Las últimas previsiones del Ministerio de Agricultura hablan de leves aumentos en casi todas las producciones, que oscilarían entre las 500 y las 3.000 hectáreas respecto al 2007

El Ministerio de Agricultura (MAPA) acaba de hacer públicas sus estimaciones de superficies de cereales de otoño-invierno, quq reflejan un aumento de las mismas respecto a las cifras logradas el año anterior.

Según estos datos, los aumentos nacionales se sitúan alrededor del dos al cinco por ciento, salvo en el caso del trigo duro, que aumenta casi un 25 por ciento en toda España, hasta alcanzar una superficie de 617.700 hectáreas.

En el caso concreto de la provincia de Albacete, el MAPA habla de una superficie de 55.000-55.500 hectáreas de trigo blando, frente a las 53.000 del año 2007.

La cebada, una de las principales producciones agarrias de la provincia, registra un leve aumento de 3.300 hectáres, ya que se pasa de 176.000 hectáreas en el ejercicio anterior a unas 180.000 previstas para este año.

En la cebada de seis carreras, el MAPAhabla de 90.000 hectáreas de superficie, lo que supone un leve retroceso respecto al 2007, cuando se registraron 90.2000 hectáreas cultivadas.

En la cebada de dos carreras, la situación es la contraria, esto es, un aumento de 3.500 hectáreas, ya que se pasa de las 86.500 hectáreas del 2007 a una previsión para el 2008 de 90.000, siempre según el avance del MAPA, con datos referidos al mes de enero.

En cuanto a la avena, la superficie estimada por el Ministerio para el año 2008 sería de 35.500 hectáreas. lo que supone un leve aumento de 2.500 hectáreas de superficie respecto al 2007, cuando se registraron 33.000 .

El centeno también registra una subida, pero apenas significativa. Pasaría de 5.000 hectáreas a 5.500 en un año, según el MAPA.

Donde hay un retroceso significativo, es en el maíz, del que también se da un avance. De 17.010 en 2007 a 11.025 en 2008.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya ha enviado a la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente los 61 expedientes relativos a la determinación de las características esenciales de los aprovechamientos de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura.

Según el presidente de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita, tales expedientes corresponden a 31 comunidades de regantes de la provincia de Alicante, 24 de la Región de Murcia y seis de la provincia de Almería.

De esta forma, concluye el paso previo para el reconocimiento con base jurídica explícita de los derechos de los regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) sobre los caudales del trasvase.

La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha siempre se ha opuesto a esta pretensión por parte de los miembros del Scrats, ya que el trasvase se nutre de recursos de otra cuenca, la del Tajo y, por tanto, el ejecutivo autonómico considera que estas concesiones equivale a dar derechos sobre las aguas de la cabecera del Tajo a usuarios de otra cuenca.

El presidente de la CHS, a preguntas de los periodistas sobre si se esperan alegaciones de Castilla-La Mancha, señaló que «no hay que centrarse sólo en esa comunidad, ya que podrían venir de otras como Madrid», conocida su posición en relación al trasvase Tajo-Segura.

Los expedientes tramitados representan una superficie bruta de 142.808 hectáreas y una asignación de caudales de 400 hectómetros cúbicos.

Sin esta tramitación, que estaba pendiente desde 1998 con el Plan Hidrológico de Cuenca del Segura, no es posible iniciar el trámite para el reconocimiento de los derechos sobre los mencionados caudales, que hasta estos momentos se vienen amparando en un reconocimiento implícito basado en las Leyes del Trasvase de 1972 y 1980.

En este sentido, recordó que la Ley de Aguas exige disponer de concesión para el uso privativo de aguas públicas, por lo que la situación de los regantes del trasvase, hasta ahora, amparada por una legislación especial, pasaría a integrarse en el marco de la Ley General, lo que constituía una de las aspiraciones más sentidas por parte de los regantes.

Fuentes Zorita contó que ahora es el Ministerio de Medio Ambiente el que va a poner esta aprobación a información pública y «si todo sale bien, entre seis y ocho meses se podrá culminar todo el proceso».

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya ha enviado a la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente los 61 expedientes relativos a la determinación de las características esenciales de los aprovechamientos de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura.

