El PP regional parece haberse lanzado a la ‘guerra del agua’ por su cuenta. En plena polémica sobre el riego de campos de golf en Murcia con agua del trasvase Tajo-Segura, los populares castellano-manchegos se preparan para investigar este tipo de centros recreativos, pero no en la región vecina, sino en la propia Castilla-La Mancha.
El diputado popular por Albacete José Luis Teruel solicitaba el día 9 de abril en las Cortes regionales información sobre el número de campos de golf en funcionamiento y la fecha de concesión de licencias en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, tal y como consta en el registro del parlamento autonómico. Apenas una semana después de que la Universidad de Castilla-La Mancha certificara en un estudio el uso de agua del trasvase para el riego de campos de golf en Murcia y justo un día después de que el PP nacional retirara su apoyo a la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso.
Un interés ‘popular’ por los campos de golf castellano-manchegos que choca con la poca atención mostrada por la oposición regional en torno al ya citado informe universitario, elaborado por el Centro de Estudios del Agua y donde se alerta de la falta de control de la Confederación del Segura sobre los recursos del trasvase del Tajo. Durante la comisión parlamentaria que debatió este estudio en Castilla-La Mancha, los ‘populares’ dudaron de la veracidad del informe y la objetividad de sus autores y se demarcaron de la posibilidad de abrir acciones legales contra la Confederación del Segura, tal y como estudia ya la Junta de Comunidades, más aún ante el aumento de este tipo de centros de ocio en plena sequía.
Una postura ‘popular’ de desinterés por los usos del agua en Murcia que, si embargo, sintoniza con la postura del partido en El Levante, donde se ataca al informe castellano-manchego alegando el cobro de cánones por el uso del agua del trasvase e insinuando que en Castilla-La Mancha también se riegan campos de golf, sin matizar que, en este caso, los riegos se realizan con agua de sus propias cuencas.    

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, se reunirá dentro de una semana con regantes del acuífero Rus-Valdelobos y con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, para buscar una solución a la gestión de esta masa de agua subterránea, justo en la linde -o bajo ella- de dicha cuenca hidrográfica con la del Júcar.
El acuífero Rus-Valdelobos abarca una superficie de 170.000 hectáreas, de las que 20.000 se cultivan en regadío. Está a caballo de las provincias de Albacete y Cuenca y, en Albacete, abarca parte de los términos municipales de Villarrobledo y Munera, según explicaba ayer a La Tribuna de Albacete Francisco López Collado, uno de los afectados.
«Por poner un ejemplo, sólo en Villarrobledo, este acuífero tiene una importancia económica tremenda -señalaba- porque abarca la mitad del término municipal y cerca del 70% de sus regadíos más productivos, de él dependen tanto viñedos como explotaciones hortícolas, especialmente de cebolla».
En la provincia de Cuenca, el acuífero Rus-Valdelobos tiene una importancia similar -el 45% de la superficie total- en El Provencio, y es aún mayor en San Clemente, pero también ‘toca’ parte de otros, como puede ser el caso de Las Pedroñeras, otro término eminentemente agrícola.
El problema es que este acuífero no es del Júcar ni del Guadiana, sino todo lo contrario. Y, según subraya López Collado, cuando los regantes han intentado organizarse, tampoco les han dejado, lo que les ha llevado a acudir al Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha y, ahora, a su homólogo nacional.
«La masa de agua Rus-Valdelobos se encuadró en el Guadiana, porque sus aguas superficiales vierten a esa cuenca -explica- pero no tiene ningún curso superficial de agua y resulta que sus aguas subterráneas vierten al Júcar, al acuífero de la Mancha Oriental».
Como las masas de agua no entienden de límites administrativos, la Directiva Marco del Agua de prevé este caso. Lo que establece la DMA es que, ante una situación como ésta, los organismos de cuenca, Júcar y Guadiana,se coordinen para gestionar el acuífero.
«Pero resulta que la Confederación del Guadiana no ha tenido mucho interés en buscar una solución -afirmó- y, cuando los regantes nos quisimos organizar, siguiendo el modelo de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, nos denegaron esa posibilidad; por eso, precisamente, nos fuimos al Defensor regional».
La reunión con Martínez Cenzano tuvo lugar en Albacete, en fechas recientes, y éste, al tratarse de un asunto en el que está implicada una entidad dependiente de la Administración nacional, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, optó por elevar el expediente al Defensor nacional, quien les recibirá el próximo día 18.  

