Albacete no pertenece al Júcar, y el Júcar no pertenece a Albacete. Lo que pasa por el paraje de Cuasiermas y marca el límite entre los términos municipales de Albacete y Madrigueras es otra cosa, pero no es el Júcar, según la Generalitat Valenciana.
Semejante afirmación consta, en negro sobre blanco, en un escrito que ha presentado el director general del Agua de la región vecina, José María Benlliure, ante el Ministerio de Merdio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM). Y dice basarse en la célebre sentencia del Supremo de 2004.
Como se recordará, esta sentencia obliga a la Generalitat Valenciana a asumir la gestión de sus cuencas internas que, conforme a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, son de su competencia exclusiva y no pueden formar parte de la cuenca del Júcar.
La sentencia también obliga a la Junta de Comunidades a asumir la gestión de una pequeña cuenca endorreica, la de Pozohondo. Pero, según Benlliure, existe un conjunto de cuencas endorreicas que abarcan «la casi totalidad de la llanura albaceteña» y que, a su juicio, no son Júcar y también deben quedar fuera.
De ellas, las más importantes serían dos. En primer lugar, el ámbito de los ríos Quéjola, Jardín y Lezuza «que no tiene salida natural a la cuenca del Júcar, infiltrando o evaporándose sus caudales» y el acuífero subterráneo Jardín-Lezuza que, siempre según la Dirección General del Agua valenciana, está «claramente diferenciado» de la Mancha Oriental.
«Más extensa aún, y afectando a la propia ciudad de Albacete, tenemos la cubeta de Los Llanos -indica- la principal prueba del endorreismo de esta cubeta, lo constituye el Canal de María Cristina, proyectado y construido hace más de un siglo con objeto de drenar esta amplia zona».
Lo curioso de esta afirmación es que lo que hay en la superficie -la cubeta de los Llanos- no formaría parte del Júcar, pero si formaría parte del ámbito de la CHJ lo que hay bajo ella, esto es, el gran acuífero subterráneo de la Mancha Oriental.
«Si seguimos criterios hidrogeológicos, es evidente que hay una relación entre el acuífero de la Mancha Oriental y la cuenca del Júcar -afirma el director general del Agua de la Comunidad Valenciana- aunque ya hemos mencionado que no todas las masas de agua subterráneas de la llanura albaceteña tienen una conexión tan clara con este río y pueden ser claramente diferenciadas».
El motivo por el cual Benlliure hace toda esta exposición es que, si hay que aceptar que todo lo antedicho forma parte del Júcar, se debería aceptar lo mismo para la zona del Vinalopó-L’Alacantí, una de las áreas excluidas por el Supremo del ámbito del Júcar, donde se encuentran núcleos como Alicante o Benidorm.
«En otras palabras -afirma- si hemos de considerar la importancia de las aguas subterráneas para mantener como una misma cuencaalgunos de los endorreísmos manchegos y el Júcar, hemos de hacer lo mismo con la unidad entre el Vinalopó y L’Alacantí».
Es más, incluso llegar a señalar que, si el Vinalopó-L’Alcantí quedase fuera del ámbito de la CHJ, habría que segregar los «endorreísmo manchegos» y, por esta razón «tanto al abastecimiento a Albacete como las sustituciones de regadíos con aguas subterráneas con aguas superficiales del Júcar, deben pasar a considerarse como transferencias entre demarcaciones», esto es, trasvases.
En definitiva, que «debe mantenerse la unidad del sistema Vinalopó-L’Alacantí» o bien «separar igualmente la cubeta endorreica de los Llanos de Albacete, incluyendo lógicamente la capital de esa provincia, de la Demarcación del Júcar».    

En negro sobre blanco. José María Barreda, presidente de la Junta de Comunidades, ha enviado una carta a la Ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, en la que considera «inadmisible» que se quiera blindar el trasvase Tajo-Segura con concesiones de agua.
