Las precipitaciones que cayeron en la pasada primavera -ciertamente insuficientes en el sureste español- no nos debe impedir dar cuenta de la situación crítica a la que nos encaminamos, con un recurso natural como el agua cada vez más escaso, y objeto de enfrentamiento entre diferentes comunidades autónomas que se disputan entre sí el aprovechamiento de los ríos. Las reservas en las distintas cuencas hidrográficas andan ya por el 60 por ciento, panorámica que se agrava en las cuencas que nos afectan directamente a Castilla-La Mancha y a Albacete, teniendo en cuenta que los embalses del Segura están al 18 por ciento y los del Júcar al 20,8 por ciento (el año pasado por estas mismas fechas estaban al 21,4 por ciento).

Esta situación preocupante, que no de alarma, ha llevado a la Confederación Hidrográfica del Júcar ha solicitar a los 56 municipios de más de 20.000 habitantes situados en la demarcación de la cuenca de este río que cumplan lo establecido en el Plan Hidrológico Nacional y que dispongan de un plan de emergencia ante situaciones de sequía. Hace unas fechas, en este mismo espacio editorial, advertíamos sobre la injusticia que supone el mantenimiento, tras más de un cuarto de siglo de vigencia, del trasvase Tajo-Segura, mientras muchos de los pueblos de nuestra provincia pasan sed literalmente, hasta el punto de que es la Diputación Provincial quien debe echar mano de camiones cisterna para abastecer las necesidades más básicas de abastecimiento de algunos pequeños municipios albacetenses durante el verano.

El problema de la sequía es grave en el sur peninsular, y se intensifica en las cuencas deficitarias y por extensión en aquellas que son cedentes como la cabecera del Tajo. Una política hidrológica nacional, respetuosa con las necesidades de cada territorio y basada en un reparto equitativo, sigue siendo la gran asignatura pendiente en nuestro país desde que se empezó a hablar de la pertinaz sequía, hace ya décadas. Técnicos y políticos debaten sobre cuál es la solución idónea, pues hay épocas en las que se defienden los trasvases y otras tantas en las que se opta por fórmulas alternativas como las desaladoras, que se siguen viendo más como un añadido a la mejora de los canales de distribución del agua, que como una solución. Tal es así, que a día de hoy, la política hidráulica en nuestro país se ha convertido en encarnizada batalla ideológica entre los dos grandes partidos políticos nacionales. Nada hay más triste que la división y el encono en problemas de gran calado social como es el de la falta de agua en España. Una vez más, la anunciada velocidad política va muy por detrás de una realidad cada vez más acuciante.

La reserva de agua acumulada en los embalses peninsulares volvió a bajar durante los últimos días debido a la escasez de precipitaciones y se sitúa en el 61,9 por ciento de su capacidad total, que es de 54.148 hectómetros.

Según el último número del Boletín Hidrológico Semanal, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente, los embalses contienen 33.525 hectómetros tras haber perdido un total de 935 hectómetros cúbicos de agua, tres veces más de lo que habían descendido la semana precedente.

Las cuencas con una situación más precaria siguen siendo las dos cuencas hidrográficas principales de la provincia de Albacete, esto es, la de Segura, cuyos embalses están al 18,4 por ciento y la del Júcar, que se encuentran al 21,4.

Para ser exactos, la cuenca hidrográfica del Júcar almacena según el último Boletín Hidrológico un total de 715 hectómetros cúbicos, cuando su capacidad máxima es de 3.346. Por su parte, la Cuenca del Segura almacena 208 hectómetros cúbicos, cuando su capacidad máxima de almacenamiento es de 1.1.29.

Los datos de pluviometría contenido en el Boletín Hidrológico señalan que ñas precipitaciones han afectado, sobre todo, a las cuencas de la vertiente atlántica. En la cuenca del Júcar, y a lo largo de la última semana, se registraron unas precipitaciones de 0,1 milímetros, lo que supone una porcentaje del 2,8 por ciento respecto a las precipitaciones de la media histórica registrada, que es de 3,2 milímetros.

No obstante, hay que destacar que la pluviometría registrada en Albacete, según el citado Boletín, ha sido nula -la media histórica es de 2,1 milímetros. En lo tocante al Segura, señalar que la pluviometría también ha sido nula en toda la cuenca, frente a una media histórica de 0,7 milímetros.

