La reforma del Estatuto de Autonomía, que todavía no está aprobada, ya contempla en su artículo 105 la creación de una Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. El Gobierno regional ha optado por adelantarse al Congreso de los Diputados y el Senado y ya ha dado luz verde al anteproyecto de ley que prevé la creación de este organismo. Ahora tendrá que pasar el visto bueno del Consejo Económico y Social (CES), el Consejo Consultivo, y posteriormente llegará a las Cortes para que la aprueben los diputados regionales.
«Nos vamos adelantando a las previsiones del Estatuto y estamos agotando los instrumentos de la reforma», manifestó ayer la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Por el momento, esta Agencia del Agua se hará cargo de todas las competencias en materia hídrica que ya tiene Castilla-La Mancha en la actualidad. Es decir, englobará funciones de explotaciones de riego, infraestructuras de depuración o abastecimiento, competencias que en la actualidad se reparten la Consejería de Agricultura, Ordenación del Territorio y la entidad pública Aguas de Castilla-La Mancha.
«Esto nos va a dar muchas ventajas porque vamos a conseguir reforzar objetivos y coordinar actuaciones», afirmó. Pero además la Agencia del Agua será el ‘negociador’ de Castilla-La Mancha en cuestiones hídricas y ante otras administraciones como el Gobierno central o distintas comunidades autónomas: «Pretendemos que tengan funciones de planificación, ordenación, interlocución política e institucional».
Pendiente de la reforma. La Agencia del Agua estará también preparada para asumir todas las competencias que puedan venir de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que incluye un extenso capítulo sobre esta materia y que exige la participación en los órganos de gestión de las cuencas. «Nos sirve para desarrollar las competencias que hasta ahora tenemos y después ya estará creada la estructura para cuando vayamos adquiriendo nuevas responsabilidades», explicó Rodríguez.
La portavoz dijo que este anteproyecto de ley es un «paso adelante del compromiso de garantizar agua a Castilla-La Mancha, una nueva herramienta para defensa de nuestros intereses». Rodríguez aprovechó además la ocasión para presentar la campaña institucional para la celebración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo: «Necesitamos y queremos agua, con el mismo trato y dignidad que otras comunidades».

Coste Cero. La Agencia del Agua no tendrá partida presupuestaria para su creación y es que, tal y como explicó ayer la portavoz, no supondrá un «incremento de gasto». El futuro organismo se va a nutrir de los recursos que tienen asignados la entidad Aguas de Castilla-La Mancha y las direcciones generales de Agua, Desarrollo Rural y Mejora de las Explotaciones Agrarias. Tampoco se prevé aumento de plantilla. Junto con la Agencia, se creará también el Consejo regional del Agua, un órgano de carácter asesor.

La portavoz llama «irresponsables» a todos los políticos que se manifestaron en Murcia. El Gobierno regional respeta a los ciudadanos que quisieron manifestarse ayer, pero llama «irresponsables» a los políticos que se pusieron detrás de la pancarta. Las razones las explicó la portavoz del Ejecutivo autonómico, Isabel Rodríguez: «Es una irresponsabilidad política porque se están manifestando contra un Estatuto que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados y para eso están los trámites institucionales». Las acusaciones de la portavoz se dirigieron a todos los políticos, pero hizo una especial mención a los presidentes autonómicos de Valencia y Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel.
Rodríguez hizo un llamamiento a todos los políticos para que respeten las instituciones. Además, recordó que a Castilla-La Mancha no se le está pagando con la misma moneda ahora que está reformando su Estatuto. «Nosotros no salimos a la calle para manifestarnos en contra de otros estatutos», recordó.
La portavoz del Gobierno criticó que nunca antes comunidades autónomas como la de Murcia o Valencia han intentado influir en un Estatuto autonómico desde un ámbito fuera de las Cortes generales.
Abocados al final. Para Rodríguez los manifestantes del Levante, lleven las pancartas que lleven, están «abocados al final del trasvase Tajo-Segura», porque no hay agua suficiente en la cabecera del río. «Lo consigamos ahora con el Estatuto, con la entrada en vigor de la directiva europea o con la planificación de las cuencas hidrológicas», avanzó.
Rodríguez interpretó que la manifestación ha nacido de las «buenas enmiendas» que ha presentado el PSOE a la reforma del Estatuto. «Garantizan el agua para Castilla-La Mancha y acaban con el Tajo-Segura», resumió.

