Después de la batalla, llega la reflexión. El consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, explica a La Tribuna de Albacete lo que, a su juicio, fue la clave del buen resultado de la reunión que mantuvieron el presidente Barreda, y la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, con el secretario de Estado, Josep Puxeu, y el presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues: un acuerdo previo sobre qué hacer con el Convenio de Alarcón.
¿Hasta qué punto es importante este acuerdo sobre el convenio de Alarcón?
Hasta el punto que fue lo primero de lo que se habló, entre otras cosas, porque es la clave de buena parte de los demás acuerdos que se hicieron públicos sobre el Júcar. No tendría sentido acordar nada sobre el abastecimiento de la ciudad de Albacete, si antes no llegábamos a un acuerdo sobre este asunto.
¿Cómo se lo planteó el presidente al secretario de Estado? ¿Y cuál fue la actitud de este último ante las propuestas del presidente?
La actitud del secretario de Estado, el señor Puxeu, así como la del presidente de la Confederación del Júcar, el señor Moragues, fue de total receptividad e interés ante lo que decía el presidente que, por otra parte, era de puro sentido común. Al Gobierno de la región le parecía, y le parece, una paradoja incomprensible que el abastecimiento humano no tenga prioridad frente al regadío, o frente a cualquier otro uso económico. Ellos nos pusieron de manifiesto que la situación es muy compleja, que será difícil, pero que es posible buscar una solución que sea acorde a derecho.
¿Por dónde podría pasar esa solución?
Ahora, precisamente, estamos dentro del proceso de revisión del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar. Y, por eso, éste es un buen momento para definir unas normas de explotación del Júcar que, siempre de acuerdo con la Ley de Aguas, establezcan esa prioridad de los abastecimientos humanos.
¿Eso no obligaría a redactar de nuevo el convenio mismo?
En absoluto, es más, nunca lo hemos pretendido. El Convenio de Alarcón está en vigor, es plenamente vinculante y, además, la Junta de Comunidades no es uno de sus firmantes, aunque se hubiese firmado, en su momento, en nuestra región. Redactarlo de nuevo supondría convencer a las partes, esto es, el Gobierno y la USUJ, que renunciasen al actualmente vigente y dudo mucho que hiciesen semejante cosa. En eso queremos ser bien claro, no cuestionamos, en absoluto, el contenido del convenio, lo que defendemos es que hay que establecer unas normas claras para aplicarlo y evitarnos situaciones como las que ahora tenemos.
Entonces, ¿cómo se hará?
Incluyendo, dentro del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, algo que nos faltó a todos en el 98, que son unas normas de explotación que regulen, de forma clara, el funcionamiento del sistema Júcar y nos eviten conflictos como el que tenemos ahora sobre la mesa.
¿Por dónde irían esas normas de explotación?
Eso hay que verlo ahora. De hecho, en lo tocante al Convenio de Alarcón, más que cerrar un acuerdo, preferiría decir que hemos abierto la posibilidad de llegar al mismo.
Pero, ¿sobre qué base?
Hay un principio, a nuestro juicio lógico, que debería incluirse en la redacción de esas normas de explotación del sistema Júcar y es que, si vamos a hablar de la curva de garantía que se marca en el convenio, a la hora de gestionar el sistema Júcar, habrá que tener en cuenta todo lo que influya en esa curva de garantía, es decir, en el nivel de reservas que haya en el sistema y, por supuesto, en el mismo pantano de Alarcón.
Pero el pantano abastece a toda la cuenca, ¿no? Por esa regla de tres, por poner un ejemplo, ¿no habría que incluir en la ecuación, además de la ciudad de Albacete, el abastecimiento a otras ciudades que cogen agua del Sistema Júcar, como la ciudad de Valencia?
Claro, porque lo que entendemos es que se deben definir unas normas de explotación para todo el sistema Júcar, no para una parte del sistema, no tendría sentido alguno. De hecho, es una de las cosas que quedaron claras durante la reunión, hablamos de un sistema, en el que todos los usos, todos los usuarios, y todos los factores que influyan en su gestión, deben contar lo mismo, independientemente de dónde estén.
¿Este acuerdo tendrá alguna influencia en la sentencia del TSJ valenciano que obliga a hacer compensaciones?
Esperamos que sí, pero hay que ser realistas, lo que no va a haber es una anulación o paralización del proceso judicial. Las normas no se pueden aplicar con efecto retroactivo. Hay una sentencia, el Ayuntamiento de Albacete, la va a recurrir con el apoyo de toda la sociedad manchega, incluyendo a la Junta, como no puede ser de otra forma. Y tenemos que hacer todo lo posible para que los jueces tengan en cuenta nuestros argumentos. Si exigimos respeto a los tribunales, es en todos los casos, cuando nos va bien y cuando no nos va tan bien. Pero, al menos, creo que podemos tener la garantía de que, con este acuerdo, y con los normas de explotación, cuando las tengamos dentro del Plan de Cuenca, no vamos a vernos de nuevo en esta situación.    

