste se registraron precipitaciones de 59,4 litros por metro cuadrado.
En cuanto a la precipitación máxima registrada a lo largo de 2011, tuvo lugar en mayo, el día 19, cuando las lluvias caídas sobre la ciudad de Albacete ascendieron a 19,8 litros por metro cuadrado. El día que menos llovió, aunque sí cayó alguna precipitación, fue en julio, el día 22, con un litro por metro cuadrado registrado.

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Esta normativa, que fue llevada a la Cámara Baja por el anterior Ejecutivo socialista la pasada primavera, se quedó en el ‘limbo’ parlamentario tras el adelanto electoral

c.s.rubio/ Toledo

La Ley del Agua de Castilla-La Mancha sale del limbo parlamentario y comienza su tramitación en el Congreso de los Diputados, tras el visto bueno de la Mesa de la Cámara Baja. No obstante, su perspectivas de futuro no son para nada halagüeñas: si bien su entrada en Madrid ha sido rápida (esta norma autonómica salió de Toledo en marzo), el cambio de color político de las cortes regionales y nacionales hacen prácticamente inviable el futuro de un texto que fue aprobado con el único apoyo del PSOE de Barreda.
En este sentido, es más que probable que las Cortes castellano-manchegas (ahora con mayoría popular) decidan retirar esta Ley del Congreso, ya que son las ‘dueñas’ del texto y, por lo tanto, pueden cortar su tramitación en el momento que así lo estimen oportuno.
Antecedentes hay ya y no hay que remontarse mucho en el tiempo para encontrarlos. El proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía fue retirado del Congreso por las Cortes regionales la pasada legislatura por decisión del PSOE y del Gobierno al que entonces sustentaba. El argumentó fue entonces que el Estatuto no tenía mayoría suficiente para salir adelante, tras haber perdido el apoyo ‘popular’ a su paso por la Comisión Constitucional del Congreso.

la batalla del Estatuto. Y es precisamente esta ‘batalla’ por el Estatuto la que viene a reproducir la ahora retomada Ley del Agua regional. El texto salido del Consejo de Gobierno de Barreda recupera parte del contenido de la fallida reforma estatutaria, especialmente la estimación de que Castilla-La Mancha debería contar con una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos y la demanda de que la Junta de Comunidades participe con voz y voto en los órganos de gestión del agua.
Además, como novedad, esta ley incluye el traspaso al Gobierno regional de todas las infraestructuras hidráulicas promovidas por el Estado y la exigencia de que, antes de que se autorice cualquier trasvase del Tajo al Segura, se reste al volumen requerido por los regantes la producción de las desalinizadoras del Levante.
Dejando de lado estos últimos aspectos, fue en el punto de la ‘reserva hídrica’ donde la Ley del Agua encontró siempre el rechazo del PP en Castilla-La Mancha, al igual que ocurriera en el caso del Estatuto. Así, en la enmienda a la totalidad que presentaron en las Cortes, se proponía sustituir esta reserva por una estimación de las necesidades de agua de la comunidad en 4.500 hectómetros cúbicos, revisables en función del crecimiento autonómico.
Además, el PP dudó siempre de la constitucionalidad del texto, ya que, decía, atribuía a Castilla-La Mancha competencias en la gestión de los ríos exclusivas del Gobierno central, basándose para ello en las sentencias contra los Estatutos de Andalucía y Castilla y León. Y, pasando al ‘tablero’ nacional, esta Ley siempre contó con el rechazó frontal de Murcia y Valencia, comunidades gobernadas entonces y ahora por el PP.

Fallo en los cálculos. Pero volviendo al hecho de por qué llega ahora la Ley del Agua al Congreso, es fácil de explicar. El objetivo del entonces Gobierno socialistas de Castilla-La Mancha era introducir esta norma en Madrid antes que acabara la legislatura nacional que, en circunstancias normales, se debería de haber alargado hasta marzo de este año. Las cuentas eran ajustadas pero salían. La Ley entró en el Congreso en abril para ser debatida en la recta final de la etapa Zapatero, pero no se contó con el adelanto electoral al que, finalmente, se vio obligado a recurrir el Ejecutivo.
Con todo, en las mesas de trabajo de los nuevos Gobiernos ‘populares’ el agua no parece situarse como asunto de máxima prioridad. Además, tanto a nivel nacional como en el ámbito autonómico se ha repetido por activa y por pasiva que su solución para el problema hídrico pasa por un pacto nacional y una vuelta al ‘espíritu’ del Plan Hidrológico de Aznar, frente a las guerras ‘taifas’ de los últimos años entre comunidades cedentes y receptoras.  

