Las filtraciones del Túnel del Talave fueron el origen de una disposión adicional de la Ley del Trasvase Tajo-Segura que establece, precisamente, que las aguas subterráneas de la provincia de Albacete «no son trasvasables».
Esta disposición adicional es, precisamente, uno de los argumentos que se han usado desde Albacete para rechazar la creación de la llamada Batería Estratégica de Pozos de Sequía por parte de la Confederación del Segura.
Ésta, por su parte, siempre ha replicado que los pozos de sequía perforan acuíferos situados en la cuenca del Segura y, por tanto, no cabe hablar de trasvases porque las aguas nunca cambian de ámbito, esto es, de cuenca.
Sin embargo, en el caso de los municipios situados justo en la linde entre el Júcar y el Segura, la situación podría no estar tan clara, a la luz de precedentes como el del Túnel del Talave que es, precisamente, lo que inquieta a la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental.
En la actualidad, la provincia de Albacete recibe, todos los años, 6,44 hectómetros cúbicos de agua, en concepto de compensación por las filtraciones de agua que se siguen produciendo, precisamente, a causa del ‘pinchazo’ del Túnel del Talave.
Esta compensación fue ratificada, además, por una sentencia de la Audiencia Nacional, dictada el pasado mes de noviembre del año 2006.    

Herminio Molina: «Nos preocupa que se quieran hacer perforaciones en municipios como el de Alcadozo, porque tememos que se repita la historia del ‘pinchazo’ del Túnel del Talave»

Imagen de la salida del Túnel del Talave, que atraviesa el subsuelo de varios municipios albaceteños.

E. FERNÁNDEZ

La decisión de la Confederación del Segura de ampliar la red de control de aguas subterráneas a pueblos como Alcadozo o Pétrola ha causado «estupor y disgusto» entre la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo).
La Jcrmo es un organismo adscrito a la Confederación del Júcar pero, según recordaba su secretario, Herminio Molina, la red de sondeos de control de la CHS se empieza a acercar «de forma preocupante» al acuífero 18 o acuífero de la Mancha Oriental.
«Perforar en pueblos como Alcadozo es hacerlo justo en la linde entre ambas cuencas hidrográficas -señaló- y ya sólo faltaría que se quisieran llevar agua del acuífero 18, si eso se produjese, nos tendrían en frente, sería una total y absoluta arbitrariedad».
Molina no ocultó que esta decisión de la CHS inspira «recelos y desconfianza» tanto entre la directiva como entre los socios de la Jcrmo, porque ya existe un precedente histórico de un ‘pinchazo’ en el acuífero de la Mancha Oriental: el Túnel del Talave.
El Túnel del Talave tiene 32 kilómetros de longitud, y forma parte del trasvase Tajo-Segura. Alcanza una profundidad de 300 metros y, en su recorrido, pasa, entre otros lugares, bajo Alcadozo.
«Cuando se construyó el túnel, se perforó el acuífero, y el agua de la Mancha Oriental empezó a fluir aguas abajo del Trasvase, por el Túnel, por eso nos preocupa que vayan a hacer perforaciones en la zona, no va a ser que la historia se repita», afirmó el secretario de la Jcrmo.
Quien no abriga la más mínima duda de que el ‘pinchazo’ se va a repetir, cuando se perfore, es el vicepresidente de la Junta Central de Regantes del Alto Segura, Prudencio López Fuster.
López Fuster, que también es director técnico del Instituto Técnico Agronómico Provincial y una de las personas que mejor conoce el acuífero de la Mancha Oriental dijo que está «completamente seguro» de ello, debido a las características de la zona.
«Alcadozo forma parte del Segura porque sus aguas superficiles vierten hacia esa cuenca -indicó- pero, bajo tierra, sus acuíferos subterráneos forman parte de la Mancha Oriental».
López Fuster consideró que esta medida de la CHS forma parte de la política «contradictoria e incomprensible» que han adoptado sus responsables, al empeñarse en usar los recursos subterráneos de la provincia de Albacete.
«Es una política contradictoria, cuando ellos mismos reconocen que, en el Alto Segura, los acuíferos tienen un déficit de 50 hectómetros cúbicos- indicó- y es incomprensible, porque la base legal que tenían para usar los pozos es un decreto de medidas excepcionales vinculadas a la sequía, que como todo el mundo sabe, ya se ha terminado».    