Junta Central del Alto Segura.pdf

El proyecto de ampliación de la zona regable de Cancarix está a punto de convertirse en realidad. Los delegados provinciales de Agricultura, Antonio Mompó, e Industria, Emilio Sáez, han mantenido una entrevista con los agricultores que se beneficiarán de esta iniciativa, en la que estuvieron acompañados por el alcalde de la ciudad, Diego García y concejal de Agricultura, Antonio Valero.
En síntesis se trata de poder reconvertir en terrenos de regadío alrededor de 750 hectáreas ubicadas en el entorno de la citada pedanía, lo que repercutirá en el beneficio de unas 50 familias.
Para ello se utilizarán las aguas tratadas en el estación depuradora de Hellín, que se transportarán por una conducción de 22 kilómetros, ya realizada, cuyo presupuesto ha sido de 4,4 millones de euros, sufragados íntegramente por la Junta de Comunidades.

EMBALSE. Para el almacenaje del líquido transportado se ha realizado un embalse de regulación, con una capacidad aproximada de 800.000 metros cúbicos, también acabado, desde donde salen las conducciones secundarias para el riego en parcela, este apartado ha supuesto una inversión de 3,1 millones, pagados a partes iguales entre el Gobierno regional y los agricultores de la zona, para el proyecto se ha contado con la cofinanciación de la Unión Europea.
Antonio Mompó y Emilio Sáez informaron a los regantes sobre las gestiones positivas que se han llevado a cabo ante Iberdrola, con el fin de poner cuanto antes en marcha la explotación de estas tierras, lo que fue acogido muy positivamente por los asistentes.

Barreda lanza un envite a Cospedal para salvar el proyecto, que la líder popular contesta afirmando que «el acuerdo es posible». No obstante, El PP advierte de que votará en contra si no se limpia el texto de «competencias estatales»

El Estatuto de Autonomía ha salido, de momento, del ‘limbo’ del Congreso, donde llevaba atascado más de un año, aunque su futuro sigue pendiente de un hilo o, más concretamente, de la postura que a partir de ahora adopte el PP: si mantiene su oposición y decide no apoyarlo, el PSOE lo devolverá a Castilla-La Mancha.
La ponencia que estudia esta reforma dio ayer luz verde al dictamen del texto regional, que entra ya en la Comisión Constitucional. Este paso hacia delante no ha significado, en modo alguno, que se haya sellado la paz en torno la cuestión castellano-manchega, muy al contrario. El PSOE, tal y como venía advirtiendo, aprobó el documento sin el PP, que se abstuvo y llegó a amenazar con votar en contra. CiU fue, en este sentido, el único grupo que apoyó la propuesta de los socialistas, ya que el PNV no asistió a la reunión, IU se abstuvo y el partido de Rosa Díez votó en contra.
Pocas horas después de este rifirrafe parlamentario, tanto el presidente regional, José María Barreda, como el PSOE, en boca de Eduardo Madina, lanzaron un último envite al PP. Y es que, dijeron, no habrá Estatuto si el PP no apoya el texto en la Comisión Constitucional.
El mensaje de Barreda estuvo especialmente dirigido a la líder de la oposición, María Dolores Cospedal, a quien pidió «un esfuerzo para convencer, para imponer su criterio, para que prevalezcan los intereses de Castilla-La Mancha y no los de otros territorios».