La propuesta de reforma del sector del vino que la Comisión Europea presentó el 4 de julio incluye finalmente la eliminación, desde la entrada en vigor de las nuevas normas, de todos los mecanismos de gestión del mercado, como las diversas modalidades de destilación o las ayudas a los mostos. Se trata de una de las medidas que más afectarían a los viticultores españoles, y en particular a los de Castilla-La Mancha, si finalmente los ministros de Agricultura de la Unión Europea la aprueban.

El conjunto de mecanismos de gestión del mercado que se suprimirían de forma inmediata son, en concreto, los siguientes: destilación de crisis, apoyo a la destilación de subproductos, destilación de alcohol de boca, destilación de uvas de doble uso, ayuda al almacenamiento privado, restituciones a la exportación y ayuda al mosto para el aumento del grado alcohólico del vino. En conjunto, las medidas de eliminación de excedentes representan un gasto anual de unos 500 millones de euros para el presupuesto comunitario, según la Comisión Europea. En el caso de España, el montante procedente de Bruselas destinado a financiar las destilaciones alcanzó una media anual de 186 millones de euros durante el periodo 2001-2006. Si se consideran el conjunto de medidas, la media anual ronda los 250 millones de euros. Según responsables del Ministerio de Agricultura, la aprobación de esta medida supondría dejar en el mercado alrededor de 12 millones de hectolitros de vino, que no tendrían salida.

POTENCIAL DE PRODUCCIÓN. Otras medidas destacables de la propuesta de la Comisión del miércoles son las relativas al potencial de producción. Por un lado, busca favorecer la salida del sector de los agricultores menos eficientes mediante un programa de ayudas por arranque de viñedo, cuyo objetivo es el abandono de 200.000 hectáreas a nivel comunitario durante un período de cinco años. Los productores que voluntariamente deseen acogerse a este régimen de arranque recibirán una prima por hectárea de viñedo abandonado, cuyo importe se calculará en función de los rendimientos. Para incentivar su utilización desde la entrada en vigor de la reforma, ese importe será más elevado al principio e irá disminuyendo progresivamente. Según la Comisión Europea, la prima media será el primer año de 7.174 euros por hectárea y el último de 2.939 euros. Para una explotación con un rendimiento de entre 30 y 40 hectolitros por hectárea, la prima será de unos 5.600 euros por hectárea el primer año, según fuentes de la Comisión.

Por otro lado, ésta propone mantener hasta el 31 de diciembre de 2013 el actual sistema de derechos de plantación. A partir de 2014 se liberalizarían las plantaciones. Las organizaciones agrarias consideran una incoherencia que una vez completado el programa de arranque se abra la posibilidad de plantar viñedo sin ningún tipo de restricción.

En cuanto al fenómeno de las plantaciones irregulares e ilegales, la Comisión propone que se dé una última posibilidad de regularización durante un corto período de tiempo. Después, será obligatorio arrancarlas. Una parte del presupuesto comunitario destinado al sector del vino se asignará a los países productores para hacer frente a sus necesidades específicas y para financiar las medidas que consideren adecuadas dentro de un menú dado. El presupuesto global oscilará entre 623 millones de euros en 2009 y 830 millones de euros a partir de 2015. El sobre asignado a cada país productor en este nuevo borrador de reforma de la OCM vitivinícola se calculará en función de la superficie de viñedo, la producción y el gasto histórico. Las medidas que podrán financiar los Estados miembros en esta propuesta con su dotación nacional pasan por una posible reestructuración y reconversión del viñedo, un apoyo a la comercialización y promoción de los vinos en países terceros, nuevas medidas más eficaces para la gestión de crisis (seguro contra posibles catástrofes y gastos administrativos derivados de la creación de fondos de mutualidades) y apoyo a la vendimia en verde.

PAGO ÚNICO. Las superficies arrancadas tendrán automáticamente derecho al pago único por explotación, con lo que se garantizará su mantenimiento en buenas condiciones agrarias y medioambientales. La ayuda que se pagará a esa superficie será equivalente al pago desacoplado medio de la región y no superará los 350 euros por hectárea. Además, todas las superficies cultivadas de vid podrán optar a los derechos de obtención del pago único por explotación. La Comisión considera que muchas de las medidas del Reglamento de desarrollo rural podrían ser interesantes para el sector vitivinícola. Entre ellas señala la instalación de jóvenes agricultores, la mejora de la comercialización, la formación profesional, el apoyo a las organizaciones de productores, el apoyo para hacer frente a los gastos adicionales generados por el mantenimiento de los paisajes culturales y la renta perdida y la jubilación anticipada.

