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Desde la Consejería de Ordenación del Territorio y la Junta Central de Regantes se considera que el paso dado desde Valencia «ha reventado» la revisión del Plan de Cuenca

Denuncian la regularización de las concesiones de agua en La Mancha

Los regantes de la valenciana Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) reclaman que se limiten las extracciones en Albacete y Cuenca a un máximo de 238 hectómetros cúbicos

EMILIO FERNÁNDEZ

La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) ha denunciado la regularización de «centenares» de concesiones de agua aprobadas en la Mancha Oriental por la Confederación Hidrográfica.
La noticia cayó ayer como un jarro de agua fría tanto en el Gobierno regional como en la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo), quienes creen que este paso «ha reventado» definitivamente toda posibilidad de llevar a buen puerto la revisión del Plan Hidrológico de Cuenca.
USUJ es la organización que dice representar «la totalidad de los regadíos tradicionales del Júcar» y es «propietaria» del embalse de Alarcón, en Cuenca. Agrupa, según sus datos, a 50.000 regantes y 40.000 hectáreas de riego.
El motivo por el que se recurren estas regularizaciones, según su secretario, Juan Valero de Palma, es porque, a juicio de la organización que representa, las regularizaciones convierten aguas privadas en concesiones públicas, aumentan el volumen de dichas concesiones y comprometen la viabilidad de el propio acuífero de la Mancha Oriental, que abarca casi dos tercios de la superficie de la provincia de Albacete y casi una cuarta parte de la de Cuenca.
«Para recuperar el acuífero de es necesario reducir las extracciones a un volumen inferior a la recarga natural -explicaba ayer Juan Valero- y el nivel de recarga se sitúa en 238 hectómetros cúbicos, cifra que se ha superado ampliamente en la última década».
Por este motivo, considera que las «nuevas regularizaciones» solo conseguirán acelerar el descenso del acuífero y, en nombre de su organización, pide que se «limite la sobreexplotación» del mismo.
El Consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, consideraba ayer que estas afirmaciones son «una sobrerreacción» a las últimas iniciativas de la región en defensa de los recursos hídricos, «empezando por la Ley del Agua».
«Se han pasado de frenada -señaló en declaraciones a La Tribuna de Albacete- porque han ido a levantar la voz justo en un año en el que los niveles del acuífero se han recuperado con claridad, y las reservas generales de la cuenca están muy por encima de la media histórica, así que sólo cabe interpretar este paso en clave política».
Pingarrón, no obstante, señaló y lamentó que esta «desaforada» toma de postura por parte de USUJ aleja, de forma clara y definitiva, toda posibilidad de acuerdo en el proceso de revisión del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, que lleva un retraso de años.
«Es más que evidente, han reventado toda opción de acuerdo -afirmó- porque la regularización es una medida contemplada en el Plan de Cuenca del 1998, el que ahora se revisa; si ya no queremos cumplir el plan viejo, no cabe hacerse ilusiones con su revisión».
Menos indignado, pero más irónico, el presidente de la Jcrmo, Francisco Belmonte, recomendaba al secretario de USUJ que «antes de hablar, que se informe, que igual patinamos».
«USUJ habla de centenares de concesiones -repuso- cuando las concesiones regularizadas son 94, ya me gustaría que fuesen centenares, sería un regante feliz».
Señaló, además, que, USUJ alza la voz justo el año en que los regantes de la Jcrmo no llegarán a usar «ni de lejos» toda el agua de sus concesiones, gracias a un buen año hidrológico y las medidas de ahorro implantadas desde la Jcrmo.
«Pero lo que realmente me preocupa es que esta denuncia llega ahora, no antes -afirmó- así que me temo que el señor Valero intenta reventar, sin duda alguna, el Plan de Cuenca y hacernos rehenes a todos, albaceteños, alicantinos y valencianos, de unos intereses que poco o nada tienen que ver con el agua o con el riego y más con hacer méritos políticos a costa del Júcar, él verá lo que hace, pero está creando una situación en la que todos perdemos».    