Desmarque de CiU. Una invitación al consenso que viene motivada también por la advertencia de CiU de que no seguirá apoyando al Estatuto en el Congreso si no entra el PP. El «sí» del PP «es la única manera de que se pueda aprobar, porque la aritmética parlamentaria no da para otra cosa, dado que CiU ya ha dicho que si no hay consenso con el PP ellos no lo apoyarán», reconoció Barreda.
Por su parte, Eduardo Madina confirmó que su grupo sacará del Congreso la reforma si no hay acuerdo. Según explicó a Efe, esta decisión se ha adoptado por deseo expreso de José Antonio Alonso y Leire Pajín. «Sólo habrá reforma si tenemos la mayoría que lo vio nacer en las Cortes castellano-manchegas», sentenció.
Así las cosas, la Comisión Constitucional, examen previo del Estatuto antes de llegar al pleno del Congreso, se convierte en la última oportunidad para el texto castellano-manchego, aprobado por unanimidad en las Cortes autonómicas en enero de 2007.
Volviendo al dictamen acordado ayer. Cabe apuntar que, a las enmiendas ya pactadas entre PSOE y PP en enero del pasado año, se suman ahora nueve enmiendas más de IU -la mayoría relacionadas con derechos sociales- y la enmienda transaccional del PSOE sobre el agua, no rebajable para los socialistas e inasumible para el PP.
Esta enmienda no presenta novedades a lo ya avanzado en la primera reunión de la ponencia, hace apenas 15 días. Incluye en el preámbulo una «reserva estratégica» de 4.000 hectómetros cúbicos, según estimaciones del Gobierno regional. Además, señala «la participación efectiva de la Junta en los órganos permanentes de gestión y control del trasvase» mientras «subsista».
En lo que se refiere a la disposición transitoria primera, ésta no hace mención a la citada reserva, aunque la vinculación con ésta se sitúa, según el socialista Alejandro Alonso, en la aseveración de que «la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo concretará la dotación suficiente de agua para garantizar el caudal ecológico del río» y atender «las necesidades presentes y futuras de esta Región».
La cuestión de quién fijará esta reserva hídrica, los criterios a seguir y dónde se ubicará, son puntos que no corresponde determinar a un Estatuto, añadió Alonso. A su juicio, el texto planteado por el PSOE es «una solución razonable al controvertido tema del agua», «tengo la seguridad que el PP finalmente votará el texto del dictamen».

Votaremos en contra, o no. El discurso del PP también cambió a lo largo del día de ayer. Arturo García-Tizón cargó por la mañana contra la propuesta socialista y, en concreto, contra «dos discrepancias fundamentales»: el agua y la ley electoral. «Si quieren tener el voto del PP deben hacer cambios en profundidad, les hemos dado una última oportunidad» y, «si no lo corrigen, votaremos en contra».
Ya por la tarde, Cospedal matizaba estas palabras y avanzaba que «es posible llegar a un acuerdo». «El PP va a seguir trabajando y lo va a hacer hasta la última gota y hasta la última palabra», aseguró.
Fuera de estos acercamientos vespertinos, el PP mantiene que en materia de agua «el texto es insuficiente y no resuelve los problemas». Es más, para la oposición el preámbulo podría encontrar problemas en el Tribunal Constitucional. «Se sigue haciendo mención a competencias que son sólo estatales», avisó García-Tizón. Además, «tiende a una provocación innecesaria a otras comunidades autónomas», añadió en alusión clara a Murcia y Valencia, gobernadas por el PP y que ya han amenazado con llevar a los tribunales la reforma.
Si bien el desencuentro en materia de agua entraba dentro de lo esperado, la sorpresa fue el rechazo ‘popular’ al punto dedicado a la ley electoral, contra el que no presentó enmiendas. El PP ha dado su apoyo a una enmienda de IU, que llega ‘viva’ a la Comisión Constitucional y que señala que cualquier reforma de debe ser aprobada por mayoría absoluta en las Cortes regionales, y no por mayoría cualificada, como recoge el actual dictamen. Según IU esta es una medida «absolutista».
García-Tizón aclaró que su partido apoyó esta mayoría cualificada «antes» de que el PSOE modificara la Ley castellano-manchega en 2007 por mayoría absoluta y sin el apoyo del PP, a pesar de que se estaba tramitando la reforma estatutaria. Algo que calificó de «inasumible».

apoyo catalán. Lo que tampoco cuadra en los cálculos ‘populares’ es que el PSOE haya desbloqueado el dictamen con los nacionalistas catalanes. El PSOE «no podría explicar una reforma sin el PP y con CiU», recalcó.
Con todo, el Estatuto queda de nuevo pendiente de un acercamiento, o no, entre socialistas y populares en el Congreso. «Seguimos en tablas», como reiteró Gaspar Llamazares, de IU.    