Ningún fleco ha quedado fuera del borrador de la Ley del Agua que ha elaborado el Gobierno regional y que ayer presentó en sociedad. Barreda dio a conocer un texto que va de lo general a lo concreto. En la parte general, la Ley pide una reserva estratégica para Castilla-La Mancha de 4.000 hectómetros cúbicos. En la parte concreta, reivindica un caudal ecológico para el río Tajo y una lámina estable en los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía. Tanto de la parte general como de la concreta, en esta Ley hay un damnificado y se llama trasvase Tajo-Segura.
«Las normas de explotación del trasvase no se han seguido hasta ahora», clamó ayer Barreda, «la estrategia que se ha seguido es trasvasar el agua desde Entrepeñas y Buendía se necesitara o no en ese momento para que el agua estuviera en los pantanos del Segura y esa práctica se tiene que acabar».
La Ley del Agua tiene un artículo 9 con más de seis puntos dedicados al acueducto. Uno de ellos obliga a modificar la actual normativa para subir la raya en los pantanos de cabecera por debajo de la cual no se puede trasvasar. En la actualidad ese mínimo está en 240 hectómetros cúbicos.
Barreda también hizo hincapié en que la Ley permite a la Junta recibir competencias en obras hidráulicas que ahora tiene el Gobierno nacional: «Queremos asumir también en algunos casos la ejecución de las mismas, porque consideramos que estamos más interesados que el Estado y que vamos a ser más rápidos y diligentes».
La normativa también pretende poner «coto» a la apertura de pozos de sequía en la zona manchega de la cuenca del Segura. Además se establece el uso prioritario del abastecimiento del Júcar para la ciudad de Albacete.

«Es nuestro concierto vasco y nuestra deuda histórica»
La Universidad, la Federación de Municipios, los sindicatos, cámaras de comercio, patronal, cooperativas y organizaciones agrarias que dieron su respaldo al fallido Estatuto, ahora están mostrando su apoyo a la nueva Ley del Agua que recoge su testigo.
«Hay tantos motivos para que nosotros necesitemos una Ley del Agua como la que tuvieron los vascos con el concierto vasco o los andaluces con la Ley de Deuda Histórica», explicó Fresneda de Asaja. Elena Escobar, de la organización agraria UPA confía en acabar así con una «injusticia».
El secretario general de UGT, Carlos Pedrosa, denunció que «son falsos aquellos que hablan de defender la agricultura y luego dan la espalda a la defensa del agua». Para CCOO es una apuesta «atrevida». Por su parte, la Universidad se comprometió a seguir ayudando con sus informes.

Se han cumplido cinco años desde que el municipio hellinero realizó las primeras actuaciones para preservar sus reservas acuíferas de la planificación realizada por la Confederación Hidrográfica del Segura para enviar agua a la Región de Murcia, durante una etapa en que la sequía afectó profundamente a las cuencas de los ríos Júcar, Segura y Tajo.
En este tiempo, el tema del agua ha tenido diferentes episodios significativos, con tres protagonistas destacados: de una parte el organismo de cuenca, que durante la mayor parte de este contencioso estuvo presidido por José Salvador Fuentes Zorita y por la otra el Ayuntamiento local, cuyo alcalde, Diego García Caro, ha venido mostrando una oposición radical a este trasvase de las aguas subterráneas. Igualmente, en esta reivindicación permanente por defender los recursos hídricos ha intervenido de manera enérgica la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ha entablado todas las acciones legales pertinentes con el fin de evitar que el agua de esta región se utilizase en la vecina para diferentes fines.
Es también importante resaltar que el regidor hellinero ha sido reiterativo en indicar que nunca se negaría el agua a Murcia, siempre que esta fuese necesaria para el consumo humano, pero de la misma forma, no estaba dispuesto a que con la misma se alimentasen explotaciones agrarias creadas en zonas anteriormente montuosas, o proyectos urbanísticos desarrollados preferentemente para potenciar los recursos del turísticos en el sureste.
Por otro lado y aunque el enfrentamiento con la Confederación alcanzaba cotas más elevadas durante estas cinco últimas anualidades, no deben olvidarse otros hechos anteriores, que igualmente resultaron significativos en esta batalla por los recursos hídricos. Entre los mismos cabe destacar el proyecto que afectaba al pantano de Camarillas y el túnel Talave-Cenajo, que igualmente provocó una oposición férrea por parte del Ayuntamiento de Hellín y el Gobierno regional al proyecto inicialmente previsto para llevar a cabo esta infraestructura.
Si sumamos esta etapa, el conflicto sobre el agua se alarga más en el tiempo, aunque estos contenciosos quedaron en su momento cerrados con una revisión sumamente importante en cuanto a las condiciones de realización del túnel y, especialmente, en la forma en que se realizaría el control del agua trasvasada por el mismo, cuando fuese necesario utilizarlo, de acuerdo a la finalidad para la que fue creado.
A pesar de aquél episodio concluyó en su momento, es importante destacar que la oposición a la concepción del mismo provocó el primer enfrentamiento serio entre el alcalde hellinero y sus compañeros de partido en el Gobierno de España, concretamente con la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.  

