La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Toledo ha pedido a los dirigentes regionales del PP que expliquen a los agricultores las razones «que les han llevado a no apoyar la reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos para la región contemplada en la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha».
Asaja mostraba así su desencanto «ante la falta de acuerdo de los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, en un tema tan importante para nuestra Región como es el agua».
El presidente de Asaja de Toledo, Manuel Juárez, consideró «que la postura de los líderes del PP regional en materia de agua no es fácilmente entendible», sobre todo en lo que atañe a la reserva del Tajo, pues «se trata de una demanda justa para nuestra tierra. Aquí también hay agricultores que necesitan del agua para vivir de su trabajo».
Según recordó, la organización agraria se ha manifestado en varias ocasiones en defensa de los derechos de los agricultores castellano-manchegos y denunció que, «mientras en nuestra provincia no se pueden realizar riegos de apoyo, Murcia recibe agua del Tajo para regadío».    

El PP votará en contra de la retirada de la propuesta de reforma del Estatuto del Congreso, tal y como ya ha exigido el Gobierno regional y el PSOE tras el rechazo ‘popular’ al dictamen del texto en la Comisión Constitucional el pasado jueves. Lo avanzó la líder de la oposición, María Dolores de Cospedal, por la mañana en diferentes tertulias radiofónicas y lo confirmó por la tarde, tras la reunión del comité del partido en Toledo.
A su juicio, la propuesta ‘popular’ para la reforma autonómica -que elimina la reserva hídrica y las referencias al caudal ecológico- tendría «garantizado el consenso en el pleno del Congreso». Recoge las necesidades de Castilla-La Mancha en una cantidad «exactamente» igual a la que propuso el PSOE, «pero con la diferencia de que es una propuesta real y eficaz para garantizar agua en cantidad y calidad para la Región», argumentó.
Y con la vista puesta en las elecciones autonómicas del próximo año, avanzó además que su programa incluirá la aprobación de un «estatuto por consenso de todas las fuerzas políticas».
Pero ayer fue, fundamentalmente, el día de los reproches. Según Cospedal, «el PP lamenta profundamente» la situación, porque «teníamos una magnífica propuesta», y culpa al PSOE del «fracaso» estatutario. «No querían el acuerdo desde el principio» y, en su opinión, han hecho todo lo posible para romper la baraja en el Congreso.
Para los ‘populares’ la actuación de Barreda ha sido «una decepción». «Él ha sido quien ha consumado la traición hacia Castilla-La Mancha», defendieron a lo largo del día de ayer diferentes portavoces del partido. Es más, algunos llegaron a pedir «su dimisión por colapso institucional».

La alegría de Murcia. De lo que no quiso opinar la líder de la oposición fue de las efusivas y múltiples manifestaciones de alegría del murciano Ramón Luis Valcárcel por la falta de acuerdo en el texto castellano-manchego. Según dijo, «es libre» para hablar y «responsable» de sus palabras.
Tampoco quiso entrar a valorar el hecho de que los agentes sociales castellano-manchegos arroparán al presidente Barreda en su decisión de recuperar el Estatuto para Castilla-La Mancha. «Cuando yo sea presidenta regional, también estaré muy bien acompañada», insinuó.
Más crítico se mostró en este sentido el responsable de acción parlamentaria del PP, Leandro Esteban, que lamentó el posicionamiento del presidente de las Cortes, del síndico de Cuentas y del defensor del Pueblo, «que yo creía que eran instituciones neutrales», ironizó. Donde esta vez no entró Esteban fue en criticar el respaldo de los agentes sociales a Barreda.    