El Ministerio de Medio Ambiente pondrá en marcha este año un paquete de inversiones en la cuenca del Júcar que ronda los 220 millones de euros y que se destinará a abastecimiento y regadío en las provincias de Cuenca y Albacete. Es lo que se deduce de la reunión que mantuvieron ayer a cuatro bandas el presidente de la Junta, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la alcaldesa de Albacete y el secretario de Estado de Agua. Este último, Josep Puxeu, fue el que comprometió al Ministerio a poner toda esa cantidad de dinero: «Dentro de las posibilidades presupuestarias, las decisiones de licitación en este 2010 de estas grandes obras es un compromiso que vemos posible, viable».
Estas grandes obras son un total de cinco. La que se lleva más fondos es la que sustituirá los bombeos del Acuífero de la Mancha Oriental por cuatro nuevas tomas en el canal del Acueducto Tajo-Segura. En total la inversión superará los 100 millones de euros y prevé liberar al acuífero de la explotación de 47 hectómetros para el regadío de una extensión que puede llegar a 12.000 hectáreas. Se trata de la segunda fase de un proyecto que en conjunto contempla la sustitución de 80 hectómetros de bombeos en este acuífero.
El segundo de los proyectos que se lleva más dinero es el de abastecimiento del embalse del Picazo a la zona sur de Cuenca y norte de Albacete. En total 77 millones de euros se invertirá para que el agua llegue 20 municipios de estas dos provincias en un primer momento y que además las obras levantadas sirvan de infraestructura básica para el abastecimiento futuro de 49 localidades.

el cupo de albacete. La ciudad de Albacete se lleva los tres proyectos restantes y que el Ministerio se ha comprometido a licitar este año. Por un lado, habrá 30 millones de euros para la depuradora, dos millones para la recuperación medioambiental del canal del Salobral y otros ocho millones para una planta de ósmosis. Como dijo Puxeu: «La calidad del agua tiene mucho que ver con la demanda de los ciudadanos del siglo XXI».
El secretario de Estado reconoció que la cifra de los más de 200 millones de euros puede parecer fría, pero que detrás están «las infraestructuras, las obras y sobre todo, la necesidad de los ciudadanos, de muchos pequeños municipios que se abastecen con agua de pozos y de muchos agricultores, que dependen de la seguridad del abastecimiento».
Barreda hizo un balance satisfactorio de la reunión, sobre todo porque en ella se «verbalizaron compromisos importantes». El presidente autonómico recordó que aunque el Gobierno de España lleve la gestión de las cuencas de los ríos, las comunidades autónomas también deben tener voz en estos temas. Y más Castilla-La Mancha, por la que transcurre una parte importante del Tajo, Guadiana, Segura y Júcar, y que además tiene una pequeña cuota de las cuencas del Guadalquivir, Ebro y Duero.
En el caso concreto del río Júcar, Barreda recordó que «no es de Valencia, sino que es un río de España, de todos los españoles y sobre todo de Castilla-La Mancha, en la medida de que la mayor parte de la cuenca está en nuestro territorio». Las palabras del presidente estaban a la vez muy vinculados con la batalla emprendida por la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, que recurrirá la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha ordenado que el su ayuntamiento tiene que pagar indemnizaciones a los regantes valencianos por el uso del pantano de Alarcón.

En los tribunales. Este recurso también fue uno de los temas que se trató en la reunión con Puxeu y el presidente de la Confederación del Júcar, aunque ninguno de los dos se pronunció al respecto a la salida del encuentro. Sí lo hizo Carmen Oliver: «Tenemos un derecho y recurrimos en casación aquella sentencia porque entendemos que no daba prioridad al consumo humano de la que es la mayor ribera de la cuenca del Júcar, como es Albacete», corroboró.
La alcaldesa confirmó a Puxeu que seguirá adelante con su cruzada y asegura que tiene el apoyo de los albaceteños. Al margen de esta polémica, Oliver agradeció al Ministerio que no se hayan paralizado proyectos como la depuradora, la planta de ósmosis o la recuperación del canal del Salobral.
Aparte del Júcar, el secretario de Estado recordó que tiene otros asuntos en cartera relacionados con el agua en Castilla-La Mancha. La Tubería a la Llanura Manchega, la rehabilitación del Tajo a su paso por Toledo o el abastecimiento de la comarca de La Sagra son algunas de las tareas que aseguró tener en mente. «Gobernar es la discusión de las prioridades y dentro de las posibilidades presupuestarias, tomar las decisiones oportunas», recalcó.  

