El mejillón cebra ya está en el Júcar y el Segura, aunque por el momento se desconoce hasta dónde ha remontado. La confirmación la daba ayer el secretario general para la Biodiversidad y el Territorio del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano.

Serrano tomó parte ayer en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados. Fue la diputada socialista, Maria Luisa Lizárraga, quien le preguntaba sobre las medidas que se han puesto en marcha para frenar el avance de esta especie.

Serrano recordó que el mejillón cebra se detectó por primera vez en el Ebro, en cantidades significativas, hace unos cinco años. Desde entonces, se ha extendido bajando por la vertiente Mediterránea, aprovechando un entorno de temperaturas inusualmente elevadas y aguas estancadas o con poca corriente, que está relacionado en buena medida con las sequías y la escasez crónica de agua en esta parte de la Península.

Desde entonces, se ha puesto en marcha una batería de medidas para atajar su extensión, como la extracción física de colonias, cambios en la temperatura y caudal de las aguas o el uso de productos químicos o toxinas. Sólo en la cuenca del Ebro, según cifras de su Confederación Hidrográfica, se llegan a gasta dos millones de euros anuales para atajar su expansión y sólo en la cuenca baja. En toda España, explicó Serrano en la Comisión, y hasta 2025, esta especie invasora puede llegar a producir daños por valor de 40 millones de euros.

En septiembre de 2006, se había confirmado la presencia de mejillón cebra en algunos cursos de agua pertenecientes a la Confederación del Júcar, como el Mijares, pero no en el propio río Júcar. También se habían hecho análisis en diversos puntos de la cuenca del Segura, como el Azud de Ojós.

Los técnicos de medio ambiente consultados por La Tribuna en esas fechas concedían especial importancia a evitar la expansión de esta especie invasora en el Segura ya que, a través del embalse del Talave, se llega al acueducto Tajo-Segura y, a través de él, se remonta hasta la la cuenca del Tajo y la vertiente atlántica de la Península.

Este molusco, cuyo nombre científico es dreissena polymorpha, es un caso clásico de especie invasora. Procede del área del Mar Caspio y el Mar Negro, su ámbito natural, y se cree que llegó a España en un carguero que limpió sentinas cerca de la costa, una práctica prohibida y sancionada por las autoridades marítimas.

No es una especie comestible, pues almacena gran número de toxinas. Alcanza densidades espectaculares – en el Ebro, han aparecido colonias con 200.000 individuos por metro cuadrado- y mata las especies autóctonas porque, simplemente, las sofoca y se come todo el plancton. Sus colonias pueden taponar canalizaciones, tuberías e incluso afecta a la capacidad de turbinación de presas.

Las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha han acogido con «satisfacción» la eventual decisión del Ministerio de Industria de aplazar hasta julio de 2008 la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas para regadío, pero consideran que esta no es la solución definitiva y que este sector debe mantener un tratamiento preferencial.

Así lo expresó el secretario provincial de Asaja Ciudad Real, Florencio Rey, quien aseguró que seguirán reivindicando ante el Gobierno central para que tengan en cuenta la situación de crisis que atraviesa el sector agrario, las inversiones que se han realizado en la modernización de regadíos, y los beneficios medioambientales de esta aplicación tecnológica.

«La situación del sector agrario es crítica, fruto del incremento de los costes de producción, de la congelación de los precios, y de la falta de rentabilidad de los productos. Por ello es importante que mantengamos esta tarifa especial para el riego, y esta prorroga nos viene bien, pero no es la solución definitiva».

ACCIONES SINDICALES. Por su parte, Rafael Juárez, de los servicios técnicos de COAG, explicó a Europa Press que esta eliminación de tarifas especiales, sería la última fase de un proceso por el que el Gobierno central pretende liberalizar la energía, acogiéndose a las orientaciones expuestas por la Comisión Europea.

«Nuestra organización está radicalmente en contra de la eliminación de estas tarifas especiales de riego porque el sector agrario no se encuentra en estos momentos en una situación como para afrontar el nuevo incremento de costes, que en función del tipo de tarifas al que se acoja el agricultor puede estar en torno al 20 por ciento», alertó.

Desde COAG dudan de que la liberalización del mercado, que afectaría sobre todo a las explotaciones familiares de carácter profesional, «vaya a beneficiar al consumidor, pues en el pasado hemos sufrido liberalizaciones parecidas y la experiencia nos dice que nunca ha representado una rebaja de los precios al consumidor, sino todo lo contrario».

