http://www.latribunadetoledo.es/noticia.cfm/Castilla%20La%20Mancha/20110314/valcarcel/prepara/phn/nuevo/actualizado/incluira/mas/trasvases/E81A7FA9-0959-1D9D-4C7BFD7A86B70225

El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, está elaborando para Mariano Rajoy un Plan Hidrológico Nacional (PHN) actualizado para que sirva de base al programa electoral del Partido Popular en las elecciones generales del año que viene. Ese plan, que vendría a actualizar el impulsado en 2001 por el gobierno popular de José María Aznar, contempla «todas las opciones posibles», entre ellas los trasvases para acabar con la guerra del agua.
La información, publicada ayer por el diario La Verdad de Murcia, y recogida por EFE, señala que el plan será consensuado previamente con el resto de comunidades autónomas, y hace especial mención a la de Castilla-La Mancha, aunque según este diario, que cita fuentes del PP, señalan que «queremos que la Región de Murcia lleve la voz cantante en materia de agua a nivel nacional».

Apuesta trasvasista
Para corregir los déficit en las cuencas no se descarta ninguna opción y mantiene la de los trasvases aunque de manera ampliada ya que, si bien el documento de 2001 pivotaba sólo en el acueducto del Ebro, en esta ocasión se menciona el Tajo Medio pero como una medida más pensada para las necesidades de Castilla-La Mancha que para las de la Región de Murcia, donde el beneficio de ese hipotético canal, sostiene el diario, sería residual.

Rechazo del PSOE
El Partido Socialista en la comunidad de Castilla-La Mancha no ha tardado en dar respuesta al encargo de Mariano Rajoy a Ramón Luis Valcárcel que ha sido visto como una nueva traición de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, por permitir que sean los intereses de Murcia los que prevalezcan en materia de agua.
La secretaria de Comunicación del PSOE, Esther Padilla, afirmó que «poner a Valcárcel como redactor de la posición del PP en materia de agua es como poner al jefe de los controladores aéreos como mediador entre éstos y el Ministerio».
La redacción de un nuevo Plan hidrológico Nacional por parte de la comunidad murciana supondrá, para Padilla, un perjuicio para los intereses de Castilla-La Mancha, algo que Cospedal está dispuesta a asumir con tal de que no se le cuestione como secretaria general del PP.
«¿Acaso se imaginan a otro presidente de comunidad autónoma o candidato, cediendo los intereses de sus ciudadanos a la región vecina? Ninguno. Ni Feijóo, ni Aguirre, ni Mas, ni Barreda, ninguno, salvo Cospedal» lamentó la secretaria de comunicación del PSOE castellano-manchego tras conocer la noticia. LT
La redacción de este documento compondrá las líneas básicas de esa nueva versión del PHN y en Murcia no creen que Génova ponga pegas al texto ya que pretende estar consensuado. Ramón Luis Valcárcel ya ha puesto a trabajar a un equipo que dirige el director del Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, el mismo que coordinó el PHN de 2001. «Vamos a aprovechar al PHN anterior todo lo que sea posible y ofreceremos un proyecto donde se contemple todo», apuntan las fuentes del PP en Murcia que, de ganar Mariano Rajoy las elecciones en 2012, esperan que consolide el Trasvase Tajo-Segura, además de volver a plantear el del Ebro, aunque con otro diseño.
Curiosamente, y según aparece en su argumentario nacional, el Partido Popular apuesta por la solidaridad entre territorios para el reparto de agua, pero no especifica cómo lo haría.
Por contra, una conferencia pronunciada recientemente por un geólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura pone el punto de mira en los embalses subterráneos que existen en Murcia como la solución más viable para resolver el problema del agua en esa región, sin necesidad de recurrir a las derivaciones de agua desde otras cuencas.    

 http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Castilla%20La%20Mancha/20110312/cospedal/compromete/no/sancionar/agricultores/regar/849E55E0-ACE4-6E79-AEC59BA52142150A

La presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha, se comprometió ayer a «no sancionar a los agricultores de la región por regar o por trabajar sus tierras», tal y como está sucediendo a día de hoy con los gobiernos del PSOE, según dijo María Dolores de Cospedal.
Lo manifestó en el transcurso de la clausura de la presentación de la Asociación de Mujeres del Medio Rural, integrada en Asaja-Toledo, donde calificó como «una vergüenza» que, con la que está cayendo y con la situación que tienen los agricultores, se estén poniendo sanciones a los agricultores por trabajar, así como que «llevemos pidiendo la regularización de los pozos durante años y ahora, a dos meses de las próximas elecciones, nos vengan a contar que los van a regularizar».
Asimismo, Cospedal recordó que «el Partido Socialista lleva 30 años gobernando en Castilla-La Mancha y 30 años son muchos para haber arreglado el problema del agua» y manifestó que «nosotros nos comprometemos a que en la primera legislatura del Partido Popular en Castilla-La Mancha y en España tendremos un plan nacional que resolverá el problema del agua en esta región», aseveró.
Por otra parte, Cospedal anunció que, si los castellano-manchegos le dan su confianza en las próximas elecciones autonómicas, como presidenta de Castilla-La Mancha «pondré en marcha un Plan de Choque inmediato para la agricultura y para la ganadería de esta región, así como convenios especiales con las entidades financieras para que haya crédito para los agricultores, porque lo que tampoco es de recibo es que hoy no puedan acceder al crédito en los bancos o en determinadas cajas, cuando los agricultores de esta tierra como los de toda España siempre han sido los más cumplidores con sus obligaciones».
La líder de los populares de puso de manifiesto que «tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestro mundo rural, de nuestro campo, de nuestras pequeñas poblaciones, de que Castilla-La Mancha tenga las posibilidades como para poder ser una de las grandes potencias agroalimentarias de toda Europa». Por ello, puso en valor varios productos de reconocida fama mundial, pero carecen de una buena comercialización.

Pac defensiva. Por otra parte, abogó por una Política Agraria Comunitaria enfocada a la defensa de los agricultores y ganaderos españoles, tal y como la están concibiendo distintos países miembros de la Unión Europea. De esta forma, se refirió a las posturas que están tomando países como Francia o Gran Bretaña, mientras que «desconocemos la postura que defiende el Gobierno español».
Por ello, insistió en que «hay que saber de agricultura si se quiere defender la agricultura y la ganadería de España», por lo que afirmó que es necesaria una política agraria nacional, mostrando un compromiso del PP: «al minuto siguiente de conseguir un Gobierno del PP, tras las próximas elecciones generales, restableceremos el Ministerio de Agricultura».    

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Local/20110312/planta/osmosis/filtrara/50/agua/llegue/jucar/80DDE7AE-F8FB-D094-E15DB1B044C9DE0B