Un total de 74 ayuntamientos, entre ellos el de Albacete capital, han recibido el premio Bandera Verde-Municipio Responsable por su gestión medioambiental y de consumo responsable, aunque sólo 17 de ellos han obtenido la distinción en todas sus modalidades.
Los galardones, que otorga la Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI), premian aspectos como la recogida de residuos y limpieza, el consumo energético y contaminación, la educación ambiental y participación ciudadana, la gestión del agua y el compromiso ambiental por la calidad del entorno.
Alcalá de Henares, Alcobendas y Villaviciosa de Odón (Madrid), Santander y Castro Urdiales (Cantabria), Gijón (Asturias), Ponferrada (León), Albacete, Benissa y Teulada-Moraira (Alicante), La Eliana (Valencia), Ayamonte y Punta Umbría (Huelva), Amurrrio, Mungía y Basauri (Vizcaya) y Burela (Lugo) son todos los premiados en las cinco categorías.
Este distintivo, cuyo objetivo es discriminar de forma positiva el compromiso medioambiental y de consumo responsable adquirido por las administraciones locales, se ha entregado a otros 57 ayuntamientos más, que han destacado en algunas de las modalidades en las que han presentado su candidatura.
Entre éstos se encuentran ciudades como Valencia, La Coruña, Murcia, Valladolid, San Sebastián o la de Cádiz.

Entrega. El director del Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha, Jesús Montalvo, fue el encargado de entregar el galardón a Albacete, recogido por Ramón Sotos, concejal de Sostenibilidad. Montalvo subrayó la corresponsabilidad de los ciudadanos en estos premios, ya que «como consumidores y ciudadanos del siglo XXI, debemos actuar con responsabilidad, utilizando de manera racional nuestros recursos económicos, participando en la conservación del medio ambiente y también en la consecución de un desarrollo sostenible».
La presidenta de FUCI, Agustina Laguna, destacó que «la convocatoria de estos premios supone para la Federación un gran esfuerzo, pero también una enorme satisfacción ya que tenemos la oportunidad de conocer, valorar y destacar el compromiso y la labor que realizan las corporaciones locales por el medioambiente y el consumo responsable en sus municipios». Mientras, Joost Martens, director general de Consumers Internacional, valoró la iniciativa «porque permite conocer de primera mano la realidad medioambiental de los municipios españoles».  

La mayor parte de las principales presas y embalses albaceteños siguen sin estar preparados para hacer frente a una emergencia. Y no es por falta de voluntad de los responsables técnicos, sino por culpa de un proceso administrativo y legal sumamente lento y complicado.
Esta situación afecta, por ejemplo, a los grandes embalses albaceteños del Segura, como son Fuensanta, en el término municipal de Yeste; Taibilla, en Nerpio o Camarillas y El Cenajo, ambos situados en el término muncipal de Hellín. O al embalse de Almansa, en la cuenca del Júcar.
Todos los citados tienen el nivel ‘A’ de riesgo potencial que, conforme a los criterios para esta clase de obras, son las que presentan un mayor riesgo para bienes y personas en caso de rotura. Para hacerse una idea, señalar que éste es el nivel de seguridad de la presa de Tous, tristemente célebre por la ‘pantanada’ de 1982.
La rotura de la presa de Tous, en el Júcar, que causó la muerte de nueve personas y cuantiosos daños materiales, fue el punto de partida de un proceso que, 30 años después, no ha terminado aún.
En 1983, un año después de la tragedia, se puso en marcha el llamado Programa de Seguridad y Explotación de las Presas del Estado, que preveía la inversión de 120 millones de euros -por aquel entonces, 20.000 millones de pesetas- sólo en seguridad.
Entre 1995 y 1996, se promulgaron la Directiz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones y el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, donde se establecen cuatro niveles de riesgo (A,B,C, y D).
La previsión era que el catálogo de presas y embalses, con los correspondientes niveles de seguridad, estuviese acabado en 1997. Pero, en 2003, la situación no había avanzado demasiado.
En una respuesta parlamentaria, el Gobierno de la época, del PP, admitió que sólo se habían catalogado 752 presas de las 1.629 que estaban en construcción, proyecto o explotación. De ellas, sólo «una minoría» tenía los planes de explotación aprobados.
Al menos, por aquel entonces las principales presas y embalses de albaceteños ya tenían su nivel de seguridad asignado. Todas ellas eran del tipo ‘A’, el de mayor riesgo en caso de rotura, excepto Taibilla-Toma, que pertenece al ‘B’.
La situación no ha mejorado mucho bajo la actual administración socialista. En julio de 2009, según la relación publicada por la Dirección General de Protección Civil, sólo tres presas albaceteñas tenían un plan informado o aprobado: Rambla de los Charcos, Rambla del Bayco y Rambla del Boquerón, las tres de la CHS.
Pero el problema es aún mayor, si se tiene en cuenta que una cosa es tener un plan aprobado y otra, muy distinta, tenerlo en condiciones de ser aplicado en caso de una emergencia real.
Y ahí donde se choca contra la burocracia. El titular de la presa redacta el plan de emergencia; se lo pasa a la Confederación Hidrográfica correspodiente, que se lo pasa a la Dirección General del Agua, que se lo pasa a la Dirección General de Protección Civil.
Una vez obtenidos todos los vistos buenos y pronunciamientos favorables, el expediente desanda el camino de nuevo hasta el titular -en Albacete, las mayores presas son propiedad del Estado- y éste, con el plan ya aprobado, se lo pasa a los organismos que se encargan de aplicar el plan.
En Albacete, eso corresponde a Protección Civil de Castilla-La Mancha. Fuentes del Gobierno regional, consultadas por La Tribuna de Albacete, reconocieron que, por el momento, no les ha llegado ningún Plan de Emergencia correspondiente a nuestra provincia.
Y la situación estatal tampoco es mejor. En febrero de 2010, los planes aprobados sólo eran 187; los que estaban en análisis en la Dirección General del Agua, 174; y, en Protección Civil, sólo 45.