Tal y como adelantó La Tribuna de Albacete el domingo, la Confederación Hidrográfica del Segura está ultimando las concesiones a los regantes del Tajo-Segura para remitirlas, en el plazo de «unas semanas» a la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, que es quien debe darles el visto bueno final.
Es preciso señalar que éste es el tercer intento de blindar los regadíos del trasvase. Los otros dos tuvieron lugar en 2004 y en 2007, y contaron con la más enérgica oposición por parte de la Junta, quien rechaza que los regantes de la cuenca del Segura tengan derechos sobre los recursos de una cuenca diferente, la del Tajo.
En este caso, el rechazo ha llegado desde lo más alto, desde la presidencia de la Junta de Comunidades. El 13 de mayo, José María Barreda escribía a la ministra de Medio Ambiente, para rechazar de plano que se otorguen concesiones sobre 400 hectómetros de agua del Tajo a regantes del Segura y por espacio de 75 años.
El presidente señala que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se considera «inadmisible la concesión de aguas procedentes del Tajo para regantes del Segura».
Barreda manifiesta en su carta la «enorme preocupación» del Gobierno regional, ya que resulta evidente que el otorgamiento de estas concesiones daría lugar a una consolidación de derechos sobre unos recursos que son necesarios en la cuenca del Tajo.

archivo inmediato. Barreda ha pedido a la ministra que sea sensible a esta problemática «que resulta gravemente perjudicial para el río Tajo, para los miles de ciudadanos que viven en las poblaciones que abastece, y para el desarrollo presente y futuro de Castilla-La Mancha», y le ha pedido en su escrito «que se proceda, de una manera efectiva, al archivo de los expedientes iniciados».
De hecho, el escrito remitido a la ministra Elena Espinosa remarca que el artículo 12.2 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan hidrológico Nacional establece que «Toda transferencia se basará en los principios de garantía de las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamiento de la cuenca cedente, incluidas las restricciones medioambientales, sin que se puede verse limitado el desarrollo de esa cuenca amparándose en la previsión de las transferencias».
En el caso concreto del Tajo, los estudios disponibles prevén una demanda de abastecimiento urbano e industrial para los distintos sistemas dependientes de la cabecera del Tajo, en el horizonte 2015, que unida a las restricciones ambientales que establecen las directivas europeas resultaría claramente incompatible con la detracción de recursos para riegos a la cuenca del Segura.    

La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) acaba de hacer públicos los datos del nivel de sustancias químicas presentes en los casi 6.000 acuíferos subterránes catalogados en los 27 estados miembros de la UE.
Como es lógico, dentro de esta base de datos, a la que ha tenido acceso La Tribuna, se encuentra el acuífero de la Mancha Oriental, el más importante de la Cuenca del Júcar y de la provincias de Albacete y Cuenca, tanto para el regadío como para el consumo humano.
En lo tocante a este acuífero, se recogen datos desde el año 1985, aunque de forma discontinua, y llegan hasta el año 2007.
Se contemplan tres sustancias, que son el amonio, los nitratos y los nitritos, aunque estos últimos sólo desde el año 2003.
En el caso de los nitratos, los datos arrojan una primera sorpresa. El valor medio registrado en el año 1985 (29,8 miligramos por litro) es casi idéntico al que se registró en 2007 (29,31).
POLÉMICA RECURRENTE. En el caso de la Mancha Oriental, el nivel de nitratos ha sido siempre objeto de polémica entre regantes, por un lado, y ecologistas, por el otro, porque la presencia de nitratos se considera un indicador de contaminación por nitrógeno del agua, cuyo origen se atribuye al uso intensivo de fertilizantes nitrogenados en zonas de riego.
Por ello, resulta llamativo que, al cabo de 22 años de explotación intensiva de las aguas del acuífero 18, el nivel sea casi el mismo.
No obstante, esta media ha sufrido variaciones a lo largo del período. En el año 1989, se registró la media más elevada, 44,925 miligramos por litro. También se obtuvo el valor puntual extremo más elevado de todo el período, 278 miligramos por litro.