En 2001, cuando se concluyeron las obras de la traída de agua del Júcar para abastecer la capital, se constató que ésta tenía una alta concentración de sulfatos, por lo que el alcalde, entonces Manuel Pérez Castell, reclamó la planta de ósmosis. Tras muchas negociaciones con las administraciones y las criticas de la oposición, se aceptó la demanda. En 2007 la obra se adjudicó a Lubasa, desde entonces se ha tratado de salvar los inconvenientes medioambientales que se planteaban y ayer, por fin, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, y la alcaldesa, Carmen Oliver, visitaron las obras, porque ya ha empezado el movimiento de tierras. Se tardará 18 meses y la inversión, a cargo de la Confederación, asciende a 7,7 millones.
Esta obra es «la actuación más importante que hemos hecho en Albacete en muchos años» porque «convierte a la ciudad de Albacete en la ciudad de la cuenca del Júcar que tiene más garantías de agua», tanto «para suministro, como para industria o turismo», aseguró Moragues en su comparecencia.
Ahora, la capital puede abastecerse, concretó, «a través de Alarcón y tener el agua con la mayor calidad posible y, en función de la abundancia o los periodos de sequía, podemos obtener también de diferentes procedencias, incluso subterránea, osmotizarla y tener agua en la cantidad adecuada» y esto, aseguró el presidente de la CHJ, «no ocurre en ningún otro sitio de la cuenca del Júcar». Esto implica que «tenemos en Albacete la mayor garantía, garantía absoluta, en cantidad y calidad, para el suministro de agua».
Así, «Albacete -ahondó Moragues- entra en un club escaso a nivel nacional donde existen esas diferentes fuentes de suministros».
TRES LÍNEAS DE FILTRADO. El proceso de la planta de ósmosis implica que el agua que viene del Júcar llega a la Estación de Tratamiento de Agua Potable. Ahí, el 80% se deriva a la planta de ósmosis y un 20% será la que se rechace, junto con los sulfatos que se queden en las membranas de filtración, y se deriven hasta la depuradora de Albacete, a través de un conducto que se va a construir de 13 kilómetros de longitud y que se denomina emisario de salmueras. Del 80% restante, la susceptible de ser tratada, sólo una parte pasará por alguna de las tres líneas de filtrado previstas y que no funcionarán al tiempo a menos que la concentración de sulfatos sea muy alta. «Cuando estén a pleno rendimiento, el agua que se filtre será, como máximo, el 50% del total», detalló Carlos Vázquez, de Vaico Ingenieros Consultores, la empresa que asesora a la adjudicataria en temas de ósmosis. El porcentaje será menor si hay menos sulfatos en el agua del Júcar.
La parte que no se cribe se derivará, por un by-pass, para no pasar por las membranas, y acabar mezclándose con la depurada «lo que dará lugar a un agua con bajo contenido de sulfatos». Esa mezcla será la que llegue a los grifos de los albaceteños.    

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Castilla%20La%20Mancha/20110310/junta/saca/ayuda/tener/mas/viñedos/olivares/ecologicos/20275CC7-B06F-72E6-36E79F42EEAE6D30

El Gobierno regional abre este año la convocatoria de ayudas para transformar viñedos y olivares en ecológicos. El consejero de Agricultura anunció ayer estas subvenciones, que llegarán a los 290 euros por hectárea, con el objetivo de aumentar la superficie de estos cultivos y producir más aceite, vino y mosto ecológico. El motivo es que está creciendo su demanda sobre todo en mercados internacionales. José Luis Martínez Guijarro explicó que en la actualidad hay 29.000 hectáreas, tanto de olivar como de viñedo ecológico.
Estas subvenciones son una de las siete que la Junta ha abierto de lo que se conoce en el sector agrario como solicitud unificada de ayudas de la PAC, es decir de la Unión Europea. En total serán 820 millones de euros, que se repartirán este año entre 160.000 agricultores y ganaderos de la Región. La mayor parte (672 millones) es la que está dirigida al pago único, es decir a la ayuda directa a los productores. Luego hay otras líneas de ayudas que van dirigidas a prácticas específicas.
Guijarro destacó las agroambientales, para las que hay 50 millones y las dirigidas a la ganadería con una partida similar. Entre estas últimas están las subvenciones al pastoreo de ovino y caprino, que el año pasado solicitaron 2.400 ganaderos, o las de fomento de las razas autóctonas, que tuvo 1.300 solicitudes en la campaña anterior. Además hay 23 millones para vacuno y otros cinco para los ganaderos que trabajan en zonas de montaña.
El consejero destacó que se mantienen ayudas como las de reforestación de tierras agrarias, con 15 millones de euros. «Esto nos ha permitido el incremento de superficie forestal», aclaró. También siguen las ayudas para explotaciones en zonas desfavorecidas, que afectan a 832 municipios de la Región.
Este año el consejero habló de novedades en la parte de tramitación. A 55.000 agricultores se les pasará un ‘borrador’ de la solicitud de las ayudas del pago único, como si fuera el de la renta, y sólo tendrán que confirmarlo para cobrar la subvención. Además este año podrán ceder sus derechos de cobro de estas ayudas para efectuar los pagos a sus proveedores, lo que inyectaría liquidez al sector.    