Según el presidente de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita, tales expedientes corresponden a 31 comunidades de regantes de la provincia de Alicante, 24 de la Región de Murcia y seis de la provincia de Almería.

De esta forma, concluye el paso previo para el reconocimiento con base jurídica explícita de los derechos de los regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) sobre los caudales del trasvase.

La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha siempre se ha opuesto a esta pretensión por parte de los miembros del Scrats, ya que el trasvase se nutre de recursos de otra cuenca, la del Tajo y, por tanto, el ejecutivo autonómico considera que estas concesiones equivale a dar derechos sobre las aguas de la cabecera del Tajo a usuarios de otra cuenca.

El presidente de la CHS, a preguntas de los periodistas sobre si se esperan alegaciones de Castilla-La Mancha, señaló que «no hay que centrarse sólo en esa comunidad, ya que podrían venir de otras como Madrid», conocida su posición en relación al trasvase Tajo-Segura.

Los expedientes tramitados representan una superficie bruta de 142.808 hectáreas y una asignación de caudales de 400 hectómetros cúbicos.

Sin esta tramitación, que estaba pendiente desde 1998 con el Plan Hidrológico de Cuenca del Segura, no es posible iniciar el trámite para el reconocimiento de los derechos sobre los mencionados caudales, que hasta estos momentos se vienen amparando en un reconocimiento implícito basado en las Leyes del Trasvase de 1972 y 1980.

En este sentido, recordó que la Ley de Aguas exige disponer de concesión para el uso privativo de aguas públicas, por lo que la situación de los regantes del trasvase, hasta ahora, amparada por una legislación especial, pasaría a integrarse en el marco de la Ley General, lo que constituía una de las aspiraciones más sentidas por parte de los regantes.

Fuentes Zorita contó que ahora es el Ministerio de Medio Ambiente el que va a poner esta aprobación a información pública y «si todo sale bien, entre seis y ocho meses se podrá culminar todo el proceso».

El salón de plenos de la Diputación estaba ayer lleno de cargos públicos. Pero, aunque la gran mayoría eran alcaldes y, en muchos casoso, diputados provinciales, no se trataba de un pleno, sino de la firma de un convenio relacionado con algo tan básico como el agua.

El convenio, cuya firma se aprobó por unanimidad de PSOE y PP en el pleno del pasado día cuatro de este mismo mes, se suscribió por parte del presidente del Consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, y el presidente de la corporación provincial, Pedro Antonio Ruiz.

En virtud del mismo, se contempla una inversión de 10 millones de euros entre 2008 y 2009, financiados a razón de un 70% aportado por la administración regional y un 30% por la Diputación.

Estos fondos se destinarán a obras para mejorar las redes básicas de abastecimiento y saneamiento de los municipios, para mejorar su eficiencia y construir obras de abastecimiento, conducción y depuración de aguas.

Por el momento, ya hay unos 40 municipios que han manifestado su intención de presentar proyectos de obras relacionadas con el ciclo del agua, para financiarlos con cargo a este convenio.

El plazo para poder sumarse al proyecto finaliza el 31 de diciembre de 2009, por lo que coincide con el período de vigencia. No obstante, se irán asignando obras y proyectos con cargo a los 10 millones antes mencionados hasta agotar el presupuesto.

La asignación de obras se hará conforme a lo que establezca una comisión técnica. Los municipios que entren dentro de esta convocatoria deberán aportar una pequeña parte, que oscilará entre el dos y el 15 por ciento, en función del tamaño de los municipios.

Este convenio es heredero de otro similar que estuvo en funcionamiento entre 2007 y 2007, benefició a 30 municipios y se realizaron obras por valor de 9,9 millones de euros.

La presidenta regional del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha abogado por la necesidad de apostar por un plan hidrológico de carácter nacional que tenga el consenso mayoritario de las comunidades autónomas, como pasó con el PHN que fue derogado por Zapatero en el Congreso de los Diputados. Cospedal, que ha realizado estas valoraciones en su visita a la localidad de Tarazona, ha explicado que «no he visto demagogia igual que la que realiza el PSOE en el tema del agua; hubo un Plan Hidrológico Nacional que contemplaba un trasvase del Ebro y por aquel entonces, tanto el hoy presidente de la Junta, como el hoy candidato de ZP por Toledo, Barreda y Bono, respectivamente, dijeron que no había Plan mejor para Castilla-La Mancha; después de eso, lo derogan. Así que el PSOE tiene poca legitimidad para hablar de coherencia».