Fernando Lamata desgrana en esta entrevista a La Tribuna como ve el futuro de la legislatura y sus nuevas atribuciones como portavoz del Gobierno.

Si el Estatuto no sale del Congreso con la fecha de caducidad del Trasvase. ¿Podría darse una crisis de Gobierno?

No, de ninguna manera. El Estatuto es una herramienta para conseguir que CLM avance, para mejorar nuestras estructuras de gobierno, nuestras competencias y la financiación.En materia de agua ya hemos conseguido mucho. Sólo el debate que Barreda ha liderado en el ámbito nacional en los últimos meses ya ha conseguido ganar mucho terreno y está prácticamente todo conseguido.

Por ejemplo, se ha logrado que el Gobierno central entienda que es necesario que en las decisiones sobre política del agua se cuente con CLMy en normativa se ha conseguido acabar con el acueducto, al afirmar que la cuenca cedente tiene prioridad sobre la receptora. Ahora, lo que toca es aplicarlo y lo vamos a hacer, estamos construyendo las infraestructuras necesarias para usar este agua.

Además, estamos creciendo, y Madrid también. Por tanto, las cuentas están hechas. La media de lo que se ha venido trasvasando al Levante, a excepción de cuando gobernó el PP, que trasvasó muchísimo creando en Murcia unas expectativas irreales, ha sido de 350 hectómetros cúbicos. Pero si CLM sigue creciendo demográficamente, como queremos, esos 350 hectómetros cúbicos que se están derivando al Levante antes de 2015 no se van a poder derivar, porque los vamos a estar usando aquí para consumo humano, que es lo prioritario.

¿Eso quiere decir que aunque el Estatuto no mantenga la fecha de caducidad, el Trasvase va a tener fin?

Sí, se va a acabar por inanición. La ley vigente dice que tenemos prioridad y, por tanto, el crecimiento económico, demográfico y de nuestra industria va a hacer que esa reserva la usemos en su totalidad nosotros.

La cabecera no ha subido, a excepción de en los años 90, de más de 600 hectómetros cúbicos. Esa es la cantidad que nosotros necesitamos para nuestro desarrollo. Por eso, aún sin Estatuto, el trasvase muere por inanición. De ahí, nuestra insistencia al Levante y al Gobierno de España de que aceleren la construcción de desaladoras en Murcia y Valencia.

Conociendo este panorama, ¿por qué en el Levante no quieren las desaladoras?

No las quieren los regantes porque el agua desalada les sale más cara que la del trasvase, que es regalada. Es un problema de costes de producción, que al final puede encarecer el precio de las naranjas, pero no es porque lo que quiera CLM, sino porque no hay agua.

¿Y no temen que por eso se nos pueda tildar de insolidarios?

Egoístas hubiéramos sido si desde hace 30 años no hubiéramos enviado ese agua. Hay que pensar la riqueza que se ha ido para allá y en la riqueza que no se ha quedado aquí. Gran parte del atraso histórico de CLM se debe a que aquí nunca se ha traído un recurso.

Pero parte de esa culpa es nuestra…

Parte de esa culpa es de los que hemos conformado las provincias que hoy son CLM y parte de la solución ha sido crear la comunidad autónoma de CLM. CLM ha sido la estructura política novedosa que nos ha dado una conciencia regional y una voz propia en los foros nacionales de debate, y ha permitido que defendamos el agua, el ave, unas infraestructuras y una universidad.

No es casual que de los años 50 a los 80 se fueran medio millón de personas a otros sitios de España. Ahora hemos invertido esa cuestión y no creo que eso se pueda llamar insolidaridad. No me cuadra esa palabra. También tenemos derecho a crecer y en ese sentido la pelea de Barreda ha tenido todo el sentir.

Volviendo al tema… si de sus palabras se deduce que no era necesario fijar la fecha de caducidad, ¿entonces para qué se hace?