El equipo de Gobierno de Pétrola llevará a cabo de forma inminente un nuevo sondeo de agua en la zona de Las Colmenicas, situada a menos de un kilómetro del casco urbano, precisamente en la misma zona donde se sitúa el actual, «ya que en ese paraje se localiza un importante manantial con agua de excelente calidad», nos dice el alcalde de la población, Juan Gómez Morote.
El regidor popular explica que esta actuación pretende asegurar el suministro a la población, ya que el sondeo realizado hace más de tres décadas se ha secado y actualmente sólo disponen de uno. «Precisamente hace tres veranos tuvimos problemas porque el pozo se secó y tuvimos que abastecernos con cubas de la Diputación y recurriendo a un pozo particular», comenta Gómez.
Desvela que están pendientes de firmar el convenio para realizar este sondeo con la Junta y la Diputación, una actuación que tendrá un coste de 95.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento sólo aporta el dos por ciento.
«Siguiendo con el tema del agua -añade el alcalde- otra actuación que estamos llevando a cabo es la nueva red de abastecimiento, porque la anterior databa de hace 40 años y era de tuberías de fibrocemento y acometidas de hierro. Hemos realizado prácticamente la mitad de la obra acogiéndonos a los planes de obras de la Diputación, a fondos del Plan E del Gobierno Central y a subvenciones del Forcol, con una inversión próxima a los 200.000 euros. La siguiente fase comenzará dentro de 10 ó 12 días en la calle Cerro y en la travesía de San Bernabé, financiadas con cargo al Forcol».    

El organismo de cuenca ha llevado actuaciones hidrológicas en siete municipios con cargo al Plan E, que supusieron la creación de más de 400 puestos de trabajo

Vista de la población de Elche de la Sierra, donde la CHS invirtió más de 450.000 eu

JULY GARCÍA

REDACCIÒN

El Gobierno de España ha invertido, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, 2.406.691 euros en la provincia de Albacete en actuaciones hidrológicas a cargo del Fondo Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E).
Estas inversiones han supuesto la realización de 26 obras y la creación de 413 puestos de trabajo. La presidenta del organismo, Charo Quesada, y los delegados y subdelegados de todas las provincias de la citada cuenca, acompañados por alcaldes de los municipios beneficiados, presentaban ayer un libro que recoge todas las inversiones correspondientes al Plan E ejecutadas por el organismo de cuenca.
Por lo que respecta al conjunto de la Cuenca del Segura, la CHS ha invertido 35.411.167 euros a cargo al Plan E, creando 1.118 puestos de trabajo, realizando actuaciones en las provincias de Alicante, Almería, Jaén y Murcia, junto a las ya citadas en Albacete.
Los fondos invertidos en la provincia de Albacete se distribuyen entre los municipos de Elche de la Sierra (459.474 euros), Hellín (461.501), Liétor (241.374), Nerpio (423.181), Molinicos (89.876), Riópar (285.419) y, finalmente, Yeste (con 441.092 euros).
El Gobierno de España ha invertido en la provincia de Albacete, a través de la Confederación del Segura 12.906.301 euros durante el periodo 2004-2010 (374 millones de euros en toda la cuenca). Esta gran cantidad de fondos invertidos en la cuenca ha permitido mejorar de la calidad de las aguas del río Segura y del río Mundo, aumentar de seguridad en las ramblas e integrar los parajes incluidos en el dominio público hidráulico en los municipios.  