Rodríguez resalta que lo importante de la Ley del Aborto es el esfuerzo en prevención.Dos puntos de la Ley de Aborto destacó ayer la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez. Por una parte, defendió que era una reforma «necesaria porque existía un vacío legal». La portavoz dijo que en la actualidad se «pone en peligro a mujeres y profesionales», que pueden ser juzgados penalmente por llevar a cabo un aborto. De ahí, que la Junta esté satisfecha de que el Gobierno de Zapatero trabaje en la actualidad en esta reforma normativa.
La portavoz no subrayó que la Ley propuesta permita abortar hasta la semana 14 o que las menores con más de 16 años no necesiten el permiso de sus padres. Para Isabel Rodríguez lo «importante» es que el 90% de los casos de aborto se debe a embarazos no deseados y que es ahí donde hay que actuar.
Información y prevención. «Creo que tenemos que hacer los mayores esfuerzos en información y prevención», aseguró. La portavoz confirmó que los datos de embarazos no deseados entre jóvenes son «alarmantes» y por eso considera que las «instituciones y la sociedad tendríamos que trabajar mucho en información sexual».
La Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, conocida como Ley del Aborto es uno de los compromisos de Zapatero para esta legislatura. Todavía tiene que ser aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado.

La Junta subirá el porcentaje de empleo público para discapacitados.La oferta pública de empleo para 2009 que el pasado martes aprobó el Consejo de Gobierno reservará un mínimo del 5% de las plazas para personas con discapacidad, tal y como marca la normativa. Ahora bien, la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, ya adelantó que «como siempre en Castilla-La Mancha solemos ampliarla».
En total, la oferta pública de empleo llega a las 2.842 plazas. Para el sindicato Comisiones Obreras la cifra no les satisface por completo. Su secretario general, José Luis Gil, dijo que son «claramente insuficientes.    

Los más de 10.000 agricultores individuales de la Mancha Oriental, repartidos entre Cuenca y Albacete, consumen cada año más de 300 Gigavatios de potencia para bombear el agua

El salón de actos del CREA estaba lle

R.S.

Emilio Fernández

Si el marco legal que regula las tarifas eléctricas se mantiene como hasta ahora, el futuro de los regadíos manchegos pasa por buscarse su propio suministro alternativo de energía para cubrir, en todo o en parte, los más de 300 Gigavatios/hora anuales que consumen.
La afirmación la hizo ayer la vicepresidenta de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Mercedes de Lis, durante un debate celebrado ayer en la sede del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), dependiente de la Universidad regional (UCLM).
El debate tuvo lugar en el salón de actos del CREA, que estuvo abarrotado de técnicos, docentes, investigadores, cargos públicos y sobre todo, regantes, que acudieron a una jornada de estudio sobre el impacto de las nuevas tarifas eléctricas en el regadío.
En el debate, además de la vicepresidenta de la Jcrmo, estuvieron presentes el secretario regional de Asaja, José María Fresneda; el director del CREA, José María Tarjuelo, los investigadores Diego A. Moraleda y Miguel A. Moreno, y el técnico de la delegación de Agricultura, Ángel Larrauri.
El turno de intervenciones lo abrió Fresneda, quien admitó que «no sé de tarifas, ni desde el punto de vista técnico ni desde el legal; pero sí sé que, para arreglar esto, tenemos que decidir si aceptamos el sistema que nos imponen y, para poder decidir, nos tendremos que poner a su mismo nivel».
Por eso, el secretario regional de Asaja defendió una estrategia no sólo de estudio y debate, sino también de movilización, negociación y presión ante quienes deciden, Gobierno y eléctricas, «para que no se decida sin contar con quienes producimos».
Por su parte, Mercedes de Lis hizo una detallada exposición, para demostrar una sencilla tesis: la liberalización del mercado eléctrico, iniciada en 2003, ha sido una ilusión de la que los regantes despertaron de forma muy amarga.
«Creímos ser los reyes del manbo, facturando 30 millones de euros anuales y consumiendo 360 gigavatios -señaló- y nos encontramos con que no éramos nadie, esperábamos un aluvión de ofertas y nos topamos con dos».
Ofertaron Endesa, que se retiró, e Iberdrola, que siempre dejó muy claro que «de rebaja en el precio, nada». Además,Iberdrola hizo, en muchos aspectos, una oferta «calcada» del BOE.
En la negociaciones hubo, no obstante, algun acuerdo parcial, como la mejora de la información al usuario, algunas mejoras en la aplicación de los tramos, elreconocimiento como regantes de algunos usuarios que tenían tarifas industriales o facilidades para cambiar la potencia contratada.
«Aún así, los regantes estamos angustiados en este momento por el coste de la energía -señaló- y, como el clima nos limita y nos impide producir más, es evidente que nuestro futuro pasa por buscar alternativas al suministro».
Y, de hecho, durante el debate se supo que la dirección de los regantes de la Mancha Oriental ya negocia con la administración una solución que pasaría, precisamente, por la generación de energía eólica en el ámbito del acuífero 18.
En este punto, los investigadores del CREA señalaron que una experiencia que implique a más de 100.000 hectáreas, 1.000 explotaciones y 10.000 usuarios nunca se había hecho en España, aunque si ha habido ensayos a escala bastante menor.
No obstante, también recordaron que, recientemente, el DOCM publicaba un Decreto de ayudas a la «autogeneración» de energía.    

