La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, aseguró ayer que tiene que haber margen “necesariamente” para modificar la propuesta de Política Agraria Común (PAC) de la Comisión Europea porque de lo contrario “la reforma no verá la luz”.
“Digo esto porque estamos un conjunto de países en contra de ella que tenemos votos suficientes para bloquear la propuesta”, señaló la responsable ministerial en una entrevista a Radio Castilla-La Mancha (RCM), donde apuntó, no obstante, que “no queremos llegar a ese momento, queremos que se reconsidere por parte de la Comisión y que se contemplen los argumentos que venimos dando”.
Preguntada por si está anticipando un veto, Aguilar, que espera no tener que llegar a ello, manifestó que preferiría que el Comisario de Agricultura de la Unión Europea (UE), Dacian Ciolos, entendiera que están en contra de la nueva PAC “prácticamente todos: los estados miembros, el Parlamento y el sector agrario”.
Hecho que, según añadió, debiera hacerle pensar al comisario la situación que acontece con la propuesta que ha formulado. “Tiene que plantear, en el marco de la Comisión, el cambiar sustancialmente algunas cuestiones que son esenciales”, agregó.

CUESTIONES A CAMBIAR. Entre ellas se refirió a la tasa plana, que puede poner “en peligro” la vialidad para muchas explotaciones o la PAC más verde, de la que afirmó que “no podemos caer en la trampa” porque no se puede contraponer una Política Agraria Común más verde con los ingresos de los agricultores.
De otro lado, la ministra lamentó que el comisario Ciolos haya sido “poco sensible” a lo que le han planteado “todos” los países de los estados miembros de la Unión Europea, porque en la reforma de la PAC presentada “no solo no ha reflejado cuestiones esenciales planteadas contundentemente, sino que no contempla cuestiones que he oído proponer a otros países con agricultura distinta a la española”.
“Es una propuesta que el comisario debería reconsiderar, repensar, y hacer caso y poner buen oído a lo que vamos a proponer el 20 de octubre los distintos estados miembros que tenemos línea conductora común a la hora de revisar la propuesta que nos ha hecho”, argumentó.

ELECCIONES. Sobre lo que pueda pasar después de las elecciones del 20 de noviembre, Aguilar apuntó que “hay que seguir luchando antes del 20 y después del 20”, ya que la reforma de la PAC “pone luces rojas por donde no vamos a pasar en España”.
De otro lado, sobre las críticas de la consejera del ramo en la Comunidad de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, la ministra lamentó que, en una cuestión “donde tenemos que ponernos de acuerdo”, se hagan críticas por parte de una consejera que “desconoce” el trabajo realizado “para valorarlo y enjuiciarlo”.
“Es mejor que empiece desde el momento en el que está y vea el trabajo y el esfuerzo de la comunidades autónomas y del Gobierno de España para tener un pronunciamiento común que fortalezca posición en la Unión Europea”, concluyó.    

«Esta no es la PAC que necesitan ni España, ni Castilla-La Mancha». De esta rotunda manera valoraba el portavoz de Agricultura del PSOE, Alejandro Alonso, el documento inicial y pedía «un gran acuerdo de país, un documento de consenso que haga que el Gobierno de España, las comunidades autónomas, los partidos políticos y las organizaciones agrarias compartamos los objetivos y vayamos con una posición común sobre qué cosas tenemos que cambiar necesariamente de este documento».
Según el diputado socialista, la propuesta supone «un retroceso» y pone en riesgo la rentabilidad y la competitividad de miles de explotaciones. Además, deja en el olvido cuestiones importantes y en las que, a su juicio, se deberían avanzar ahora aprovechando esta reforma, como la reciprocidad en los intercambios comerciales con terceros países o la relación entre el productor y las grandes cadenas de distribución y comercialización de los productos agrarios.
Por último, señala al nuevo concepto de pago único como el mayor de los defectos del documento: «Tal y como está planteado introduce el caos» entre los diferentes sectores y aquéllos que ahora sí perciben ayudas y los que no.    