Esto, unido a otros motivos, como el hecho de que la facturación eléctrica para regadío sea una mínima parte de la facturación eléctrica total (apenas un 1 %) y las ventajas medioambientales que supone la electrificación del regadío frente a los motores de combustión, justificaría plenamente, en opinión de COAG-IR, el que se suspenda ‘sine die’ la desaparición de estas tarifas.

«Esperamos que el Gobierno entre en razones y de marcha atrás, porque a nivel estatal la organización pretende agotar todas las vías de negociación, y llegado el caso tomaremos las acciones de carácter sindical que estimásemos oportunas» advirtió.

UPA. En términos parecidos se expresaron desde UPA, que en boca de su responsable regional de Agricultura, Elena Escobar, dijeron estar «muy contentos» por la moratoria conseguida hasta julio del 2008. «A pesar de que hemos conseguido su aplazamiento un año más, el objetivo no está conseguido porque la subida contempla este Real Decreto podría suponer un 300 por cien en algunos casos», indicó la representante de UPA, quien lo calificó de «autentica barbaridad».

Escobar manifestó que la subida «de un plumazo» de las tarifas del regadío, «un recurso cada vez más necesario», junto con la «crítica» situación de los precios, y la sequía, «harán que muchas explotaciones cierren porque van a ser inviables» alertó.

De otro lado defendió que esta subida frenaría en seco la modernización de los regadíos en bajo consumo, una medida imprescindible en el ahorro de agua «ante la escasez de recursos que vivimos». «Y por ello –anunció– durante este año seguiremos negociando, porque hemos ganado una batalla pero no la guerra».

Actualmente, de los 4,2 millones de hectáreas de cultivo que existen en la región, 417.100 son de regadío, suponiendo el 10 por ciento. Así en Albacete hay 124’6 miles de hectárea de regadío; en Ciudad Real 167,4; en Cuenca, 27,8; en Guadalajara 17,7 y en Toledo 79,6

Esta medida provocaría una subida del entorno 22 por ciento para el precio de la energía eléctrica para regadío en alta tensión y del 28 por ciento para baja tensión, siendo los cultivos más afectados el maíz, el olivar, los viñedos y la remolacha.

Los afectados por las tormentas que asolaron varios municipios de La Mancha el pasado mes de mayo pueden solicitar ya las ayudas económicas que el Gobierno regional aprobó días después mediante Decreto. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó ayer cuatro órdenes que desarrollan esta normativa dónde se explica la cuantía y el procedimiento administrativo a seguir para solicitar las subvenciones.

Así lo avanzó ayer el vicepresidente primero, Fernando Lamata, antes de informar sobre los acuerdos alcanzados por el Consejo de Gobierno el pasado martes.

La primera de las órdenes, explicó Lamata, depende de la Consejería de Bienestar Social que convoca ayudas de emergencia social destinadas a paliar los daños materiales en viviendas y enseres ocasionados por las inundaciones.

La Consejería de Industria y Tecnología ha sacado también una Orden de ayudas destinadas a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas afectadas para «fomentar la inversión empresarial». Según Lamata, el temporal afectó gravemente a muchos talleres y comercios que ahora necesitan ayuda para relanzar su actividad.

La tercera de las órdenes es de la Consejería de Trabajo y Empleo, que concede ayudas a trabajadores autónomos, cooperativas y sociedades laborales para la financiación de las inversiones necesarias en las instalaciones dañadas por el agua.

Por último, la Consejería de Administraciones Públicas ha realizado una convocatoria extraordinaria de ayudas del Fondo Regional de Cooperación Local (Forcol) para la reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal dañados por los distintos fenómenos meteorológicos adversos.

Además de este «importante bloque de ayudas», Lamata recordó que ya está funcionando la actuación de emergencia que se puso en marcha de forma inmediata tras la catástrofe atmosférica para limpiar y reparar escuelas y centros sanitarios con el objetivo de que no se detuviera la acción de este tipo de servicios públicos.

Asimismo, apuntó que el Gobierno de CLM está trabajando y, espera que «se pueda completar ya esta semana», en la redacción de la orden de ayudas destinadas a los agricultores, tras mantener una serie de reuniones y negociaciones con las organizaciones profesionales agrarias.

El vicepresidente primero señaló que la cuantía económica total del paquete de medidas se ha determinado en 300 millones de euros, aunque esta cantidad, dijo, puede ser ampliada en función de las necesidades que vayan surgiendo.