Los primeros recibos que han llegado en el comienzo de la campaña de riego, en este mes de febrero, reflejan unos incrementos del importe final del 100 por 100, según los recibos que llegan a la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental

En las últimas semanas, más de 10.000 agricultores, titulares de explotaciones agrarias de las provincias de Albacete y Cuenca, integrados en la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo) han empezado a hacer los primeros riegos de importancia.
Estos riegos, relacionados con la nascencia de las plantas, o con algún tratamiento, por ejemplo un abono, han provocado que lleguen a sus respectivos domicilios las primeras facturas de la luz con cierta entidad, que este año se han calculado de acuerdo con las nuevas tarifas liberalizadas.
Y la sorpresa que se han llevado ha sido sumamente desagradable, según denunciaba ayer Herminio Molina, secretario de la Jcrmo. Porque, de un año para otro, las facturas han duplicado su valor lo que, de persistir esta situación, haría que muchas explotaciones agrarias dejasen de ser rentables.
«Hasta ahora, las facturas que nos habían llegado sólo reflejaban el enganche -explicaba Molina a La Tribuna- así que, aunque las subidas eran grandes, la cifra bruta final no era para asustarse».
Molina ponía como ejemplo el de una explotación media, de un consumo medio de 400 kilowatios para unas 150 hectáreas. El coste del enganche, en febrero de 2008, fue de unos 113 euros, mientras que, en febrero de 2009, ya fue de 451 euros.
«En proporción, es más del doble -señaló- pero el susto gordo ha llegado cuando se ha empezado a bombear; en ese momento, las cuantías totales han subido de tal forma que la gente es está echando las manos a la cabeza».
CASI 3.000 EUROS. Así, en febrero de 2008, el precio del kilovatio era de 0,08 euros, lo que en la explotación-tipo antes mencionada supuso pasarle al cobro un recibo de 1.575 euros. Un año más tarde, con el kilovatio a 0,168 euros, el recibo ha sido de 2.868.
«Creemos, además, que estas facturas están sobrevaloradas, porque el cálculo no distingue entre horas punta, llano y valle -denunció- pues, si lo distinguiese, en este recibo, la cuantía final sería menor en unos 630 euros».
Aún así, con esa corrección, la subida porcentual del recibo sería de tan «sólo» el 70%. Una situación que deja fuera del sector a las explotaciones agrarias cuyo nivel extracción sea superior a los 100 metros de profundidad.
«Aún quedan zonas, pocas, pero quedan áreas en las que se extrae agua a 60-70 metros -estimó- y también hay muchas en las que la media es justo el límite, los 100 metros; pero cuando se llega a Pozo Cañada, se cruza la divisoria del Segura, y se empieza a avanzar en dirección a Tobarra y Hellín, el nivel ya es de 190-200 metros».
RECONVERSIÓN. Estas explotaciones, con unas tarifas de este tipo, están «condenadas» de antemano. Y las demás está abocadas a una profunda reconversión tecnológica y de cultivos, ya que los riegos sólo podrán ser de apoyo, esto es, de mínimos.
«Si se mantienen los precios de la energía como ahora mismo, el mapa de cultivos de la provincia va a cambiar, y de forma radical -advirtió- y no sólo lo hará el mapa político, sino el económico, no olvidemos que el PIB regional aún depende del sector agrícola para aguantar este crisis».
En el capítulo de los cultivos, Molina señaló que, en estas condiciones, los leñosos le comerán el terreno a cultivos más exigentes en agua, como los herbáceos. Y, en el capítulo económico, recordó que, «en esta región, cuando la agricultura tose, el resto de los sectores se coge una gripe».  