El valor medio anual más reducido se dio hacia finales del período estudiado, en 2006, con 29,31 miligramos por litro.
Otro aspecto llamativo de los datos recogidos por la Agencia Europea del Medio Ambiente son las fuertes oscilaciones que se dieron entre los valores extremos, esto es, máximos y mínimos, hasta el año 1999. Por ejemplo, en el año 1989, cuando se dio el máximo absoluto antes mencionado, 278 miligramos por litro, el mínimo fue de sólo seis miligramos, esto es, más de 40 veces inferior.
MENORES OSCILACIONES. Sin embargo, a partir del año 2002, se aprecia una diferencia mucho menos acusada entre los valores extremos. Los máximos oscilan entre los 45-60 y los mínimos llegan, en el peor de los casos, a los 16 miligramos por litro.
En el caso del amonio, su presencia ha registrado valores más estables, con valores que oscilaron entre los 0,02 y 0,03 miligramos por litro. Los nitritos, aunque sólo se han analizado entre 2002 y 2007, registran unos valores similares a estos últimos.
Es preciso señalar que la base de datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, denominada Waterbase-Groundwater contiene información sobre la presencia de estas mismas sustancias en los demás acuíferos subterráneos de la provincia de Albacete, y, en general, del resto de España.
En total, y sólo de nuestro país, hay datos sobre un total de 434 acuíferos subterráneos.
LÍMITES MÁXIMOS. En España, las normas de calidad de las aguas para consumo humano se establecieron en el Real Decreto 140/2003, de 7 de marzo. En su anexo I, se establece que el valor paramétrico máximo de nitratos para las aguas de consumo humano es de 50 miligramos por litro y, de nitritos, de entre 0,1 y 0,5 miligramos por litro.
Es preciso señalar que este valor es el que se marca para el agua que sale de los grifos, esto es, el agua que procede de una fuente de abastecimiento, sea superficial o subterránea, y que ha pasado por un proceso de potabilización, siempre obligatorio.
En ningún caso, sea agua del río Júcar o del acuífero de la Mancha Oriental, el agua pasa directamente de la fuente de suministro a la toma de agua, sino que pasa por todo un complejo sistema de tratamiento.
Aún así, es preciso resaltar que los valores medios del agua sin tratar del acuífero 18, tanto para nitratos como para nitritos, no exceden de lo que exige la legislación española para el agua ya tratada.
En otras zonas de la cuenca del Júcar, como la Plana de Valencia, los acuíferos subterráneos si superan con creces estos valores. Datos recogidos por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y referidos al período 1995-2000 recogen valores medios en nitratos cercanos a los 100 miligramos por litro, notablemente superiores a lo que constata la AEMA en el Júcar Medio.    

La Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua (CNA) se reunió ayer en Madrid, para debatir una vez más el polémico borrador del Real Decreto que fija el ámbito de las futuras demarcaciones hidrográficas.
Como es sabido, el principal escollo para que este Real Decreto salga por consenso son los límites de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Algo en lo que las posturas de las regiones implicadas no se mueven ni un ápice, por lo que el CNA se habría dado un mes más de plazo para que todas las partes presenten más documentación.
Fuentes de la Consejería de Ordenación del Territorio, consultadas por La Tribuna de Albacete, señalaron que la posición manchega «sigue siendo la misma», esto es, la segregación del Júcar de todas las cuencas internas valencianas, conforme a lo establecido por el Tribunal Supremo, en su conocida sentencia de octubre de 2004.
Según esas mismas fuentes, ésa habría sido la posición defendida por la directora general del Agua de la Junta de Comunidades, Verónica Montero. Una posición contra la cual cargó el consejero valenciano de Medio Ambiente y Agua, José Ramón García Antón.
En un comunicado oficial, García Antón señaló que la posición de su gobierno es «conseguir, de una manera clara, que L’Alacantí, Las Marinas y todo el territorio valenciano continúen dentro de la Demarcación del Júcar-Vinalopó, y sus cuencas internas estén garantizadas, tal y como se estableció en el gran pacto del agua del Plan de la Cuenca del Júcar, en 1997».