Para COAG es un documento «decepcionante» porque no evitará que la renta agraria siga cayendo ni la desaparición de cuotas lácteas y derechos de plantación de viñedos

El borrador de la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) no puede haber tenido una peor acogida. No satisface a ninguna organización agraria y todas, esta vez en bloque, han alzado su voz para pedir su retirada. COAG-IR califica la nueva reforma de «decepcionante y alarmante» al considerar que de aprobarse acabará con el campo castellano-manchego pues, exponen, que no hará nada por evitar que la renta agraria, que en los últimos años se ha contraído un 20%, siga cayendo, ni contempla medidas para evitar la desaparición de cuotas lácteas y derechos de plantación de viñedos. Han recordado, además, que entre 2003 y 2010 (con la anterior reforma) han desaparecido el 20% de las explotaciones de la Unión Europea, algo que consideran que aumentará si la Comisión Europea no da marcha atrás y modifica el documento presentado el miércoles.
Igualmente, rechazan la definición de «agricultor activo», pues en «absoluto» corresponde al modelo de agricultor y ganadero profesional que debe apoyarse desde la PAC, y el establecimiento del límite máximo de ayudas, criticando que, en base a la actual reforma, el 11% de los beneficiarios percibe el 70% de las subvenciones.
El borrador propuesto por el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, tampoco incluye medidas para equilibrar la cadena alimentaria. A juicio de los responsables de COAG-IR, no se puede permitir que mientras los agricultores y ganaderos pierden un 20% de su renta, grandes cadenas de producción como Mercadona o Carrefour hayan incrementado sus beneficios en más de un 40%.

Un paso atrás.
Las nuevas propuestas de Bruselas han cambiado de rumbo y responden más a las presiones externas que a los problemas de los agricultores, denuncia Asaja. Para la organización agraria, la PAC planteada se traduce en un aumento de burocracia para los agricultores, incrementando sus costes, exigiéndoles prácticas que no deben cumplir sus competidores internacionales, limitando su capacidad productiva y reduciendo sus ingresos agrarios y, por tanto, sus rentas. Sin embargo, insiste en que no hay que alarmarse porque hasta el 2014 queda «mucho trabajo por delante» para conseguir una agricultura que beneficie tanto a los agricultores como a los consumidores.
La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) también califica de «muy negativa» la propuesta europea y opina que es «un verdadero ataque a la agricultura productiva y a los verdaderos profesionales». El responsable de la organización en la Región, Julián Morcillo, en declaraciones a Efe, considera que la propuesta legislativa «no avanza nada» en el concepto de agricultor en activo, algo en lo que tenía muchas esperanzas por entender que se trataba de una ocasión para orientar las políticas agrarias hacia los verdaderos profesionales del campo.    

Según el presidente de los regantes de la Mancha Oriental, la última sentencia del Supremo sobre demarcaciones hidrográficas «nos ha devuelto de golpe al punto inicial, al año 1998»

 En 2004, el Supremo ordenó excluir del ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar las cuencas internas valencianas; en 2011, el Supremo ha dictado que estas deben seguir dentro de la Demarcación del Júcar.
Entre ambos fallos, está un Real Decreto, el 125/2007, que estableció que las cuencas internas -el término técnico es «intracomunitarias»- podían adscribirse «provisionalmente» a la citada Demarcación. Y un recurso contradicho Real Decreto, presentado por el anterior Gobierno regional, que ha provocado que el Alto Tribunal se contradiga a si mismo.
La existencia de ambos fallos, enfrentados entre sí, ha despertado estupor en medios profesionales y jurídicos. Por el fallo en sí y por la forma en que el letrado de la Junta, bajo mandato de la anterior Administración, planteó un recurso que incurre en «contradicción», según el Supremo.
Un problema que ahora debe resolver el actual Gobierno regional, cuyos Servicios Jurídicos trabajan contra el reloj, para ver cómo recurrir. Si se puede, cosa que tampoco está clara.