El departamento de formación de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha está configurando un nuevo calendario de actuación para el año 2012 que incluye numerosas ofertas formativas para los agricultores y ganaderos de la región, tras el éxito de participación en las actividades realizadas durante este año, en las que alrededor de 5.000 profesionales del campo han mejorado sus habilidades tecnológicas, gerenciales y organizativas de su explotación agraria.
Para la Organización Agraria, requerir al medio rural de personal cualificado y aprovechar al máximo el potencial humano es imprescindible para el desarrollo productivo y la dinamización de la economía, así como para competir con éxito en un mundo globalizado, además de para estar preparado ante el resultado final de la reforma de Política Agraria Comunitaria. Por ello, Asaja de Castilla-La Mancha continuará su labor formativa y de capacitación respondiendo así a la demanda de los propios profesionales del campo.

Cursos básicos. De este modo, la Organización Agraria impartirá un gran abanico de cursos básicos, como la obtención y renovación del carné de manipulador de productos fitosanitarios, aquellos relacionados con el transporte, higiene y bienestar de los animales según marcan las nuevas exigencias y directivas comunitarias, así como aquéllos relacionados con contratación de temporeros y la prevención de riesgos laborales.
No obstante, Asaja de Castilla-La Mancha intensificará su labor en ampliar la oferta de formación relacionada con el reto de la comercialización, la gran asignatura pendiente de esta región. Apostar por la producción y la comercialización, e incluso la industrialización del sector, es una de las claves para darle un valor añadido a la producciones locales.
De igual modo, la organización apostará por las actividades dirigidas a ampliar los conocimientos y aplicaciones de las nuevas tecnologías para mejorar la cualificación de los profesionales que trabajan en el medio rural y, como consecuencia, la viabilidad de sus explotaciones.

María Luisa Soriano se ha mostrado convencida de que el próximo Ministerio de Agricultura llevará a cabo una política agraria ante la Unión Europea que defienda esos puntos claves

latribunadetoledo.es

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano se ha mostrado convencida de que el próximo Ministerio de Agricultura del Gobierno de España llevará a cabo una política agraria ante la Unión Europea que defienda la «productividad, rentabilidad y competitividad».
Soriano ha destacado que la segunda parte del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos que ha anunciado la presidenta regional, María Dolores Cospedal, «va garantizar los servicios básicos de Castilla-La Mancha, que el PSOE ha puesto en peligro por el despilfarro y descontrol económico de los últimos años».
La consejera de Agricultura, que comparece hoy en las Cortes regionales para explicar cuáles son los objetivos de la Consejería de Agricultura en materia presupuestaria, ha explicado en referencia a la empresa pública Geacam, que es necesario aplicar una mayor eficacia y un mayor rendimiento a su productividad. «Si la comparamos con otras empresas privadas que atienden a este tipo de tareas, observamos que, por ejemplo, mientras que en Geacam la productividad es de 30 jornales por 1 hectárea de limpieza de monte, en cualquier empresa privada lo estipulado es 6 ó 7 jornales por hectárea».
También ha recordado el compromiso de la presidenta Cospedal con la Agricultura de Castilla-La Mancha, un sector que ha calificado de clave y fundamental para el desarrollo futuro de nuestra región

marca de calidad para la cebolla. María Luisa Soriano, ha asegurado que «desde el Gobierno regional se va a apoyar una marca de calidad para la cebolla producida en Castilla-La Mancha, donde se produce más del 60 por ciento del total nacional». Un producto de alta calidad demandada por los mercados, tanto nacionales como internacionales.
La consejera de Agricultura se ha reunido con la Asociación de Productores de Cebolla de Castilla-La Mancha (Procecam), quienes le han planteado un estudio sobre la situación del mercado de la cebolla española y más concretamente de la cebolla castellano-manchega, con el fin de ofrecer una visión clara del sector.
Desde el Gobierno regional, se va a estudiar la situación del sector con el fin de mejorar la comercialización e impulsar la agrupación de productores a través de una interprofesional para organizar al sector y conseguir que las explotaciones sean rentables.
El reto se encuentra en promover la comercialización por las empresas de la región, para este fin, Procecam, ha puesto en marcha el proyecto de marca de calidad colectiva «Cebolla de La Mancha» como garantía de calidad. Este año se ha producido la primera certificación de esta marca, y se ha iniciado la comercialización de cebolla amparada por el sello de calidad colectiva con el objetivo de ayudar al consumidor a distinguir la cebolla producida en nuestra región y conseguir poner en valor las calidades y cualidades de la cebolla manchega.  