Me llama la atención que al Gobierno murciano le preocupe que pidamos transparencia en el uso del agua», dijo ayer Julián Sánchez Pingarrón. El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda contestaba de esta forma a las declaraciones del secretario general del PSOE de Murcia, Pedro Saura, quien anunció el miércoles que solicitaría, a través de una moción en la Asamblea regional, que el Gobierno central analizase el uso que hace Castilla-La Mancha del agua del Tajo y el Guadiana.
El responsable regional explicó que lo único que el Gobierno castellano-manchego pretende es conocer con qué concesiones se están regando los campos de golf de la comunidad vecina. «Queremos tener esa información para saber si es correcta o no», dijo en relación al informe que ha elaborado el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), en el que se demuestra que los campos de golf de la Región de Murcia se están regando con agua procedente del trasvase Tajo-Segura.
Recordó que toda la información que maneja la Junta «nos lleva a pensar» que, tras atravesar años de sequía en los que se restringían los usos de agua, y «se abrían pozos para combatir la sequía en Albacete, se estaban regando campos de golf» en Murcia. Apuntó que el Gobierno regional dispone de fotografías por satélite que lo atestiguan: «esos campos de golf siempre han estado verdes cuando agricultores y acuíferos se veían esquilmados para coger agua», apostilló.
Por todo ello, confesó sentirse extrañado al conocer que al Gobierno murciano le preocupa que la Junta quiera transparencia en el uso del agua proveniente del trasvase. «Cuando a alguien le preocupa la transparencia es porque quiere o debe ocultar algo», opinó.
Así, invitó a Saura a venir a la ciudad de Toledo y comprobar de primera mano la calidad del agua del río Tajo. Es más, continuó, «si quiere podemos comer en el Parador, de donde podrá divisar con toda tranquilidad la calidad que hoy lleva el Tajo y si es capaz de bañarse en el río, o si es capaz simplemente de asomarse a la orilla».    

Los partidos de Castilla-La Mancha siguen enzarzados en su particular guerra del agua. Ayer el portavoz del PSOE en las Cortes, Santiago Moreno, acusaba al PP regional de «estar al servicio de Murcia y Valencia», ya que con su silencio es copartícipe del pacto sellado entre Rajoy y Valcárcel para tumbar la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso. Pacto en el que también incluyó a Cospedal, «que ha estado siguiendo el guión desde diciembre» a sabiendas de cuál iba a ser el final del texto. Acusaciones sobre las que los populares se niegan a responder. Preguntada ayer al respecto, la diputada Carmen Casero salió por la tajante.
Moreno insistió ayer en la existencia de un pacto en el PP para «evitar que Castilla-La Mancha tenga una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos». Una exigencia de los populares de Murcia y Valencia que, según el PSOE, viene a pagar el apoyo de Camps y Valcárcel a Rajoy en el último congreso del partido. Un congreso donde Cospedal también fue designada secretaria general y «lo está pagando a costa de Castilla-La Mancha».
La líder de la oposición «debe renunciar, por decencia política, a su escaño en las Cortes regionales», sentenció Moreno.

