Ecologistas en Acción le acaba de abrir un nuevo frente al Júcar y al Tajo-Segura en Bruselas y, además, ha introducido en su reclamación un asunto, literalmente, capital para todos los usuarios: los precios del agua.
Esta reclamación ante la Comisión Europea se une a las que ya están presentadas por otras organizaciones, como WWF-Adena, contra la manera de aplicar la Directiva Marco del Agua en España y que han motivado la apertura de un expediente de infracción contra nuestro país.
Desde Ecologistas en Acción de Albacete se señalaba que nuestra provincia, precisamente, encarna muchos de los problemas que se describen en la denuncia de la organización ante las autoridades comunitarias y uno de sus integrantes, Cipriano Escribano, repasó para La Tribuna de Albacete el texto de la reclamación ante la CE.
La queja, admitida a trámite la semana pasada, se basa en el incumplimiento, por parte de España, de los preceptos de la DMA (Directiva 2000/60/CE) en tres aspectos: el enorme retraso que acumula la revisión de los planes hidrológico de cuenca, la ausencia de una política tarifaria que asegure la recuperación de los costes del agua, y las carencias del proceso de revisión, en lo tocante a la participación pública.
En el primer punto, Albacete tiene una implicación directa. Recordar que, cuando se publicó la DMA, se estableció que los planes de cuenca debían estar publicados «a más tardar» nueve años después de su entrada en vigor, esto es, en 2009.
El problema es que, en octubre de 2004, el Supremo ordenó la exclusión de las cuencas internas de la Comunidad Valenciana del ámbito de la futura Demarcación del Júcar, a resultas de una demanda interpuesta por la Fundación para el Progreso de Albacete.
Desde entonces, ni el Gobierno central, ni la Confederación del Júcar (CHJ) han sido capaces de lograr un acuerdo sobre el ámbito territorial de la Demarcación. Y, por eso, Ecologistas en Acción afirma que el retraso de «mayor gravedad» es, precisamente, el que lleva encima el Júcar.
«El Esquema Provisional de Temas Importantes inició su consulta el 18 de diciembre de 2009», afirma la reclamación admitida a trámite por la Comisión. Los ecologistas también subrayan que lo que debía estar listo no era ese esquema, sino el plan «antes del 31 de diciembre de 2009». Pero la auténtica carga de profundidad viene a continuación, y en relación a una obra polémica para todo Albacete y, en general, para toda Castilla-La Mancha:el trasvase Tajo-Segura. «Probablemente, la tarifa más cara de aguas para riego que se paga en España sea la que pagan los usuarios del trasvase Tajo-Segura», afirmaba ayer Escribano, «pero es de sólo 12 céntimos de euro el metro cúbico, cuando el agua para consumo humano se cobra a partir de un euro». Esta situación provoca, a juicio de los ecologistas, una discriminación de los usuarios de abastecimiento en beneficio de los de regadío. Ya que, según la organización, a los primeros no se les perdona ni una, mientras que los segundos cuentan con una política tarifaria mucho más favorable.
«El usuario de abastecimiento paga el 100% de los costes a través del precio del agua y, vía impuestos, paga religiosamente todas y cada una de las obras hidráulicas, sean para consumo humano o sean para riego», destacó Escribano, «pero eso no pasa con los regantes». Así, el usuario de abastecimiento paga las depuradoras, las traídas de aguas superficiales o las plantas de ósmosis. Y, de una forma u otra, también paga, por poner ejemplos, todas las obras que se han hecho sobre o en torno al trasvase desde que se creó.    