Es una llamada de atención, una bandera, es como una toma de conciencia de que ese recurso se acaba porque antes de 2015 ya no va a haber agua para trasvasar. En todo caso, después de esa fecha, no habrá más acueducto.

¿No es preocupante que el Congreso pueda cercenar parcialmente el proyecto de Estatuto que les ha enviado CLM?

Es preocupante en el sentido de que nosotros vamos a defender nuestro proyecto, que creemos bueno y que es homologable a otros como el valenciano, el andaluz… Sin embargo, no hay dudas, porque ya ha ocurrido con otros estatutos, de que habrá aspectos, como el tema del agua, que generarán asperezas. En todo caso, las modificaciones que afecten al Estatuto tendrán que ser de tal naturaleza que mantengan los contenidos de nuestro texto, los beneficios que para CLM se derivan y que no supongan ningún retroceso para CLM porque desde luego el presidente Barreda no está dispuesto a aceptar rebajas ni agravios comparativos con otras comunidades autónomas.

Incluso podrá ocurrir que, una vez aprobado, Murcia o Valencia lo recurran ante el Constitucional, pero lo que no estamos haciendo es presión social como en el caso de los regantes murcianos con una manipulación de la opinión pública que no está traduciendo lo que aquí estamos conversando de una manera clara. Desde CLM no se pretende perjudicar a Murcia, queremos que viva mejor con una alternativa asumible y financiable.

¿Cuál sería su recomendación a los murcianos?

Pues, además de que miren al mar para obtener el agua que necesitan, les pondría como ejemplo lo que hemos hecho nosotros con el Plan Especial del Alto Guadiana, al reconvertir hectáreas de regadío en secano y, para que no haya perjuicios económicos para los agricultores, hemos realizado un plan intengral presentando alternativas de reforestación, de desarrollo agroindustrial, turístico, de plantas de energía solar…

¿Qué criterio se va a seguir para reformar la Ley electoral?

El que hay. El criterio será la proporcionalidad con respecto a la población. Será la primera, o una de las primeras leyes, que vaya al Parlamento cuando se abra el periodo de sesiones.

El pleno de Investidura se terció tenso entre José María Barreda y María Dolores de Cospedal ¿Se augura una legislatura crispada?

El pleno fue duro efectivamente y podría marcar esa pauta el PP. Es lo que está haciendo en el ámbito nacional. Es la pauta que desde Génova se ha fijado. Me parece que sería un error, desde el punto de vista del propio Partido Popular en CLM, al que le convendría más una legislatura de diálogo. Desde luego el Gobierno de CLM lo va a intentar y el Grupo Parlamentario Socialista, también.

¿Las próximas elecciones generales hace que la postura de los partidos sea más dura?

Sin duda eso puede afectar. El debate nacional ha estado presente en la campaña para las autonómicas y locales porque el PP ha hecho una estrategia en la que le interesaba ese debate, por si podía de alguna forma influir en nuestro electorado usando argumentos relacionados con la política antiterrorista, o con la política de los debates estatutarios.

Por eso, es previsible que ahora que tocan las nacionales se insista sobre eso y afecte de manera especular a la política autonómica y al trabajo en las Cortes. Supongo que el arranque será más crispado, luego quizá tengamos dos años más sosegados para volver a una tensión mayor en el último tramo de legislatura.

¿Cree que la paridad en un Gobierno autónomico es eficiente?

Es eficiente y un factor de progreso. Cuando hablamos de discriminación positiva hablamos no de que la mujer no tenga capacidad, sino de que hay barreras sociales objetivas que, o las remueves, o cargas a la mujer con una bolsa de cincuenta kilos para subir una cuesta. La paridad es obligar a subir esa cuesta compartiendo los kilos entre hombres y mujeres, eliminar de forma obligada la inercia y la barrera social que deja fuera a las mujeres, y funciona.

¿Qué tareas le ha encargado el presidente de CLM para la próxima legislatura?

Coordinar distintos programas, dinamizar e impulsar el trabajo de las consejerías, desatascar algún asunto que quede empantanado, buscar sinergias entre dos áreas que tengan que ver pero que no estén totalmente sincronizadas… Es, en definitiva, un trabajo de ‘fontanería’. También he incorporado la función de las relaciones institucionales con las Cortes y seguiré supervisando e impulsando la labor de los institutos de Mujer y Juventud.