(Más información en la edición impresa)    

La consejera de Agricultura no se encomendó ayer a San Francisco de Asís, sino a los funcionarios de su departamento y de los servicios periféricos provinciales. «Gracias a la buena labor y eficacia del personal de la Consejería hemos procedido a pagar y liquidar ayudas que estaban pendientes algunas de ellas desde el año 2007», informó María Luisa Soriano en medio de la celebración del patrón de los veterinarios, biólogos, licenciados en medio ambiente e ingenieros de montes y forestales. La consejera explicó que esas subvenciones que llevaban un retraso de hasta cuatro años se correspondían con las ayudas ecológicas, a la remolacha o al forraje. «Estaban retenidas, no sabemos las causas, pero las hemos agilizado», explicó Soriano.
La consejera también habló de otras ayudas de años anteriores a 2011 que están pendientes de pagar. Son alrededor de 130 millones de euros que todavía no ha percibido el sector del campo de las conocidas como medidas cofinanciadas, es decir, las que se pagan entre la Unión Europea y la Junta. En este caso, Soriano sabe muy bien cuál es la razón de que no hayan llegado esas partidas y apunta directamente al antiguo Gobierno socialista. Según la consejera de Agricultura, Bruselas no ha liberado esa cantidad de dinero porque la Junta no llegó a pagar la parte que le correspondía y que se cifra en 19 millones. «Por el hecho de no haber aportado esa cantidad de dinero, los agricultores tienen todavía sin percibir esos 130 millones de euros», denunció.
Soriano habló de las ayudas del pasado que tiene que pagar en el presente, pero también de las ayudas del futuro que puede adelantar. Se trata del anticipo de las subvenciones del pago único de la Política Agrícola Común (PAC). Como Bruselas se lo ha tolerado, la Junta va a adelantar un 50% de lo permitido a partir del 15 de octubre. En total supondrá más de 310 millones de euros.
Desde que empezó la crisis, la UE ha permitido a las autonomías que hagan este tipo de anticipos, pero este año por primera vez también se permitirán dar adelantos de las conocidas como ‘ayudas acopladas’. Éstas son las que están relacionadas con las hectáreas que siembra el agricultor o con las cabezas que mantiene el ganadero. La consejera calcula que podrá repartir hasta 16 millones de anticipo de este tipo de ayudas.

Guerra y PAC.
Soriano aprovechó también la ocasión para apurar a la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino a que dé más guerra en Bruselas con la negociación de la nueva Política Agrícola Común (PAC). Y es que en estos momentos la Unión Europea debate qué presupuestos va a mantener para el campo y qué tipo de medidas puede incluir para controlar los precios de los productos agrarios.
La consejera teme que a España no le pueda ir muy bien con la actitud que está manteniendo la ministra Rosa Aguilar. «Nos hace falta un Gobierno que a nivel de España lidere esta defensa de la PAC y lo haga de forma contundente en beneficio de las regiones», reclamó.
La consejera recordó que la ministra no ha vuelto a reunir a las comunidades autónomas desde marzo para cerrar un documento consensuado entre todas las regiones. «Se lo hemos pedido a nivel individual y colectivo, se lo hemos pedido de forma oral y escrita», clamó Soriano.
Finalmente esa reunión tendrá lugar hoy, pero será de carácter informal. Según Soriano, la ministra tendría que haber convocado el órgano de la Conferencia Sectorial de Agricultura. Recordó que es el ámbito «donde se llega a consensos y se pueden tomar acuerdos».    