El campo retoma la protesta y vuelve a salir a las calles, esta vez en Mérida, donde se reunirá el Consejo de Ministros de la UE ante quienes se hará patente la protesta agraria por la situación «desesperante» de las explotaciones, señaló José Pérez Cuenca, presidente de Asaja en Albacete, en rueda de prensa junto al vicepresidente Eduardo Esteso, y Jorge Navarro, secretario general.
Pérez Cuenca justificó la convocatoria del 1 de junio ante la indiferencia del Gobierno tras la masiva manifestación del sector celebrada en Madrid el pasado 21 de noviembre, y por la insostenible situación del sector tras años de pérdida de poder adquisitivo «con cultivos que se venden por debajo de unos costes de producción que no dejan de subir». Entre ellos, el presidente de Asaja se refirió al «serio problema» que ha causado en el regadío de Albacete el incremento de las tarifas eléctricas.
Pérez Cuenca mostró la decepción de Asaja porque los compromisos anticrisis del Gobierno «no se han cumplido casi ninguno». Lamentó el presidente de la organización agraria que las propuestas para hacer frente a los problemas del campo «no hayan salido adelante, tras más de cinco meses». Cuenca subrayó que tampoco se ha hecho nada respecto a los precios y consideró, por otra parte, que relanzar las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur para alcanzar acuerdos y abrir los mercados a los productos sudamericanos acarrearía pérdidas para los agricultores comunitarios y sería «guillotinar la agricultura y la ganadería en España y Europa».
Pérez Cuenca señaló, además, que el Tribunal de la Competencia «se ha vuelto en contra de los agricultores» a quienes han llegado a multar por llegar a acuerdos con industriales. El presidente de Asaja rechazó la congelación de las pensiones que en el medio rural «rondan los 600 euros mensuales y han costado mucho trabajo sacarlas adelante».
Por todos estos motivos, Asaja junto al resto de organizaciones agrarias, participará en la concentración que se llevará a cabo el próximo día 1 de junio en Mérida para protestar ante los ministros del ramo de la UE «por la mala política agraria del Gobierno de España -dijo Pérez Cuenca- y plantear la incógnita sobre el futuro agropecuario a partir de 2013 (fecha en que desaparece la PAC)». Finalmente, Pérez Cuenca reivindicó la figura del agricultor profesional y señaló que Asaja pondrá autobuses a disposición de quienes deseen acudir a Mérida.

La Junta de Comunidades ha confirmado, oficialmente, lo que fuentes de Protección Civil en Castilla-La Mancha ya habían adelantado a La Tribuna de Albacete : ninguna de las grandes presas y embalses de la provincia está lista para hacer frente a una emergencia en caso de rotura.
La confirmación está contenida en el Pricam (Plan de Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha) que entró en vigor recientemente. Según consta en el mismo, en Castilla-La Mancha, hay 54 presas; de ellas, sólo 12 tienen un Plan de Emergencia listo para aplicarse, si fuese preciso; y, de ellas, ninguna está en Albacete.
Recordar, tal y como se publicó en estas mismas páginas, que en Albacete hay 12 presas de gran tamaño; de ellas, 10 tienen un nivel potencial de riesgo A, el más alto de la escala, el que, conforme a la reglamentación vigente, presenta un mayor peligro para bienes y personas en caso de rotura.
La mayor parte de estas presas del tipo A se encuentran en el Alto Segura, la zona de España con mayor concentración de infraestructuras hidráulicas de este tipo. Los municipios afectados por esta situación son, sobre todo, Yeste, Nerpio y Hellín, donde se encuentran las de mayor tamaño.
Son, por ejemplo, Camarillas, El Cenajo, Fuensanta, Taibilla o el Talave. En julio pasado, la Dirección General de Protección Civil , dependiente del Ministerio del Interior, aún no tenía sus planes de emergencia para, a su vez, pasárselos a Protección Civil de Castilla-La Mancha, la encargada de aplicarlos en caso de situación de emergencia.
En esa fecha, Interior sólo tenía tres planes, y ninguno de ellos correspondía a alguna de las grandes presas de la provincia: Rambla de los Charcos, en Tobarra; Rambla de Bayco, entre los términos de Ontur y Fuenteálamo, y Rambla del Boquerón, en Hellín.
Pero, según consta en la documentación oficial del Pricam, esos planes, aún estando aprobados, tampoco se encuentran en manos de los responsables directos de su aplicación, los técnicos de Protección Civil de Castilla-La Mancha.
Según el listado incluido dentro de la documentación del Pricam, las 12 presas de Castilla-La Mancha cuyos planes de emergencia ya están en manos de los técnicos de Protección Civil en la región se encuentran en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara.
«Del resto de presas que deben desarrollar el plan de emergencias no se posee información -dice literalmente el documento- por lo que hemos de suponer que los planes se encuentran bien en fase de desarrollo, bien en fase de homologación por Protección Civil (estatal) o las Confederaciones Hidrográficas correspondientes».
El mismo documento subraya que un representante de Protección Civil de Castilla-La Mancha «forma parte de los Comités de Implantación de los Planes de Emergencia de las presas ubicadas en nuestra región», ya que los mismos deben incorporarse a los planes específicos de emergencia de la comunidad autónoma.