El Ministerio de Medio Ambiente pondrá en marcha este año un paquete de inversiones en la cuenca del Júcar que ronda los 220 millones de euros y que se destinará a abastecimiento y regadío en las provincias de Cuenca y Albacete. Es lo que se deduce de la reunión que mantuvieron ayer a cuatro bandas el presidente de la Junta, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la alcaldesa de Albacete y el secretario de Estado de Agua. Este último, Josep Puxeu, fue el que comprometió al Ministerio a poner toda esa cantidad de dinero: «Dentro de las posibilidades presupuestarias, las decisiones de licitación en este 2010 de estas grandes obras es un compromiso que vemos posible, viable».
Estas grandes obras son un total de cinco. La que se lleva más fondos es la que sustituirá los bombeos del Acuífero de la Mancha Oriental por cuatro nuevas tomas en el canal del Acueducto Tajo-Segura. En total la inversión superará los 100 millones de euros y prevé liberar al acuífero de la explotación de 47 hectómetros para el regadío de una extensión que puede llegar a 12.000 hectáreas. Se trata de la segunda fase de un proyecto que en conjunto contempla la sustitución de 80 hectómetros de bombeos en este acuífero.
El segundo de los proyectos que se lleva más dinero es el de abastecimiento del embalse del Picazo a la zona sur de Cuenca y norte de Albacete. En total 77 millones de euros se invertirá para que el agua llegue 20 municipios de estas dos provincias en un primer momento y que además las obras levantadas sirvan de infraestructura básica para el abastecimiento futuro de 49 localidades.

el cupo de albacete. La ciudad de Albacete se lleva los tres proyectos restantes y que el Ministerio se ha comprometido a licitar este año. Por un lado, habrá 30 millones de euros para la depuradora, dos millones para la recuperación medioambiental del canal del Salobral y otros ocho millones para una planta de ósmosis. Como dijo Puxeu: «La calidad del agua tiene mucho que ver con la demanda de los ciudadanos del siglo XXI».
El secretario de Estado reconoció que la cifra de los más de 200 millones de euros puede parecer fría, pero que detrás están «las infraestructuras, las obras y sobre todo, la necesidad de los ciudadanos, de muchos pequeños municipios que se abastecen con agua de pozos y de muchos agricultores, que dependen de la seguridad del abastecimiento».
Barreda hizo un balance satisfactorio de la reunión, sobre todo porque en ella se «verbalizaron compromisos importantes». El presidente autonómico recordó que aunque el Gobierno de España lleve la gestión de las cuencas de los ríos, las comunidades autónomas también deben tener voz en estos temas. Y más Castilla-La Mancha, por la que transcurre una parte importante del Tajo, Guadiana, Segura y Júcar, y que además tiene una pequeña cuota de las cuencas del Guadalquivir, Ebro y Duero.
En el caso concreto del río Júcar, Barreda recordó que «no es de Valencia, sino que es un río de España, de todos los españoles y sobre todo de Castilla-La Mancha, en la medida de que la mayor parte de la cuenca está en nuestro territorio». Las palabras del presidente estaban a la vez muy vinculados con la batalla emprendida por la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, que recurrirá la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha ordenado que el su ayuntamiento tiene que pagar indemnizaciones a los regantes valencianos por el uso del pantano de Alarcón.

En los tribunales. Este recurso también fue uno de los temas que se trató en la reunión con Puxeu y el presidente de la Confederación del Júcar, aunque ninguno de los dos se pronunció al respecto a la salida del encuentro. Sí lo hizo Carmen Oliver: «Tenemos un derecho y recurrimos en casación aquella sentencia porque entendemos que no daba prioridad al consumo humano de la que es la mayor ribera de la cuenca del Júcar, como es Albacete», corroboró.
La alcaldesa confirmó a Puxeu que seguirá adelante con su cruzada y asegura que tiene el apoyo de los albaceteños. Al margen de esta polémica, Oliver agradeció al Ministerio que no se hayan paralizado proyectos como la depuradora, la planta de ósmosis o la recuperación del canal del Salobral.
Aparte del Júcar, el secretario de Estado recordó que tiene otros asuntos en cartera relacionados con el agua en Castilla-La Mancha. La Tubería a la Llanura Manchega, la rehabilitación del Tajo a su paso por Toledo o el abastecimiento de la comarca de La Sagra son algunas de las tareas que aseguró tener en mente. «Gobernar es la discusión de las prioridades y dentro de las posibilidades presupuestarias, tomar las decisiones oportunas», recalcó.    