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/PROVINCIA/20110308/roban/transformadores/sat/carcelen/dia/antes/entrar/uso/B27431A3-F274-C87F-3A41FBD4445504E8

Esta misma semana, los 40 agricultores de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) de Carcelén iban a iniciar la campaña de riegos. Pero no podrá ser, porque no tienen con qué hacerlo.
En la noche del sábado, un grupo de personas sin identificar entró en las instalaciones de la SAT y se llevó, literalmente, los transformadores nuevos y otros equipos eléctricos y agrícolas.
Pascual Tornero, secretario de la SAT, explicaba ayer que el daño producido va mucho más allá del robo en sí, ya que estos equipos debían sustituir a otros similares, robados en 2010 en circunstancias muy similares.
«No sé cual es el valor de lo robado este fin de semana -señalaba- porque los peritos aún están haciendo sus cálculos sobre el terreno; pero sí le puedo decir que el valor de lo que nos robaron el año pasado estuvo en torno a los 18.000 euros».
Pero, en este caso, el impacto de lo sustraído será, al final, bastante mayor, pues este robo supone asumir, de entrada, un retraso en el inicio de la campaña de riegos del 2010, lo que supone tener que hacer frente a pérdidas y lucro cesante antes de empezar.
La SAT de Carcelén gestiona unas 250 hectáreas de cultivos, dedicados a la alfalfa o el maíz. Cultivos que, precisamente, se caracterizan por su consumo intensivo de agua.
En la zona, además, se han venido produciendo robos de otras clases de equipos agrícolas, como gasóleo o diversas piezas de maquinaria custodiadas en depósitos de tractores.
«Los más gordos, no obstante, han sido los de los transformadores, estamos hablando de equipos realmente pesados, que no te los llevas ni con una ni dos personas», afirmó el secretario de la SAT, quien confirmó haber interpuesto la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.
«En estos momentos, estamos a la espera de la llegada de la unidad de Policía Judicial, para que empiecen la investigación más fondo -indicó Tornero- pero aunque al final los cojan, el daño ya está hecho».    

A la OCDE no se le escapa que la desalación es una de las apuestas del actual Gobierno español para conseguir más recursos de agua, con iniciativas como la construcción de la planta más grande de Europa en Murcia. Aunque el informe reconoce que la posición de España permite sacar ventaja de este proceso, también advierte de sus riesgos. Por un lado recuerda que el agua desalada se suministra de forma subvencionada a la agricultura. Teniendo en cuenta el precio que alcanza, la OCDE alerta del peligro de convertirse en un sistema ineficiente y que genere costes extra a las finanzas públicas. El informe señala que también podría limitar su desarrollo el uso intensivo de energía que se consume en el proceso y los perjuicios medioambientales que generan sus residuos.
Según los expertos el reciclado de agua puede tener un futuro más prometedor que el de la desalación. Aun así, el coste de este proceso también puede suponer un obstáculo.

Algunas claves que deja del informe
El cuarto país con más pantanos. Sólo Estados Unidos, India y China ganan a España en número de presas.
El 70% del país tiene un clima semiárido. Además de los ciclos de sequía, la OCDE añade que la situación de los sistemas montañosos cerca de las costas acentúa la distribución desigual del agua en España.
Llueve menos que ayer y más que mañana. El descenso de precipitaciones en la segunda mitad del siglo XX fue del 5,5% en España y del 10% en las cuencas del sur. Hasta 2060 se prevé una reducción del 22 al 34% en esta zona.
El 72% de agua al regadío. La agricultura se lleva el 58% del agua que se extrae en España y el 72% si sólo se cuenta la que va a consumo. Este porcentaje es uno de los mayores de la OCDE, sólo por detrás de Grecia, Turquía y Australia.
Regar multiplica por 6 los ingresos. Quizá es el motivo de que la superficie de regadío siga creciendo en el siglo XXI. De 2003 a 2009 subió un 4,8%.
Sube el precio del agua. Entre 2001 y 2009 ha crecido un 12%.
El 87% de los humedales sin proteger. El informe pone en valor su importancia para la biodiversidad y no oculta los riesgos en zonas emblemáticas como Las Tablas.