Los regantes valencianos están dispuestos a acudir a la vía judicial si el Ayuntamiento de Albacete no les paga, en el plazo establecido, el millón de euros que ellos aseguran tener derecho por el uso «extraordinario» de agua del pantano de Alarcón.
La Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) remitió, el pasado mes de julio, una reclamación administrativa que recibió el equipo de gobierno presidido por Carmen Bayod. En ella se daba un plazo de tres meses para que el Consistorio albaceteño haga frente al pago de una cantidad superior a un millón de euros (1.087.506 euros) alegando que la capital albaceteña habría hecho una «utilización extraordinaria del agua del pantano de Alarcón entre los años 2005 y 2008».

Más información en edición impresa    

La Asociación Asaja ha valorado que la Consejería de Agricultura haya iniciado los pagos pendientes de diferentes medidas agroambientales correspondientes a la campaña 2010, como son el girasol de secano en la rotación y la agricultura ecológica. Se trata de un compromiso de la Administración con esta organización agraria que ya solicitó que las incidencias que se hayan podido detectar en algunas solicitudes no fueran motivo para retrasar el pago de estas ayudas, según ha informado la organización en nota de prensa.
Por otro lado, Asaja ha señalado que la Consejería se ha comprometido a trabajar «intensamente» para disponer de los fondos propios necesarios para cofinanciar la ayudas destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos y la medida de fomento de prácticas de pastoreo en las explotaciones de ovino y caprino, con el objetivo de que puedan percibir la ayuda los ganaderos que se han acogido a estos programas. Según Asaja, se trata, en ambos casos, de medidas de apoyo a la ganadería cuya continuidad «pende de un hilo» debido a las pérdidas acumuladas desde hace años. En el caso del fomento de los sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos, los ganaderos asumen unos sistemas de producción más costosos que son compensados mediante ayudas de manera que les sea rentable y competitivo mantener este tipo de producciones. Las ayudas por el pastoreo compensan económicamente los beneficios que la actividad ganadera extensiva aporta al medio ambiente.    

Las obras, financiadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar, comenzaron a principios de 2010, con un plazo de 14 meses, que se ha alargado.

La empresa ya ha retirado los andamios y la tela que rodeaba la parte más alta de esta edificación.

E. REAL

Lento pero seguro. El proyecto de conversión del antiguo depósito del agua de la Fiesta del Árbol en mirador turístico es uno de los pocos que se han salvado de la quema, con la llegada de los populares al Consistorio de la capital. Entre otras cosas porque de la financiación se encarga por completo la Confederación Hidrográfica del Júcar, que está asumiendo los 7,6 millones de presupuesto que se calculó en su momento, y también porque ya estaban avanzadas las obras.
Así pues, la concejala de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, confirmó a este diario que «en mes y medio» estarán finalizados los trabajos de adecuación de este edificio que sobresale de los tejados de la capital y el que se encuentra anexo, al que se le ha dado un aire completamente renovado y moderno, que servirá como Centro de Interpretación del Agua. La responsable municipal, que visitaba recientemente esta actuación, manifestó que, cuando los trabajos queden concluidos, que será «a principios del mes de noviembre», el Ayuntamiento, sus técnicos de urbanismo, «deberán comprobar que las actuaciones se han realizado conforme estaba el proyecto» y, dado este paso, «se recepcionarán las obras».
Lo que todavía está por despejar es cuándo podría entrar en funcionamiento este nuevo espacio que, sin duda, «pretende ser un atractivo turístico más para la capital» y que desde el Ayuntamiento esperan que sea un punto de recepción de visitantes importante.
Sin embargo, y en el tiempo que tienen por delante ahora los responsables municipales, «tenemos que decidir muchas cosas» en relación a este proyecto.
La idea del anterior equipo de gobierno era la de, además de albergar en lo alto un mirador turístico, que este antiguo depósito de agua, construido en 1944 pero que nunca fue usado para el fin para el que fue proyectado, contemplara también una cafetería. Hubo una época en la que se planteó también, de forma más ambiciosa, contar con un restaurante pero más tarde se desechó la idea.

Más información en edición impresa.