El PSOE lleva a las Cámara autonómica el informe de la UCLM sobre los usos fraudulentos del trasvase y, en concreto, los 22 Hm3 que se ‘beben’ los «desarrollos insostenibles» del Levante

La dirección regional del PSOE ya ha dado su visto bueno a la apertura de una comisión parlamentaria para debatir el último informe del Centro de Estudios del Agua -dependiente de la UCLM- sobre los usos fraudulentos de los recursos Tajo-Segura en el Levante. En concreto, el eje del análisis será el desvío de hasta 22 hectómetros cúbicos anuales de la huerta murciana a los campos de golf vecinos.
En este sentido, el portavoz socialista en las Cortes castellano-manchegas, Santiago Moreno, volvió a denunciar ayer la falta de cumpliendo por parte del Levante de la Ley del Trasvase. Y es que, insistió, «tenemos razones sobradas para dudar sobre el uso final que se da al agua generosamente trasvasada desde la cabecera del Tajo».
«Si no es entendible que se pida un trasvase cuando no hay agua que trasvasar, es aún más impresentable que estos recursos vayan a mantener unos usos urbanos y recreativos no sostenibles», aseveró, citando aquí el caso de los campos de golf murcianos, cuyo número se ha doblado desde el año 2006, «en plena sequía».
«El trasvase, que no queremos, habría sido más comprensible si hubiera habido transparencia en su gestión», recalcó.
La ‘guerra’ abierta en torno al agua entre Castilla-La Mancha y el Levante se reaviva una vez más, apenas dos días antes de la reunión de la ponencia que estudia la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso. Un encuentro que será vital para el texto regional, dado el PSOE ya ha advertido de que, si el PP no se suma al acuerdo, llevará en solitario la reforma al Pleno, tras casi un año y medio de negociaciones fallidas.
No obstante, las posiciones parecen haberse acercado con la última propuesta socialista, que rebaja la reserva estratégica regional de 6.000 hectómetros cúbicos a 4.000 y la saca del articulado, constando únicamente en el preámbulo del futuro texto autonómico.
Con todo ello, Moreno confió en que «esta vez si haya fumata blanca» para el Estatuto.

Reticencia popular. Más reticente a hablar de agua estuvo la senadora popular Carmen Riolobos, que volvió a pedir prudencia a los socialistas a la hora de hablar del Estatuto castellano-manchego. «Hay que ser sensatos y prudentes y dejar negociar. Cada vez que Barreda ha hablado de ello, ha subido el pan, se ha retrasado y bloqueado el proceso de reforma estatutaria».
En cuanto a la comisión sobre agua que el PSOE pretende abrir en las Cortes regionales, Riolobos dejó en el aire el apoyo ‘popular’ el estudio de la Universidad regional sobre los usos del trasvase. En concreto, su respuesta a la pregunta de que si el PP comparte las «dudas» socialistas en torno a este desvío de agua del Tajo a los campos de golf murcianos, la senadora talaverana se limitó a criticar al presidente regional, José María Barreda, «que está por ahí largando, sin venir a las Cortes a contar lo que tiene que contar», en clara alusión a temas como el futuro de CCM o el Aeropuerto de Ciudad Real. Además, «no sabemos donde está estos días», añadió.

La patronal también opina. Quien sí tiene una opinión clara sobre este estudio de la UCLM sobre el trasvase es la patronal regional. En este sentido, su presidente, Ángel Nicolás, fue tajante: «Comparto la tesis de que allí se han regado muchos campos de golf con agua del Tajo y creo que hay que darlo una vuelta. No me cabe la menor duda de que se han regado y se están regando».
En esta misma línea, aunque más comedido, también se manifestó el presidente del Consejo Regional de Cámaras, Fernando Jerez, quien aseguró que «el agua es de todos pero no puede valer para todo, como dice Barreda». Por ello, indicó, «es necesario que la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha defienda sus intereses hídricos. Hay que mirar bien para dónde va el agua del trasvase Tajo-Segura y qué uso se hace de él».  