El conseller de Medio Ambiente recordó que, en aquel acuerdo, todas las administraciones y usuarios implicados en la cuenca votaron por unanimidad tanto el Júcar-Vinalopó, como el trasvase de agua a los pozos «sobreexplotados» de La Mancha Oriental.
«Sin embargo, el Gobierno de Castilla La Mancha, así como el anterior equipo ministerial, han pretendido romper el pacto, aunque ahora parece que hay solución y estamos volviendo a la racionalidad en la gestión hidráulica» ya que, a su juicio, el Ministerio «ha estado receptivo» a las propuestas y posiciones valencianas.    

Antes de 2015, todos y cada uno de los acuíferos subterráneos de la provincia de Albacete y, en general, de toda España, deberán tener en vigor un plan para la prevención y/o reducción de la contaminación, y acreditar un buen estado químico, especialmente en lo tocante a los niveles de presticidas y de nitratos.
Este será el propósito básico del proyecto de Real Decreto sobre protección de aguas subterráneas que el el Ministerio de Medio Ambiente presentó, el pasado lunes, ante el Consejo Nacional del Agua que, en realidad, es la aplicación o transposición de la Directiva 2006/118/CE de la UE, sobre protección de las aguas subterráneas contra la contaminación.
En Albacete, esta Directiva tendrá un gran impacto, porque buena parte de su suministro de aguas, tanto para el consumo humano como para el uso agrícola o industrial, dependen de los acuóferos subterráneos.
La zona centro y nordeste de la provincia forma parte de uno de los mayores acuíferos subterráneos de Europa, la unidad hidrogeológica 08.29 o acuífero de la Mancha Oriental.
Este acuífero tiene unos 7.500 kilómetros de extensión, y dos terrcios del mismo corresponden a la provincia de Albacete. En la actualidad, se subdivide en tres niveles, que son Mioceno (el más superficial), Cretácico y Jurásico.
De este acuífero, dependen el regadío de la provincia de Albacete, uno de los pilares de su economía, y el abastecimiento a numerosos núcleos del centro y nordeste. Hasta hace bien poco, entre ellos estaban los casi 170.000 habitantes de la capital provincial, que aún cuenta con una red de pozos para casos de emergencia en el suministro de aguas.
Hacia el Sur, la situación se torna mucho más compleja. Enesa zona, hay muchos pequeños acuíferos, que en algunos casos saltan los límites, no siempre precisos, entre unas cuencas y otras.
Por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Segura tiene identificados hasta medio centenar de estos acuíferos subterráneos, como parte del proceso de revisión de su Plan Hidrológico de Cuenca.
Estos acuíferos se verán afectados, en breve, por la Directiva Marco de Aguas Subterráneas (DMAS). Se promulgó en 2006, y marca estándares de calidad del agua y para prevenir o limitar la entrada de sustancias contaminantes en las aguas subterráneas.
Para ello, define criterios de calidad generales y, a partir de ellos, los estados miembros deberán establecer los estándares más adecuados para sus masas subterráneas de agua, teniendo en cuenta las condiciones locales.
El problema es que, en esto, como en muchas otras cosas relacionadas con el agua, España lleva un retraso considerable. Por ejemplo, los estándares básicos de calidad debíanestar establecidos a finales de 2008. Y estamos en 2009.
Definir estos parámetros, así como muchos otros requerimientos establecidos en la DMASes el objetivo del borrador de Real Decreto que se vio en el Consejo Nacional del Agua. Un borrador que, por el momento, ha pasado totalmente desapercibido.    

Hace algo más de cuatro meses, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental denunciaba la existencia de un borrador de la futura Demarcación Hidrográfica del Júcar que, simplemente, ignoraba la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2004.
Ayer, esta propuesta se hizo oficial durante la celebración del Consejo Nacional del Agua (CNA), presidido por la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa. Consta en el borrador de Real Decreto sobre el ámbito territorial de las Demarcaciones Hidrográficas.