Indicó que también se están valorando otros daños provocados en las provincias de Albacete y Cuenca por otras tormentas que se produjeron en los últimos días de mayo, y resaltó que con estas primeras respuestas el Gobierno de CLM da cumplimiento al compromiso adoptado por su presidente, José María Barreda, de contribuir a recuperar los daños que se produjeron hace unas semanas en estos municipios de la región.

Preguntado por la cuantía económica de las ayudas comprometidas por el Estado, Lamata reconoció desconocer aún la cifra exacta, aunque afirmó que se trabaja conjuntamente con la Delegación del Gobierno de España y con varias de sus instituciones para gestionar dichas subvenciones una vez se haya terminado la peritación de los daños, que es lo que se está llevando a cabo en estos momentos, comentó.

Por último, afirmó que la Junta intentará obtener más información sobre la situación de dos familias de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), una de las localidades más afectadas por las lluvias, que han hecho saber al concejal de Agricultura que sus hijos tendrán que abandonar los estudios para poder salir del bache en el que les metió las tormentas.

Lamata cree que Pardo y Moreno harán de las Cortes el foro de debate que necesita CLM

Salvo imprevistos de última hora, el Congreso de los Diputados aprueba hoy los porcentajes obligatorios de biocarburantes que se deberán usar a partir de 2008 en los vehículos, mezclados con las gasolinas y gasóleos convencionales.

Uno de los parlamentarios que ha seguido este asunto más de cerca es Alejandro Alonso, diputado nacional, portavoz de la Comisión de Agricultura del Congreso y ex-consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Alonso es, por tanto, una voz autorizada a la hora de opinar sobre esta nueva normativa y sobre sus consecuencias en el sector agrario, especialmente en el de nuestracomunidad autónoma, donde los cultivos energéticos se presentan como una propuesta de futuro para el campo.

¿Por qué tenemos establecer porcentajes obligatorios en el uso de biocombustibles?

Pues porque el sector está creciendo, y mucho, a causa del marco de apoyo a esta clase de productos, tanto en España como en toda la UE, pero este crecimiento no se traducía en un mayor uso de los biocombustibles en el sector de la automoción en nuestro país, que es el responsable de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino en un aumento de las exportaciones de biocombustibles españolas al extranjero. Sirva de ejemplo que, durante el año pasado, el 80 por ciento de la producción de bioetanol de nuestro país se exportó.

¿A qué se debe?

A un cuello de botella en la distribución. Las grandes compañías que se dedican a la distribución de biocombustibles han sido muy reticentes, hasta la fecha, a comercializar estos productos en nuestro país, de forma que el gran potencial que tenemos en este terreno se iba, al final, hacia otros países. Por eso, este jueves, el Congreso aprobará una enmienda introducida por el Senado en el que se marca un tanto por ciento obligatorio, una proporción obligatoria de biocarburantes en las gasolinas y gasóleos que se utilizan habitualmente en los vehículos.

¿En qué consiste la enmienda que se aprobará hoy?

En primer lugar, define qué es y qué no es biocombustible. Y, a continuación, marca unos porcentajes de contenido de biocarburantes para los años 2008, 2009 y 2010. Para el 2008, será del 1’9%; el 2009, del 3’4% y el 2010, un 5’83% para ser exactos. Con una salvedad, y es que el objetivo que se fija para el año que viene es indicativo, mientras que los del 2009 y los del 2010 serán obligatorios, las distribuidoras tendrán que cumplirlos por ley.

¿Por qué aprobarlos por ley? ¿No es un procedimiento más complicado?

Pero es más efectivo. Una ley contempla, entre otras cosas, un régimen sancionador, lo que significa que tiene una fuerza normativa que, por ejemplo, no tiene un decreto. Nos dará la capacidad de multar, si llegase el caso, a las empresas que incumpliesen los porcentajes esitulados.

Usted es presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso y fue consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. ¿Cuál es el potencial de la región en cultivos energéticos?

Es enorme. Aunque hay que valorarlos en su justa medida, los cultivos energéticos son una realidad de futuro en nuestra región. En primer lugar, porque nos estamos situando en la vanguardia tecnológica del sector, tanto para producir bioetanol como biodiesel. En segundo, porque algunos de los cultivos con mayor potencial bioenergético, como la colza o el girasol, son viejos conocidos de los agricultores manchegos, estamos hablando de que su implantación no supone un problema, entre otras cosas, porque ya están aquí.

Dice usted que hay que valorarlos «en su justa medida»¿Están justificadas todas las expectativas de negocio que se están levantando?