Valencia vuelve a la retórica de los «derechos históricos» mientras la UE amenaza con «multas de miles de euros diarios» por el bloqueo de la revisión del Plan de Cuenca

 E.F. / EFE / EP

Mientras los regantes de USUJ recurren la regularización de las concesiones de agua en la Mancha Oriental y el Gobierno Valenciano recupera el viejo discurso de los «derechos históricos» sobre el agua del Júcar, el tiempo corre y a la Unión Europea se le empieza a agotar la paciencia.
En una recientes declaraciones, el representante en España de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) de la Comisión Europea, Javier Ruiz-Tomás Parajón, afirmó que nuestro país afronta «un escenario sombrío» de «multas de miles de euros diarios» por el considerable retraso acumulado en los planes de cuenca.
Ruiz-Tomás hizo estas declaraciones desde Sevilla, en el acto de presentación del proyecto de revisión del Plan Hidrológico del Guadalquivir, que es uno de los más adelantados -aunque también lleva retraso sobre los plazos marcado por la UE- y que también afecta a la provincia de Albacete, en concreto a la comarca de Alcaraz.
«España acumula una cierta tradición en la transposición tardía de las normativas comunitarias y puede afrontar un panorama sombrío por la posibilidad de que se le impongan multas de miles de euros diarios», advirtió desde la capital hispalense.
Ruiz-Tomás recordó que los planes hidrológicos revisados de las futuras Demarcaciones Hidrográficas debían estar aprobados desde el año pasado. Asimismo, señaló que el proceso de revisión tiene como objetivo lograr el buen estado de las aguas en 2015, tal y como marca la Directiva Marco del Agua (DMA).
En estos momentos, España integra, junto a Portugal, Bélgica, Dinamarca y Grecia, el furgón de cola europeo respecto a estos planes, que ya han sido ratificados por 18 países y están pendientes de aceptación en otros cuatro.
En cuanto a la cuenca más importante de la provincia de Albacete, la del Júcar, la situación sigue como desde hace años, esto es, empantanada. De hecho, es la que acumula el mayor retraso aunque, irónicamente, fue designada «cuenca piloto» por la Unión Europea para aplicar la DMA.
El pasado día 11, hace ya tres semanas, su Confederación Hidrográfica daba a conocer la relación completa de las 53 aportaciones recibidas de otras tantas entidades e instituciones durante el período de consulta pública del denominado Esquema Provisional de Temas Importantes o EPTI.
El problema es que, conforme a la Directiva Marco, el EPTI debía estar listo en 2009 para que, a lo largo de 2010, se hubiese presentado un proyecto de Plan Hidrológico, para su debate, proceso de información y aprobación.
Además, la publicación de las aportaciones al EPTI llega ahora, cuando el último plazo abierto por la Confederación del Júcar para su presentación concluyó hace casi ocho meses, en junio de 2010.
Pese a este considerable retraso y la posibilidad, cada vez más cierta, de una multa histórica desde Bruselas por los retrasos acumulados, desde la Comunidad Valenciana se recupera el discurso de las época de las guerras del agua, de finales de los años 90.
A principios de esta misma semana, la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) anunciaba una denuncia contra la regularización de concesiones en la Mancha Oriental.
La denuncia fue seguida, poco después, por unas declaraciones del conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, quien afirmó que «la planificación del Júcar, que ha de realizar el Ministerio, debe garantizar agua para los regadíos de nuestra Comunitat que históricamente se han regado con estas aguas y que cuentan con una serie de derechos adquiridos»
Sin embargo, en esta última hornada de declaraciones, réplicas y contrarréplicas, no se ha hecho mención, ni una sola vez, al hecho de que a casi todas las cuencas, en general, y al Júcar, en particular, como cuenca que acumula el mayor retraso en la revisión de su planificación, hace mucho que se les agotó el tiempo.
Señalar, por último, que la otra gran cuenca albaceteña, la del Segura tampoco está cumpliendo los plazos, aunque está algo más adelantada. El Esquema de Temas Importantes ya está aprobado, pero las comunidades autónomas, Castilla-La Mancha incluida, se oponen radicalmente al ámbito territorial propuesto, lo mismo que pasa con el Júcar.    