«Si hay una responsable de que no se apruebe el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se llama María Dolores de Cospedal porque es la secretaria general del PP, es la presidenta del PP en Castilla-La Mancha y porque votó una cosa en Toledo y otra en Madrid». Así de rotundo se mostró ayer José María Barreda, lejos de la imagen cauta de los últimos meses en aras de alcanzar un acuerdo con el Partido Popular. Ya con esa puerta cerrada tras el voto en contra de los populares a la reforma del Estatuto de Autonomía, el presidente regional acusó a Cospedal directamente de no ser responsable con la Comunidad. «A mi esos comportamientos no me gustan, porque no son coherentes ni responsables», dijo, al tiempo que consideró que quien dice una cosa en un sitio y hace la contraria en otro «no parece de fiar».
En este sentido, y tras asegurar que se siente más respaldado y arropado que nunca y de subrayar que lejos de «amilanarnos, nos llenamos de fuerza», aseveró que «mantendremos la bandera alta, la lucha permanente y la reivindicación continua».
Para el jefe del Ejecutivo autonómico, Cospedal tuvo una ocasión magnífica para que se aprobara el texto, ya que hubiera bastado con que diera la instrucción al GPP de votar a favor, «exactamente como lo hizo el Grupo Parlamentario Socialista». «Con ese gesto, con el voto favorable del PP hubiera bastado», rubricó.

Agua para beber. Contra esos datos objetivos de nada sirven a posteriores razonamientos que distorsionan la realidad, manifestó. Además, recordó, «no somos insolidarios, jamás negaremos agua para beber, pero la solidaridad empieza por nosotros mismos y la necesitamos, la necesitan nuestros agricultores, nuestros pueblos y ciudades, nuestros industriales».
Por todo ello, Barreda lanzó un mensaje de fuerza, de trabajo compartido, de reivindicación, de exigencia para que «a Castilla-La Mancha nos atiendan en los derechos que nos asisten».
La lamentable conclusión a la que el miércoles se llegó en el Congreso de los Diputados es triste para el Ejecutivo que preside Barreda, pero «tendremos más fuerza que nunca y mantendremos la lucha porque la escasez de agua no nos limite», aseguró.
Una lucha para la que también solicitó el apoyo de todos los castellano-manchegos, con independencia de ideologías políticas, la secretaria de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, quien aseguró además que la propuesta de su partido para que la reforma estatutaria vuelva a la Región, después de que la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados no alcanzara un acuerdo en torno al texto, «es firme».
En declaraciones a los medios durante la celebración del Comité de Dirección del partido regional ayer en Toledo, Padilla dijo que los populares «deben saber que no nos van a aburrir, que no nos van a quitar las fuerzas, porque frente al partido del no y la líder del no, está el líder del sí a Castilla-La Mancha, y a su desarrollo, que es el presidente Barreda», al tiempo que insistió reiteradamente en que su formación seguirá «luchando con la cabeza bien alta» por el futuro de la Región.

Nada de acuerdos. Reconoció que el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel «hizo lo que tenía que hacer», defender a su comunidad, mientras que Cospedal, denunció, no ha dado la cara. Preguntada sobre si estudian la posibilidad de alcanzar todavía un acuerdo con el PP durante el pleno en el que, previsiblemente, el PSOE solicitará la retirada del Congreso de la propuesta de reforma, Padilla, con el gesto serio, recordó que los populares han tenido tres años para lograr un pacto, pero «se les acabaron los plazos», sentenció.
Sobre la promesa electoral de Cospedal de firmar un «Estatuto de consenso» si sale elegida presidenta de la Comunidad en 2011, Padilla calificó de «esquizofrénico» tal augurio y tachó a la líder del PP de caradura por atreverse a manifestar algo así cuando el miércoles «consumó la mayor de las traiciones».
Al respecto, opinó que Cospedal sería una «excelente» candidata del PP a la Región de Murcia, pero aquí, en Castilla-La Mancha «lo que ha hecho es reirse de los castellano-manchegos», apostilló.  