Hombre, vamos a ver, todo tiene su justo término. Los cultivos energéticos para la producción de biocombustibles son una posibilidad más que se abre entre muchas, esto es, que además de destinar un cultivo, pongamos un herbáceo, para consumo humano o alimentación animal, hay un tercer mercado que se abre para el agricultor, que es vender su producción a las industrias energéticas. Pero ciertas exageraciones, como presentarlos como la panacea del futuro, o ciertos miedos, pensando que la industria energética va a quitarle materia prima a la fabricación de piensos y que el precio de éstos se va a disparar, pues no me parece que estén muy justificados, la verdad.

¿A que se debe ese miedo?

Creo que es un problema de información. Es cierto que los precios del cereal han subido, pero no es sólo por la demanda del sector de la energía. También es que este año hay varios grandes productores mundiales que han fallado. Australia, por ejemplo, que es uno de los mayores productores de grano del mundo, padece una sequía tan grave que sus cultivos se han quedado en la mitad y no es el único caso. Si a eso le juntamos la demanda de materias primas de todo tipo, cereales incluidos, que hay desde los países asiáticos, pues tenemos un escenario muy complicado donde se juntan una fuerte subida de la demanda y un bajón inesperado de la oferta donde los biocombustibles son un factor. Pero no justifica ciertos miedos y que, por ejemplo, un fabricante de piensos tema que llegue una petrolera y lo deje sin materia prima, eso no tiene por qué pasar si las cosas se planifican bien.

El Ministerio de Industria se lo pensará doce meses más. Tras oir a las organizaciones agrarias, a las comunidades de regantes y al Ministerio de Agricultura, ha decidido aplazar -que no suspender- por un año la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas especiales para riego.

Según confirmaba ayer a EFE el director general de Desarrollo Rural, Francisco Amarillo, en los próximos días se publicará un Real Decreto con la prórroga de las actuales tarifas.

Amarillo indicó que la tarifa especial se mantendrá hasta el 1 de julio de 2008 y apuntó que probablemente pueda tener una actualización equivalente al IPC. La medida fue bien recibida por el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Agustín González.

«En esta parte de España, el precio del agua equivale prácticamente al precio de la energía», explicaba, «por lo que mi valoración es positiva, parece que Industria ha decicido hacer caso a Agricultura y a los productores».

González puso unos cuantos ejemplos numéricos. Así, según sus cálculos, una explotacion de 140 hectáreas de superficie dedicada en su mayor parte a cultivos herbáceos consume, como mínimo, 0,5 Megawatios al año en las actuales condiciones, y eso suponiendo que se acoja a todas las posibilidades del sistema tarifario.

«Si se acogiese a todo o, mejor dicho, si se pudiese acoger a todo , estaría pagando unos 5-6 céntimos de euro por metro cúbico», indicó, «pero lo normal es que esté pagando en torno a los 7-8».

El motivo es sencillo de explicar y «complicadísimo» de aplicar sobre el terreno. Por la mañana, se aplica la tarifa punta, 1,5 veces el precio normal. Por la tarde, la llano o normal y, por la noche, la valle, 0’4 veces el precio normal.

«El problema es que este horario no tiene en cuenta las necesidades de los regantes», señaló González, «porque la tarifa nocturna, la valle, nos viene de perlas, pero la normal, la llano, es inaplicable si eres regante, coincide con el horario en que se producen las mayores pérdidas por evaporación, así que muchas veces, para poder calcular el coste de la energía que necesitamos, hay que hacer muchísimos números».

Si la Cuenca Hidrográfica del Segura, la segunda más importante de la provincia de Albacete, receptora del trasvase Tajo-Segura y cuyas zonas media y baja se confunde con la Región de Murcia, fuese una empresa privada, habría echado el cierre hace mucho tiempo, porque su gestión cubre menos de un 60% de los costes relacionados con el agua.

Este último porcentaje se refleja en un reciente estudio del Círculo de Empresarios titulado El Agua en España: Un Mayor Énfasis en la Política de Demanda que fue hecho público por dicho ‘think tank’, uno de los más prestigiosos y veteranos de toda España, esta misma semana.

El citado documento defiende la implantación de una política de precios del agua «homogénea y transparente» en toda España como la mejor forma de ganar en eficiencia y en ahorro, ya que, según advierten, la oferta de agua procedente de ríos, acuíferos, desaladoras y plantas de reciclado difícilmente crecerá al mismo ritmo que la demanda en nuestro país.