En vez de segregar una decena de cuencas internas y hacer que las gestione la Comunidad Valenciana, tal y como marcan dicha sentencia y la propia Constitución, lo que se propone es, simplemente, segregar las esquinas superior e inferior del mapa y, en cuanto al resto de sistemas, dejarlo todo tal y como está.
De esta forma, al norte, el sistema Cenia pasaría a formar parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y, al sur, un pequeño grupo de sistemas, como el Alacantí, quedaría bajo el control de la Generalitat Valenciana, ya que se considerarían cuencas internas.
Al Júcar aún se le colgarían los grandes sistemas, esto es, el Turia, el Palancia y el Mijares. Sin embargo, aún queda partido por jugar, porque la propuesta no ha gustado a ninguna de las partes y, porque tal y como se cuidó de remarcar la ministra, Elena Espinosa, el CNA es un órgano consultivo, sin poder de decisión.
De hecho, sus primeras palabras ante los medios fueron para dejar bien claro que éste «es un consejo consultivo del Ministerio» por lo que «sus conclusiones no son vinculantes con la administración» pero tienen el valor de «intentar aunar y coordinar posturas» en torno al agua.
SENTENCIA INEXISTENTE. Las declaraciones de la ministra destacaron tanto por lo que se dijo como por lo que no se dijo, pues Espinosa pasó por alto, en sus declaraciones, toda alusión pública a la sentencia del Supremo que anuló la mayor parte de la distribución territorial del Júcar hace ya más de cuatro años.
Así, señaló que, dentro del orden del día iban «temas de transposición de directivas comunitarias» sobre aguas subterránea y «temas de carácter administrativo» como las demarcaciones, que si bien tienen carácter administrativo, tienen por detrás «los nuevos estatutos de autonomía» y «cambios que se han dado en las comunidades autónomas».
De hecho, vinculó los cambios en los estatutos de autonomía con los dos años que han pasado desde que se celebró la última sesión del CNA. «Tienen que pensar que, por el medio, se han constituido nuevas confederaciones hidrográficas y se han aprobado determinados estatutos -indicó- y pretendíamos que se aprobasen definitivamente para poder traer la normativa sobre demarcaciones porque, de lo contrario, tendríamos que modificarla prácticamente a los pocos meses de haber sido aprobada o consensuada».
Durante la sesión, el Ministerio presentó, tal y como se esperaba, su borrador de Real Decreto que, además de fijar la nueva Demarcación del Júcar, sus límites con el Segura y la exclusión de algunos sistemas menores, como el Cenia, también incluía cambios en otras cuencas, como la del Guadiana, con la transferencia a Andalucía de tres cuencas internas, en este caso, sin polémica.
CONSENSO AUSENTE. Pero el caso del Júcar, la voluntad de consenso de la ministra cayó en saco roto. Ya que, a la salida del Consejo Nacional del Agua, las posturas de la Generalitat Valenciana y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha seguían sin moverse ni un milímetro.
A los primeros, la propuesta les parecía excesiva: «No compartimos que se separe el Vinalopó de L’Alacantí» aseguró su consejero de Aguas, José Ramón García Antón, quien explicó que «son dos subsistemas que desde hace más de 100 años están viviendo conjuntamente la problemática del agua, compartiendo los acuíferos, las instalaciones, los sistemas de depuración, de reutilización que se pueden utilizar indistintamente en una zona u otra».
García Antón señaló que, si produjese esta segregación, habría infraestructuras que se quedarían «sin cobertura legal» ya que se quedarían a caballo de dos demarcaciones distintas. Sí se dijo a favor del cambio propuesto para el Río Cénia que pasaría de la Demarcación del Júcar a la Demarcación del Ebro, ya que lo consideró «conforme a lo previsto en la Directiva Marco del Agua» de la UE.