Un aspecto poco conocido del trabajo de la Consejería de Agricultura es que, además de dar ayudas a agricultores y ganaderos, u organizar cursos de formación, que son sus actividades más conocidas, también tiene sus propios programas de obra pública.
Uno de los principales programas se denomina Plan de Obras de Infraestructura Rural en la Provincia de Albacete. Recientemente, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba algunos de los proyectos que tiene en marcha.
El programa en cuestión, a pesar de ser poco conocido, es también uno de los más veteranos de la Consejería y su evolución es también una forma de repasar la historia reciente de la agricultura y la ganadería albacetenses, aunque hay prioridades que nunca pasan de moda, como las infraestructuras hidráulicas.
De hecho, de la veintena de infraestructuras planteadas para este 2009, 11 son depósitos, balsas, acequias, tomas, sondeos, embalses, tuberías o bombas.
Asimismo, entre las obras mencionadas en DOCM del pasado lunes 23, también aparecen asuntos muy diversos: básculas, cebaderos, puentes, caminos, cámaras frigoríficas o zonas de baño para ganado, entre otros.
La distribución geográfica y el tamaño de los municipios también son sumamente variados, el último paquete de obras que tiene entre manos la delegación provincial de Agricultura afecta a 20 municipios, esto es, casi la cuarta parte de los 87 municipios con los que cuenta la provincia de Albacete. Dichos municipios son Alatoz, Albacete, Ayna, Liétor, El Ballestero, Bienservida, Bogarra, Casa de Lázaro, Cenizate, Hellín, Molinicos, Nerpio, Ossa de Montiel, Paterna del Madera, Peñascosa, Pozo Cañada, Pozuelo, Tobarra, Villapalacios y Yeste.
El delegado provincial de Agricultura, Antonio Mompó, explicaba esta semana a La Tribuna que «se trata de obras que, en principio, tienen que tener un uso fundamentalmente agrario pero que, al mismo tiempo, suponen alguna mejora de tipo social, porque por ejemplo contribuyen a mantener una actividad y, a su vez, la población, o bien porque tienen un impacto favorable en el mantenimiento del medio urbano o el medio rural».
Estas obras se suman a las que ya realizan en el medio rural otras administraciones, como los propios Ayuntamientos, la Diputación u otras ramas de la administración regional, como la Consejería de Ordenación del Territorio, por poner algunos de los ejemplos más frecuentes.
«Y este es sólo uno de los programas de obras de la delegación -aclaró- porque, por ejemplo, también hay obras relacionadas con la prevención de avenidas y la lucha contra la erosión».    