Los regantes de la Mancha Oriental dicen, por el contrario, que comparten «las tres cuartas partes» de la visión de Juan José Moragues sobre la situación actual de la cuenca del Júcar

Juan José Moragues, presidente de la

La reciente entrevista concedida a La Tribuna por el presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, ha suscitado reacciones encontradas desde dos ámbitos bien diferentes, los ecologistas y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental.
Por una parte, Ecologistas en Acción de Albacete consideraba sus declaraciones como ajenas a la realidad de la cuenca que, insisten, se encuentra desde su punto de vista en un estado general de sobreexplotación, no sólo en la Mancha Oriental, sino en todo su conjunto.
Por la otra, desde la Junta Central de Regantes, su presidente, Francisco Belmonte, consideraba que «casi todo» el discurso del presidente es asumible, con un sólo «pero», el del ámbito de la futura demarcación, cuya definición corresponde al Gobierno.
Cipriano Escribano, como representante de Ecologistas en Acción de Albacete, señalaba ayer que «en nuestra opinión, el mejor titular que podía haber acompañado a la entrevista debería haber sido Juan José el país de las maravillas, porque nos pareció que Moragues, o peca de inocente, o va de inocente»
«No se puede hablar de eficiencia ni de contención en el consumo cuando la norma de los 7.000 metros cúbicos ha permitido hacer 3.000 pozos nuevos», afirmó, en referencia a la norma que permite realizar transformaciones al regadío de pequeño tamaño por debajo de ese volumen y que, según denuncian los ecologistas, se ha convertido en un «coladero» que acentúa la sobreexplotación de la cuenca.
«Para nosotros, la cuenca está sobreexplotada -señaló- y nadie nos convencerá de lo contrario hasta que no haya un control efectivo y real de los consumos a través de caudalímetros, no sólo a través de estimaciones realizadas con imágenes de satélite».
Por contra, el presidente de la Jcrmo, Francisco Belmonte, se mostraba bastante más prudente sobre las palabras de Moragues. A su juicio, «las tres cuartas partes de la entrevista son perfectamente asumibles por nosotros y sus palabras demuestran que, si por él fuera, habríamos tenido un acuerdo en el Júcar hace años».
«El único ‘pero’ que le ponemos a su discurso está en la definición que da del ámbito de la Demarcación -afirmó- pero eso es algo que no sólo depende de él, depende de un decreto que el Gobierno de la Nación debería haber promulgado desde hace mucho tiempo».
En todo caso, y en este aspecto, Belmonte se acogió a las palabras finales de la entrevista del presidente, «esto es, que seremos duros y vehementes donde tengamos que serlo, en las mesas de negociación, en los foros de debate; en el resto, nobleza obliga».
«Aún así, por encima de polémicas y debates, hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, como él mismo dice -afirmó- y es que, hoy, como en el 98, la peor hipótesis posible es que no seamos capaces de llegar a un acuerdo, ahí si que perderíamos todos».    

En los próximos días se iniciará el pago correspondiente a las ayudas compensatorias solicitadas por agricultores y ganaderos que tienen su actividad en lo que se denominan ‘zonas desfavorecidas’. Se trata de un paquete de subvenciones que beneficiará a cerca de 14.000 personas y cuyo importe supera este año los 19 millones de euros. El consejero de Agricultura dio ayer la noticia y las cifras en Cuenca.
José Luis Martínez Guijarro recordó que las zonas agrícolas desfavorecidas comprenden por un lado las zonas de montaña en las que la actividad agraria se caracteriza por una limitación considerable de las posibilidades de utilización de las tierras y por un aumento de los costes de la explotación agraria. A pesar de esas dificultades, la actividad agraria es necesaria en esas zonas para salvaguardar el espacio natural. Igualmente, en el mismo capítulo de zonas desfavorecidas también se incluyen las que están amenazadas por la despoblación y que dependen de la actividad agrícola para su supervivencia.
«Casi el 92% de la superficie de Castilla-La Mancha se encuentra en alguna de las categorías de las zonas desfavorecidas», apuntó el consejero. En concreto, el 35,2% corresponde a zonas de montaña, el 53,3% tiene problemas de despoblamiento y el 3,3% restante corresponde a zonas con dificultades ambientales específicas.