En Murcia «no hay control» del agua. Así lo ratificaron ayer los expertos del Centro Regional de Estudios del Agua, dependiente de la UCLM, durante su comparencia en las Cortes de Castilla-La Mancha. Una conclusión que se desprende del informe sobre los usos hídricos del Levante elaborado por este centro universitario, que plantea la «falta de voluntad» para llevar a cabo una gestión transparente de los recursos para riego en los campos de golf y las urbanizaciones que han proliferado en los últimos años en la cuenca del Segura. En concreto, se constata que no hay interés por determinar qué agua procede del trasvase Tajo-Segura y qué viene de los recursos propios de Murcia -sobre todo- Alicante y Almería.
Según el CREA, la situación es está: el agua que llega del trasvase del Tajo se mezcla con la del Segura en el embalse del Talave y, a partir de ahí, se confunde en sus usos.
Un agua ‘mezclada’ que está sirviendo para regar los campos de golf «en plena sequía» y «en una cuenca deficitaria».
Y es que, «a la vez que se trasvasaban recursos del Tajo, se abrían nuevas desaladoras, y los regantes alertaban de una situación muy grave que ponía en riesgo sus cultivos, reclamando un trasvase de socorro», en el Levante se abrían 17 nuevos campos de golf desde 2004, denuncia el CREA.
Es más, citando informes de la propia Confederación Hidrográfica del Segura, se estima que en 2015 «habrá 15 establecimientos más». Todo ello a pesar de que, según la propia Confederación, los usos recreativos no están entre las prioridades de riego, y menos en tiempo de escasez.
Una falta de control que no tiene justificación técnica, ya que se pude auditar «cada metro cúbico». «Hay disponibles fiables sistemas de gestión», lo que falta «es transparencia para poder cuantificarla», explicaron los expertos en sede parlamentaria.
En este sentido, el PP se cuestionó si, con estos datos, se podría plantear una denuncia a la Confederación Hidrográfica del Segura. Pregunta que el PSOE replicó con otra: «¿Si la Junta decide denunciar, donde estará el PP, con Castilla-La Mancha o con Murcia?»
El informe del CREA ha sido elaborado con estadistas y cartografías oficiales, tal y como insisten sus responsables.

Los campos de golf murcianos en cifras
Superficie: Un campo de golf de 18 hoyos ocupa una superficie de entre 50 y 60 hectáreas, aunque los más antiguos pueden llegar hasta las 80 hectáreas.
Consumos: De media, y teniendo en cuenta el grado de evaporación en la zona, estas zonas recreativas consumen entre 8.000 y 12.000 metros cúbicos al año. En total, los campos de golf de la cuenca del Segura se beben en torno a 22 hectómetros cúbicos al año.
27% de césped: Aproximadamente el 27% de la superficie de un campo de golf es zona de césped y el 34% se ocupa por el ‘rough’, que implica gran masa arbórea y de vegetación. Ambas zonas requieren un gran consumo hídrico.
15 nuevos campos: Según reconoce la propia Confederación Hidrográfica del Segura, está previsto que en la zona se abran 15 nuevos campos de golf hasta 2015.
17 campos en sequía: Entre 2004 y 2009, en plena sequía, se abrieron 17 nuevos campos de golf en la zona. Mientras, los regantes murcianos forzaron decenas de trasvases del Tajo al Segura para riego de socorro.    

«Antes que permitir que se apruebe un Estatuto devaluado, pediré a las Cortes regionales que lo retiren». El 14 de octubre de 2008 José María Barreda bajó de la tribuna del Congreso de los Diputados dejando en el aire un órdago que finalmente ha cumplido año y medio después. Arropado por los agentes sociales de la Región, el presidente anunció ayer que va a solicitar a los diputados socialistas la celebración de un pleno extraordinario de las Cortes para decidir el futuro del Estatuto. Barreda aseguró que se planteará la retirada «si el PP mantiene su posición inalterable».
La cita será «lo antes posible», según expreso deseo del presidente. Y aunque el ambiente no invita al optimismo, todavía quedaría una pequeña rendija para retomar el consenso en torno a la reforma estatutaria. Eso sí, advirtió de que «la dignidad de Castilla-La Mancha tiene un límite» y pasa por no rebajar más las pretensiones en la defensa del agua. «Creo que hemos sido demasiado flexibles», admitió, «los integrantes de la Mesa del Agua me decían hace una semana que ya no se puede ceder más o que incluso ya hemos cedido demasiado».
Y es que la última reivindicación que se ha puesto sobre la mesa, la de una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos dista mucho de la caducidad del Tajo-Segura para 2015 que recogía el Estatuto nada más entrar en el Congreso de los Diputados. Aun así esos 4.000 les valía a los representantes de la Mesa del Agua, tal y como refrendaron la semana pasada, y también al presidente de los pueblos ribereños, Julián Rebollo: «Hacíamos la cuenta de la vieja y conseguíamos nuestra reivindicación».