Cospedal estuvo acompañada por los candidatos populares al Congreso y Senado por la provincia de Albacete, que han visitado las localidades de Tarazona de la Mancha y Minaya, además de mantener un almuerzo de trabajo con el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de la capital albacetense. María Dolores de Cospedal, que invitó a los castellano-manchegos a disfrutar del rico patrimonio cultural y artístico que ofrecen los municipios de nuestra región -en referencia a la Plaza Mayor de Tarazona – dijo que la finalidad de su visita es conocer de primera mano los problemas reales que afectan a los hombres y mujeres de nuestra tierra. La presidenta aprovechó la visita a Tarazona de la Mancha para recorrer las instalaciones de la cooperativa La Unión, de la que forman parte 2.200 socios.

La última oferta pública de adquisición de derechos de agua en la Mancha Oriental ha sido «sustancialmente mejor» que la del año anterior, pero el que haya nuevas restricciones o limitaciones dependerá de la pluviometría y de los resultados definitivos de dicha oferta.

Este anuncio lo hacían ayer desde Albacete el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, y el comisario de Aguas de la misma, Manuel Alcalde, quienes se reunieron ayer en la sede de la CHJ en Albacete con el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, y el secretario de la misma, Herminio Molina.

Como se recordará, el pasado 28 de enero se cerró el plazo para que los regantes de 25.000 hectáreas de la Mancha Oriental situadas en la zona conocida como Acuífero Mioceno se acogiesen a esta oferta, a un precio establecido de entre 0,20 y 0,25 euros por metro cúbico.

Ayer, Moragues y Alcalde daban las cifras «aún provisionales» de la OPA, conforme a los datos en poder del organismo de cuenca. Según los mismos, se habrían cedido derechos equivalentes a 37,1 hectómetros cúbicos, frente a los 27,3 de la anterior oferta.

Según Alcalde, «se trata de un volumen sustancialmente mejor que el del año pasado» que «demuestra que los regantes han ido confiando en la oferta, al ver que el Ministerio no les vendía humo».

De hecho, y según los datos hechos públicos ayer, este año habrían renunciado a entrar en la OPAderechos equivalentes a un volumen de agua de 8,047 hectómetros cúbicos, frente a los 22,92 que, voluntariamente, rechazaron acogerse a la oferta a pesar de que se abrieron dos plazos para poder entrar en la misma.

RESPONSABILIDAD. El propio Juan José Moragues agradeció el «esfuerzo» y la «responsabilidad» demostrada por los regantes del Acuífero Mioceno, pues al haber acudido mayoritariamente a la OPA«han hecho una renuncia a su derecho de usar el agua, en beneficio de todos los ciudadanos y de los demás regantes».

Ahora bien, a preguntas de los periodistas, Moragues no despejó la incógnita principal, esto es, si el ahorro que los regantes de la Mancha Oriental han hecho, a través de esta oferta, será suficiente para evitar la imposición de nuevas restricciones o limitaciones.

«Lo sabremos el día que abramos los sobres con toda la documentación -precisó- y en función del balance definitivo, tendremos claro qué opciones tenemos».

No obstante, el presidente de la CHJ no ocultó, ni a los regantes ni a los medios de comunicación local, que la situación de la cuenca es poco halagüeña en puntos tan importantes como el embalse de Alarcón, el de mayor capacidad de toda la cuenca.

«No se prevé que haya una mejora a corto plazo en las entradas de agua en Alarcón, esta semana estaban claramente por debajo de las que había hace justo un año», subrayó, «y en cabecera la situación también es bastante delicada, tenemos pocos recursos y poco caudal».

Para ser exactos, hace justo un año, las entradas de agua al embalse de Alarcón eran de 54 hectómetros cúbicos, mientras que ahora están en 30. Las precipitaciones medias también están claramente por debajo de hace un año, 187 litros el metro cuadrado en 2006 frente a los 89 en el 2007.

