El río Júcar y su entorno preocupa a la Plataforma para la Defensa de la Ribera del Júcar. Con ocasión de las elecciones municipales del próximo domingo, Graciano Armero Berlanga, perteneciente a la citada Plataforma, ha remitido una carta a La Tribuna en la que cuestiona a los ciudadanos de Albacete, Mahora, Madrigueras y Motilleja, todos ellos municipios ribereños del ríoJúcar, si «los aspirantes a alcaldes han incluido en sus programas un legado de vida», en referencia a si los candidatos «piensan respetar este río y a su entorno».

En su escrito, Graciano Armero hace un repaso por la reciente historia de lo que califica como «legado de vida y patrimonio geológico» que es un «bien no renovable y sí, en cambio, susceptible de destrucción por desaprensivos promotores que usan el vientre en lugar de la cabeza, que colocan el interés económico antes que la solidaridad intergeneracional».

Graciano Armero asegura que 1998 «salvamos de la especulación urbanística en Motilleja un paraje llamado Dehesa Boyal, zona que baña el río, protegida por su alto valor paisajístico y ecológico». En julio de ese año se anunció que una urbanización proyectada en ese paraje no se podía lleva a cabo en el lugar elegido.

Desde la Plataforma para la Defensa de la Ribera del Júcar, Graciano Armero trae a la memoria lo que «considerábamos un atentado a la naturaleza», el Campo de Golf Las Pinaillas, asegura que el complejo deportivo se realizó con la condición de que no se urbanizaría en los alrededores, y se pregunta «si se cumplirá la palabra».

En otoño de 2005, el Ayuntamiento de Madrigueras, que cuenta con mayoría de Izquierda Unida, rechazó «otro disparate de un sinfín de chalets -según afirma el escrito de Graciano Armero- pensado para el paraje de La Pedrera, frente al Campo de Golf, sobre los peñascos de Cuasiermas en la margen izquierda del río», y, tras recordar que las palabras del alcalde de la localidad fueron «no voy a consentir otro pueblo a ocho kilómetros del nuestro. Madrigueras», pregunta con ironía si tomará ejemplo el próximo primer edil de este municipio.

Por último Armero Berlanga destaca que la Administración Local, desde Toledo, se ha pronunciado en contra de una pretendida permuta para construir en el citado paraje protegido de la Dehesa Boyal en Motilleja, «que ya salvamos en el 98 -afirma Armero-».

Graciano Armero reclama a los ediles que resulten elegidos que tomen nota y sean responsables porque «la Junta de Comunidades sí lo es y ha sido muy clara».

Para concluir, Armero asegura que «confiamos en que los alcaldes que salgan el día 27, en Albacete, Mahora, Madrigueras y Motilleja, alcaldes ribereños, usen la cabeza, sean solidarios y sepan, sobre todo que sepan. De lo contrario, no tendré inconveniente en llamarles ‘necios’, del latín ‘scire’ (saber), precedido de partícula negativa». Finaliza Graciano Armero su escrito agradeciendo a Ecologistas en Acción, a la formación política Izquierda Unida y al Partido Popular, quienes se han manifestado «defendiendo claramente unos valores en los que muchos creemos, porque usamos la cabeza, somos solidarios y sabemos», concluye.

Cuando José María Barreda planteó, en el transcurso del debate de investidura celebrado durante el mes de abril del año 2004, la necesidad de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, muy pocos eran los que se podían imaginar que ahora, tres años después, prácticamente el 74 por ciento de los ciudadanos de la Región apoyan esa postura, que además se ha incluido por unanimidad en el texto de la Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

El problema del agua, el de la necesidad de aprovechar los recursos hídricos para desarrollar económicamente nuestra tierra, y para tener voz y sobre todo voto en los órganos de gestión del agua, ha calado entre los castellano-manchegos, y lo más importante es que ha calado entre todos los segmentos de la población: tanto entre mujeres como entre hombres; entre mayores y entre jóvenes, entre los votantes de un partido y los de otros, y mayoritariamente entre los habitantes de las cinco provincias de la Comunidad Autónoma.