Al hilo de este asunto, recuerda que la política de recuperación íntegra de los costes incluida en la Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea empezará a aplicarse a partir del año 2010 en España. Y esa directiva pone sobre la mesa el grado de recuperación de costes en nuestro país.

SÓLO UN 54%. Según el Círculo de Empresarios, y citando datos del Ministerio de Medio Ambiente, en España, la recuperación de costes es una asignatura pendiente. En la captación y el transporte, oscila entre el 50 y el 99%; en la extracción, es del 99%; en los usos urbanos, es del 57-99% y en el regadío, es del 85-98%.

Pero también, indica, hay unas enormes diferencias entre los diferentes agentes que gestionan el agua. «Por ejemplo, dentro de la Cuenca del Segura, el porcentajde de recuperación de costes de los servicios de captación, embalse y transporte de agua varía entre el 54% de la Confederación Hidrográfica del Segura y el 102’86% de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla».

La clave para entender esta diferencia se encuentra precisamente en el precio y quién lo paga. Citando a la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), en España, el precio que se paga por el agua de regadío, que es el principal uso del agua en la CHSy en toda España, oscila entre los 0’12 y 0’24 euros/metro cúbico.

Por contra, el precio del agua que se paga para el suministro, que es a lo que se dedica la Mancomunidad del Taibilla, es sensiblemente mayor. Por ejemplo, en la ciudad de Murcia, y según la OCU, el precio del agua en euros/m3. en 2005 para un consumo de 175 m3. /año fue de 1’37 euros en Murcia y 1’46 en Alicante (en Albacete fue de 0’94).

En estas condiciones, está claro que el usuario doméstico está mucho más cerca de pagar los costes reales del agua que el regadío. Y el impacto de la DMA, a partir de 2010, recaerá sobre el campo.

Se creían a salvo, pero todo fue un espejismo del que despertaron de la peor forma posible, perdiendo sus cosechas y cultivos más valiosos justo cuando eran más vulnerables, a muy pocos días del inicio de la cosecha y las primeras campañas de recolección.

Serían las seis y media de la tarde del martes, cuando una fuerte tormenta de lluvia y, sobre todo, granizo, entró en la comarca de La Manchuela, llegando desde la vecina Cuenca, a la altura de Quintanar. Cortó la provincia en dos, como un enorme cuchillo, arrojando piedras del tamaño de nueces a su paso, saliendo finalmente por la comarca de Almansa.

La lista de municipios donde se han confirmado daños es larga. Madrigueras, Navas de Jorquera, Golosalvo, Mahora, Cenizate, Bormate, Villavaliente, Valdeganga, Casa de Juan Núñez, Higueruela, Hoya Gonzalo, Almansa, Bonete, Montealegra del Castillo. Lo peor, a decir de los testigos y de los técnicos de Agricultura desplazados a las zonas dañadas, es el triángulo formado por tres términos municipales, Navas de Jorquera, Mahora y Golosalvo.

Juan Silvio Heras, es el alcalde de Navas de Jorquera: «Esto fue la zona cero,una catástrofe. Lo peor es que este año esperábamos una buena cosecha tanto en uva como en cereal, y se ha perdido. La uva está dañada en un 70-80 por ciento. El cereal, este año esperábamos un cosechón, de récord, lo nunca visto, y al final se nos ha quedado en un 20 o un 25 por ciento de un año normal, tirando a malo».

20 minutos infernales. La tormenta duró «20 minutos infernales» y, aunque no hubo daños personales, si hay pérdidas económicas que Heras cifró en «el menos» un millón de euros.

El relato del alcalde en funciones de Mahora, Antonio Martínez era desgraciadamente muy similar: «Durante 15 ó 20 minutos la tormenta descargó muchísimo granizo, en un principio prácticamente piedra sola, seguida de un intenso aguacero, lo que provocó daños devastadores en la agricultura, sobre todo en la viña, en el cereal, tanto de secano, trigo y cebada, como de regadío, principalmente maíz, y también en los cultivos de huerta. En algunos parajes concretos que hemos visitado la cosecha está totalmente arrasada, concretamente muchas zonas de vid, cuya campaña se preveía este año óptima».

«Los efectos del pedrisco suponen para muchas familias perder meses de trabajo -prosiguió Martínez- lo que en una población eminentemente agrícola como ésta provoca un sentimiento profundo de abatimiento».