En cuanto a la postura de la delegación manchega, encabezada por el consejero Julián Sánchez Pingarrón, la misma quedó patente con su voto en contra a la propuesta del Ministerio. Fuentes de la Consejería de Ordenación del Territorio indicaban ayer que, para la Junta, las garantías que se dan para el cumplimiento de la sentencia del Supremo de 2004 son «insuficientes».
A juicio de los representantes manchego en el CNA, el borrador de Real Decreto no excluye de una manera efectiva todas las cuencas hidrográficas internas del Júcar, aun que dicha propuesta recoja expresamente que «la revisión de la Demarcación Hidrográfica del Júcar deberá respetar, en todo caso, lo resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004».    

En materia de aguas, casi todas las reuniones son cruciales y casi todas las negociaciones son de peso, pero algunas más que otras. Hoy es uno de esos días más que cruciales, con la celebración del primer Consejo Nacional del Agua (CNA) que debatirá una batería de cuestiones que cogen de lleno a los regantes y usuarios de la Mancha Oriental.
En el orden del día de la primera sesión del CNA que tiene lugar desde el relevo de la ministra Narbona por la actual titular, Elena Espinosa, están el borrador del Real Decreto sobre el ámbito territorial de las futuras demarcaciones hidrográficas, así como el del RD que regulará la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y su deterioro.
Ambas normas cogen de lleno a los cerca de 1.000 socios de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo) que usan las aguas del acuífero 18 para atender las necesidades de una superficie de 100.000 hectáreas en la que se encuentra, además de numerosas explotaciones de riego, la ciudad de Albacete, el principal núcleo de población de Castilla-La Mancha.
El ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas es una cuestión crucial desde octubre de 2004, cuando el Tribunal Supremo anuló con una sentencia la inclusión en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar de una decena de sistemas internos de la Comunidad Valenciana -y uno de Castilla-La Mancha- que, conforme a la Constitución, deben estar gestionados por las comunidades autónomas, no por el gobierno central.
Esta sentencia, dictada a instancias de un recurso de la Fundación para el Progreso de Albacete, obligaría a reducir, de forma significativa, el ámbito de la futura Demarcación Hidrográfica del Jñucar, la figura que, en aplicación de la Directiva Marco del Agua de la UE del año 2000, debería sustituir a las actuales confederaciones.

el gran escollo. Pero, además, este fallo o, mejor dicho, su aplicación, se ha convertido en el gran escollo para llegar a un acuerdo que permita desbloquear la revisión del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, que acumula un notable retraso.
La regulación del Real Decreto sobre las aguas subterráneas también cogerá de lleno a la Mancha Oriental porque, pese al programa de sustitución bombeos, esta zona sigue utilizando, en lo esencial, recursos hídricos que extrae del acuífero 18.
Pero, en el orden del día del CNA de hoy, habrá más borradores que no sólo afectarán a Albacete y Cuenca, sino a toda Castilla-La Mancha, y que afectan a puntos cruciales de la política de aguas defendida desde la administración regional como, por ejemplo, la composición de varios órganos.
Entre ellos, estará la composición del propio CNA, así como la composición de los Consejos del Agua de las diferentes demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, entre las que se encuentran las más importantes para Castilla- La Mancha, como Tajo, Guadiana, Júcar o Segura, por poner algunos ejemplos significativos.
Por si fuesen pocas las novedades, en este Consejo Nacional del Agua, se verán muchas caras nuevas desde la última sesión, como la de la propia ministra, Elena Espinosa, la directora general del Agua del MARM, María Moren, o la directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Verónica Montero Robles.

la ley de aguas. De hecho, la última sesión del Consejo Nacional del Agua fue la reunión en la que la ex ministra Narbona presentó su propuesta para reformar la Ley de Aguas, que finalmente quedó aparcada para esta legislatura y que no está presente en el orden del día de hoy.
Al término del CNA, y ya por la tarde, está previsto que representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino reciban en la sede del MARM a los miembros de la directiva de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental.    