Por todo ello, «y porque debemos garantizar tanto el abastecimiento humano como el mantenimiento de un caudal mínimo en el río», el presidente del organismo de cuenca anunció que, previsiblemente, «habrá que tomar algún tipo de medida en la zona más próxima al río».

Y la zona más próxima al río es, precisamente, la zona en la que se ha hecho la Oferta Pública de Adquisición de Derechos. De ahí, precisamente, que haya que mirar con lupa los expedientes que se han presentado por parte de los regantes.

El Gobierno de CLM consideró ayer un «contrasentido sin razón de ser» que el Levante vaya a vender su agua desalada para abastecimiento a Barcelona y a la vez esté pidiendo y llevándose el agua de CLM, «que necesitamos aquí para nuestro desarrollo».

Así lo apuntó ayer en Toledo el vicepresidente primero, Fernando Lamata, después de informar de los acuerdos adoptados por el Ejecutivo autonómico el pasado martes.

Lamata recordó que el río Tajo a su paso por Toledo «es una porquería» y «necesitamos salvarlo», por lo que insistió en la necesidad de poner una fecha de caducidad al Trasvase en el año 2015, como marca el proyecto del nuevo Estatuto de Autonomía, para «que nadie se llame a engaño».

Mientras tanto apostó por que los gobiernos de Valencia y Murcia dejen de poner trabas a la construcción de desaladoras para que en esa fecha estén terminadas y les recomendó que en lugar de vender el agua desalada a Cataluña la destinen a sus usos que para eso se están construyendo.

Asimismo, criticó la postura del Partido Popular a nivel nacional «que ha dejado ya muy claro que apuesta por los trasvases y por el mantenimiento del Tajo-Segura» y que «quiere seguir llevándose el agua de CLM hacia el Levante».

Una posición que la presidenta del PP regional, María Dolores de Cospedal, debía, a juicio del vicepresidente, haber rebatido pero, sin embargo, «parece que ha tirado la toalla» y «que acepta que sus partido defienda la continuidad del Trasvase».

Asimismo, Fernando Lamata denunció el «mensaje confuso» que lanzan los «populares» de la región sobre el Trasvase para no «enfadarse con sus líderes en Madrid» y consideró que con ello lo único que «se hace es animar al Levante a seguir exprimiendo la vaca».

Frente a ello, Lamata insistió en el trabajo del presidente regional José María Barreda que no duda, dijo, en defender los intereses de su región, entre ellos el agua, «por encima incluso de su partido si hace falta y hasta el final».

Y es que, el vicepresidente dejó claro que «no es compatible» defender el fin del Tajo-Segura y a la vez los trasvases como hace el PP de CLM. «No es algo compatible y no se puede engañar. El Trasvase Tajo-Segura tiene que acabar, se termina en 2015 y punto y final».

Por último, a preguntas de los periodistas, Lamata no descartó que de cara al verano puedan producirse restricciones de agua para consumo en distintos pueblos de la región teniendo en cuenta que la sequía se está prolongando en el tiempo y «hay realmente una situación preocupante en la cuenca del Tajo, sobre la que no hay perspectivas de cambio». Por ello, aseveró que el Ejecutivo autonómico está «preocupado y atento».

Sin discusión. Ayer, el Pleno de la Diputación Provincial de Albacete aprobó por unanimidad y pleno acuerdo de los dos grupos políticos, PSOE y PP, la firma con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de un convenio en materia de obras hidráulicas.

El objeto fundamental de este convenio, que se suscribirá en breve entre la corporación provincial y la Consejería de Obras Públicas, es garantizar el suministro de aguas para consumo humano a todos y cada uno de los más de 80 municipios albacetenses.

El motivo para esta unanimidad era obvio. España atraviesa su cuarto año de sequía y las dos cuencas hidráulicas en situación más comprometida son las del Júcar y la del Segura. Y el 90% de la superficie provincial, o pertenece a la una, o pertenece a la otra.

El vicepresidente de corporación, Agustín Moreno, explicaba ante el pleno que «con este convenio, lo que se busca es no tener que abastecer con cisternas ni un solo término municipal», garantizando en todo momento el suministro a los núcleos de población.