El agua del río Tajo debe servir, debe utilizarse prioritariamente, para promover el crecimiento y desarrollo de nuestra tierra, según se desprende de las repuestas de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma a una pregunta concreta: Hay que acabar con el trasvase Tajo-Segura y aprovechar ese agua en beneficio de Castilla-La Mancha: y la respuesta mayoritaria es Si, y sin ambages.

Esta es la conclusión más obvia que se extrae del sondeo de TNS-Demoscopia para La Tribuna.

Sin discusión ninguna, mayoritariamente. Así que diga lo que diga el Gobierno central o las comunidades de Valencia y especialmente Murcia, el agua del Tajo se debe utilizar aquí.

Y por ello, la reforma del texto del Estatuto de Autonomía, que aprobaron las Cortes regionales el pasado 29 de enero tiene, al menos en este punto, el apoyo mayoritario de los ciudadanos, y esta encuesta servirá para que cuando se decida en el Congreso de los Diputados si se admite ese texto, y si se acepta el texto tal y como llegó al Parlamento nacional, los representantes de las Cortes de CLM y del Gobierno regional tengan argumentos de peso para defender que debe respetarse el sentir mayoritario de la Región a la hora de fijar la fecha de caducidad del trasvase.

RESUMEN DE LA ENCUESTA. Todos los castellano-manchegos encuestados fueron preguntados por la cuestión del trasvase, para conocer, desde su perspectiva, si debería acabarse o no con el mismo y utilizar esa agua en beneficio de la Comunidad.

Los datos aportados por el sondeo no dejan lugar a dudas. Una amplia mayoría de los ciudadanos, casi 3 de cada 4, creen que, efectivamente, debería ponerse fin a esa derivación de agua frente a un 14,4 por ciento (una séptima parte de la población) que piensa que debería continuar existiendo, y un 11,7 por ciento restante sin una opinión formada al respecto.

En todos los segmentos de la población, la proporción de los que piensan que debería acabarse con el trasvase es ampliamente mayoritaria, especialmente, según sexo, entre las mujeres (79 por ciento); según edad, entre los menores de 35 años (77 por ciento); según provincia, en Cuenca (casi el 76%) y Guadalajara (75,5 por ciento) y, según el comportamiento electoral en los comicios autonómicos municipales celebrados en el año 2003, entre los votantes del Partido Socialista Obrero Español (78 por ciento), aunque en todos los casos con porcentajes tan altos que no admite discusión la necesidad de poner fecha de caducidad.

El Mar Muerto, el lugar más bajo del planeta, se encuentra en una grave crisis ecológica con un nivel de las aguas que desciende un metro por año, si bien los expertos aseguran que nunca desaparecerá.

Situado en la frontera entre Jordania e Israel, sobre la llamada falla sirio-africana, y a más de 400 metros por debajo del nivel del mar, el llamado en hebreo Mar de Sal es uno de los lugares más inhóspitos que existen, con temperaturas que en el verano superan los 40 grados a la sombra.

Este calor ha estado presente desde tiempos prehistóricos y genera una evaporación equivalente a 1.050 millones de metros cúbicos de agua anuales, según mediciones en los últimos años.

«El problema que arrastra el Mar Muerto se originó a principios del siglo XX, cuando se produjo un crecimiento demográfico considerable y las fuentes que alimentaban el lago se recondujeron al consumo», explicó el geólogo israelí Amir Eidelman.

Hace 100 años la condensación era idéntica al volumen de agua que ingresaba del río Jordán y de manantiales en la región, mientras que, a día de hoy, el déficit es de entre 450 y 650 millones de metros cúbicos. Esto se ha traducido en un brusco descenso del nivel del agua en los últimos 60 años -28 metros de altura-, dejando amplias zonas desecadas con consecuencias para el singular ecosistema.

