El secretario general de la organización agraria exige subvenciones ligadas a la producción y un techo de ayudas por explotación

«Si no sabemos el dinero que va a haber, es difícil mantener una posición concreta». Con estas palabras el secretario general de la organización agraria UPA dejó ayer claro que el quid de la reforma de la PAC de la Unión Europea se cuenta en euros. «Aun siendo conscientes de que la situación económica es complicada, no renunciaremos ni a un solo céntimo del presupuesto que venimos recibiendo en los últimos años», manifestó Julián Morcillo durante una reunión que mantuvo ayer con el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha.
El representante de UPA declaró que es «fundamental saber cuanto antes de qué presupuesto disponemos». Aparte de las cifras, también planteó una detallada lista de necesidades que quiere ver en la reforma de la Política Agrícola Común que la UE pondrá en marcha a partir de 2013. En el apartado de las subvenciones, exige que se marque un «techo de ayudas» por explotación y demanda que siempre vayan condicionadas al mantenimiento de la producción agraria. «La Comisión sigue en la misma línea de desacoplamiento y a nosotros no nos sirve», lamentó Morcillo, «no entendemos que una ayuda llegue a donde no se está produciendo».
Otra de sus reivindicaciones pasa por llevar a los agricultores en activo los fondos que la PAC reserva al apartado de desarrollo rural. El consejero de Agricultura, que estuvo pendiente de las reclamaciones de Morcillo, seguirá reuniéndose la semana que viene con otras organizaciones para redactar un documento único de Castilla-La Mancha sobre la reforma de la PAC.
José Luis Martínez Guijarro por el momento admitió coincidir con UPA en algunos aspectos. En el apartado económico, reconoció que las negociaciones coinciden en una época de «restricciones presupuestarias», pero abanderó que la agricultura «no ha sido la causante de la situación económica actual y no tiene que ser el sector que haga mayores esfuerzos presupuestarios».  

El documento sobre la reforma de la PAC que ha presentado el comisario europeo Ciolos recibe el visto bueno «como pistoletazo de salida» por parte de los grupos de desarrollo rural de la Región. Así lo manifestó Justiniano Muñoz, presidente de Cedercam, la asociación que agrupa a estas organizaciones.
A falta de conocer las cifras finales, los grupos de desarrollo rural están satisfechos con el primer documento de la UE, aunque ahora están recabando sugerencias para llevarlas a través de la Junta al Ministerio, y a través del Ministerio a Bruselas. La directora general de Desarrollo Rural, Ana Isabel Parras, defendió que la reforma de la PAC será «continuista» en las políticas que afectan directamente al desarrollo rural. Afirmó que en la Junta están a favor de que se mantenga el modelo de participación de los programas de iniciativa ‘Leader’. Además, valoró positivamente que Bruselas se haya orientado hacia la innovación y la lucha contra el Cambio Climático.
El Gobierno regional y Cedercam aprovecharon ayer para firmar un convenio, que destinará 107.000 euros a mejorar el portal web de la organización, dar cursos on line y facilitar el intercambio de información entre los grupos de desarrollo rural vía internet.    

La organización agraria hizo balance del año 2010 y situó entre sus prioridades para 2011 el desarrollo de la PAC y del Plan Estratégico del Vino que se centrará en la comercialización

Castilla-La Mancha está muy por debajo de la media europea en la asignación de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), según la Asociación de Jóvenes agricultores (Asaja). Es por eso que demandarán al menos un 9 por ciento más de esas ayudas para equipararse al nivel del resto países y poder mantener la producción, la calidad y la conservación del medio ambiente.
Esa será una de las prioridades que centrará el trabajo de la organización en el próximo año 2011, como anunció su Comité ejecutivo en el día de ayer durante la presentación del balance de actividad del año 2010.
Para el secretario general de Asaja, José María Fresneda, es muy importante garantizar para Castilla-La Mancha la aportación de mil millones de euros anuales que recibe de Europa, «y en eso vamos a estar» porque quieren dar la vuelta a una situación en la que «el sector agrario es el único que inyecta liquidez» y tradicionalmente «hemos sido los peor tratados», expresó Fresneda.
Los argumentos para exigir ese aumento del 9 por ciento en el importe de las ayudas para encontrar «el equilibrio de la media comunitaria» lo sitúan, en primer lugar, en que hay un déficit en la alimentación de la población mundial del 70 por ciento, y porque «a nosotros se nos exige la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la protección al medio ambiente, y eso nos cuesta mucho dinero y esfuerzo garantizarlo a la sociedad», se quejó Fresneda, por lo que consideraba estar «cargado de razón» en la petición de ese 9 por ciento «como mínimo», porque eso «no lo ofrece a la sociedad ninguna otra actividad empresarial», aclaró.
«No vamos a ser nosotros los que garanticen la supervivencia y el desarrollo de otros países que se han incorporado que la renta per capita es menor que la nuestra» decía Fresneda durante su exposición, cuando se refería a la entrada de otros países en la PAC que podrían hacer peligrar la asignación de esas ayudas para Castilla-La Mancha.
En este sentido también demandaron la pertinente agilidad de la administración autonómica para la gestión de esas ayudas por parte de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, «para nosotros es vital, que lleguen bien, que lleguen a tiempo y que participemos de lleno en la solución de los problemas porque la gente necesita la liquidez para poder funcionar».