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Castilla%20La%20Mancha/20110225/debate/ley/agua/ahoga/insultos/desafios/desplantes/81394E92-A9B9-9B1E-BA1C7FD0280071FD

LA frase de la discordia no se podrá buscar en el diario de sesiones porque el propio presidente de las Cortes ordenó que no quedase constancia. En concreto, fueron dos oraciones y las pronunció el diputado por el PP, Leandro Esteban: «No voy a tolerar nunca más que se diga que quienes nos sentamos en este lado de la bancada traicionamos a nuestra tierra. No lo voy a admitir primero porque es evidentemente falso y segundo porque quien dice eso es un cobarde». Y a partir de ahí, el debate sobre la Ley del Agua se desbordó.
El presidente del Parlamento, Francisco Pardo, amonestó a Esteban y le exigió que retirase el insulto al presidente de Castilla-La Mancha, que durante su intervención había dicho que «se empezó a fraguar la traición a esta Región» cuando Cospedal no salió a defender el Estatuto en el Congreso de los Diputados. Esteban se negó a retirar sus palabras e insistió en ellas, quejándose también de la actitud del presidente del Parlamento. «Es cobarde quien no permite que se pueda expresar libremente una opinión», recalcó.
Al final, Pardo acabó retirando la palabra a Esteban. En ese momento Barreda levantó la mano para poder hablar desde la tribuna de oradores y mientras estaba subiendo los escalones, todos los diputados del PP se levantaron de sus escaños y se marcharon por la puerta del salón de plenos (es la sexta vez que lo hacen). Mientras se iba, y a la vez que Pardo le ordenaba que se marchase, Esteban volvió a llamar cobarde al presidente.
El debate político saltó en ese momento de la tribuna a la sala de prensa. Primero se presentó el diputado del PP: «No vamos a tolerar que Barreda nos llame traidores y no vamos a dejar de llamar cobarde a quien se ampara en su pedestal de presidente para insultar a medio millón de ciudadanos». Luego, compareció el portavoz del PSOE, José Molina: «Hemos asistido hoy a un espectáculo lamentable para que no se hable del verdadero, que Cospedal no se vuelve a mojar. Se monta un numerito para distraer la atención».
Por si quedan dudas, el Diccionario de la RAE aclara que cobarde viene del francés y significa «pusilánime, sin valor ni espíritu»- La palabra traición, que viene del latín, la define como «falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener».
El caso es que la tormenta política dejó en segundo plano a la protagonista: la Ley del Agua. En la parte más práctica, lo que ayer ocurrió en las Cortes es que se dio el visto bueno a que esta normativa inicie su tramitación en el Parlamento regional. Ha sido la mayoría de diputados socialistas la que le ha abierto las puertas de las Cortes a esta Ley, ya que a la hora de votar, los escaños de la oposición seguían vacíos.

¿Alternativo o murciano? Ahora se inicia un periodo de enmiendas, que promete ser movido. El PP ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de la Ley y que para ello elaborará un texto alternativo y completamente nuevo. El PSOE no se fía. «Es un anuncio improvisado», comentó José Molina, «me da la impresión de que quien lo va a redactar es Valcárcel».
Y mientras tanto, el reloj sigue avanzando, porque a las Cortes sólo estarán abiertas unas semanas más y la intención del Gobierno y del PSOE es tener la Ley aprobada antes de las elecciones. Otra cuestión es que una vez aprobada en Castilla-La Mancha, todavía no tendrá validez porque la Ley se ha creado para que la adopte el Congreso de los Diputados a nivel nacional.
El único que se centró ayer en los artículos de la Ley fue Barreda. En su primera intervención recordó que se mantienen algunas reivindicaciones que iban en el Estatuto, como la reserva estratégica de 4.000 hectómetros cúbicos de agua para toda la Comunidad.Pero esta normativa va más lejos todavía y pide que se suba la raya por debajo de la cual no se puede trasvasar, que se mantenga una lámina estable en Entrepeñas y Buendía o que se modifiquen las normas de explotación del Tajo-Segura. Además, si esta Ley se aprobase en el Congreso de los Diputados inmediatamente «se iniciará el proceso de traspaso a la Junta de la titularidad de todas las infraestructuras hidráulicas que está ejecutando la Administración».
El portavoz del PP no se adentró tanto en el contenido de la Ley porque la considera un «engaño». Dijo que Barreda «no busca agua para la Región, sino votos para su candidatura» y añadió que, puestos a llevarla al Congreso de los Diputados, ya la podían haber propuesto directamente allí.    