A falta de estatuto, planes
Aunque el Estatuto parece que está sentenciado a muerte, Barreda declaró ayer que tiene un ‘plan B’ para defender el agua en Castilla-La Mancha. «Esto no ha hecho más que comenzar», proclamó. Esta alternativa pasa por aplicar una estrategia «río a río», es decir con la negociación de cada plan hidrológico de los que afectan a la Región. Lo hará con el de Júcar, recordando «que no es un río de Valencia», con el Segura, sobre todo en su cuenca alta, que denunció «se está esquilmando con pozos de sequía incluso este año», con el Guadiana, exigiendo a Moncloa más dinero para la compra de derechos del PEAG, y por supuesto, con el Tajo. Barreda tampoco se olvidará de utilizar un arma que viene de Bruselas, la Directiva de Agua que fija esa fecha simbólica de 2015 para garantizar el caudal ecológico de los ríos. «Vamos a vigilar el cumplimiento de la normativa europea de cantidad y calidad de agua circulante en nuestros ríos», aseveró.
Aunque dijo no estar satisfecho con lo que ocurrió ayer, al menos al presidente se le vio animado a no quedarse de brazos cruzados. Reconoció que le hubiera gustado terminar el día «repartiendo los aplausos» con Cospedal. En cambio, lamentó que lo que encontró del PP fue una propuesta «en el último segundo», que calificó de «humillante». Barreda aprovechó la ocasión para cargar las tintas contra Cospedal. En su opinión, ha perjudicado mucho su ‘ascenso’ a secretaria general del partido: «A partir de ese momento afloraron las contradicciones». Si bien la responsabilizó del fracaso del Estatuto, Barreda no pidió ayer su dimisión como presidenta del PP regional. Eso se lo deja a la «sabiduría del pueblo de Castilla-La Mancha, que sabe quién hace y quién deshace», según comentó.

Agentes sociales unidos
Barreda compareció ante los medios acompañado de los representantes de una Mesa del Agua especialmente numerosa en el día de ayer. Casi ni cabían en la tarima de la sede de Presidencia. Estaban los sindicatos UGT y CCOO, la patronal Cecam, el Consejo de Cámaras de Comercio, las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG, el representante de las Cooperativas, la Federación de Municipios y Provincias, el presidente de los pueblos ribereños, el presidente de las Cortes, Francisco Pardo, el rector de la UCLM, Ernesto Martínez-Ataz, el síndico de Cuentas, el defensor del Pueblo, el presidente del CES…
A diferencia de la reunión de la semana pasada, fueron mucho más explícitos a la hora de declarar culpable a Cospedal de la situación. El más duro en sus palabras fue José Luis Gil, de Comisiones Obreras: «Cospedal es una losa para el desarrollo de Castilla-La Mancha y esa losa la tenemos que levantar». Tampoco se quedó corto Ángel Nicolás, de la Confederación de Empresarios: «Siento tristeza de que tantas personas no hayamos sido capaces de convencer a una sola».
Desde Asaja, Fresneda se mostró indignado por la «trampa» que se les ha hecho a los representantes de la sociedad. «No creo que nos merezcamos la descalificación y el desprecio más absoluto que se nos ha hecho», denunció. Pedrosa, de UGT, recordó que en esta Región no se ha provocado ninguna guerra del agua, aunque cree posible «que los ciudadanos empiecen a demandar algo más».    

El presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Pedro Antonio Ruiz, reiteró ayer todo su apoyo, público e institucional, a los pueblos que se niegan a pagar unas obras hidráulicas que no pidieron y que, económicamente, no pueden asumir.
Ruiz Santos hizo estas declaraciones al término del acto de firma de un convenio con tres asociaciones de Almansa, Caudete y Villarrobledo, dedicadas al apoyo de las personas aquejadas de alguna enfermedad mental y de sus familias.
Preguntado por su posición sobre este pulso entre tres municipios -Peñas de San Pedro, Pozohondo y Alcadozo- y la Confederación del Júcar, Ruiz Santos empezó puntualizando que el conflicto es mucho mayor, porque afecta a un total de 20 términos.
«Lo que pasa es que el impacto es muy desigual -aclaró- porque no es lo mismo pasarle una factura de millón y medio en obras al Ayuntamiento de Albacete que pasarle 100.000 euros al Ayuntamiento de Alcadozo; para Albacete, es un problema, pero tiene arreglo, se puede asumir, aunque haya que hacer algún esfuerzo; para Alcadozo, asumir ese pago es, sencillamente, imposible, ni durante 25 años, ni durante uno solo».
Ruiz Santos recordó que, en diciembre de 2008, el Pleno de la Diputación Provincial de Albacete aprobó, por unanimidad, una moción consensuada entre el PSOE y el PP, en apoyo a la veintena de pueblos afectados por esta situación. Y afirmó, ademés, que ese apoyo se ha mantenido y se mantendrá en el futuro.
«Los servicios jurídicos de la Diputación de Albacete han asesorado a los ayuntamientos que decidieron presentar recursos contra estas facturas -subrayó- y el servicios de Asistencia Técnica a Municipios también les ha dado apoyo técnico y legal».
Preguntado por la legalidad de los cobros, Ruiz Santos precisó que, en efecto, los mismos son legales y se basan en la Ley de Aguas. Pero, a su juicio, en una época como la presente, en la que los ciudadanos se vuelven a los municipios como la primera puerta a la que demandan servicios sociales y de empleo, no procede infligirles un doble castigo.
«A un pueblo que vive del campo, que acaba de pasar por una sequía y que, tras la sequía, se encuentra en medio de una fortísima crisis, no le puedes pasar, como premio -ironizó- una factura de muchos miles de euros que ponga a su Ayuntamiento al borde de la bancarrota justo cuando más lo necesitan sus vecinos, la Confederación debería ser sensible a esta situación».
Recordar que, el pasado lunes, los alcaldes de Alcadozo, Peñas de San Pedro y Pozohondo presentaron un duro escrito ante la sede de la Confederación del Júcar en Albacete, en el que solicitaban una entrevista con el presidente del organismo de cuenca, Juan José Moragues, para que éste cumpliese un compromiso al que habrían llegado hace algo más de un año.
Recordar que el organismo de cuenca pretende cobrarle algo más de ocho millones de euros, en total, a los tres municipios, a razón de algo más de 100.000 euros al año por término, durante los próximos 25 años. Por término medio, el presupuesto anual de cada uno de los ayuntamientos es de un millón de euros.    

El presidente regional manda un e-mail a Cospedal exigiéndole que aclare qué quieren los ‘populares’ en esta reforma. La líder de la oposición le pide al presidente regional «más cintura política» en la negociación