Otros objetivos
Entre las tareas pendientes que mantiene la organización, está la de conseguir que el Gobierno de la nación dibuje un mapa conjunto para elaborar una política agraria nacional que aún no se tiene, «estamos 17 comunidades autónomas por 17 caminos distintos buscando la solución de los ciudadanos y así nos va».
Del mismo modo, y es algo que ya han solicitado en otras ocasiones, Asaja abogó por una discriminación positiva hacia el agricultor en activo y profesional, que es el que mantiene las explotaciones y cumple los requisitos antes citados en cuanto a respeto del medio ambiente, control alimentario y protección animal.
En la fijación de los precios, así como en la comercialización, está el otro gran caballo de batalla para la agricultura en general pero para el sector del vino en particular. Aquí Asaja propone algunas ideas que ya empiezan a tomar fuerza en foros europeos como la fusión de empresas.
«Los precios siguen estando muy bajos», decía el presidente de la organización, Fernando Villena, que veía en esta fusión la solución a la negociación de los precios. «Cuando se han concentrado las empresas que se dedican a comprar, o se concentran las empresas que se dedican a vender o se las llevan por delante a la mitad», razonó Villena.
Además solicitaron una modificación del Código Penal para evitar que «las mafias y los ladrones puedan campar a sus anchas» por las explotaciones agrarias, sobre todo en estos meses en los que se ha producido un repunte de estos hurtos en las fincas y naves de los agricultores causando un gran perjuicio económico a estas familias y las propias explotaciones.
Por lo demás, se informó de que la actividad durante el año que ahora acaba había sido «grande» y que se había producido un aumento en la afiliación a Asaja, «por la crisis y por la necesidad de organizarse», entendió Fresneda.  

Los alcaldes de Alcadozo, Pozohondo y Peñas de San Pedro acaban de recibir una nueva remesa de facturas «por obras no solicitadas»

 Tres ayuntamientos, Alcadozo, Peñas de San Pedro y Pozohondo, ninguno de ellos de más de 5.000 habitantes, ya le deben a la Confederación Hidrográfica del Júcar unos 300.000 euros por unas obras que, según sus alcaldes, ni pidieron, ni han llegado a usar.
Según explicaba ayer el alcalde de Peñas, Antonio Serrano, la última remesa de facturas llegó, precisamente, justo cuando el presidente de Barreda anunciaba, junto a la nueva ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, una serie de inversiones hidráulicas para los municipios de la comunidad de Castilla-La Mancha.
«Cuando oímos la comparecencia de Barreda, nos echamos a temblar -señaló- porque la escena nos sonaba mucho; fue, precisamente, a raíz de una escena similar, cuando era ministra la señora Cristina Narbona, cuando empezaron nuestros penares con la Confederación del Júcar».
En la época en que Narbona era ministra, Barreda se reunión con ella y, tras una comparecencia conjunta en Toledo, se anunciaron una serie de obras cuya financiación, recordó Serrano, tenía «sorpresa» dentro.
«En aquel momento, y ahí están las hemerotecas para demostrarlo, se dio a entender que el coste iba a ser cero, o muy pequeño, para los municipios -detalló- pero, en 2008, y en nuestro caso, la Confederación del Júcar empezó a pasar, religiosamente, facturas por muchos miles de euros a municipios que ya entonces, cuando la crisis aún empezaba, carecían de recursos para pagarlas».
Estas facturas, corresponden a diversas obras de emergencia, ejecutadas para garantizar el suministro a cerca de una veintena de municipios de toda la provincia. Obras que, según los alcaldes, jamás se pidieron desde los tres municipios antes mencionados pero, aún así, se ejecutaron.
«Ahora, estos cargos están recurridos ante la Justicia -aclaró- pero no están anulados, están paralizados mientras no haya un resolución judicial firme, que puede darnos la razón o no y, en este último caso, nuestros Ayuntamientos irían derechos a la bancarrota, no tendríamos con qué pagar».
Mientras tanto, las facturas siguen llegando y se siguen recurriendo «y todo el mundo nos dice que nos apoyar y está con nosotros y que tenemos la razón pero, cada cierto tiempo, llegar una nueva factura y, por tanto, una nueva amenaza para nuestros pueblos».    