En el partido de la oposición están convencidos de poder solucionar el problema del agua sin necesidad de tener enfrentamientos con otras comunidades autónomas. Al menos así lo aseguró ayer la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Ana Guarinos, ante el anuncio que realizó la Región de Murcia de que presentará un recurso por la vía administrativa a las modificaciones del Plan de la Cuenca del Tajo.
Así, Guarinos manifestó que ante el problema del agua, en el PP «queremos y podemos resolverlo», mientras que ha criticado al PSOE porque en 30 años de gobierno en la Comunidad «no ha ofrecido ninguna solución al problema del agua», lamentó.
Muy al contrario de su planteamiento, Guarinos apuntó que «lo que quiere el Partido Socialista no es resolver el problema, sino mantener el enfrentamiento y el problema a costa de mantener a esta región sin agua».

dudas razonables
Ana Guarinos recordó que la apuesta del PP es la planificación hidrológica nacional, por lo que la portavoz manifestó tener dudas sobre la utilidad de la Proposición de Ley del Agua que se toma en consideración hoy en las Cortes castellano-manchegas, más aún «si va a servir para lo que ha servido a lo largo de 30 años», ironizó.
En otro orden de cosas, la portavoz ‘popular’ mostró el apoyo «total y absoluto» del PP a los ganaderos y agricultores de la región, que «se merecen un futuro mucho más próspero», dijo. Precisamente los ganaderos se manifiestan mañana en la capital regional para reivindicar medidas que ayuden a paliar su situación y a hacer su negocio rentable.
De esta forma, Guarinos recordó que el Partido Popular ha reclamado reiteradamente un plan de choque en el ámbito de la ganadería «que el Gobierno regional ha estado rechazando permanentemente». Con un dato apoyó su crítica al Gobierno y es que 14.700 explotaciones agrarias han cerrado en los últimos años, lo que demuestra que la agricultura y la ganadería en Castilla-La Mancha «están prácticamente arruinadas».
En el día de ayer la diputada también ‘popular’ Carmen Casero se reunión con el sindicato médico CESM a quienes aseguró que darán mayor participación en la gestión de la Sanidad regional, durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Un gobierno que están seguros que alcanzarán el próximo 22 de mayo.    