El Alto Segura no se encuentra en Guadalajara, sino en Albacete. Es un tercio de la provincia, pero no acaba de despegar porque le falta agua. Y uno de los que mejor lo sabe es Antonio Mompó, delegado de Agricultura que, hace casi 30 años, estaba en Yeste, intentando sacar adelante los primeros programas de desarrollo rural.
¿Qué peso tiene el Segura en los regadíos albaceteños?
Albacete se reparte entre cuatro cuencas hidrográficas. Las más importantes son el Júcar, con 100.000 hectáreas, y el Segura, que tiene 40.000, aunque hay muchas diferencias entre ambas zonas, según el cultivo o el tamaño de la explotación.
¿Por qué no tienen el peso económico de los del Júcar?
Por las hipotecas que pesan sobre el agua y su gestión. En Albacete tenemos grandes recursos hídricos y grandes obras hidráulicas sobre los que no tenemos ningún control. Hellín es, quizás, el mejor ejemplo, porque es una de las localidades con mayor densidad de obras hidráulicas del mundo. Obras sobre las que los hellineros no pueden decidir, en modo alguno. Y aunque Hellín es el caso más significativo, en la Sierra del Segura hay otros, como Yeste, Liétor o Socovos, que están en una situación parecida. Por ejemplo, llevamos mucho tiempo intentando sacar adelante unos regadíos sociales junto al Cenajo, y no hay forma, todo son trabas y, al mismo tiempo, en esa misma zona, hay pozos de sequía que se controlan desde Murcia.
¿Cómo romper esas hipotecas sobre el agua?
Pidiendo para nosotros lo que ya tiene Murcia, sólo eso.
¿Más agua?
Decir eso es muy simple. No pedimos agua porque sí, sino porque comarcas como la Sierra del Segura tienen el mismo derecho que las demás a desarrollarse, estén en Murcia o en Albacete. Nosotros no somos quien para decidir sobre las decisiones que otras regiones tomen sobre su futuro y la forma en que quieren crear riqueza y empleo. Pero, por la misma regla de tres, no queremos que nadie nos diga cómo podemos crear riqueza y empleo aquí.
Pero, mientras tanto, ¿qué ha hecho la administración regional por la comarca?
Entre 1996 y 2009, en Albacete, hemos modernizado unas 104.000 hectáreas. La inversión ha sido de 143 millones de euros, de los que 56 han sido ayudas públicas. Según nuestros cálculos, verificables y públicos, esto ha supuesto ahorrar 100 hectómetros cúbicos de agua al año. En cuanto a los regadíos sociales, se han llevado a cabo transformaciones en pueblos como Montealegre, Hellín, Tobarra, Fuenteálamo, Albatana y Férezy hay una en marcha en Socovos.
¿Algunos de esos municipios no forman de la Denominación de Origen Jumilla?
Yo no me fijaría sólo en el vino. Muchas transformaciones al regadío se han hecho en viñedos que, a su vez, forman parte de la DO Jumilla, pero también buena parte de nuestros melocotones y albaricoques van a la industria transformadora murciana. Y eso también sucede con otras producciones, hay más ejemplos, en los que se produce en Albacete y se transforma en Murcia. Esto muestra una gran inconsistencia en cierta clase de discursos que se hacen desde la región vecina, pues buena parte del beneficio de su industria agroalimentaria procede de nuestra región. Y nos muestra que el único camino posible para que la actividad agraria sea rentable es transformar y comercializar, creando valor añadido que se quede en Albacete como, precisamente, ya hacen los bodegueros albaceteños de la DO Jumilla, al igual que sus colegas murcianos, porque hay sitio y negocio para todos si se hacen bien las cosas.
¿Estaría usted dispuesto a dejar de cobrar por el agua que se trasvasa a Murcia, con tal de que se quede en la región?
Claro que sí, pero yo iría aún más allá y le recordaría al Gobierno del señor Valcárcel que Murcia paga por el agua que usa, pero Albacete también. A mí nunca me ha gustado que digan que tienen derecho al agua del trasvase porque la pagan. No sé qué insinúan con eso, ¿que a los regantes albaceteños les sale por la cara?    