El salón de actos de Caja CastillaLa Mancha acogió ayer la presentación del proyecto Sirius, iniciativa que pretende implantar un sistema de teledetección por satélite para la óptima gestión de las cuencas hidrográficas. Los coordinadores del proyecto en la UCLM, Anna Osann y Alfonso Calera, el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte y el representante de la Comisión Europea, Stijn Vernoote, participaron en el acto, al que asistieron miembros de las distintas zonas piloto.
Sirius es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea, de tres años de duración, con un presupuesto de 2,9 millones de euros, en el que se integran una veintena de grupos de 12 países de cuatro continentes. La cuenca hidrográfica del Júcar es una de las ocho zonas piloto donde se implantará, junto a la desembocadura del Danubio (Rumanía), la zona regable Sannio Alifano (Italia), la desembocadura del Nilo (Egipto), la cuenca del río Gediz (Turquía), el valle del río Yaqui en Sonora (México), el río Paraiba do Sul (Brasil) y la cuenca del Cauvery (India), regiones de distintas características geográficas que permitirán contrastar la aplicación de las herramientas asistidas por satélite.
Anna Osann destacó que a partir de las secuencias temporales de imágenes de esta auténtica «constelación de satélites» de observación de la Tierra se extraerá información valiosa para el buen gobierno de las cuencas hidrográficas, las necesidades de agua, la recarga de los acuíferos…, todo con la intención de poner esos datos encima de la mesa para debatirlos y evaluar necesidades reales.
Calera matizó que este proyecto pretende facilitar un sistema de asesoramiento de riegos y la óptima gestión de los recursos, tanto de las aguas superficiales como del nivel de las aguas subterráneas.
Por su parte, el presidente de los regantes de la Mancha Oriental recordaba que el empleo de la teledetección se remonta al año 1997 como medida eficaz para la regulación de los consumos de agua, el desarrollo del plan de explotación y la influencia de los sistemas de cultivo en las aguas subterráneas. Belmonte destacaba que la Jcrmo ha logrado estabilizar el nivel del acuífero e incluso aumentar en más de cuatro metros su nivel debido a las lluvias de la pasada campaña.  

La Junta y la organización agraria COAG quieren que la Unión Europea sea más dura con los productos alimentarios que vienen importados de otros países. Así lo corroboraron ayer tanto el consejero de Agricultura como el secretario regional de la organización agraria, que mantuvieron una reunión para fijar posiciones de cara a debatir la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que tiene que aplicar Bruselas a partir de 2013.
«No podemos en Europa depender de países emergentes, de los que no sabemos cómo se cultiva», advirtió ayer Alfonso Marín, de COAG. Recordó que el dinero de las ayudas europeas que llega con la PAC no sólo va para apoyar la producción de los agricultores, ni para mantener el equilibrio medioambiental, sino también para garantizar una alimentación lo más sana posible, «algo de lo que no tenemos esa certeza con esos productos que vienen de fuera de la Unión Europea».
La misma posición mantuvo ayer el consejero de Agricultura, que comentó que hay casos en los que en Europa se prohibe el uso de determinados fitosanitarios en el cultivo, pero luego se permite la venta de productos de otros países en los que sí se utilizan. «Tenemos que garantizar al consumidor que todos los productos cumplen los requisitos de seguridad y salud alimentaria», reclamó José Luis Martínez Guijarro, «porque en estos momentos se da la paradoja de que algunas exigencias a agricultores de la UE luego no se tienen en cuenta en productos que son originarios de terceros países».