Castilla-La Mancha estará «muy atenta» al nuevo marco presupuestario de la Política Agraria Común (PAC) para el horizonte 2014-2020. Y es que el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, considera necesario que la Unión Europea mantenga una «PAC fuerte» que se traduzca en «una cuantificación económica suficiente» para atender las necesidades del sector agrario de los veintisiete países miembros.
Martínez Guijarro asistió ayer a la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para asuntos económicos. Presidido por la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, el encuentro sirvió para analizar la propuesta de la Comisión Europea para la reforma de la PAC presentada la semana pasada en Bruselas. Una propuesta genérica que todavía no está definida en términos económicos, aspecto éste que causa preocupación entre los responsables de Agricultura de las comunidades autónomas. Muchos de ellos consideran que la falta de concreción de la ficha financiera esconde una reducción de los presupuestos para el nuevo horizonte financiero de la PAC.
«Echamos en falta la cuantificación económica de las nuevos objetivos y el criterio de cómo se van a distribuir los fondos», explicó Martínez Guijarro. «La PAC tiene que seguir siendo una partida muy importante dentro del presupuesto de la Unión Europea, máxime cuando en los últimos años se han incorporado nuevos países que ya son miembros de pleno derecho», subrayó el consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
La Política Agrícola Común constituye uno de los principales instrumentos de cohesión de la Unión Europea, un mecanismo de apoyo al sector agrario por el que Castilla-La Mancha recibirá del FEAGA en 2011 algo más de 780 millones de euros. A esta cantidad hay que sumar más de 350 millones para desarrollo rural.

Aguilar toma contacto
La reunión del Consejo Consultivo sirvió para que la ministra conociera de primera mano la opinión de las comunidades autónomas sobre el futuro de la PAC antes de la reunión que mantendrán los ministros europeos de Agricultura el 29 de noviembre. El mantenimiento de los presupuestos actuales y la negativa a que se incrementen las exigencias medioambientales sin la seguridad de que se dispondrá de nuevos recursos financieros fueron algunas de las posturas que se hicieron patentes en la reunión. El Ministerio, que quiere fijar «una posición común», creará un grupo de trabajo en el que estarán representados técnicos de las diferentes administraciones regionales. Asimismo, Rosa Aguilar se comprometió a convocar de manera inmediata una nueva reunión tras la celebración del Consejo Europeo de Ministros y tras los contactos que mantenga con el Comisario de Agricultura con el objetivo de avanzar hacia esa estrategia común.