Para ello, se destinarán 10 millones de euros a la realización de obras tanto en alta (grandes canalizaciones) como en baja (redes de suministro que llegan hasta las acometidas de los consumidores) para mejorar la eficiencia del abastecimiento, reduciendo pérdidas, perforación o mejora de sondeos y diversas actuaciones en las redes de saneamiento.

Por su parte, el portavoz popular, Antonio Serrano, subrayaba que «en asuntos como éste, siempre iremos de la mano» ya que se trata de garantizar el suministro de algo tan valioso como es el agua en esta parte de la Península, además de cumplir el mandato propio de toda las diputaciones, como es asegurar que todos los ciudadanos disfrutan del mismo nivel de servicios, independientemente del término donde residan.

financiación. Así, durante dos años, 2008 y 2009, La Junta aportará 3,5 millones de euros y la Diputación, 1,5 millones por cada ejercicio. Cada municipio aportará una cantidad que se establecerá en función de su número de habitantes, oscilando entre el dos por ciento que aportarán los municipios de hasta 500 habitantes, hasta el 15 por ciento que abonarán los municipios con más de 30.000 habitantes del presupuesto de las obras y proyectos que les correspondan con cargo al convenio.

Al término del pleno, Agustín Moreno explicaba que «el abastecimiento a los núcleos de población es una prioridad para nosotros» y de hecho, señaló que «el 70 por ciento de los fondos Feder que recibimos se destinan, precisamente, a este propósito».

El resto de estos fondos -un total de 12 millones de euros- se destinan a otras prioridades, como por ejemplo la mejora de la red de carreteras y accesos a los núcleos de población. Pero, en las actuales circunstancias, subrayó el vicepresidente provincial, el agua es la prioridad número uno.

En declaraciones a La Tribuna, Bernardo Díaz del Amo, se mostró muy satisfecho de este logro deseado por todos los miembros del grupo de trabajo de la asociación nacional creada para defender los intereses de las zonas cuyas aguas subterráneas tienen verdaderos problemas.

El presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Aguas Subterráneas, Bernardo Díaz del Amo, ha firmado recientemente con motivo de las jornadas sobre aguas subterráneas celebradas en Elche para hablar de las cuencas del Segura, el Guadiana y el Júcar, un convenio marco con el Ministerio de Medio Ambiente que, según sus palabras, «manifiesta la intención, una vez más, por parte del Ministerio, sobre la necesidad de que los usuarios participen en la gestión y temas relacionados con las aguas subterráneas».

Según Díaz del Amo, hasta el día de hoy las aguas subterráneas ha sido un asunto olvidado por parte de todas las administraciones, de unos gobiernos y otros, si bien con el inicio de la legislatura actual la propia ministra, Cristina Narbona, «aceptaba que los usuarios deben colaborar con la administración y por eso se constituyó un grupo de trabajo representando por la Asociación Nacional de Aguas Subterráneas, la Universidad Politécnica de Madrid y el Ministerio de Medio Ambiente».

El presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Aguas Subterráneas comentó que los trabajos realizados en el proceso anterior a la firma del convenio suscrito estaban basados principalmente en la capacidad de llevar a cabo una reforma de la Ley de Agua actualizando a la realidad que, finalmente, se ha dejado para la próxima legislatura.

Díaz del Amo señaló que el grupo de trabajo constituido en torno a la gestión de la asociación nacional consideraba necesaria la firma de un compromiso institucional como el que se ha producido y que ha sido valorado positivamente.

Con este convenio marco lo que se pretende es básicamente dar solución a los grandes problemas que tienen las aguas subterráneas: «Nosotros por desgracia estamos en una de las zonas más afectadas y nuestros dos acuíferos, 23 y 24 también».

Díaz del Amo señaló que los objetivos principales de la organización nacional en defensa de los usuarios de aguas subterráneas es que el grupo de trabajo constituido siga trabajando al mismo ritmo que lo ha hecho hasta ahora con el apoyo del director general, Jaime Palot, y de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Usuarios de Aguas Subterráneas reconoció que todos estaban deseando firmar este convenio, empezando por el propio Ministerio.