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, se mostró ayer convencido de que un trasvase desde el Tajo medio «no se va a hacer en ningún caso», y avanzó que «nosotros nos opondremos con toda la fuerza».
A preguntas de los medios, por el estudio que va a llevar a cabo Extremadura para analizar si es factible realizar un trasvase desde el pantano de Valdecañas al Levante español, Caballero señaló que «hemos dejado claro que estamos en contra del trasvase, también desde el Tajo medio».
Agregó que si hasta ahora se mantiene el trasvase desde la cabecera del Tajo «es porque está construido y está hecho, pero desde luego lo que es evidente es que no va a prosperar una infraestructura que suponga un trasvase desde el Tajo medio». «Nosotros nos opondremos, dentro de la ley, pero con toda la fuerza que nos da el apoyo de la sociedad de Castilla-La Mancha», concluyó.

y Medio Rural, así como Ingeniería Forestal.
Así lo puso de manifiesto ayer el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete, Francisco Montero, que indicó que en el transcurso del acto también se entregaron reconocimientos a las empresas e instituciones que han colaborado con la Escuela de Ingenieros Agrónomos, haciendo especial hincapié en la actividad profesional, de ahí que también los tres colegios profesionales que representan a las tres titulaciones que hasta que finalice este curso se impartirán en esta Escuela serán en cierta manera premiados, así como instituciones como el ITAP o la Junta Central de Regantes, instituciones y empresas que también han jugado un papel muy importante en la formación en prácticas de los alumnos y en la financiación de los proyectos de investigación desarrollados.

ENTREVISTA A PACO BELMONTE EXPOVICAMAN 2010. CARTEL JCRMO.pdf

«Parece que Cospedal es la mejor aliada que tiene el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, para hacer valer sus reivindicaciones en materia de agua. Sería mucho más interesante que los dirigentes del PP se dedicaran a trabajar de la mano del Gobierno y de la sociedad de CLM para defender lo nuestro, en vez de atender y estar de lado de las tesis del presidente de Murcia». La portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Rodríguez, respondía así a la información que ayer aparecía en este diario, donde se advertía de que los ‘populares’ habrían solicitado a las Cortes regionales el número de campos de golf en funcionamiento y la fecha de concesión de licencias en las cinco provincias.
«El Gobierno de Murcia está haciendo lo que debe, que es defender lo suyo. Lo que no entiendo es que los dirigentes del PP regional, en lugar de estar dando la batalla por CLM, lo que estén haciendo es cuestionando el propio uso que en la Región hacemos del agua», concluyó Rodríguez.

Respuesta popular. Sin embargo, la ‘popular’ Ana Guarinos no ve extraño que un diputado de su partido ejerza el derecho a preguntar del que goza cualquier parlamentario. «Si no hay nada que ocultar, no entiendo qué problema hay» en que se pregunte a la Junta por los campos de golf en la comunidad.
Y dentro de la ‘guerra’ por el agua reabierta con el Levante, la portavoz regional detalló algunos puntos del recuso que ha interpuesto la Junta contra la Confederación del Segura y la Dirección General del Agua. Ambas administraciones han negado el derecho de la Región a ser informada e intervenir en la tramitación de 61 expedientes que solicitan derechos sobre el agua del Tajo Segura. Expedientes que, según advierte la Junta, podrían blindar otros 400 Hm3 de agua para el Levante.  