El pasado jueves, la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes Valencianas debatió y aprobó, con los únicos votos de los representantes del Partido Popular, una iniciativa en la que se pide «revertir» la situación de «sobreexplotación» en la Mancha Oriental.
La propuesta, defendida por el diputado Vicente Betoret, se votó como proposición no de ley yen la misma se pide revisar las asignaciones de agua para los regantes y usuarios del acuífero 18, y así recuperar para el río Júcar y la Albufera caudales que ahora se usan para «productos subvencionados por la PAC».
Esta iniciativa en el legislativo de la región vecina se produce en medio de una escalada verbal del PP valenciano que tiene por protagonista, precisamente, al agua.
En este sentido, cabe recordar el acto celebrado el pasado lunes en la Universidad de Alicante, convocado inicialmente como la presentación del libro Política del Agua 1785-2005, de los catedráticos Antonio GIl Olcina y Antonio Rico, que se tornó en un mitin contra el final del trasvase Tajo-Segura, y a favor del trasvase del Ebro y la política hídrica del PP, prtagonizado por el presidente valenciano, Francisco Camps.
En cuanto a la proposición no de ley sobre la Mancha Oriental, señalar que el portavoz socialista en la Comisión de Medio Ambiente, Francesc Signes, señaló que «técnicamente» el acuífero de la Mancha Oriental no está en situación de sobreexplotación.
Signes recordó que las extracciones del acuífero se han reducido hasta un 25% en los últimos cinco años, y que, incluso, el acuífero de la Mancha Oriental ha llegado a aportar agua al río en el último año, lo que se contradice con la supuesta sobreexplotación.
No obstante, en declaraciones a la agencia EFE, dijo estar dispuesto a considerar la propuesta del PP, siempre y cuando retiren la «eterna» reivindicación sobre el trasvase del Ebro.
Desde Albacete, dede la propia Mancha Oriental, el secretario de su Junta Central de Regantes, Herminio Molina, subrayaba que la argumentación de los populares valencianos tiene un fallo grave, que se remonta al año 1997.
«El Plan de Cuenca del Júcar, cuyas asignaciones se cuestionan desde la Generalitat Valenciana, se aprobó cuando gobernaba el PP, no el PSOE -recordó- porque, a menos que esté muy equivocado, la ministra de Medio Ambiente que lo negoció con nosotros se llamaba Isabel Tocino y, socialista, lo que se dice socialista, no era».
Este Plan, además, formaba parte de un conjunto de planes de cuenca y de normas legales cuya culminación era el Plan Hidrológico Nacional, cuya piedra angular era el trasvase del Ebro, que la Generalitat Valenciana reivindica constantemente.
«Y ahí está la madre del cordero, o reivindicamos todo, o rechazamos todo -afirmó- lo que no puede ser es lo de siempre, lo que me conviene, lo cumplo y lo exijo, y lo que no conviene, pues paso».
En este sentido, recordó que el Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, actualmente en proceso de revisión, contempla el programa de sustitución de bombeos de la Mancha Oriental que, para funcionar, necesita que Valencia modernice sus regadíos.
«Y de eso, por supuesto, ni hablar, para qué vamos a modernizar los riegos, si ese agua es para aliviar a la Mancha Oriental -ironizó- así que, lo más cómodo es que no modernizo, me quedo el agua y, además, se la quito a los de la Mancha. Menudo plan, el del señor Camps».    

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acaba de respaldar, como queda acreditado a través de una sentencia de fecha 2 de febrero, la actuación que ha realizado el equipo de gobierno socialista, desde que tiene la competencia municipal, en lo referente a la recuperación del ciclo integral del agua, cuya gestión fue privatizada por el PP cuando gobernó en la ciudad. Asimismo, considera que todos los pasos que se han dado de cara a la constitución de la sociedad mixta Aguas de Albacete han sido persiguiendo el «interés general» y que en ningún caso ha habido «intención fraudulenta».
El concejal Antonio Martínez, responsable de Economía y Hacienda, fue el encargado de dar a conocer esta decisión de los tribunales y que es la «consecuencia del recurso de apelación» planteado por el PP contra la sentencia de 2007 que desestimaba el recurso que ya interpusieron en contra del acuerdo plenario que aprobó el protocolo para la transformación del modo de gestión del servicio integral del agua, que estaba en manos de una empresa privada y se modificó al sistema mixto de Aguas de Albacete.

Normas acatadas. En este sentido, Martínez resaltó que, con ambas sentencias, la Administración de Justicia reconoce que el Ayuntamiento «al proceder a rescatar el servicio municipal de aguas, no ha infringido ninguna norma jurídica ni ha modificado los elementos contractuales que le unían con el anterior concesionario, lo que es muy importante, ni ha tenido intención fraudulenta de eludir ninguna sentencia».
Es más, según el concejal, la sentencia de hace unos días deja claro que ha sido una «decisión administrativa» que perseguía gestionar, a través de una empresa mixta, el servicio integral de aguas y que pretendía «amparar el interés público sin menoscabo de los derechos de la concesionaria».
Subrayó que, desde 1999, los diferentes equipos de gobierno socialistas que ha habido en el Consistorio han mostrado su «voluntad de intentar aclarar un grave entuerto que tenía el Ayuntamiento como consecuencia de la gestión del PP cuando gobernaba la ciudad». Así, recordó Martínez que el PP hizo una concesión del servicio, privatizando la gestión, que luego «fue declarada nula de pleno derecho por los tribunales» y «desde entonces -insistió el concejal- nuestra única intención ha sido arreglar el problema».