Con periodicidad
El consenso en torno a la PAC también fue defendido por el consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha que anunció que mantendrá reuniones con las organizaciones agrarias y con el resto de colectivos que trabajan también en el medio rural para fijar entre todos «un posicionamientos común». «Es importante que todos tengamos el mismo criterio y defendamos los intereses de nuestro sector agrario». Por eso ha anunciado que reunirá al Consejo Asesor Agrario en Castilla-La Mancha que prevé que pueda ser convocado para antes de las navidades con independencia de que también se mantengan reuniones bilaterales entre la Consejería y las entidades que forman parte del sector.
Pese a que la comunicación de la Comisión Europa sobre la nueva Política Agrícola Común no especifica el presupuesto para el período 2014-2020, el documento, en palabras de Martínez Guijarro, sí contiene aspectos «positivos e interesantes». Entre ellos destacó la apuesta que hace por los agricultores profesionales, el mantenimiento de los mecanismos de intervención, la mejora de la posición de los agricultores desde el punto de vista de la negociación en la cadena de distribución de alimentos y en el mantenimiento de la política de desarrollo rural.    

Un total de 18 entidades, entre administraciones, asociaciones, sindicatos, organizaciones agrarias comunidades de regantes y particulares de Albacete han presentado alegaciones al Esquema de Temas Importantes (ETI), aprobado recientemente por el Consejo del Agua de la Cuenca del Segura.
Como es sabido, la aprobación del ETI salió adelante sólo con los votos de los representantes de la propia Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y de los de la Administración Central. Según se explicaba desde la Junta de Comunidades, los gobiernos regionales votaron ‘no’ y el resto, o también votaron en contra, o bien se abstuvieron.
Pero hay más voces discrepantes desde Albacete. Por ejemplo, las de los principales ayuntamientos de la Sierra del Segura y la Comarca de los Campos de Hellín; la de las mancomunidades que los agrupan; sindicatos, como UGT; comunidades de regantes, como la veterana Juan Martínez Parras; organizaciones agrarias, como Ucaman; cooperativas, grupos de acción local y asociaciones ciudadanas de todo tipo se cuentan entre las alegaciones al ETI..
Incluso, desde un mismo ayuntamiento, como sucede en Tobarra o en Yeste, alegan tanto el equipo de Gobierno como la oposición. Y, pese a todos los matices y las enormes diferencias políticas que puede haber entre los respectivos alegantes, la inmensa mayoría hace hincapié en un mismo punto, la defensa de los acuíferos subterráneos de la parte albaceteña de la cuenca.
Detallar todos los argumentos empleados sólo en relación a este punto excedería, con mucho, los límites de un sólo artículo. Así, por ejemplo, el Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura destaca que «aunque la propia CHS expone con rotundidad los problemas de sobreexplotación de las aguas subterráneas, el mismo organismo sigue apostando por la extracción de agua de los acuíferos en la cabecera de la cuenca».
SOBREEXPLOTACIÓN. Su alegación resalta que la propia CHS estima en 7.000 hectómetros cúbicos «la sobreexplotación acumulada en todas las masas de la cuenca» (ETI, página 103). Detalla, al mismo tiempo, los nombres de la veintena de acuíferos subterráneos en la parte baja de la cuenca que padecen graves problemas de sobreexplotación y recuerda que, paralelamente, los acuíferos de la parte alta, que son «los utilizados por el organismo de cuenca como recursos extraordinarios» son los menos estudiados por la CHS.
En definitiva, Grupo de Acción Local concluye que «si se ha hecho una deficiente planificación en las concesiones de recursos subterráneos en las cuencas media y baja no se puede intentar solucionar el problema con extracciones de los acuíferos de la Zona Alta».
Por todo ello, se pide la realización de estudios en profundidad sobre los recursos existentes antes de autorizar ninguna extracción de agua y, en todo caso «hasta que se lleve a cabo la revisión del Plan Especial de Sequías».
LA SITUACIÓN IRÁ A PEOR. Por su parte, la Asociación para la Protección de los Recursos Naturales de la Sierra del Segura también hace hincapié en que la propia CHS reconoce «que las aguas subterráneas del sudeste de Albacete están sobreexplotadas, que esta situación nos perjudica medioambiental y socioeconómicamente, y que la previsión para el futuro es que la situación va a empeorar».
Dicha asociación de ámbito comarcal señala que una consecuencia evidente de esta sobreexplotación es que «muchas fuentes han perdido caudal o se han secado». Por este motivo, se pide a la Confederación Hidrográfica del Segura «que no se utilicen nuestros acuíferos subterráneos para regar en las vegas media y baja mediante los mal llamados pozos de sequía, que no son otra cosa que un trasvase encubierto que expolia nuestras reservas».
Por eso, pide «garantías de clausura de los pozos de sequía e investigación y cierre de los pozos ilegales» y que se reconozca que «los innumerables pozos del Sinclinal de Calasparra afectan directamente al Anticlinal de Socovos», y que se proceda a recular «estas extracciones brutales de caudal para poner remedio al expolio de las reservas del acuífero y al descenso de caudal de las fuentes».    