La cuenta atrás del Estatuto, para bien o para mal, está a punto de concluir. Mañana la Comisión Constitucional del Congreso votará el dictamen de la reforma regional y decidirá si el texto pasa al Pleno o, por el contrario, regresa a Castilla-La Mancha. Las razones para ser optimistas son pocas, según reconoció ayer el presidente de la Junta, José María Barreda, en varias entrevistas radiofónicas. Y es que el PSOE, a día de hoy único apoyo del texto, ya ha advertido de que no habrá más rebajas en las propuestas de agua, mientras que el PP, que se abstuvo en la última ponencia, no ha dado visos de que vaya a variar el sentido de su voto. Es más, el murciano Valcárcel instaba ayer a lo suyos a decir «no» al dictamen castellano-manchego si no replegaba sus demandas hidrícas. Un envite que Barreda replicó diciendo que «la batalla no terminará pase lo que pase el miércoles en el Congreso».
Con la llamada Guerra del Agua en su clímax, el presidente de la Junta afirmaba ayer en la Ser no estar dispuesto a bajar «ni una gota más» las aspiraciones del texto castellano-manchego. En un tono más alto que lo habitual, «apasionado» según el mismo lo calificó, recriminó la postura de la líder de la oposición, María Dolores de Cospedal. En concreto, la acusó de «plegarse plenamente» a los intereses de Murcia y Valencia y de «elegir» su cargo de secretaria general del PP al de presidenta del partido en la comunidad. «No se atrevió a defender el Estatuto en el Congreso en su toma de consideración», lamentó.

«Yo consegui el apoyo de mi partido». Palabras con las que respondía también a las denuncias ‘populares’ sobre una posible «bajada de pantalones» de la Junta. «Yo sí conseguí el apoyo del Gobierno de España y de mi partido al Estatuto y ella no lo logró en el PP, aún siendo la número dos. Pone en evidencia que en los temas de agua quien manda no es ella, sino Camps y Valcárcel».
Por ello, preguntado por la más que posible retirada de la reforma el miércoles en el Congreso, rebatió que «no es que se retire, es que se pone en evidencia» que no podría salir adelante porque es una Ley orgánica que requiere mayoría absoluta y «no tendría sentido político» que saliera con apoyo de CiU u otros partidos nacionalistas.

Última llamada por e-mail. Tras las críticas, Barreda lanzó un último mensaje de acercamiento al PP, vía e-mail. Anunció su intención de remitir un correo electrónico a la número dos del PP preguntándole sobre los términos en torno a los que «quiere llegar a un acuerdo» sobre el Estatuto de Autonomía.
«Hemos tenido tiempo para consensuar, le he invitado varias veces a hablar y se ha negado, quise que las Cortes se pronunciaran sobre esta cuestión, y se negó, y ahora sigue con una táctica dilatoria, de ambigüedad; así que nos diga sobre qué base quiere que negociemos», advirtió.
Al cierre de esta edición, no hay constancia de que las filas populares hayan respondido a este requerimiento del Gobierno regional vía correo electrónico.

el PP pide «más cintura». Si bien la calle Génova no se ha pronunciado sobre qué posturá tomará en torno al Estatuto, Cospedal salía ayer a los medios para pedir «más cintura» a Barreda en la negociación. Según dijo, su partido «luchará hasta el último momento» para encontrar un acuerdo y, sin citar a Barreda, pidió que «algunos no prefieran retirar el Estatuto antes que llegar a acuerdos».
El objetivo es que «prevalezca tener un buen Estatuto para Castilla-La Mancha antes que el interés por sacar ventajas partidistas», aseveró.

La piña del Levante. Mientras el presidente regional y la líder de la oposición se enfrentaban por el Estatuto, Cams y Valcárcel hacían piña contra él.
En el marco de una reunión de los dirigentes valenciano y murciano con agricultores y regantes del Tajo-Segura, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que sí el PSOE «se obstina en mantener el texto» sobre el trasvase en los términos en que está planteado, el PP «debería votar no» en la Comisión Constitucional del Congreso. Es más, «votar otra cosa sería descolocarnos», ya que la abstención del PP en el anterior trámite parlamentario respondía a una búsqueda de acuerdo, subrayó.
«No vamos contra nadie ni queremos nada que nadie necesite, sólo reclamamos lo que necesitamos, que es agua para crecer, para mantener puestos de trabajo y para incrementar el PIB», ha agregado Valcárcel.
En la misma línea se situó Camps: «No creemos en una España de caducidades ni de reservas», en alusión a la inclusión de una reserva estratégica de 4.000 hectómetros cúbicos en el preámbulo de la reforma estatutaria de Castilla-La Mancha, y comentó que actualmente se asiste a un «debate absurdo de tensión que no se ajusta a ningún dato objetivo».

