Fuentes del equipo de Gobierno local desmienten que la nueva área pública, compuesta de zonas verdes, áreas de esparcimiento y aparcamientos tenga relación con la polémica AR-5

AYUNTAMIE NTO

E.F.

A través de un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Chinchilla anunció ayer la apertura al público de una «gran infraestructura urbanística» denominada espacio público El Cañaveral.
La infraestructura es un espacio público que contempla zonas verdes, un parque infantil, un gran aparcamiento para mas de 350 vehículos y autobuses y una zona multiusos. Se encuentra situada entre la Avenida de Albacete, la Calle Fuente y la urbanización denominada AR-5.
Esta urbanización es la que, en su día, generó una gran controversia política, cuando el Consejo de Ministros ordenó la paralización de la obra e impuso una fuerte sanción económica al anterior agente urbanizador por la preseunta ocupación del Dominio Público Hidráulico.
No obstante, fuentes del Ayuntamiento de Chinchilla, consultadas por La Tribuna de Albacete, desmentían que estas obras tuviesen «la más mínima relación» con la AR-5, ya que «se trata justo del espacio anterior, las obras lindan con la AR-5, pero no tienen nada que ver con ella».
No obstante, para poder crear este nuevo espacio público en Chinchilla, ha sido precisa la «recuperación del cauce de la Rambla del Cañaveral con dos zonas laterales de servidumbre de cinco metros formando una barrera verde entre el aparcamiento, espacio multiusos y parque infantil, delimitado por árboles de gran envergadura y plantaciones».
Recordar que a recuperación de esta rambla fue, precisamente, una de las condiciones impuestas por la Administración central para poder desbloquear el proyecto de la urbanización AR-5.
En cuanto a la obra en sí misma, ha costado 1.993.554 euros, cofinanciados por la Junta de Comunidades (1.000.000 euros) y el propio Ayuntamiento de Chinchilla (993.554 euros).
La superficie construida es de 33.155 metros cuadrados y la empresa adjudicataria, Construcciones Miguel Cabañero, ofreció, entre otras mejoras, el acerado, cuneta y zona de rodadura de los accesos al nuevo espacio público.    

Cientos de agricultores de toda Castilla-La Mancha han sido objeto en los últimos meses de robos en sus explotaciones agrarias. Estas acciones tienen como finalidad la obtención por parte de los delincuentes de material que vender en el mercado negro, principalmente en chatarrerías, ocasionando importantes pérdidas a los agricultores, que en más de una ocasión se han quedado sin posibilidad de realizar las tareas diarias en el campo debido al robo de elementos indispensables para ello. Por tanto, a la hora de evaluar el alcance de los daños no sólo se debe computar el valor material de lo robado, sino los daños ocasionados en sus faenas agrarias. Afortunadamente, y a diferencia de lo ocurrido en otras regiones, no se ha vivido ningún episodio de agresiones personales, lo que supondría elevar el nivel de gravedad de la situación.
La crónica de sucesos ha estado marcada durante muchos meses por este tipo de delitos, si bien es cierto que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han respondido con eficacia arrestando a muchas personas vinculadas a estos robos. En ocasiones se pasa por alto el trabajo de los agentes en el medio rural, que tienen que velar por la seguridad en zonas muy amplias de la Comunidad y, al mismo tiempo, llevar a la práctica investigaciones minuciosas para resolver muchos delitos. Esta es una tarea que se realiza sin altavoces ni micrófonos y por ello en ocasiones tiende a generarse en la opinión pública cierta sensación de inactividad. La realidad es bien distinta, porque de lo contrario no hubiera sido posible que, por ejemplo, en lo que va de abril se encarcelara a una docena de personas a las que se les atribuye la autoría o participación de nada menos que 165 robos en explotaciones agrarias de la provincia de Ciudad Real. Pero a lo largo de los últimos meses se han registrado más operaciones de esta índole en el resto de provincias de Castilla-La Mancha afectadas por esta oleada de robos en el campo o en zonas industriales, lo que da idea de que las fuerzas y cuerpos de seguridad están a lo que tienen que estar.
Las quejas y la indignación de las gentes del campo son lógicas y entendibles y también a ellas se debe en parte el éxito de estas operaciones. Es fundamental que exista entre ambas partes la mayor colaboración posible y ninguna desconfianza, como en alguna ocasión ha dado la sensación. Esa es la mejor manera de ir acabando poco a poco con esta situación, cada uno en la tarea que le corresponde. Cuando a un agricultor le roban una y otra vez es difícil convencerle de que ha de tener paciencia, pero es la única opción posible, empezando por la importancia de su propia seguridad personal. Al final los resultados llegan, aunque la solución no sea para siempre.    