Mentiras en la web . Los populares ayer también pidieron cabezas, pero en su caso la del presidente de la Junta, José María Barreda, por, dicen, haber usado la web oficial del Gobierno regional «para dar cobertura a sus mentiras».
En concreto, el PP hacía referencia a un enlace de la web de la Junta a una entrevista televisiva del presidente, donde afirmaba que la propuesta del PP no incluía la prioridad de la cuenca cedente al agua del Tajo.
«Ya estamos cansados de que con nuestro dinero se dé cobertura a las mentiras de Barreda, desesperado por justificarse ante los ciudadanos», afirmó Casero. Y apoyó su argumentación con una fotocopia de la propuesta ‘popular’, donde se habla de el «principio de prioridad de las cuencas cedentes que establece la legislación vigente».
Por otro lado, hoy se celebra una nueva sesión de la comisión parlamentaria que estudia el informe de la UCLM sobre los riegos de campos de golf con agua del trasvase.  

Las réplicas por el frustrado final de la reforma del Estatuto castellano-manchgego continúan. Ayer el Gobierno regional, a través de su delegado provincial, Modesto Belinchón, extendía las explicaciones de los motivos de la retirada del texto, hace dos semanas, a los representantes de la Confederación de Empresarios FEDA y de la Cámara de Comercio. Sus presidentes, Artemio Pérez y Antonio Atiénzar, se reunieron con Belinchón, que apuntó que la reunión quería servir «para compartir las razones de la retirada del Estatuto, el no poder renunciar a la reserva hídrica de 4.000 hectómetros que es el presente y futuro de la región, y también la dignidad de esta tierra». El presidente de FEDA, Artemio Pérez, indicó por su parte el respaldo a las tesis de Cecam y de su presidente, Ángel Nicolás, tesis que fueron criticadas por el Partido Popular acusándole de plegarse a la postura del Gobierno regional. Frente a ello, Pérez indicó que «he formado parte de la Mesa del Agua, estuve cuando el Estatuto se presentó en las Cortes, y al PP lo vimos en positivo. En el transcurso de dos años ha cambiado la situación y las posiciones, no entendíamos porqué; en la última reunión de la Mesa del Agua pedí al presidente que si el Estatuto no tenía la reserva hídrica ni se podía participar en los órganos de gobierno del agua, había que retirarlo y busca un momento más adecuado cuando haya los apoyos necesarios». Respecto a las críticas populares, el dirigente de FEDA respondió que «los empresarios somos libres de pensar. Nosotros estamos donde estábamos en 2008, donde estábamos cuando se aprobó en las Cortes, donde estábamos cuando se presentó en el Congreso, y estamos donde estábamos cuando le pedimos a Barreda que no se podía aprobar; no cambiamos ni de chaqueta, ni de criterio, ni de pensamiento».    

En plena guerra del Estatuto, el PP regional se ha marcado el objetivo de llevar «puerta por puerta» sus propuestas en torno al texto castellano-manchego y las razones por las que rechazó su reforma en el Congreso. Además, el PP se propone presentar «un gran número de iniciativas» en las Cortes autonómicas con las medidas que se incluían en esta fallida reforma, especialmente aquellas relacionadas con la financiación autonómica.
En este sentido, el secretario de Acción Parlamentaria del PP, Leandro Esteban, explicó que su partido «va a seguir proponiendo el desarrollo de todas y cada una de las medidas que, de manera sectorial y de manera parcial, recogía nuestra propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha».
A su juicio, la comunidad ha dejado de recibir «cientos de miles de millones» y dijo, «no podemos renunciar a nada».
Para los populares, que votaron que no a la propuesta de reforma del Estatuto en el Congreso, la retirada del texto por parte de la Junta de Comunidades «es una desvergüenza política». Según Esteban, «Barreda sólo piensa en las elecciones autonómicas» y arremete contra «enemigos imaginarios».