El consejero de Agricultura, José Luis Martínez Guijarro, aseguró ayer que la propuesta elaborada por la Comisión Europea que recoge los pilares de la nueva Política Agraria Común para el período 2014-2020 es «genérica, ambigua y mejorable» ya que no contiene «ninguna referencia presupuestaria» y carece de «objetivos claros y concretos».
«Desde CLM defendemos una PAC fuerte y bien dotada desde el punto de vista presupuestario», aseguró el consejero, quien recordó que el Gobierno regional defiende los mismos planteamientos del sector agrario castellanomanchego, que este lunes fueron consensuados en el seno del Consejo Asesor Agrario. De la misma opinión es el portavoz socialista en la Comisión de Agricultura del Congreso, Alejandro Alonso, para el que el documento de la Comisión Europea es «deficiente».
La PAC constituye uno de los principales instrumentos de cohesión de la UE, por el que España recibió el pasado año más de 7.000 millones . Por este motivo durante su comparecencia en la Comisión Mixta para la UE, reclamó a todos los partidos políticos que no utilicen la PAC como arma de confrontación política. Según advirtió, el nuevo presupuesto comunitario para la PAC, que todavía no se conoce, deberá ser «suficiente» para poder integrar a los doce nuevos países miembros. Por eso más importante que luchar por el mantenimiento de la partida presupuestaria en términos absolutos hay que pelear por mantener el porcentaje del PIB comunitario que se destina a la PAC. «Si no se hace así será el sector agrario de los quince quien pague la entrada de los nuevos países y eso no es justo». Además de defender unos pagos directos a los agricultores que garanticen su nivel de renta, CLM entiende que la nueva PAC debe hacer «especial hincapié» en las medidas de mercado. «De nada sirve tener un buen sistema de apoyo directo a los agricultores si no existen mecanismos que permitan intervenir para garantizar unos niveles de ingresos y de precios mínimos».    

El consejero de Presidencia le recuerda que hay conflictos con Murcia por el trasvase. De hecho, la región vecina anuncia que recurrirá el esquema del nuevo plan de cuenca del Tajo

L.G.E. / Toledo

Aunque sean del mismo partido, el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha no coincide del todo con las últimas declaraciones que ha hecho el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, que defendió la política de agua de Zapatero para evitar peleas entre comunidades. Y es que Iglesias, que sigue siendo presidente de Aragón, puede estar contento porque Zapatero derogó el trasvase del Ebro y en su Comunidad consiguieron sacar un Estatuto que recoge una reserva estratégica.
En Castilla-La Mancha ni una cosa ni la otra. «Aquí el tema del agua no está pacífico», recalcó el consejero de Presidencia. «Hay confrontación con comunidades que quieren que se mantenga un trasvase para usos como campos de golf o la proliferación de desarrollos urbanísticos», señaló Santiago Moreno. El consejero también recordó que el Estatuto no tuvo un final feliz. «Cospedal al principio apoyó las propuestas, entre medias fue nombrada secretaria general del PP y traicionó ese compromiso en el Congreso de los Diputados», recriminó.
Como muestra de la situación conflictiva en la zona, el Gobierno de Murcia ya ha anunciado que recurrirá por la vía administrativa el esquema de temas importantes del nuevo plan de cuenca del Tajo. La región vecina reclama poder participar en este proceso, del que fue expulsada. Los murcianos dicen que aunque no forman parte de la cuenca, sí que son usuarios.    

Se trata de un «instrumento del que nos queremos dotar», decía el consejero de Agricultura, José Luis Martínez Guijarro, «para simplificar la gestión de las ayudas en Castilla-La Mancha».
Una forma con la que seguir dando pasos en materia de administración electrónica para la gestión de las ayudas. De esta manera, y con la actualización conveniente de este registro, los propios agricultores «no tendrían que aportar datos cada vez que se abre una convocatoria de ayudas», entre otras, las de la Política Agraria Común.
Precisamente de las ayudas de la PAC quisieron hablar los representantes de los agricultores durante la celebración del Consejo Asesor Agrario celebrado ayer en Toledo. Julián Morcillo, de UPA, valoraba la inclusión de la agricultura y la ganadería como sectores estratégicos en la Estrategia 2020 de la UE, de ahí la importancia del presupuesto. «Para nosotros lo más importante es que tengamos un documento consensuado», dijo.
Ángel Villafranca, de Cooperativas agroalimentarias, destacó la necesidad de que las explotaciones tengan la «dimensión suficiente» para mantener su viabilidad. Para Fernando Villena, de Asaja, la clave está en aumentar la asignación para llegar a la media nacional y europea, mientras que Alfonso Marín, de COAG-IR, recordaba que la UE ya no son 15 países, sino 27 para repartir el presupuesto.    