La Administración Central impuso la aprobación del Esquema de Temas Importantes de la cuenca del Segura a pesar del rechazo frontal de todas las comunidades autónomas

Hellín es el municipio que tiene más pozos de sequía abiertos, pero no es el ún

Á.R.

Emilio Fernández

La reciente reunión del Consejo del Agua de la Cuenca del Segura fue de todo, menos participativa. La administración central impuso, literalmente, su opinión a todas las partes, con tal de sacar adelante el llamado Esquema de Temas Importantes, el documento que servirá de base para revisar el Plan Hidrológico de Cuenca.
En su nota oficial, la CHS se olvidó de mencionar que todas las comunidades autónomas implicadas -Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia y Andalucía- votaron en contra del documento. La directora general del Agua de la Junta, Verónica Montero, señaló, además de confirmar el plante general de todas las regiones, que uno de los motivos que le llevaron a decir ‘no’ alcanza de lleno a la provincia de Albacete: los pozos de sequía.
«Uno de los aspectos más preocupantes del Esquema de Temas Importantes es que, literalmente, la Cuenca del Segura reconoce un déficit de recursos que roza el 70% -señalaba ayer en declaraciones a La Tribuna de Albacete- y, además, plantea una serie de ideas, a modo de solución, que, vistas desde nuestra comunidad, son simplemente inviables».
Entre ellas, precisamente, está la pretensión de convertir la llamada Batería Estratégica de Pozos de Sequía, que nació como una solución provisional y puntual a una necesidad extrema, como un recurso permanente para abastecer de agua a los regadíos de las zonas media y baja de la cuenca del Segura, ya en Murcia.
«Castilla-la Mancha siempre se ha opuesto incluso a la mera existencia de esta red de pozos de sequía -afirmó- y, de hecho, recurrió el Real Decreto que amparaba su existencia y lo ganó pero, lejos de enmendarse, lo que pretende la Confederación en este Esquema, en su ficha 10, si no recuerdo mal, es convertirla en un recurso que se usaría de forma constante».
Recordar que la mera creación de la red de pozos de sequía produjo un gran rechazo social entre los pueblos de las comarcas de Hellín y la Sierra del Segura, donde se perforaron bajo el mandato del anterior presidente, José Salvador Fuentes Zorita.

Con más motivo. Montero también explicó que, aunque el asunto de los pozos de la provincia de Albacete habría justificado, por sí solo, el voto negativo de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, hay más asuntos que suscitan el rechazo de la región y la reafirman en su postura.
«Lo que se plantea desde la CHS es irreal, es ajeno a toda lógica, no tiene sentido; todas las cuencas, no sólo el Segura, tienen cada vez menos recursos y cada vez más demandas en sus respectivos ámbitos, no puedes basar el 70% de tus necesidades en recursos ajenos que, encima, los demás no tienen, y eso no es un argumento, es un hecho».
Montero también indicó que, al igual que en Júcar, hay un problema de índole territorial «y es que, también aquí, se pretende que el Estado gestione cuencas internas que, conforme a la Constitución, las debe gestionar Murcia; y esto, si en el Júcar no lo consideramos aceptable, aquí, tampoco, no son parte del Segura».    