Carta a los afiliados. En esta línea explicativa, la líder de la oposición, María Dolores de Cospedal, informó ayer en Madrid que envió una carta a los afiliados del partido en la Comunidad para contarles «con claridad» la posición ‘popular’ en la reforma del Estatuto de Autonomía y contrarrestar que los medios públicos de Castilla-La Mancha «están mintiendo sin piedad sobre este asunto». «Creía que era bueno que, al menos los militantes del PP, la pudieran conocer», aseguró.
A su juicio, «la retirada del texto acordada por las Cortes castellanomanchegas, con el voto en contra del PP, es «un fracaso personal y político» del presidente autonómico, José María Barreda.

El PSOE regional lo tiene claro, había un pacto entre Valcárcel y Rajoy para tumbar el Estatuto de Castilla-La Mancha en su tramitación en el Congreso y Cospedal era conocedora, y copartícipe, del mismo. La razón de esta connivencia con el presidente murciano es, según los socialistas, mantener «sin problemas» su puesto como secretaria general de los populares. En palabras de Esther Padilla, «Cospedal ha puesto los cuernos a los castellano-manchegos para salvar su sillón en la calle Génova».
Una afirmación que la responsable de Comunicación del PSOE basa en las informaciones aparecidas en la prensa murciana este fin de semana sobre la existencia de un pacto ‘popular’ desde el pasado diciembre para cortar las aspiraciones hídricas de Castilla-La Mancha. Pacto que nace de un órdago del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, que amenazó con dimitir y que obtuvo a cambio el compromiso de Rajoy de que «todo va a salir como tiene que salir».
En este sentido, Padilla incluye en la terna de este pacto a Cospedal. Como número dos del PP nacional, «lo sabía, y si no se entera de lo que se negocia en su partido, lo ha permitido, que es aún más grave». «Sabía lo que iba a pasar y durante este tiempo ha estado engañando a los castellano-manchegos, pidiendo prudencia en la negociación», denuncia.
Donde sí estaba a ciencia cierta Cospedal es en la reunión en el Congreso donde Valcárcel impuso su propuesta al PP y se materializó la «traición» contra Castilla-La Mancha, añade la responsable de comunicación de los socialistas.

Con alevosía. A su juicio, el enfrentamiento abierto en torno a la fallida reforma del Estatuto de Autonomía no es «un tema de confrontación entre PSOE y PP», «es una traición y con alevosía, sabía que todo estaba cerrado desde el pasado diciembre», insiste.
Por todo ello, Padilla exige a Cospedal que se retracte. «Si tuviera decencia política, debería dar explicaciones, la hemos pillado poniendo los cuernos a Castilla-La Mancha y le toca justificarlo».
Un pacto del que el PP regional no parece haber oído hablar y que tacha de «falso». Según el diputado Leandro Esteban, es una «fabulación de Barreda» para «intentar salvar la cara».
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, lamentó que tanto en Aragón como en Valencia como en Murcia «todo el mundo ha hecho lo que territorialmente se espera de ellos» en relación a sus respectivos estatutos de autonomía, a excepción de la presidenta regional del PP y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.
En declaraciones a Antena 3, Barreda se refirió así a la retirada del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y lamentó que tanto en el texto de Aragón, donde el PP puso como condición una reserva hídrica, como en Valencia, como en Murcia, donde los socialistas han apoyado al presidente de la región, Ramón Luis Valcárcel, «en su lucha para defender sus intereses», todo el mundo ha hecho lo que se espera de ellos «todos menos Cospedal».
Barreda se preguntó si es culpa suya que Cospedal «cambiara de opinión» y votara en el Congreso de los Diputados «algo distinto a lo que votó en las Cortes de Castilla-La Mancha», si es culpa suya que la líder del PP «atienda a los planteamientos de Valcárcel y no a los planteamientos de la Mesa del Agua en Castilla-La Mancha».
«Ha llegado a decir que es algo personal mío, el Estatuto de Autonomía, confundiéndolo todo», señaló José María Barreda, que advirtió de que «no es una cuestión personal, es una cuestión del conjunto de la sociedad y siempre quise que la reforma se hiciera por unanimidad».
«Ya no se debía solo a Castilla-La Mancha, ya tenía que estar también pensando en la opinión de Camps y de Valcárcel», concluyó.