El consejero de Agricultura presentó ayer el borrador con los «mínimos» que tendrá que contemplar la nueva Política Agraria Común a las organizaciones de la Comunidad

Javier D. Bazaga / Toledo

En el apartado presupuestario la voz es unánime, la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) tendrá que venir con la «dotación presupuestaria suficiente». Así lo manifestó el propio consejero de Agricultura en la reunión celebrada ayer del Consejo Asesor Agrario, en el que se puso sobre la mesa el documento base que, a modo de ‘cláusula suelo’, no permitirá hacer ninguna cesión en la negociación de la PAC a partir de 2013.
Precisamente es la asignación presupuestaria la que hilvana todas las reivindicaciones que serán cosidas más tarde de manera definitiva. Es en la «suficiencia» de esa asignación lo que mantiene unidos a Gobierno y organizaciones agrarias, si bien se tendrá que contar con que la aportación actual queda lejos de cumplir con las expectativas de los agricultores.
Ya la organización Asaja demandó en diciembre de 2010 el incremento en un 9 por ciento de esa cifra y la situaba en los mil millones de euros. Para el consejero Martínez Guijarro, dependerá de lo «ambiciosos que seamos».

En tres ejes
El borrador que se mostró ayer a los representantes del campo desglosa esa «base» de negociación en tres grandes ejes que organizan las aspiraciones regionales.
En primer lugar encontramos los pagos directos al agricultor en el que se tendrá en cuenta no ya al agricultor activo, sino a la «agricultura activa» como señaló Guijarro, además de reconocer las ayudas agroambientales.
En el segundo eje se encuentran las medidas de mercado, entre las que destacan todas aquellas actividades encaminadas a acabar con la competencia desleal y la exigencia a terceros productores los mismos requisitos de calidad e higiene en el proceso productivo que se les exige a los países de la Unión Europea (UE).
En el tercero de los bloques se encuentran las acciones para el desarrollo rural de manera que se protejan los espacios sensibles y se apueste por el mantenimiento de la población en las zonas rurales.
Con estas premisas, que cuentan con la aprobación de las organizaciones agrarias ya que recoge buena parte de sus reivindicaciones, Castilla-La Mancha acudirá a las negociaciones en Bruselas con una hoja de ruta clara en la que se plasmarán, de la manera más real y consensuada posible, las aspiraciones regionales en cuanto a la actividad en el campo. Al final el objetivo no es otro que garantizar el abastecimiento de los mercados de la UE y garantizar también la rentabilidad del sector en toda la Comunidad autónoma.    

El próximo jueves los diputados de Castilla-La Mancha tienen una nueva cita en el salón de plenos de las Cortes regionales para debatir y votar la proposición de Ley del Agua, para su remisión al Congreso de los Diputados.
Con esta Ley el Partido Socialista quiere dotar al parlamento de la capacidad de decisión sobre el agua de la Región que se le negó con la retirada del Estatuto de Autonomía por la negativa del PP de apoyarlo en la Cámara Baja.
Además, el pleno del día 24, votará la Proposición de Ley por la que se crea el ya bautizado Canon Eólico, que gravará a partir del día 1 de abril, y de manera trimestral, la producción energética procedente de los parques eólicos de la comunidad, aunque quedarán exentos los aerogeneradores para autoconsumo y los molinos con carácter experimental.
Estos puntos y otros como la aprobación de la Ley de Bibliotecas, conforman el orden del día según acuerdo de la Junta de portavoces y ratificación de la Mesa de las Cortes, reunida ayer en la cámara regional en sesión de tarde.    