El trasvase no está en peligro. Desde el PSOE federal, la alicantina Leire Pajín, aseguró que el trasvase Tajo-Segura no está en peligro si se aprueba la propuesta regional y añadió que el PP «debe retratarse» en la próxima reunión de la Comisión Constitucional.
Según concluyó, durante año y medio se ha trabajado en la ponencia del Estatuto por llegar a un consenso que garantice que esas comunidades tengan agua suficiente, mientras que la estrategia del PP ha sido la de «arrojar el agua» entre los implicados.    

La Mesa del Agua, compuesta por las asociaciones agrarias UPA, COAG-IR y Asaja, los sindicatos UGT y CCOO, la Cámara de Comercio, la CEOE-Cepyme y el Gobierno regional, consideró ayer «irrenunciable» el derecho de la región a mantener una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos. Así, tras analizar la situación que hay en relación a la tramitación del Estatuto de Castilla-La Mancha, el delegado de la Junta en Ciudad Real, José Fuentes, solicitó al PP su apoyo e indicó que «la actitud de Valencia y Murcia -intolerable a su juicio- no puede marcar el futuro del texto».
A 48 horas de que se vote en la Comisión Constitucional el paso del Estatuto al Pleno del Congreso, Fuentes confió en que llegado el momento «se esté a la altura» de los intereses de la tierra.
El secretario regional de UPA, Julián Morcillo, aseguró que «se trata de poder utilizar sólo una pequeña parte de los recursos que se generan en el territorio, unos 10.000 hectómetros, para atender sus necesidades».
En este sentido, según expuso el portavoz de la Comisión del Agua de COAG-IR, José María Oñate, «no se puede bajar más el listón» y «más cuando hay un mercado negro de agua que procede de esta región y que va a parar a urbanizaciones y campos de golf», en alusión al informe elaborado por el CREA sobre los usos del agua de la cabecera del Tajo derivada al Levante.
Y es que, en sus propias palabras, «aquí estamos reduciendo al 50 por ciento regadíos que son históricos, mientras en otras regiones se están aumentando de manera progresiva e ilegal». «El agua es transparente, cristalina y no debe tener color político», sentenció, al tiempo que abogó por una campaña de concienciación social.
Por su parte, el secretario provincial de Asaja, Florencio Rodríguez, recordó la generosidad de Castilla-La Mancha en el pasado y apeló a la «coherencia», así como a la «racionalidad», para sacar adelante el Estatuto de Autonomía en pos del desarrollo de la región. «Durante veinte años hemos estado trasvasando agua a otras regiones, cuando a los agricultores, que estaban siendo sancionados en muchos casos, se les hacía la vida imposible», señaló.
«Hay una deuda histórica en infraestructuras en esta región», expuso así mismo Rodríguez para el que, según apostilló, «el agua es necesaria para vivir y para dejar vivir».

«ni un paso atrás». El secretario provincial de UGT, Juan Jiménez, aseveró que «no se puede dar ni un paso atrás, si queremos que se genere riqueza y empleo en el marco de un desarrollo industrial y agrario sostenible». Por ello, solicitó al Partido Popular un «ejercicio de responsabilidad» para que el texto estatutario salga adelante con el consenso de los dos grandes partidos nacionales.
Por último, Alicia Jiménez, de la ejecutiva provincial de CCOO, dejó patente su apuesta por el Estatuto de Castilla-La Mancha y arguyó que la reserva hídrica que se pide «no es desorbitada». «Es un momento crucial que no se puede ver mermado por intereses políticos», concluyó.