La «música» de la nueva PAC le suena bien en el campo castellano-manchego aunque con reservas, porque «no sabemos aún la letra final» de la propuesta. Así lo apuntan tanto las cooperativas como las organizaciones agrarias. Y es que lo bueno -para todos- es que la iniciativa comunitaria apuesta por el agricultor profesional como principal receptor de las ayudas y se da cuenta de la necesidad de garantizar las rentas agrarias, controlar la volatilidad de los precios y primar la producción. En cuanto a lo malo, también coinciden todos en el diagnóstico: La vaguedad del documento y, como denuncia Asaja, UPA y Coag, la no inclusión de un presupuesto firme sobre el que comenzar a debatir.
«El agricultor debe vivir de vender sus productos», apunta el presidente de las Cooperativas agroalimentarias, Ángel Villafranca, quien ve en este primer documento de trabajo un guiño a las «empresas de los agricultores» -las cooperativas- como plataforma para controlar la especulación y la caída de los precios.
Si bien Bruselas no ha detallado aún cómo se van a repartir las subvenciones, Villafranca ya avanza que «las ayudas directas de la PAC han sido una de las causas de la caída de los precios», al ser aprovechadas por la «gran distribución» para regatear con los productos en origen.
Desde Asaja se avanza también algunas de las exigencias que escucharemos en los próximos meses en las mesas de debate, que pasan por que «el presupuesto España debe crecer un 9%».
A priori, el enfoque «verde» que se quiere a la nueva PAC es del gusto de la patronal agraria. Como apunta José María Fresneda, se reconoce el papel fundamental que juegan los agricultores profesionales contra el cambio climático pero, matiza, «todo acaba de empezar» y es necesario que CLM y España defiendan una postura común ante la Comisión.

La Comisión Europea desveló ayer su esperada propuesta para reformar las ayudas de la Política Agrícola Común, más conocida como PAC, en la que se inclina por aumentar las exigencias medioambientales, para incentivar a los productores a que sean más ecológicos.
Un documento de «grandes líneas» que plantea cambios en el reparto de subsidios, pero que deja muchas incógnitas, especialmente sobre su financiación. El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, ha querido empezar a sentar las bases, pero es consciente de que la PAC dependerá de las decisiones generales sobre el presupuesto de la UE a partir de 2014, por lo que su propuesta está aún muy abierta, especialmente en los criterios de la distribución de las ayudas.

Más verde y más justa. Bruselas apuesta por una PAC «más equilibrada, más verde y más justa» y que garantice la producción de alimentos, la lucha contra el cambio climático y el mantenimiento de las zonas rurales. Ciolos insistió en que no quiere que la PAC se «revolucione» sino que «evolucione», en un tono mucho más conciliador que otros antecesores suyos en la CE, que años atrás hablaban de mercado y de liberalización, antes de la actual crisis. No obstante, la CE alerta de la necesidad de cambiar la manera de repartir los pagos.
Ahora, las primas se otorgan por hectárea o por explotación, según unas referencias históricas. Ciolos planteó acabar con esas referencias «obsoletas» y en su lugar poner en marcha otro tipo de ayuda, más «verde» o ecológica, que será más cuantiosa si el productor o el ganadero cumple ciertas exigencias medioambientales.
La ayuda estaría compuesta, por una parte, por una prima fija uniforme para una región o un país y tendría otra parte que se concedería vinculada a que el productor o el ganadero cumpla unos «servicios» al medio ambiente (no está claro si la unidad sería la hectárea). Como ejemplo de tales requisitos ecológicos, la CE cita la conservación de pastos, la rotación de cultivos, el barbecho ecológico o la reserva de zonas para fauna y flora.
Por otra parte, la CE pretende igualar el trato a los agricultores de los antiguos y de los nuevos países de la UE, pero si a simple vista esto hace temer menos dinero para España, en la práctica no se puede saber porque los criterios finales están abiertos.
Otra idea que vuelve y que no fructificó en anteriores reformas es limitar las subvenciones que cobran los terratenientes.

Medidas de control. Aunque sin citarlo expresamente, desde la UE se vuelve a hablar de medidas de control del mercado, tras el batacazo de los precios sufrido desde que entró en vigor la última reforma de la PAC, en 2003. Como indican las Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, el valor de la producción han caído un 26% desde aquel momento, situándose al nivel de hace casi 20 años.
En cuanto a los controles de calidad, desde el sector en Castilla-La Mancha se advierte de que debe venir por una doble vía: destinando fondos para modernizar y aumentar la productividad, como quieren las cooperativas, y exigiendo «lo mismo» a las exportaciones de terceros países, como insiste Asaja. La Consejería de Agricultura, preguntada por La Tribuna, ha preferido esperar a conocer mejor e l texto.  