Intereses desconocidos. Martínez apuntó, además, que «no sabemos qué clase de intereses perseguía el PP cuando privatizó, fuera de la Ley, el ciclo integral del agua» o «qué intereses vigilaba cuando se opuso y votó en contra de la empresa mixta Aguas de Albacete, que resolvía, como ha quedado demostrado, el embrollo en el que nos había metido el PP».
El concejal concluyó criticando que no sólo privatizaron «de forma ilegal» el ciclo del agua, sino que «perdieron las elecciones y dejaron como herencia el problema». A eso, añadió Martínez, ya en la oposición votaron en contra de las posibles soluciones y, «no contentos con eso, judicializaron los acuerdos plenarios, y ahora la justicia tampoco les da la razón».
Desde el equipo de gobierno dicen «dudar» de que los concejales del PP vayan a pedir disculpas, aunque confían en que sí acaten la sentencia, contra la que sólo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.    

Fernando Ortega se dice «triplemente satisfecho» por la reciente anulación del Decreto de Sequía. En su calidad de alto cargo de la administración regional, en la de habitante de Castilla-La Mancha y, sobre todo, en su calidad de albaceteño, porque su provincia era, con mucho, la más afectada por la norma anulada por el Tribunal Supremo.
¿Qué consecuencias tiene la anulación del Decreto de Sequía en el Tajo, Júcar y Segura?
En primer lugar, que no se pueden hacer las cosas de cualquier manera. La sentencia, de hecho, anula el decreto porque no se dio audiencia a las comunidades autónomas. No se puede legislar por las bravas, sin hablar antes con las partes implicadas y afectadas, como pueden ser las administraciones o los usuarios. En definitiva, que hay un procedimiento y unas normas de participación, y que todos tenemos que aplicarlas, incluyendo el Gobierno de la Nación.
¿Tendrá consecuencias en otros contenciosos como, por ejemplo, el del ámbito de la futura Demarcación del Júcar?
Son procesos diferentes. Pero creo que hay un denominador común, y es que las cosas no se pueden hacer de cualquier manera, como ya le dije. El Supremo ha anulado el Real Decreto de Sequía porque la ley obligaba, por ejemplo, a convocar la Junta de Gobierno de las Confederaciones Hidrográficas afectadas antes de aprobarlo, y no se hizo. Y el Supremo anuló en octubre de 2004 el ámbito territorial del Júcar porque la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana obligan a la Generalitat Valenciana a asumir la gestión de sus cuencas internas. En definitiva, que nadie por está por encima de la ley, y que las leyes y sentencias no se negocian, se acatan y se cumplen.
¿Qué pasará con los pozos de Hellín después de la anulación del Real Decreto de Sequía?
Que pasan a ser simple huecos en el suelo, porque ya no pueden ser pozos de sequía. La Confederación Hidrográfica del Segura los perforó y los usó para derivar aguas a la cuenca baja del Segura amparándose, precisamente, en este Decreto. Ahora, esas decisiones, así como las que se pudieran haber tomado en el futuro con estos pozos, quedan sin cobertura legal.
¿Vamos a tener Plan de Cuenca del Júcar en 2009, como está previsto?
Ni del Júcar ni de ninguna otra parte, vamos con mucho retraso en todas las cuencas. Es cierto que algunas van más adelantadas que otras, como por ejemplo el Segura, que ya tiene publicado, de forma provisional, el esquema de temas importantes. Pero si uno coge los plazos que están marcados ve que, aunque se llevase todo sin recursos, sin conflictos ni discusiones, se ve que es materialmente imposible. Y eso llevándolo bien.
Entonces, ¿2010?
Eso espero, porque sería una barbaridad irse más allá. Hagamos, si me permite, unas cuentas someras. Supongamos, subrayo, supongamos, que estuviese listo el esquema de temas importantes del Júcar. Una vez publicado de forma provisional, hay seis meses para hacer alegaciones, como ya hemos hecho en el Segura; pasado el plazo, iría al Consejo del de Agua de la Demarcación…
Perdone, pero ¿ese Consejo existe?
Pues no, no existe aún, ése es otro problema añadido. Pero sigamos suponiendo. Llegamos al Consejo del Agua y éste, en un plazo más o menos breve, logra llegar a un documento provisional de Plan Hidrológico. Después, viene otro plazo de alegaciones de seis meses, en definitiva, que 2009 es imposible, no puede ser.
Y entretanto, ¿qué ocurre con la gestión del Plan?
Que seguimos metidos en un círculo vicioso, con el Plan anterior, el de 1998, cuyo ámbito territorial ha sido anulado por el Supremo en virtud de la sentencia de 2004.
¿Cómo se puede romper esta situación?
Cumpliendo la ley y segregando del Júcar las cuencas internas. El problema es que ahí topamos con la indecisión en la que se mueve la Generalitat Valenciana, que no sólo no cumple la Constitución y una sentencia del Supremo, sino que encima se niega a cumplir su propio Estatuto de Autonomía, que marca que las cuencas internas las tiene que gestionar ellos. Pero ahí están, sin decir qué van a hacer o dejar de hacer, negándose a cumplir sus propias leyes y frenando el proceso de revisión del Plan de Cuenca del Júcar más allá de todo límite razonable.    