Intervenir en el mercado.
Desde el Gobierno y desde COAG también han coincidido en aprovechar la reforma de la PAC para establecer más mecanismos de intervención en el mercado. «Esta nueva PAC no sólo debe tener ayudas directas al agricultor, sino que esas ayudas puedan hacer que en un momento determinado pueda cambiar el rumbo de los precios de esos productos», reclamó el representante de la organización agraria. «Es básico que cuando haya una caída de precio por debajo de un nivel, se articulen los mecanismos que hagan que se recupere el precio de esos productos para garantizar la rentabilidad de las explotaciones», añadió el consejero.
La reunión con COAG es la primera de una ronda de contactos que mantendrá la Junta con otras organizaciones del campo para fijar un frente común en la PAC.

El PSOE presentó ayer en las Cortes una propuesta para acabar con las «dos clases de agricultores». El diputado socialista Antonio Salinas se refirió a una de ellas, la de los titulares de explotación, y a la otra, la de los asalariados del campo, es decir, los que trabajan por cuenta ajena. En concreto calificó como necesario que este segundo tipo de trabajadores también reciban cobertura cuando las inclemencias meteorológicas destruyen el viñedo que iban a vendimiar o el olivar que iban a varear.
«Esta propuesta viene a complementar el plan de seguros agrarios atendiendo a este colectivo, que cuando se presenta algún tipo de accidente climatológico se queda sin ningún tipo de cobertura», explicó Salinas. El diputado socialista incidió en que es importante dar este colchón a quienes por culpa de un pedrisco pueden perder el trabajo o parte de la jornada.

tres reclamaciones
Abanderada por esta reivindicación, el resto de diputados socialistas de las Cortes dieron su apoyo a la propuesta de Salinas y ahora se tramitará hacia el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, que es el que tiene competencias en esta materia. Además, la iniciativa socialista tiene otras dos reclamaciones. Por un lado, piden que las medidas se incluyan en el Plan de Seguros 2011. El diputado del PP Porfirio Herrero recordó que el Plan se aprobó con fecha 4 de noviembre. Salinas se excusó diciendo que fue antes cuando calificó esta iniciativa en la Mesa de las Cortes.
La tercera reclamación pasa por lograr la participación de los sindicatos más representativos de los asalariados del campo en los órganos de gobierno del sistema de seguros agrarios. El diputado del PP dijo en este caso que «no se habla de organizaciones sindicales» en la Ley del 78. «Yo no sé si les han soplado que algún sindicato tenga algún interés particular en modificar esta legislación», dejó caer Herrero.
A pesar de las reticencias y el voto en contra del PP, el PSOE sacó una propuesta calcada a la que ya han aprobado los Parlamentos de Canarias y Murcia. Desde CCOO anunciaron ayer que también tienen el compromiso favorable de Extremadura y que está en trámite la iniciativa en Andalucía.
«Vamos a estar encima de este asunto al que le hemos dado la máxima prioridad», destacó Jesús Villar de la Federación Agroalimentaria del sindicato. «Ha habido 500.000 empresarios que se han beneficiado desde el comienzo de las políticas de seguros agrarios que se han cubierto con 12.000 millones de euros», expuso, «de todas estas cantidades no ha ido ni un céntimo a los asalariados». Añadió que aunque el Plan de 2011 esté aprobado todavía se puede cambiar porque no opera aún.

A los murcianos y valencianos probablemente no les hará mucha gracia, pero las Cortes regionales de Castilla-La Mancha les mandaron ayer un mensaje claro: tienen que usar más agua desalada y menos trasvasada. Así aparece negro sobre blanco en la resolución que ayer aprobó el Parlamento regional a instancias del PSOE. Los populares votaron en contra de esta propuesta y presentaron una alternativa que se quedó sin el apoyo de la mayoría.
El portavoz de los socialistas, José Molina, dijo que con su iniciativa quieren frenar a los gobiernos de Levante que amenazaron con trabajar «codo con codo para que Castilla-La Mancha no disponga de caudal ecológico». El portavoz del PSOE les dijo que su respuesta pasa por «exigirles que en Murcia y Valencia cumplan su obligación, y se apliquen en las obras que les permita cimentar su desarrollo con recursos propios».