La OCDE tiene la problemática del agua en España en el punto de mira. Tanto interés despierta en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que le dedica a esta cuestión uno de los cuatro capítulos de su último informe económico de España. Y no es de extrañar, porque de los 33 países que forman la OCDE, es el número 24 en recursos disponibles de agua por habitante y el quinto en consumo.
El informe de la OCDE apunta fundamentalmente al uso agrícola de este recurso, que se lleva entre el 80 y el 90% de los hectómetros que se extraen en las cuencas del sur y del Mediterráneo. Por eso, esta organización internacional mira con atención el ahorro que se está produciendo con la mejora de los sistemas de regadío en España, aunque alerta de que no es suficiente, sobre todo porque existe «un riesgo de que el ahorro de agua obtenido con la modernización del regadío se use para extender más superficie de regadío y para cambiar a una producción con uso más intensivo de agua».
El informe avisa de que el propósito de aplicar mejor tecnología en el regadío es el de liberar recursos de agua para el caudal de los ríos y los hábitats naturales. Señala que algunos observadores han notado que en el plan de choque de modernización de regadíos no está claro a dónde ha ido a parar el ahorro de agua conseguido. Por eso, apuntan a que los resultados de los dos billones invertidos para la modernización de esta tecnología llegarán con algo de demora.
La OCDE recomienda que para que estos planes den fruto a corto plazo, las subvenciones a la modernización del regadío deben condicionarse a la reducción de la cantidad de agua adjudicada en concesión. De esta forma, se aseguraría que el agua que se ahorra con la mejora de los sistemas de riego, se devuelve a usos medioambientales.
Precisamente en el último Debate del Estado de la Región, José María Barreda prometió que en cinco años reduciría el porcentaje de agua destinada a regadío del cómputo total de consumo, pasando del dato actual del 85% al 70% en 2015. Y aseguró que lo lograría sin perjudicar a los agricultores.

¿Inundación o goteo?
La OCDE se queja también de que en comparación con otros países, en España «las técnicas relativamente ineficientes de riego por inundación aún están extendidas». Aunque está en retroceso, esta técnica de riego por inundación sigue nutriendo al 31% de la superficie agrícola de regadío y exige el 42% del agua suministrada. Los sistemas eficientes, el goteo y los aspersores, llegan al 68% de la superficie y absorben el 58% del agua provista.
Otra de las protestas de la OCDE señala a la baja productividad de cultivos que requieren grandes cantidades de agua. Y en ese sentido denuncia que las ayudas de la PAC que siguen acopladas a la cantidad de producción incentivan en estos casos un uso ineficiente del agua. En concreto, apunta a algunos cultivos de cereales. En el lado contrario están los cítricos o el aceite de oliva, que figuran entre los productos que exporta España con mayor valor añadido. El informe de la OCDE señala precisamente que el 75% del valor añadido que aporta la agricultura de regadío en España sólo consume un 9% de toda el agua que se destina al campo.

La urbanización del mediterráneo.
A la hora de analizar el abastecimiento humano, la OCDE pone la alerta en el proceso urbanizador de zonas como la costa del Mediterráneo. Recalca que esta expansión demanda más agua en una zona en la que hay más problemas de suministro. El informe teme que el consumo de agua ‘urbano’ siga creciendo a no ser que se pongan medidas como la de subir el precio. En países como Israel el aumento de la factura ha dado sus frutos.
El informe destaca también que el uso del agua vinculado al turismo sólo absorbe un 1% de las extracciones y sin embargo este sector aporta el 11% del PIB en España.
Con todos estos datos, la OCDE llama la atención sobre el dominio de los regantes en los órganos de participación de las Confederaciones Hidrográficas. Según este organismo internacional, en las sillas de usuarios faltan los representantes de los fines medioambientales, usos recreativos, científicos o las asociaciones de consumidores.
A la OCDE tampoco parece gustarle mucho la deriva del sistema autonómico en materia de agua. El informe advierte de que los últimos estatutos de algunas regiones reclaman recursos de agua de cuencas hidrográficas que se comparten entre varias comunidades. Según la OCDE, estos artículos suponen el riesgo de que una región adopte decisiones sobre el uso del agua de estas ‘reservas’ sin tener en cuenta el impacto que pueda tener en otras autonomías.