El objetivo es que el Gobierno funcione, que cumpla el programa electoral y los compromisos que el presidente ha asumido en el Debate de Investidura, estar cerca de los problemas, intentando resolverlos y no crearlos para recibir una buena valoración de la sociedad y ganar las próximas elecciones.

A esa labor se suma la de portavoz, ¿se encuentra usted cómodo en esta función?

Es un trabajo que no he realizado hasta ahora y todavía es pronto para saberlo. En la relación personal con los medios sí estoy cómodo, no es nuevo para mí, pero en lo que se refiere a la elaboración de mensajes y la fijación de titulares tiene que haber un proceso de discusión con el equipo de la Portavocía para mantener la calidad de la política informativa que dirigía Emiliano García-Page, que es insuperable en esta función.

No pretendo superarlo, pero sí mantener el ritmo que había generado para intentar explicar lo que el Gobierno está haciendo y por qué lo hace. Es en eso en lo que me voy a tener que esforzar más. Creo que voy a dar más trabajo a los periodistas, tendréis que deshacer la madeja de mis argumentos para convertirlos en algo que puedan entender los lectores. Los menos cómodos seguro que sois los periodistas.

¿Qué le resulta más difícil coordinar el Gobierno o lidiar con los medios?

Para mí es más difícil la relación con los medios de comunicación, porque lo otro es mi entrenamiento, me sale casi sin pensar, mientras que la elaboración de mensajes y coordinar la política informativa de la Junta no lo he hecho hasta ahora y para mí no es fácil.

¿El Gobierno de Barreda es fácil de ‘vender’?

Sí. En la anterior legislatura el Gobierno de CLM era el mejor valorado de España y eso no es casualidad, es resultado de un buen trabajo y de una buena tarea de comunicación. Hay materia para poder explicar y defender gestión. Estamos llevando a cabo medidas sociales innovadoras y pioneras en España, y esas cosas se venden bien, porque en definitiva es traducir preocupaciones sociales en políticas.

Hay otros temas conflictivos que podrían no ser tan fáciles de vender, pero el presidente Barreda siempre ha actuado con coherencia y con lealtad hacia sus interlocutores y, por ello, también se venden bien, incluso cuando te equivocas. Si tú has intentado hacer bien las cosas y lo que haces tiene sentido y coherencia, aunque sea difícil y conflictivo, es fácil de vender. En política informativa la coherencia de las ideas y los actos es lo que mejor se vende.

¿El presidente le pidió ayuda a la hora de confeccionar el nuevo Gobierno?

No. Nos ha pedido opinión a distintas personas sobre cómo veíamos distintas actividades. La relación del presidente conmigo es una relación no tanto de pedir consejo, sino de escuchar una opinión experta y fundamentada. El Gobierno lo ha hecho el presidente Barreda de principio a fin.

¿Entonces no puede explicar por qué María Luisa Araújo en junio estaba en el Ayuntamiento y ahora ha vuelto al Gobierno?

Sí, puedo explicarlo en la medida en que soy portavoz del Gobierno. Son momentos distintos. El presidente Barreda tiene a la consejera de Economía como uno de los pilares en el Gobierno, es una excelente profesional y ha hecho una gestión brillante que ha coincidido, y probablemente ha propiciado, el momento económico más brillante de la región de los últimos años. En esa apuesta firme que hizo el presidente Barreda por ganar en Toledo, permitió que Emiliano García-Page reforzara su candidatura con una consejera y otros cargos de la Junta, con el fin de hacer una lista muy fuerte, para ir a por todas. Había que ganar y se gana y se ganan también las Autonómicas y llega la hora de conformar gobiernos. El presidente busca distintos equilibrios para su equipo, teniendo en cuenta personalidades, experiencias, capacidades, acentos que vas a poner, paridades… En esa combinación aparece nuevamente María Luisa Araújo en una figura que no estaba prevista: la Vicepresidencia Económica.

¿Cuál será la labor de María Luisa Araújo?

Se encargará de coordinar las sinergias entre la nueva consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, con una Consejería de Industria potente, con la de Turismo, que será estratégica, y potenciar el uso de las empresas públicas como Sodicaman, y aprovechar el potencial de entidades financieras regionales como CCM o las rurales. Las líneas estratégicas que impulsará será el desarrollo de parques logísticos, todo el tema de energías renovables y convertir a CLM en una primera potencia turística. El sector agroalimentario también será otro de sus ejes de actuación, para conseguir la internacionalización, además de de mantener las cuentas en orden para que lelvar a cabo las políticas sociales de vanguardia del Gobierno Barreda.