Las cuentas de Pingarrón.
El consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón abrió el debate informando de que en la actualidad lo que hay aprobado del Plan del Tajo es el Esquema de Temas Importantes, un documento que habla de los principales problemas actuales y futuros de la cuenca. Este ‘esquema’ se utilizará como referencia para cifrar después las asignaciones del Plan del Tajo.
A la Junta se la ve satisfecha con lo conseguido hasta la fecha en este documento. «Tiene avances, aunque no colma todas nuestras aspiraciones», proclamó Pingarrón. Una de las claves es que reconoce la necesidad de fijar un mínimo de caudal ecológico a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera.
El consejero dijo que este mínimo pasaría de 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, que es donde está la raya actual, y llegaría hasta los 11. A partir de ahí se hizo sus propias cuentas. Explicó que los estudios fijan que al año la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) recibe 777 hectómetros cúbicos. De esta cantidad se necesitan 113 para abastecimiento humano, 152 para regadío, 45 para usos industriales y eléctricos y otros 400 para subir el caudal ecológico a esos 11 metros por segundo a su paso por Aranjuez. Conclusión: «No da a hablar en el futuro de excedentes». O lo que es lo mismo, que si se sube el caudal ecológico no habrá agua para trasvasar a Murcia y Valencia.
El PP no las tiene todas consigo y mostró ayer sus dudas sobre las ‘bondades’ de la nueva planificación hidrológica. La diputada María Luisa Soriano denunció el retraso de la puesta en marcha del plan del Tajo, «que debería estar vigente desde marzo». Además pidió aclaraciones sobre la posibilidad que se baraja de inyectar al Tajo aguas depuradas del río Jarama y suplir así el aumento del caudal que exige la normativa europea.

La senadora popular Encarnación Naharro, ante la grave situación en la que se encuentra el campo español debido a la creciente inseguridad que afecta a agricultores y ganaderos, pide al Gobierno que cumpla los mandatos y tome las medidas oportunas que tanto desde el Senado como desde el Congreso de los Diputados le han hecho llegar. Naharro mostraba su satisfacción por la unánime aprobación en el Congreso la semana pasada de una proposición no de ley para dar respuesta al clamor de todos los agricultores y ganaderos que sufren oleadas de robos y delitos contra la propiedad.
Una iniciativa del Partido Popular, en la que se recogen fundamentalmente cuatro medidas: adecuar la legislación vigente a la situación real de los delitos en el campo; extremar las labores de vigilancia y protección de instalaciones agrícolas y ganaderas, y de zonas rurales y urbanas de los pequeños municipios, incrementando los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; incrementar junto con las autoridades locales y autonómicas el control y la vigilancia de la procedencia de los productos agroalimentarios; y, finalmente, en coordinación con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, establecer una nueva línea de seguros, que incluya la cobertura de hurtos y robos en el medio rural y agrario. La senadora ha presentado una pregunta oral en Comisión para que se le den explicaciones sobre las actuaciones que el Gobierno tiene previsto realizar a corto plazo.  

El diputado ha sido elegido para coordinar el Grupo de trabajo que el PSOE ha constituido para analizar los avances en la negociación

El diputado nacional castellano-manchego, Alejandro Alonso, ha sido elegido para coordinar el Grupo de Trabajo Permanente que el PSOE nacional ha constituido para abordar los diferentes avances que se produzcan en la negociación sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC), una cuestión que es «fundamental para numerosas familias de nuestra Región», según destacó el propio Alejandro Alonso.
En este sentido, advirtió que «CLM se juega mucho en este debate» ya que «son miles de millones de euros los que vienen a nuestra Región con fondos de la PAC», y que suponen recursos muy importantes para agricultores, ganaderos, cooperativas e industrias alimentarias.

Ejes fundamentales
Alonso indicó que la posición que van a defender los socialistas en esta negociación se basa en tres ejes fundamentales. El primero se refiere al mantenimiento de las ayudas directas, conocidas como pago único; el segundo apuesta por el mantenimiento de una red de seguridad que dé garantías ante posibles crisis de precios y, un tercer eje, que defiende el mantenimiento de las ayudas al medio rural.
En cuanto a las ayudas directas, el parlamentario socialista abogó por el fortalecimiento de las mismas, «priorizándose aquellas que van dirigidas a agricultores y ganaderos profesionales, que cuidan el Medio Ambiente, desarrollan los pueblos y crean empleo en estas zonas». El segundo objetivo de estas negociaciones se basaría en «mejorar la posición negociadora de los agricultores en relación a la industria y la distribución». En tercer lugar, señaló Alonso, «queremos que la PAC asegure una buena relación comercial, que impida la entrada de productos de otros países en condiciones de competencia desleal».
Esta Política europea supone el 40% de los ingresos de los agricultores y ganaderos de España.