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, visitó ayer las actuaciones que se están llevando a cabo por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la Confederación, de acondicionamiento medioambiental del canal del Salobral, así como el proyecto de mejora de la calidad del agua para el abastecimiento de la ciudad de Albacete mediante la construcción de la planta de ósmosis.
Moragues se refirió al estado de ejecución de la obra de la planta de ósmosis, que está en el final de la construcción del salmoreducto, es decir, el tubo por el que circula el agua con las sales, fundamentalmente sulfatos, que se retiran del agua que se va a suministrar a Albacete. Un conducto de 13 kilómetros de extensión que abarca desde la planta potabilizadora hasta la planta depuradora.
Dichas obras marchan bien tanto en plazo de ejecución como en presupuesto, siendo el objetivo que estén acabadas para el verano, en torno al mes de junio. El presupuesto de esta obra es de 9.100.000 euros.
De esta forma, los ciudadanos podrán beber agua depurada procedente de la planta de ósmosis el verano próximo, una vez finalicen las obras.

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En las últimas semanas, varios de los antiguos manantiales y surgencias del término municipal de Alcadozo han vuelto a la vida, a causa de las precpitaciones registradas en el anterior año hidrológico y lo que llevamos del actual.
Uno de los casos más llamativos, del que se han hecho eco los medios de comunicación de la propia localidad, es el de la Fuente del Ojo, situado entre Alcadozo y Peñas de San Pedro.
De acuerdo a los datos de un estudio realizado por la UCLM sobre los pequeños ecosistemas acuáticos de la provincia de Albacete, en el punto donde se encuentra esta fuente, que forma parte de la cuenca endorreica de Pozohondo, se había experimentado entre 1970 y 2008 un drástico descenso de los niveles piezométricos, de «aproximadamamente» 100 metros de variación.
La fuente está compuesta de dos surgencias. A finales de 2009, el caudal estimado por el equipo dirigido por el profesor Gregorio López estimó que el caudal que sumaban ambas era de 1,5 litros por segundo; un año más tarde, ya era de 20 litros por segundo, unas 13 veces mayor.

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El año 2011, que está a punto de finalizar, empieza a parecerse a algunos de los años más secos de la historia de la capital albaceteña, pues hasta el mes de octubre, se han contabilizado precipitaciones que ascienden a 231,6 litros por metro cuadrado, una cifra que dista en más de 100 litros por metro cuadrado en cuanto a la media de lluvias de la última década se refiere (353 litros por metro cuadrado), según los datos ofrecidos por Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En lo que queda de año, la capital podría recuperarse y llegar a la media de precipitaciones, pues en lo que llevamos de noviembre, hasta el día 9, se han contabilizado ya unos 40 litros por metro cuadrado.

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El PSOE mostró ayer su disposición a trabajar de manera «unitaria» con el Gobierno regional y con las organizaciones agrarias para aunar posturas de cara al «ataque» que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) supone para Castilla-La Mancha. Así lo aseguró su portavoz en las Cortes, José Luis Martínez Guijarro, tras el encuentro que mantuvo con el secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Julián Morcillo. Para Martínez Guijarro, el borrador de la PAC supone un «ataque» al sector, que puede provocar su desmantelamiento en Castilla-La Mancha si no se replantea.
En este punto, calificó de «nefasta» la distribución de las ayudas que plantea la Unión Europea, pues ese reparto, según está concebido, provocará un «trasvase de ayudas» en perjuicio de los agricultores profesionales. Por ello, insistió en la necesidad de que Castilla-La Mancha se enfrente a Bruselas de forma unitaria, al objeto de defender con mayor fuerza los intereses del campo castellano-manchego. «Es necesario que Castilla-La Mancha presente una posición unitaria a fin de amortiguar el ataque» recibido de Bruselas.

Agricultura de sofá. En similares términos valoró Morcillo el borrador presentado por Dacian Ciolos. Condenó que el documento no prime la producción, ni la garantía alimentaria, y aseguró que su propuesta de distribución de nuevas ayudas va a generar «una guerra de especulación» a la hora de recibir esas percepciones. Tampoco se mostró a favor de que la Comisión amplíe de 17 a 27 millones las hectáreas que en la actualidad tienen derecho a ayuda en España, convencido de que esta nueva distribución perjudicaría a la agricultura productiva, sobre todo en sectores como el olivar o el regadío, en favor de una «agricultura de sofá».
También lamentó que la propuesta de la Unión Europea no establezca ninguna medida de gestión de mercados, ni el principio de reciprocidad para los productos de fuera, ni una «verdadera» negociación colectiva a fin de fijar precios favorables para los agricultores.
Es por ello que la Unión de Pequeños Agricultores mantendrá reuniones con los grupos políticos, con el resto de organizaciones agrarias, con la patronal y con la Federación de Municipios y Provincias, para redactar una defensa común que proteja al máximo los intereses del campo castellano-manchego.