Un sentimiento que la alcaldesa de Golosalvo, Teresa Piqueras, conocía y compartía en primera persona: «No me siento capaz de darle una valoración económica – admitía ayer a preguntas de La Tribuna- es temprano, los técnicos de la Junta han estado aquí por la mañana y mañana (por hoy) vendrán los de la Subdelegación. Pero es que tampoco me atrevo porque la gente está hecha polvo, la gente está muy deprimida, las cosechas se han perdido justo cuando todo el mundo estaba pensando en recogerlas. Algo se podrá recuperar en el cereal, porque estaba asegurado en parte, pero ahora no sabría decirle si las viñas estaban aseguradas o no».

Entre los profesionales, ayer se notaba un claro esfuerzo para mantener el temple. Hablamos con José Ángel Montero, secretario de la cooperativa ‘San Isidro’ de Mahora, con cerca de 300 socios: «Los daños en los cultivos son del 80 por ciento. La vid, lo peor; algo el cereal que se iba a cosechar; el maíz también sufrió daños pero como la planta está pequeña, es posible que se recupere, aunque con un parón, rindiendo menos».

En superficie, y dentro del ámbito de la cooperativa, los daños oscilan entre las 950 y las 1.000 hectáreas. «De media, son del 80 por ciento -aclaró Montero- pero varían según las zonas; lo que es la parte más cercana a Golosalvo y Navas, ahí hablamos del 90 por ciento o más. Hacia Madrigueras y Motilleja, del 50 al 60 por ciento».

En lo que si coincidían ayer todos los testigos consultados era que, al menos, no ha habido que lamentar desgracias personales o daños graves en edificios. Por el momento, los únicos problemas fueron algunos canalones atacascados, imbornales saurados, unas cuantas goteras y entradas de agua y mucho hielo acumulado en algunas cunetas. En cuanto al panorama económico, las primeras valoraciones fiables llegarán en algo más de una semana.

Ayudas. Además de hacer recuento de daños, las organizaciones agrarias hablaban ayer de solicitar una ampliación, un anexo para Albacete, de las órdenes de ayuda para los agricultores perjudicados por las tormentas que, recientemente, publicaba la Junta de Comunidades para otras provincias como la de Ciudad Real.

José Pérez Cuenca, de Asaja, señalaba ayer que «Todos los cultivos hna sufrido, todos. cereal, leguminosas, viñas que estaban muy tiernas, almendro, olivar, y encima en un momento en el que casi todo está muy vulnerable. En este sentido, lo peor, con diferencia, el cereal, que se empezaba a segar la semana que viene».

Por su parte, Julián Morcillo, de UPA, indicaba que «hay daños declarados por toda la provincia, pero lo peor está, sin duda alguna, en La Manchuela, nuestros técnicos nos han hablado de lugares que acumularon medio metro de granizo tras la tormenta».

La Junta de Explotación de la Confederación del Júcar informó a los usuarios de la cuenca de una sentencia «con la que nadie contaba, porque se suponía que era un asunto cerrado»E.F.

Sin comerlo ni beberlo, los regantes y usuarios del Júcar se encontraron con una desagradable sorpresa durante la última Junta de Explotación de la Confederación, celebrada el pasado lunes en Valencia. Tendrán que pagar de golpe el IBI de rústica de los últimos cinco años generado por presas y embalses de la cuenca.

La medida supondrá un incremento leve en sus costes, equivalente a un peseta el metro cúbico, según los primeros cálculos y sólo por este año, a razón de 20-30 céntimos de euro por año. Según comentaban fuentes de los usuarios de la provincia de Albacete, «ha escocido, y ha escocido mucho» ya que en un escenario de costes crecientes, especialmente para los usuarios agrícolas, precios menguantes y, encima, intentando superar la sequía más dura que se recuerda, ésta ha sido la enésima ‘chinita’ en su zapato.

Curiosamente, y según las fuentes consultadas, ésta ha sido una situación de la que nadie tenía noticia y con la que, literalmente, se han topado todas las partes «porque se suponía que éste era un asunto que estaba solucionado; se habló de él cuando gobernaba el PP en Madrid y se llegó a un acuerdo para arreglarlo, de forma que el estado se hacía cargo del pago de este IBI».

Como existía este acuerdo, explicaron, nadie se volvió a preocupar de él «pero parece ser que nadie dio la contraorden, y la maquinaria de la administración siguió su marcha, hasta tal punto que esto derivó en un pleito y, finalmente, en una sentencia, que es lo que nos hemos topado en la Junta de Explotación». Esta situación afecta por igual a todas las cuencas.