El de Alarcón, con capacidad para 1.118 hectómetros cúbicos, se sitúa esta semana en el 12,10 por ciento, con 135,22 hectómetros embalsados, 2,62 hectómetros más que la semana pasada.

Los embalses del sistema Júcar-Turia, La Toga, Alarcón y Contreras, cuya capacidad total es de 1.980,1 hectómetros cúbicos, almacenan esta semana 289,54 hectómetros cúbicos, 4,29 más que la semana anterior, según los datos aportados ayer por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
El embalse de La Toba, con capacidad para albergar 9,7 hectómetros, bajó 0,43 hectómetros cúbicos y acumula 3,71 hectómetros de agua embalsada, por lo que se encuentra al 38,23 por ciento de su capacidad.
El de Alarcón, con capacidad para 1.118 hectómetros cúbicos, se sitúa esta semana en el 12,10 por ciento, con 135,22 hectómetros embalsados, 2,62 hectómetros más que la semana pasada.

CONTRERAS. Finalmente, el embalse de Contreras, con capacidad para 852,4 hectómetros cúbicos, sube sus reservas en 2,10 hectómetros, por lo que se encuentra al 17,67 por ciento de su capacidad, con 150,61 hectómetros cúbicos embalsados.
Otros sistemas como el de Almansa se encuentra a cero con una capacidad de 1,6.    

La Consejería de Industria ha dado el visto bueno a la instalación de una planta de tratamiento de adormideras con fines médicos y alimenticios, después de que el proyecto haya superado el estudio de Impacto Ambiental. La industria, que estará ubicada en el paraje de los Pinares del Júcar, ocupará una parcela de más de 300 hectáreas, y prevé una producción de 700 toneladas al día.
El cultivo de la llamada Papaver Somniferum, la común adormidera o amapola blanca, será destinado a la producción de medicamentos -para lo que se utiliza la paja de la planta- y a pastelería o futuras plantaciones -el grano. La empresa responsable del proyecto, Agrarias Manchega Hellinera, prevé para la actividad vallar una superficie de cuatro hectáreas para proteger el cultivo, tal y como recoge el propio estudio de Informe Ambiental al que la Consejería de Industria y Medio Ambiente dio publicidad esta pasada semana.

la PRODUCCIÓN DIARIA. De las 700 toneladas al día que puedan producirse en la futura industria albaceteña, la separación de grano y paja será en un porcentaje de 60-40%, con una producción de 420 toneladas al día de grano y 280 toneladas de paja. En el caso del tratamiento para la industria farmacéutica, la papaver somniferum tiene aplicaciones en la producción de morfina y codeína.
En el caso de las aplicaciones que el opio tiene para la pastelería y productos de alimentación, ya que el aceite que se extrae de la planta está exento de las sustancias alcaloides, y tiene utilidad tanto para dar aroma como para la propia decoración.    