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Durante toda esta semana, la ciudad de Estambul, a caballo de Europa y Asia, ha acogido el V Foro Mundial del Agua. Se trata de un evento internacional en el que, en su anterior edición, tomaron parte más de 20.000 delegados llegados de todo el mundo.
Dentro de la programación de actos, en el que han tomado parte técnicos, investigadores y gestores públicos, y en el que España ha tenido una importante presencia, la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) presentó el informe Recursos hídricos en Europa – afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la UE.
Y, en dicho informe, la Mancha Oriental, esto es, la gestión del acuífero 18, que se encuentra bajo las provincias de Albacete y Cuenca, tuvo un especial protagonismo. Porque el principal caso de estudio y análisis del informe de la AEMA es la cuenca del Júcar, de la cual da una detallada descripción.
Dentro de dicha descripción, destaca, en primer lugar, que la agricultura sólo ocupa el 8% de la cuenca «pero supone el 79% del uso total del agua», que fue de 3.625 hectómetros cúbicos anuales en 2001.
Lo curioso es que, cuando se hace la clasificación por cultivos, la AEMA señala que «los principales cultivos de regadío» son las mandarinas (27%), las naranjas (19%), la cebada (6%), el maíz (6%), el arroz (4%) y el trigo (4%).
Estos datos de la UE se contradicen abiertamente con los ataques que, tradicionalmente, se han dirigido en contra de los regantes de la Mancha Oriental, a quienes se les ha responsabilizado del mal estado del río por regar cereales, especialmente maíz.
Aún más, los tecnicos de la AEMA subrayan que, entre 1999 y 2005, los cultivos de regadío que más se han expandido no son los cereales, sino los leñosos, especialmente los olivos y las vides.
La visión que tiene la AEMA sobre la expansión del regadío en la Mancha Oriental tiene sus luces y sus sombras. Por una parte, admite que «ha asegurado que la agricultura fuese financieramente viable en áreas rurales que, de otra forma, podrían haberse visto en riesgo de abandono» y ha ayudado a «mantener la estabilidad socioeconómica» de la región.
Por otra, señala que ha habido un «impacto negativo» en los recursos hídricos, con una bajada de niveles que fue especialmente fuerte entre 1985 y 2001, así como una reducción de las aportaciones del acuífero al río que se remonta a los años 70.
EL AÑO 1999. En este contexto, la AEMA destaca que, desde el año 1999, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, instituciones como la UCLM y los propios regantes crearon y desarrollaron servicios de asesoramiento de riegos.
Así, durante el período 2001-2003, cerca de medio millar de titulares de explotaciones agrarias recibieron asesoramiento directo y 1.200 más asesoramiento indirecto, a través de las administraciones locales o las cooperativas.
«Buena parte del trabajo de los servicios de asesoramiento se centra en la programación de riego -indica el estudio- teniendo en cuenta los requerimientos específicos de agua de cada cultivo».
El núcleo del servicio, prosigue la AEMA, es el cálculo del balance diario de agua, mediante el uso de una red de estaciones meteorológicas automáticas.
AUDITORÍAS. Otra pieza clave son las auditorías de los sistemas de riego, de las que se habían hecho unas 875 hacia el 2005 y cuyo objetivo era el de incrementar la eficiencia de los equipos.
Toda esta información, además, se distribuye a los usuarios por canales convencionales, como a través del, o mediante el uso intensivo de internet.
«En las zonas donde los recursos hídricos son escasos y el precio del agua es alto, una gran proporción de agricultores se ha adherido al asesoramiento -destaca el documento- pero, por contra, en zonas dodne no es escasa y el agua se paga en función de la superficie regada y no del voluemn consumido, la adscripción al servicio ha sido baja».
Paralelamente a los servicios de asesoramiento de riegos, la AEMA también destaca otras medidas adoptadas, como la modernización de infraestructuras y sistemas de riego y concluye que «en general, una mezcla de medidas, incluyendo la expansión del asesoramiento, puede ser el mejor enfoque para hacer frente al uso agrícolam insostenible del agua en el Júcar».