La superficie de regadío en Castilla-La Mancha registró un descenso del 2,4% en el último año, hasta situarse en 478.713 hectáreas. De esta forma, la comunidad castellano-manchega fue, por delante de Castilla y León, la segunda región española donde menos cultivos de este tipo desaparecieron el año pasado, aunque cae dos puntos más que la media nacional (-0,4%), según datos del Ministerio de Medio Ambiente recogidos por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).
La Federación atribuye este descenso de la superficie de regadío a la pérdida de rentabilidad que han sufrido estos cultivos, especialmente en el último año, como consecuencia de la fuerte subida de las tarifas eléctricas –que representan ya el 30% de los costes de producción- y la caída del precio de los productos agrarios, lo que ha hecho prácticamente inviable su subsistencia en algunas zonas. Las regiones más afectadas y que perdieron más extensión de regadío fueron la Comunidad Valenciana (-6,8%) y Murcia (-3%).  

En la mañana de ayer se escenificó el apoyo de la Junta de Comunidades a los regantes tobarreños, para defender sus reivindicaciones ante la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que según palabras de Guillermo Sánchez Negrillo, presidente de la Comunidad de La Tedera, adoptó una decisión «mezquina y discriminatoria contra los regantes de nuestra localidad».
El alcalde, Manuel Valcárcel, dijo que, a propuesta del presidente de la Comunidad de Regantes, se había convocado a los responsables de la consejería de Agricultura para solicitar el apoyo de todos en defensa de sus reivindicaciones «ante la discriminación de la que están siendo objeto».
«El pleno, sin fisuras políticas», dijo el alcalde, «apoyó a los regantes, porque no es de justicia que se concedan 8.000 metros cúbicos por hectárea para frutales a los regantes murcianos, y la propuesta para nuestros regantes sea de 1.500 metros, lo que nos parece un poco fuerte y más si tenemos en cuenta que la Universidad de Castilla-La Mancha estima que son necesarios para regadío de frutales un mínimo de 4.000 metros, y la propia confederación afirma en sus propios documentos que se necesitan 6.000. En Tobarra no nos vamos a callar, no lo vamos a permitir, iremos a donde haga falta para defender el agua para nuestro pueblo. Que no nos den lecciones de solidaridad y menos con discriminación hacia nuestra tierra».
El delegado de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Mompó, dijo que ante la petición de la comunidad de regantes que solicita el apoyo de la Junta, «el gobierno regional no se va a quedar con los brazos cruzados y apoyará sin fisuras a los regantes de Tobarra. Primero porque es una reivindicación justa, y segundo porque estos no son nuevos regadíos, ya que están declarados como de interés nacional desde 1982. Esta región ha sido y es la más solidaria en materia de agua y, en esta zona tenemos cinco pantanos para que se aprovechen del agua los regantes de otras regiones, por eso no podemos permitir la discriminación hacia los regantes de Tobarra. Esta es una de las mejores huertas de Albacete y Castilla-La Mancha, y no podemos permitir que los agricultores no puedan vivir de su trabajo por falta de agua». Guillermo Sánchez agradeció el apoyo que están recibiendo los más de 1.100 regantes de La Tedera, de todos los colectivos y de las instituciones, contra esta decisión «injusta, mezquina y discriminatoria. Vamos a realizar los recursos que hagan falta y haremos lo que tengamos que hacer para defender nuestros derechos porque si no hacemos nada, la ruina».

La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente declaró, a través de un anuncio oficial, que los municipios de Pozo Cañada, Corral Rubio y Pétrola se suman a la zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario.
Pozo Cañada tiene 117 kilómetros cuadrados de superficie; Corral Rubio tiene 95 y Pétrola, por su parte, tiene unos 72. Los tres forman parte de la comarca de la Mancha de Montearagón y, de hecho, son limítrofes con la propia Chinchilla.
Los tres, además, se caracterizan por tener espacios naturales de interés, siendo los más conocidos lagunas de tipo endorreico con gran riqueza de avifauna. Son además, municipios con una fuerte presencia de la actividad agraria, la cual deberá, a partir de ahora, respetar ciertas normas.
En virtud de esta ampliación y del programa de actuación paralelo, se regularán, a partir de ahora, el momento y forma de aplicación de los fertilizantes; en algunos casos, se prohibirán ciertos usos o prácticas, como la aplicación de fertilizantes nitrogenados en suelos desprovistos de vegetación, en períodos de lluvias, en pendientes de más del 20% o en las que sean de más del 10%, salvo que el laboreo, en este último caso, se haga bajo ciertas condiciones, como el uso de técnicas de agricultura de conservación.
El programa también establece la necesidad de mantener la máxima cobertura vegetal, prohibiendo el barbecho blanco y aboga por reducir el laboreo en otoño o una adecuada rotación de cultivos. También se recomienda, en el caso de regadíos, el uso de sistemas de fertirrigación.
También se marcan unos aportes máximos de nitrógeno, orgánico o mineral, la documentación y el control de los mismos.
Recordar que esta norma y los cambios asociados a la misma están relacionados un dictamen motivado de la UE emitido en octubre de 2010 por la Comisión Europea, por aplicación «incorrecta» de la Directiva 91/676/CEE, que obliga a los Estados miembros a controlar sus aguas y a determinar cuáles de ellas están contaminadas o podrían estarlo.
También impone designar como «zonas vulnerables a los nitratos» todas las superficies conocidas de su territorio cuya escorrentía fluya hacia esas aguas y que contribuyan a la contaminación.
En el caso de Castilla-La Mancha, la UE cuestionó el procedimiento para limitar la aplicación de fertilizantes a las tierras.    

El consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, reconoció ayer que su Gobierno «no puede hacer nada» contra la Ley del Agua manchega porque, según dijo, es una ley «que han aprobado las Cortes regionales de Castilla-La Mancha», aunque especificó que estas Cortes «son soberanas para hacer las tonterías que quieran».
Cerdá quiso dejar claro que esta Ley se aprobó sólo con el voto mayoritario del Partido Socialista porque su grupo en Castilla-La Mancha «salió de la votación» para evitar pronunciares sobre una ley que consideró «un esperpento más del presidente manchego, José María Barreda, para intentar tapar los problemas internos que tiene, llámese Aeropuerto de Ciudad Real, Caja de Castilla-La Mancha u otros que saldrán también», añadió.
El político murciano recordó las palabras de Barreda cuando destacó que si tocaban algún punto del Estatuto lo retiraba del Congreso, «pues le han tocado todo el Estatuto y él sigue dando el follón con el tema del agua». Para Cerdá, Barreda «tiene algún tipo de paranoia hídrica obsesiva y patológica».    

La Asociación de Jóvenes Agricultores de Castilla-La Mancha (ASAJA) ha rubricado un convenio de colaboración con Caja Rural de Toledo. Se trata de un acuerdo regional que, con una periodicidad anual y un límite de 30 millones de euros, persigue impulsar la mejora del sector agropecuario de la Región, con el establecimiento de una serie de mecanismos que permitirán poner a disposición de los interesados una mejor financiación de sus actividades.
Cerca de 42.000 agricultores tendrán acceso a unas líneas de financiación que permitan el desarrollo, la ampliación y a la creación de empresas. «La Caja Rural de Toledo firma este convenio porque quiere y porque puede», afirmó Rafael Martín Molero, director general de la Caja, que añadió cuál es la principal novedad de este acuerdo: «incluye un préstamo para la campaña 2011 destinado a agricultores y ganaderos con explotaciones ubicadas en Castilla-La Mancha que reciban ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Garantía». Además, se incluye la posibilidad de adelantar a los agricultores y ganaderos el pago de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de este año con la opción de devolverlo en cinco años a un tipo de interés muy preferente.
Por su parte, José María Fresneda, secretario general de ASAJA CLM, recordó que a la Región llegan mil millones de euros de ayudas europeas, unas cantidades que se domicilian en las entidades bancarias sin pedir nada a cambio, por esa razón, exigen que «se deje atrás la época de los regalos y del albornoz» y se ayude con otras ventajas a un sector que «permanentemente le inyecta liquidez al sistema financiero». Fresneda invitó a los representantes de la Caja Rural a acompañarles a Bruselas el próximo día 10 para defender su postura con respecto a la PAC.

las posibles fusiones. El director general de Caja Rural de Toledo se mostró tajante a la hora de hablar de las posibles fusiones de su entidad, algo en lo que aseguró «no nos preocupa y medio nos ocupa».
Martín Molero afirmó que «tenemos muy claro que antes de casarnos con nadie vamos a mirar las novias no se sabe de que forma, porque luego pueden que no sean lo que nosotros habíamos pensado» y recordó que la Caja que dirige es «absolutamente privada» y exigirá «profesionalidad».