En octubre de 2008, se hicieron cuatro años desde que el Tribunal Supremo anuló varios artículos clave del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar de 1998 que, en esencia, dejaron sin efecto casi todo el ámbito territorial de su Confederación Hidrográfica.
Desde entonces, nadie ha sido capaz de encontrar la fórmula mágica que permita, por una parte, aplicar esta sentencia y, por la otra, lograr un punto de acuerdo que permita aprobar por consenso el citado Plan Hidrológico, cuya revisión se encuentra completamente atascada.
La constatación más clara de este fracaso se publicó en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 10 de enero. Ese día, se publicaba una resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, por la que se emplaza a las partes afectadas para que se personen ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
En concreto, el acto legal que ha provocado este emplazamiento ha sido la presentación de un recurso, por parte de la Generalitat Valenciana, contra el Real Decreto 125/2007, «por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas».
Por esta causa, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ha emplazado a las partes, para que puedan comparecer y personarse en este recurso en el plazo máximo de nueve días. Dicho plazo vence a mediados de la semana entrante.
LA SECCIÓN QUINTA. Que este recurso se tramite ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no es casualidad. Fue esta misma sección la que, en octubre de 2004, anuló los artículos número 1, 20, 21, 22, 23, 24 (apartados 3, 15 y 16-b), 25, 26, 27 y 28 del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar (Orden Ministerial de 13 de agosto de 1999 y correspondientes del Real Decreto 1664/98, de 24 de julio), lo que supuso la práctica y total anulación de los sistemas de explotación de recursos establecidos dentro del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar de 1998.
En virtud de la sentencia del Supremo, dictada a instancias de la Fundación para el Progreso de Albacete, quedó anulada la inclusión en el plan de cuenca de ocho sistemas, que son Cenia-Maestrazgo, Mijares-Plana de Castellón, Palencia-Los Valles, Turia, Serpis, Marin a Alta, Marina Baja y Vinalopó-Alacantí.
El motivo es que estas cuencas son cuencas internas, esto es, se encuentran dentro del ámbito de una sola Comunidad Autónoma. Y, conforme a lo que dictan la propia Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, su gestión es plena competencia del gobierno de la región vecina, la Generalitat.
Como señalaron en su día los portavoces de la Fundación para el Progreso de Albacete, Alfonso Calera y Francisco Delgado, uno de los motivos por los que la sequía es tan fuerte en la cuenca del Júcar es que al río, como tal, «le han colgado una serie de ámbitos territoriales que, en sentido estricto, no son suyos».
Sin estos ámbitos adicionales, la situación del Júcar sería, sin duda, más desahogada. Ambos portavoces, además, señalaron que, en buena lógica, este fallo «debería dejarse notar» en la revisión del Plan de Cuenca y en el Real Decreto 125/2007, que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.
EL REAL DECRETO. Dicho Real Decreto, cuya tramitación fue de lo más accidentada, es lo que ahora, precisamente, se ha recurrido por parte de la Generalitat.
Este Real Decreto es un paso previo a la revisión de los planes de cuenca, que empezó hace ya un año y que sigue completamente atascada. Intenta definir, en términos generales, qué es y qué no es Júcar, en el caso que nos ocupa.
En octubre de 2006, el Gobierno de la Nación presentó al Consejo Nacional del Agua, órgano consultivo en el que están presentes tanto Valencia como Castilla-La Mancha, un borrador del Real Decreto en el que se daba total cumplimiento a la sentencia.
El problema es que, en febrero de 2007, cuando dicho Real Decreto se publicó en el BOE, la redacción definitiva ya no era exactamente tan positiva porque incluía una disposición transitoria que adscribía de forma «provisional» las cuencas internas del Júcar a la Confederación Hidrográfica, en tanto la Generalitat Valenciana no diese cumplimiento a la sentencia, asumiendo sus cuencas internas, como ya han hecho, por ejemplo, las comunidades históricas o Andalucía, en el caso del río Guadalquivir.
De inmediato, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha anunció que recurriría esta disposición, por entender que se quería dejar sin efecto el dictamen del Supremo. Pero, por razones parecidas, aunque opuestas, la Generalitat Valenciana también presentó su recurso.
Y esto es lo que, precisamente, ha hecho que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino haya emplazado a las partes. Mientras tanto, y tal y como denunciaron los ecologistas y numerosas asociaciones y entidades, tanto de Castilla-la Mancha como de Valencia, la revisión del Plan Hidrológico de Cuenca sigue totalmente atascada y sin visos de resolverse adecuadamente.