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Castilla%20La%20Mancha/20110216/consejo/gobierno/indica/ley/agua/camino/cortes/B0FC2330-F7DA-A714-87D40FBEA05A5ECE

El consejero de Presidencia confía en que el PP dé su apoyo a una iniciativa que busca que la Región tenga agua en cantidad y calidad garantizada «a nivel de rango de ley»

Luis J. Gómez / Toledo

A contrarreloj. Así está avanzando la tramitación de la Ley del Agua, que el Gobierno quiere sacar antes de las elecciones, aunque las Cortes regionales sólo estarán abiertas unas semanas más. La Ley del Agua dio ayer un paso más en su camino hacia el Parlamento. En concreto, se lo dio el Gonsejo de Gobierno que formalizó su «no oposición» a que se siga con el trámite. Así figura en la fórmula institucional, aunque no es que el Gobierno ‘no se oponga’, sino que además fue el principal impulsor de esta Ley y el que la ha elaborado.
Ahora ya está casi todo hecho y falta sólo por saber qué le deparará a la Ley su travesía por las Cortes regionales. El consejero de Presidencia quiere que en esta ocasción cuente con el apoyo del PP, «porque es lo que le reclama toda la ciudadanía, que estén en los intereses de Castilla-La Mancha, aunque incomode a otros compañeros de partido en otros territorios de España». Santiago Moreno confía en que Cospedal vote que sí en Toledo y lo refrende en Madrid, porque el futuro que quiere el Gobierno para esta Ley es que sea aprobada por el Congreso de los Diputados.
El consejero destacó que en esta normativa se contiene «el tema más importante que nos ha preocupado esta legislatura, garantizar agua en cantidad y calidad». Moreno aclaró que ya se intentó conseguirlo con la reforma del Estatuto y aprovechó para recordar que el voto en contra del PP «lo frustró». Ahora quiere que con esta nueva iniciativa, las reivindicaciones en materia de agua de la Región «tengan por fin nivel de rango de ley».

Agentes sociales.
El consejero recordó que la Ley del Agua tiene el «consenso de todos los agentes sociales, de toda la sociedad castellano-manchega». De hecho, el propio presidente Barreda ya contó que el mismo día que se echó para atrás el Estatuto, los representantes de los sindicatos, empresas y organizaciones agrarias le reclamaron seguir con la reivindicación. En este caso, la reclamación ha acabado en forma de Ley, que nace con la intención de llevar la gestión del agua al modelo autonómico.
Además de agua, y con los datos de ejecución presupuestaria de enero recientes, a Santiago Moreno le tocó aclarar algunos aspectos sobre la situación del déficit en Castilla-La Mancha. En primer lugar criticó a los «agoreros» del PP por calcular que el déficit llegó al 5% a final de año, cuando ese dato oficial todavía no está cerrado. La única cifra que ayer dio Moreno fue la del mes de enero de 2011, que arrojó un déficit del 0,06% del PIB. «Es prácticamente un presupuesto equilibrado y no hay que recurrir a la deuda», proclamó el consejero.
Si bien reconoció que el pasado año Castilla-La Mancha se excedió del objetivo de reducción de déficit impuesto para las autonomías, Moreno está muy seguro de que con el plan de 775 millones de euros de ahorro y de 200 millones de nuevos ingresos, la Junta va a conseguir reequilibrar las cuentas en 2011.    

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Castilla%20La%20Mancha/20110214/pingarron/ley/agua/no/cuenta/apoyo/pp/igualmente/remitiremos/congreso/47EF65A0-9E78-3EC8-EE86F51C98D602E7