El Consejo del Agua de la Cuenca del Guadiana, reunido ayer en Ciudad Real, dio el visto bueno al borrador del Plan Especial del Alto Guadiana, un documento que contó con los votos a favor de 28 miembros del Consejo, con 12 abstenciones y con un «no», el de los grupos ecologistas.

El borrador del plan fue presentado a los distintos agentes sociales a principios de octubre y sometido a la consideración del Consejo el pasado 26 de junio, cuando se acordó el aplazamiento de la votación debido a «la complejidad y extensión del documento y a la vista de las peticiones formuladas por diversos miembros», según recoge una nota de prensa remitida por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

Así pues, el borrador será remitido al Ministerio de Medio Ambiente, ya que debe ser aprobado en próximas fechas por el Consejo Nacional del Agua para su posterior sometimiento al Consejo de Ministros, donde se debe ratificar el resultado favorable que ayer emitió la Cuenca del Guadiana y el que se espera también del Consejo Nacional, de manera que sea aprobado en forma de Real Decreto.

En la reunión celebrada ayer en la capital se trató un único punto: someter a conformidad el PEAG, un trámite que, según la CHG fue «aprobado por amplia mayoría» y que supone una muestra de «la participación y la corresponsabilidad de las administraciones territoriales y los agentes sociales». De igual forma, la institución de la Cuenca destacó el respaldo recibido por parte de la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de las organizaciones profesionales presentes en el encuentro y «de las principales comunidades de regantes».

No obstante, el plan contó con el voto en contra de los grupos ecologistas, en concreto, de Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO-BirdLife y WWF/Adena. El resultado de este «no» se encuentra en el hecho de que los 200 hectómetros cúbicos que se establece el PEAG para regadío no permiten, según estos grupos, el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, de manera que la recuperación de los acuífero se podría retrasar de forma considerable, hasta 2040, tal y como indicó después de la reunión el responsable de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, José Manuel Hernández.

Otra de las razones por las que los ecologistas emitieron un voto desfavorable es el hecho de que considera que no existe el consenso social necesario para pasar por alto la Directiva Marco del Agua.

De igual forma, consideran que el plan «ha evitado fijar criterios e indicadores objetivos que permitan evaluar el proceso de recuperación de los acuíferos y no ha reflejado tampoco mecanismos de reversión de los cuantiosos fondos con los que se pretende subvencionar a los regantes en el caso de que no cumplan las medidas de reducción de consumo de agua», tal y como indican en un comunicado de prensa.

Asimismo, los ecologistas consideran que «aún peor sigue la impunidad ante el uso ilegal del agua» y se refirieron a los seis pozos ilegales cerrados en el último año por la Cuenca frente a la existencia de los más de 60.000 que existen en esta zona de La Mancha.

De este modo, el representante de Ecologistas en Acción comentó la posibilidad de recurrir a Europa el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua, aunque señaló la necesidad del trámite previo del Consejo Nacional del Agua. Por último, afirmó que la alternativa del plan es cumplir la ley vigente.

La empresa Aquadeus, perteneciente al Grupo Fuertes, ha respondido a las críticas de Ecologistas en Acción y a la denuncia de la Asociación de Amigos del Arquillo. «La empresa siempre ha velado por el mantenimiento del caudal del río Arquillo, para lo que se han instalado dos estaciones de control mediante limnígrafos del tipo Parshall y de los que se dispone de lectura diaria, estando estos datos a disposición de la Administración», expresan a La Tribuna de Albacete.

Asimismo, indican que el aprovechamiento realizado por Aquadeus «no está en ningún caso perjudicando al río Arquillo ya que su caudal actual está muy por encima, en concreto, tres veces más del mínimo acordado con la Confederación Hidrológica del Júcar».

«La empresa ha sido también pionera dentro del sector de aguas en la obtención de dos de las certificaciones más exigentes a nivel internacional, en gestión medioambiental, ISO 14001 así como la ISO 9001 en Calidad Total, que garantiza la trazabilidad en el proceso productivo de la compañía».