Más de 800 municipios. Así, de los 919 municipios que componen Castilla-La Mancha, 830 se encuentran en zona desfavorecida. Una cifra que representa el 90,3% del número total de localidades que hay en la Región. Por categorías, 338 municipios están en zonas de montaña, lo que supone el 36% del total. La mayoría se encuentran en zonas de despoblamiento. En total, son 483 localidades y representan más de la mitad de todas las que hay en Castilla-La Mancha. Por último, existen 9 municipios que se encuentran en áreas con dificultades ambientales específicas. Suponen el 1% del total.
Martínez Guijarro explicó que el objetivo de estas ayudas es «compensar ese mayor esfuerzo que tienen que hacer los agricultores en materia de costes y contribuir al desarrollo sostenible del medio rural mediante la creación y mantenimiento de la actividad agraria, de la cual depende la economía de muchos de estos municipios».
Analizando los datos por provincias, de los agricultores y ganaderos castellano-manchegos que recibirán estas ayudas compensatorias, la mayoría procede de Cuenca, con 4.090 beneficiarios que se repartirán 5,64 millones de euros. La siguiente partida más cuantiosa recalará en Ciudad Real, con cinco millones de euros para 3.856 agricultores y ganaderos. Después le sigue Toledo, que recibirá 3,2 millones de euros para 2.423 solicitantes. Albacete tiene 2.107, para los que llegarán tres millones en ayudas. En el último lugar está Guadalajara. Son en total 1.162 agricultores y ganaderos en zonas desfavorecidas, para los que habrá una compensación de 2,2 millones de euros.
El consejero hizo estas declaraciones a los medios desde Cuenca, donde también presentó la orden de pesca para este año.  

Los sindicatos lamentan la actitud «obstruccionista» de Asaja en el proceso de negociación y afirman que un convenio de ámbito autonómico igualaría las condiciones laborales

Los sindicatos UGT y CCOO reclamaron ayer un convenio del campo a nivel regional, tras firmarse el de Ciudad Real, al tiempo que lamentaron los «desencuentros» con Asaja y su actitud «obstruccionista» en el proceso de negociación.
En un comunicado, CCOO denuncia la precariedad laboral y salarial de los 10.000 trabajadores por cuenta ajena de sector agrícola de Ciudad Real y propone un convenio de ámbito regional para homogeneizar tanto las condiciones laborales y salariales de los trabajadores como las condiciones para la competitividad de las empresas castellano-manchegas.
Comisiones explica que tras un año de negociación plagado de «desencuentros» con la patronal agraria, que ha mantenido en todo momento una «actitud obstruccionista y abusiva», el pasado miércoles se firmó el convenio del Campo de la provincia de Ciudad Real para los años 2009 y 2010, que afecta a unos 10.000 trabajadores, un número que oscila mucho en función de las diferentes campañas agrícolas.

Un convenio necesario. Para CCOO este convenio «no cumple muchas expectativas de los trabajadores, pero al menos permite actualizar los salarios para las grandes campañas agrícolas, como el melón, la aceituna y, sobre todas ella, la vendimia». A su juicio, «es necesario ir a un convenio colectivo del Campo ámbito regional, para combatir la precariedad que padecen los trabajadores por cuenta ajena del sector agrícola de nuestra región y para homogeneizar tanto las condiciones laborales y salariales de los trabajadores como las condiciones para la competitividad de las empresas».
En este sentido, tanto UGT como CCOO, apuntan a Efe que no es lógico que la patronal Asaja, con quien tienen que negociar en toda la comunidad, ponga más problemas a la hora de alcanzar un acuerdo en la provincia de Ciudad Real, que es la que tiene mayor número de trabajadores agrarios.
El incremento salarial pactado por los sindicatos UGT y CCOO y la patronal agraria para 2009 es del 1% en todos los conceptos; un 0,2% por encima del IPC con que se cerró ese año. La subida se aplicará cuando ya ha pasado un trimestre de 2010. Según la nota de CCOO, se mantienen todos los derechos adquiridos y no hay ninguna rebaja o recorte en el articulado, «pese a la exigencia de Asaja de eliminar artículos importantes el complemento en IT para accidente y enfermedad; así como la propuesta patronal de recortar la antigüedad».
«Desde el año 2006, los trabajadores del sector de la provincia de Ciudad Real vienen cobrando los salarios del año anterior, debido al permanente bloqueo patronal de la negociación colectiva», concluye CCOO.