Junto con el consejero de Agricultura, el de Salud y la vicepresidenta, Julián Sánchez Pingarrón es de los pocos que siguen en el equipo de Barreda desde 2007. Y es para destacarlo, porque la crisis y las exigencias de austeridad han ido ‘nominando’ y ‘expulsando’ a los consejeros como en un reality de la televisión. Para los ‘supervivientes’ que se quedan hasta el final, también suben las cargas de trabajo. Desde el inicio de la legislatura, Pingarrón lleva en su título que es consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda. Desde hace menos de un año también se encarga de los temas de industria y energía. Y siempre ha velado por una de las cuestiones cruciales de esta Región, haya seguía o llueva: el agua.
La nueva Ley del Agua pretende que a Castilla-La Mancha se le oiga su voz. Con el actual marco constitucional ¿hasta qué punto pueden dejar a una región votar una decisión… o incluso vetarla?
Estamos trabajando en la Ley hasta sus últimas consecuencias y que sea votada en el Congreso de los Diputados. A nadie le extraña que haya una ley para regular el catalán en Cataluña y a nadie le debería extrañar que en Castilla-La Mancha haya una ley para regular el agua, porque hay circunstancias especiales que no hay en ningún territorio de España. Tenemos siete cuencas hidrográficas, somos la única región que tenemos un trasvase desde la cabecera del principal río, se prevé el mayor crecimiento de población para 2020 y además tenemos una climatología muy adversa.
Para el Estatuto contaron con el apoyo del PSOE en el Congreso, pero esta Ley va incluso más allá. Se habla de un mínimo en la cabecera y en el caudal ecológico de los ríos, se habla de cambiar las normas del trasvase… ¿cuentan también para estas reivindicaciones con el apoyo de todos los diputados socialistas?
Los responsables del Ministerio de Medio Ambiente explícitamente han dicho que están de acuerdo con esta Ley en la medida en que contempla los mismos preceptos que contenía la reforma del Estatuto. En esa medida, dijo que contaba con el visto bueno del Ministerio, pero otra cosa es el visto bueno político en el Congreso, aunque uno es muy importante para el otro. Por otra parte, ésta no es una ley de unos contra otros, no es la ley del PSOE contra el PP, ni siquiera la de Castilla-La Mancha contra Murcia. Lo que queremos es pedir algo tan razonable como esto: antes de demandar un trasvase tenéis que justificar para qué lo queréis, tenéis que acreditar que lo habéis utilizado debidamente y previamente hay que descontar todo lo que podéis sacar de las plantas de desalinización.
Me gustaría preguntarle qué va a votar el PP, pero doy por hecho que no lo sabe.
A mí me gustaría lanzar esta propuesta en positivo, es una oportunidad que tiene Cospedal para apostar por Castilla-La Mancha. No lo hizo en la reforma del Estatuto y prefirió seguir el dictamen de Valcárcel, el de Murcia. Ésta es una nueva oportunidad que se le brinda para que pueda apoyar algo que todos los castellano-manchegos ven como justo y necesario.
Y al igual que el Estatuto, ¿van a echar para atrás la Ley del Agua si no la vota el PP?
Por cuestiones de calendario político sólo va a dar tiempo a presentarla en las Cortes y aprobarla antes de las elecciones. Nos gustaría llevarla con el apoyo del PP, pero si no contara con el apoyo igualmente se aprobará por la mayoría socialista en las Cortes, se remitirá al Congreso de los Diputados y se continuará con su tramitación.
La legislación actual ya da la preferencia a la cuenca cedente y la Directiva europea del Agua obliga a mantener un caudal ecológico en los ríos. ¿Por qué Castilla-La Mancha no se sienta a esperar? O dicho de otra forma ¿Por qué las leyes no se cumplen?
La zona de Levante es un gran grupo de presión que tiene mucha fuerza y tenemos que enfrentarlo. Cuando la Universidad de Castilla-La Mancha publicó el estudio de campos de golf muchos se echaron las manos a la cabeza. Nadie sabía que había ese uso indebido y no prioritario del agua. En Levante lo estaban justificando porque era necesario para beber y para regar y resulta que nos hemos encontrado con 39 campos de golf en mitad de secanos. Nos hemos dado cuenta de que han hecho urbanizaciones insostenibles basadas en los recursos del trasvase, nos hemos dado cuenta de que con los impuestos de todos los españoles se ha invertido en la construcción de desaladoras que no quieren usar porque prefieren el agua del trasvase porque les sale más barato.