La consecución de estas certificaciones concedidas por SGS y controladas por la empresa nacional ENAC ratifican su «firme apuesta por llevar a cabo una actividad productiva respetuosa con el medio ambiente y ofrecer a los consumidores un aseguramiento total de sus productos», explican.

En la actualidad, existe un sondeo, del que se extrae el agua destinada a ser embotellada, que se encuentra autorizado desde hace más de ocho años. De igual modo, y con la finalidad de asegurar el suministro de agua a la planta de embotellado, «Aquadeus solicitó en su momento al departamento de Minas de la Consejería de Industria y Tecnología de la Junta de Comunidades, un sondeo alternativo al que ya tenía autorizado, lo que fue concedido tras la correspondiente tramitación administrativa. En todo caso, ambos sondeos disponen de un perímetro de protección dentro del cual queda prohibida cualquier actuación que pueda alterar las características ambientales del entorno».

En consecuencia, «Aquadeus siempre ha cumplido con la legislación vigente en todas sus actuaciones y ha velado en pro de la preservación del entorno en el que desarrolla sus actividades por lo que desmiente categóricamente cualquier acusación en falso que se le pueda hacer en otro sentido».

El pasado martes, la organización WWF/Adena presentaba en Ginebra (Suíza) un informe titulado Pipedreams? -un juego de palabras entre pipeline (conducción) y dreams (sueños)- que se mostraba, en general, muy crítico con la utilidad de los trasvases de agua.

Entre sus páginas, esta organización destaca tres ejemplos de trasvases, entre todos los que hay en funcionamiento o en proyecto de todo el mundo. Tres trasvases que, lejos de fomentar el uso racional del agua, han promovido su despilfarro.

Este trío lo forman el Trasvase de Snowy River, en Australia; el de las Tierras Altas de Lesotho, en Sudáfrica y el Trasvase Tajo-Segura, en España. De hecho, el primer ejemplo de trasvase mal gestionado, el número uno de la lista es, precisamente, este viejo conocido de los albaceteños.

«Más que resolver una escasez de agua en la cuenca del Segura -indica el informe entregado a la prensa internacional- esta extensa infraestructura hidráulica se ha convertido en un motor del uso insotenible del agua, promoviendo el aumento incontrolado de superficies de riego y los desarrollos urbanísticos en la costa».

De hecho, WWF/Adena lo pone como un claro ejemplo de su tesis principal contra los trasvases, pues considera que «aumentar la disponibilidad de agua con un trasvase puede inducir a un consumo insostenible en la región receptora».

Es más, como consecuencia de esta tesis, la organización ecologista llega a una conclusión: que este trasvase ha dañado no sólo a la región donante, a Castilla-La Mancha, sino también a Murcia, cuya economía está «prisionera» del acueducto Tajo-Segura.

La explicación que da el informe a las consecuencias dañinas del ATS es sencilla: las cifras que se usaron para planificar su construcción y las que ha impuesto la realidad no tienen nada qué ver.

Cuando se puso en servicio, en 1978, «su principal objetivo era cubrir un déficit hídricos estimado en 0’5 kilómetro cúbico por año en el área receptora y asegurar el suministro de agua para 147.000 hectáreas de regadío y 76 ayuntamientos en el sudeste de España».

WWF/Adena recuerda que el acueducto comienza en dos presas en el Alto Tajo, con una capacidad de almacenamiento de 2’4 kilómetros cúbicos, y sus 268 kilómetros de longitud permiten en teoría una transferencia de un kilómetro cúbico por año hacia la presa del Talave.

Pero una cosa es la teoría y otra bien distinta la práctica, porque a la hora de la verdad «las actuales derivaciones de agua son variables y dependen de la existencia de recursos en la cuenca del Tajo. Habitualmente, se transfieren entre 0,2 y 0,4 kilómetros cúbicos por año. Sólo en unos pocos años se ha llegado a transferir el máximo legal permitido de 0,6 kilómetros cúbicos».

Es más, subraya que «en épocas de sequía, siempre que el agua almacenada en embalses de cabecera se ponga por debajo de los 0,24 kilómetros, la derivación se acerca a cero».

Paralelamente -recuerda- en la cuenca cedente, se ha producido un aumento de la demanda, muy por encima de unas previsiones iniciales a las que nunca se ha llegado.