Gracias al acuerdo firmado ayer, los usuarios de Iberdrola de Castilla-La Mancha ya pueden recurrir al sistema arbitral en caso de tener un conflicto con la eléctrica. Es la primera vez que una gran compañía energética se lanza a dar este paso y, como subrayó ayer el responsable de comercializadoras de Iberdrola, José Carlos Villalvilla, esta andadura comienza en Castilla-La Mancha y se extenderá a otras regiones.
El director del Instituto de Consumo, Jesús Montalvo, explicó que en caso de disconformidad los clientes deben en primer lugar ponerse en contacto con la empresa para «intentar resolver de forma amigable la problemática que haya». Si no hubiera acuerdo, se podría solicitar el arbitraje, que es la novedad, ya se haga a título individual o mediante una organización de consumidores o una oficina municipal de información.
«Es una especie de tribunal, formado por un presidente, un secretario, un representante del sector empresarial y otro de los consumidores», explicó Montalvo, «se toma una decisión en forma de laudo, de obligado cumplimiento para las dos partes». Añadió que el sistema de arbitraje es gratuito y que busca resolver los conflictos «lo antes posible».
Asociaciones de consumidores y las eléctricas llevan precisamente un año de tira y afloja. El responsable de Iberdrola indicó que en algunos meses alcanzaron el millón de llamadas telefónicas, lo que multiplica por tres la media de atención al consumidor. «El sector energético ha vivido muchos cambios importantes en el último año y medio, que se han hecho de forma muy rápida por parte de la Administración», destacó.
La presidenta del Consejo de Consumidores de la Región, Begoña de la Cruz, aprovechó ayer para demandar que las facturas mensuales se correspondan con lecturas reales. Para conseguir esta meta, instó a presionar al Ministerio de Industria. Villalvilla coincidió con ella en defender que lectura y facturación «vayan acompasadas».  

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado interponer un recurso Contencioso-Administrativo contra la negativa de la Confederación del Segura a que Castilla-La Mancha intervenga como parte legítima en la tramitación de 61 expedientes que otorgarían a regantes del Segura derechos sobre caudales procedentes del Trasvase Tajo-Segura. Castilla-La Mancha considera que al tratarse de derechos de aguas procedentes de la cabecera del Tajo, en caso de autorizarse, perjudicarían seriamente los intereses de la Comunidad Autónoma sobre las aguas que discurren por su territorio.
Inicialmente se presentó un requerimiento ante la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, para que revocase esa decisión, y ante la falta de respuesta de la Dirección General, el Gobierno de Castilla-La Mancha también ha decidido recurrir ese silencio administrativo por el que quedaría rechazado el requerimiento.
Por otra parte, a propuesta de la Consejería de Salud se ha aprobado una inversión de 89,5 millones para el desarrollo de las obras de la primera fase de la ampliación y reforma del Hospitalario Universitario de Albacete, un proyecto al que se destinarán más de 130 millonea.
A propuesta de la Consejería de Industria, se ha autorizado la construcción de 53 puntos limpios en la región, en los que se invertirán más de 14,8 millones.
Asimismo, se ha aprobado la Orden por la que se convocan las ayudas del Plan Renove de equipos de climatización para 2010. Se invertirán 500.000 euros para la sustitución de calderas y equipos de aire acondicionado.
Del mismo modo, se ha aprobado la prórroga del contrato de asistencia técnica en materia de seguridad TIC y protección de datos de carácter personal dirigido a ciudadanos, empresas, entidades locales y empleados públicos de la Administración regional que trabajan con datos de carácter personal.
A propuesta de la Consejería de Trabajo, se ha aprobado el Decreto que regula el procedimiento y concesión de subvenciones a las organizaciones empresariales y sindicales para potenciar la prevención de riesgos laborales. También se ha aprobado una inversión de casi 300.000 euros para fomentar el empleo de las personas con discapacidad.
A propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, se ha aprobado un Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a la Universidad de CLM, el Consejo de la Abogacía, el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial para formación.