Las autovías empezadas por la Junta parece que van a buen ritmo y cumpliendo los plazos. ¿En qué proyectos concretos están pensando para incluir en el programa electoral?
Lo importante es que ya hemos hecho un plan de comunicación y de autovías a largo plazo, y estoy hablando de 2020. En estos momentos tenemos 1.800 kilómetros de autovía y el plan que tenemos nos lleva a duplicarlas a 3.550. Todo esto requiere realizar estudios previos y acometer todos los proyectos e inversiones de acuerdo con un calendario que irán marcando también las posibilidades presupuestarias. En la próxima legislatura lo que se hará será planificar cuáles de estas infraestructuras son las más prioritarias y por lo tanto se van a atender en primer lugar. Pero el mapa final ya está dibujado.
Las obras que dependen del Gobierno central van con más retraso como la Autovía de la Alcarria o la A-40. ¿Temen que estas demoras les pasen factura electoral?
Yo sé que el ministro de Fomento ha sufrido haciendo este ajuste presupuestario. En Castilla-La mancha afortunadamente no se ha rescindido ningún contrato. Los calendarios los ha alargado, les ha metido un año o dos más de ejecución, pero todos los proyectos se van a cumplir. Era una medida que tenía que tomar el Ministerio y ellos han valorado que tendría el coste electoral que tuviera, pero que había que adecuarse al escenario presupuestario.
El plan antidéficit de la Junta incluye la reprogramación de inversiones. ¿A la consejería más inversora también le toca recortar?
En Ordenación del Territorio se mantienen los calendarios de entrega en todo lo que se refiera a infraestructuras adjudicadas o en ejecución. Lo que hacemos con los grandes planes, el plan de refuerzo de firmes o todo el plan de inversiones en autovías, es alargar los plazos de vigencia. Los planes que iban a vencer en 2013, se alargan a 2014 o 2015. Pero sobre todo, lo que ha hecho el Gobierno regional ha sido ajustar sus gastos corrientes para que no sufriera tanto la inversión. Como dice Barreda, hemos quitado la grasa para dejar el músculo y, sin duda, el músculo de esta Región tiene que ver mucho con la inversión en infraestructura, porque además de darnos valor como territorio, dinamiza al sector de la construcción.
El Plan de Consolidación de las Finanzas Públicas incluye un nuevo impuesto a la energía eólica. ¿Cómo lo explica para que no suene contradictorio que primero se incentivara la instalación de parques eólicos y ahora se grave?
Los hemos estado incentivando y los vamos a seguir incentivando. En Castilla-La Mancha hay mucho territorio y bastante viento y por eso se va a seguir apostando por las renovables. El canon lo hemos analizado muy bien y apenas significa un 1,6% de la facturación de esas plantas, y por eso no les resta ninguna rentabilidad. Yo mismo me he entrevistado con todos los empresarios de este sector, al menos con los más impotantes, y todos me han manifestado su interés en seguir invirtiendo en Castilla-La Mancha. Se ha hecho un canon porque todos tenemos que aportar algo para resolver esta situación de crisis. Creemos que las compañías eléctricas también.
En 2008 la Junta creó una nueva tipología de vivienda, la de iniciativa público privada o VIPP. Sin embargo, su puesta en marcha se está retrasando. ¿Qué falla?
Del plan VIPP se han adjudicado 1.000 viviendas y están todas en fase de construcción. La dificultad que se ha tenido es la que tiene todo el sector de la vivienda. Es la financiación: encontrar préstamos al promotor y luego préstamos al cliente. Eso ha hecho que los plazos que queríamos poner para este programa se hayan dilatado. Pero el proyecto VIPP ha ayudado a muchos empresarios a recuperar la actividad y los proyectos se van a ir concluyendo conforme todos los aspectos financieros se vayan resolviendo caso a caso.