«Los dirigentes del PP no ha venido a apoyar esta Ley, pero está consensuada con las organizaciones profesionales agrarias, con la CEOE, con UGT y CCOO, con los regantes y con el movimiento cooperativo… Es el resultado del consenso con la sociedad de Castilla-La Mancha». Con estas palabras, Barreda hacía entrega ayer del texto de la Ley regional del Agua al registro del Congreso, junto al presidente de las Cortes, Francisco Pardo.
«Para mí, como presidente de Castilla-La Mancha, el agua es un tema importante», y recordó que el lunes se aprobó en las Cortes el proyecto de Ley del Agua a pesar de la polémica provocada por el Grupo Parlamentario Popular. «Me hubiera gustado que esta Ley se hubiera aprobado por unanimidad y que estuviéramos en el registro del Congreso la señora Cospedal y yo», añadió.
Indicó que, de la misma manera que se quedó solo en el hemiciclo del Congreso en la defensa del Estatuto hace ahora prácticamente un año, a día de hoy tampoco ha recibido el apoyo del PP en la defensa del agua para CLM con esta ley. «Para ocultar que la señora Cospedal no quiere hablar de agua en las Cortes, los miembros de su grupo organizaron un desprecio con pancarta», apostilló. También confió en que la Ley tenga un futuro mejor que el Estatuto de autonomía, que no prosperó, subrayando que se trata de una norma que es «perfectamente constitucional».
Para su elaboración, aclaró, se ha tenido en «muy en cuenta» todo lo que se dice del agua en otros estatutos aprobados y no recurridos, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional allí donde lo ha hecho.
Aseveró que el objetivo de la Ley es «garantizar la coparticipación” del Gobierno de Castilla-La Mancha en los órganos de gestión de agua, antes de hacer hincapié en que los temas del agua y la planificación hidrológica corresponden al Estado, pero al autonómico. «Estoy de acuerdo con que los temas del agua y la planificación hidrológica sean un tema de Estado, pero del Estado que tenemos, que es un estado autonómico, donde las comunidades tenemos transferidas las competencias», dijo.
Recalcó que la norma establece una reserva hidrológica para garantizar las necesidades de la región y propone que se modifique el reglamento que ahora regula las normas de funcionamiento del trasvase Tajo-Segura. «No veo ninguna razón para que lo que es posible en Aragón, no sea posible en Castilla-La Mancha», concluyó.    

Jornada maratoniana la que tuvo ayer Barreda en la provincia de Ciudad Real, con visitas e inauguraciones relacionadas con la vivienda, las obras hidráulicas e incluso la cultura. En Tomelloso, el presidente autonómico visitó las obras de la depuradora de aguas residuales que dará servicio a esta localidad y a Argamasilla de Alba. Además mantuvo un encuentro con la Comunidad de Regantes de Aguas Residuales Depuradas ‘Canal de Los Auriles’. El presidente de esta organización explicó que son ya 844 las hectáreas que riegan utilizando las aguas residuales de Tomelloso y agradeció el esfuerzo realizado por el Ejecutivo autónomo para asfaltar los caminos de esta zona regable con una aportación de más de 216.000 euros.
Por su parte, Barreda destacó el importante esfuerzo que está haciendo el Gobierno regional para avanzar en materia de abastecimiento de agua y depuración, y recordó que hacía un día que había visitado la finalización de las obras del ramal principal de la conducción de agua desde el Acueducto Tajo-Segura a la Llanura Manchega, una infraestructura que ayudará a que «la falta de agua no sea nunca más un factor limitante de nuestro crecimiento». Para Barreda este proyecto «consigue asegurar el abastecimiento de una gran comarca de la Comunidad y aleja para siempre el fantasma de la sequía» y destacó que de esta gran infraestructura se van a beneficiar 59 municipios de Albacete, Cuenca y Ciudad Real, aunque también puede sumarse alguno de Toledo.

Con Chacón.
En la capital de la provincia, el presidente autonómico firmó con la ministra de Defensa, Carme Chacón, el acuerdo para la construcción de entre 130 y 135 viviendas protegidas en el antiguo Acuartelamiento de la Misericordia, que sumadas a las 41 que ya se han construido en Altagracia, suman entre 171 y 194 viviendas protegidas en la zona de Puerta de Toledo de Ciudad Real.
La ministra destacó que con la reciente Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda, Castilla-La Mancha se ha convertido en la primera que protege este derecho pues establece el compromiso, la garantía, de que todos los castellano-manchegos que cumplan los requisitos tienen derecho a que se les adjudique una vivienda protegida, y fija un plazo para ello de un año desde que se inscriba en el Registro de Demandantes. Barreda, por su parte, agradeció a la ministra su colaboración «muy fecunda y muy fácil» y la definió como una persona joven y preparada que, dijo, «tiene más futuro que pasado». Barreda concluyó la jornada en Alcázar de San Juan, inaugurando el Museo del Hidalgo.