La organización agraria exige una discriminación positiva para los profesionales del campo, ayudas-estímulo a la producción y a la competitividad y que no se toque el presupuesto

La Comisión europea de Agricultura publicará mañana, con toda probabilidad, el documento con sus consideraciones para la nueva Política Agraria Común y Asaja no se quiere quedar atrás. Ayer presentó un documento con sus propias reflexiones en las que demanda insistentemente el reconocimiento del agricultor a tiempo completo y profesional, las ayudas a la producción y estímulo para la competitividad y que no se toque el presupuesto comunitario para el campo. Son las bases que acordó el Comité Ejecutivo regional de Asaja el pasado 4 de noviembre -al que ha tenido acceso La Tribuna- y que esperan recoja el documento del comisario aunque la esperanza de que eso ocurra es una ‘reflexión’ distinta.
Asaja apuesta por la reforma del régimen de ayudas directas con el fin de lograr una redistribución de los pagos más equilibrada, más sostenible y mejor orientada, que es el segundo de los escenarios que contempla la Comisión Europea entre el mantenimiento del sistema actual con alguna mejora, que «no vale porque el sistema actual no lo acepta la sociedad», y la eliminación total del apoyo a los agricultores «por si cuela», que tampoco contempla la organización, como explicó su secretario general José María Fresneda.
«Entendemos que es lo mejor para Castilla-La Mancha», manifestó, por lo que «nosotros vamos a adelantarnos y damos nuestra posición».

Cambios en las ayudas.
Esa posición contempla un pago básico desacoplado obligatorio para todos los agricultores de cualquier estado miembro o cualquier región de Europa. En segundo lugar un pago ambiental obligatorio, en el que Asaja vuelve a insistir en que se tenga en cuenta al agricultor activo y profesional, «no porque va un día o va tres días tienen que ser los perceptores».
Un pago adicional voluntario vinculado a dificultades específicas del terreno como el clima, y uno adicional acoplado voluntario, para sectores con especiales dificultades. Por último el apoyo a los pequeños agricultores.
En definitiva se haría un mejor reparto de los fondos comunitarios, primando «criterios de profesionalidad, de rentabilidad y de competitividad», para lo que el mantenimiento del presupuesto comunitario debe ser vital como consideró Fresneda, que añadió «yo quiero más, porque hay regiones que perciben tres veces más de lo que percibe Castilla-La Mancha», con lo que también contemplan un paquete de ayudas-estímulo a la producción, la competitividad y una mayor compensación por la aplicación de medidas agroambientales. En materia de gestión de mercados piden mayor control de la calidad de las importaciones, con nuevos instrumentos que creen una red de seguridad alimentaria y eviten la volatilidad de los precios.

«No podemos aguantar otra década de indefinición»
Asaja no quiere un periodo de adaptación a la nueva PAC que se está debatiendo en estos momentos, «nosotros no aceptamos un periodo transitorio largo», dijo José María Fresneda, y explicó que «si tuviera que hacerse para adaptarse, breve, muy breve porque nos ahoga».
«Es necesario que el nuevo sistema comience a aplicarse de manera inmediata», sostuvo el secretario general de Asaja que advirtió del riesgo que eso puede suponer para la seguridad jurídica de los agricultores.
«No podemos permitirnos una nueva década de indefinición, sería terrible para el sector», sentenció Fresneda, del mismo modo que clamó por que no hubiera «ni cambios continuos, ni cambios de orientación o más chequeos médicos, más chequeos ya no».

Unidad de acción.
En el intervalo de la publicación del documento de reflexiones por el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, y la primera propuesta de reglamento de la PAC que podría florecer la próxima primavera, se producirá el grueso de las negociaciones entre países. Es aquí donde Asaja demanda una postura firme por parte del Ministerio y del Gobierno regional, para lo que exigen una «postura nacional, única y uniforme», ya que a día de hoy no existe un modelo de política agraria nacional, lamentó Fresneda, «como tiene las grandes potencias en agricultura», reconoció.
Esa unidad de acción, necesaria según Asaja para fortalecer la postura en las negociaciones, no descarta que las medidas que se aprueben a nivel comunitario puedan tener un desarrollo regionalizado.