Por un lado, la alta salinidad del agua, que hace flotar a cualquier persona que se baña en ellas, queda depositada en la tierra dejando vastas llanuras desoladas. La superficie del lago se ha reducido así de 1.000 kilómetros cuadrados a principios del siglo XX a 650 en la actualidad.

Por otra parte, la recesión de nivel del agua salada ha roto el equilibrio hidrológico y los manantiales de agua dulce que alimentan el mar se han desviado a capas más profundas. Éste es el origen de unos gigantescos pozos que en los últimos años han perforado la superficie, causados por la disolución de fuertes estructuras de sal a unos 30 o 40 metros de profundidad. «Disuelta la sal, la tierra que queda encima se desploma sobre la caverna, arrastrando lo que haya en la superficie», subrayó Eidelman.

Los expertos prevén que el nivel del lago habrá bajado en 2060 150 metros y su superficie se habrá reducido a 450 kilómetros cuadrados. «Ya hemos visto que el tercio sur, mucho menos profundo que el resto del mar, ha desaparecido completamente», subrayó por su parte el hidrólogo Amos Bein. Pero advirtió, frente a las previsiones apocalípticas, de que el Mar Muerto nunca desaparecerá, gracias precisamente a su ultrasalinidad -10 veces más que el Mediterráneo-: «Por pura física, si la salinidad crece, la evaporación se reduce y, en 150 años, se creará un nuevo equilibrio en la que las cantidades de agua que ingresan y la que se evapora sean iguales».

Se estudia crear el Canal de la Paz, un conducto de 180 kilómetros de longitud y dos de alto que trasladaría grandes cantidades de agua del Mar Rojo al Mar Muerto.

«Todos tenemos que arrimar el hombro para que las explotaciones de Castilla-La Mancha sean cada vez más viables y más modernas», dijo ayer Francisco Pardo, cabeza de lista socialista por la provincia de Albacete en las elecciones regionales del 27 de mayo, en su encuentro con los responsables de la asociación empresarial agraria Asaja.

Pardo dijo que los problemas de los agricultores «están siempre en la mente de los responsables de la región, y más concretamente en la mía, siendo hijo y hermano de agricultor, por lo que mi vida a estado siempre ligada al campo, por lo que me siento vinculado a sus problemas».

El candidato socialista informó que durante la última legislatura los agricultores castellano-manchegos han recibido más de 3.670 millones de euros para mantener sus regadíos; además de haberse entregado más de 6.000 ayudas para empresas del sector agroalimentario, y más de 9.000 han recibido ayudas para la reestructuración de sus viñedos.

Paco Pardo dijo que «todos tenemos que arrimar el hombro para que las explotaciones sean cada vez más viables», del mismo modo, dijo, que «uno de nuestros mayores esfuerzos actuales es para que se prioricen los usos del agua, sobre todo en lo que tiene que ver con la defensa de nuestros derechos», así como seguir muy de cerca las negociaciones de la OCM del Vino, que tanto nos afecta, pues no en vano recordó que en Castilla-La Mancha está más de la mitad del viñedo de toda España, esfuerzos que también se realizar para el olivar, y la ganadería».

producción sostenible. Por su parte el presidente de Asaja, José Pérez Cuenca, dijo estar encantado con la reunión con el candidato Pardo, a petición de este último, «para poderle contar de primera mano, que como agricultores que somos nos gusta hablar de producción sostenible».

Por eso, dijo, «todo pasa por el agua», y aunque este año la cosa ha mejorado ligeramente, «hay que pensar en el futuro, y en plantear infraestructuras hidráulicas, para los años de sequía, ya sean entre cuencas o dentro de una misma cuenca». Agua, apuntaba «para progresar, para hacer cosas nuevas, y que sin duda es el principio de fijar la población en nuestros pueblos».

Asimismo, señaló, «entre todos tenemos que conseguir que Castilla-La Mancha esté en los foros donde se debate sobre el agua; no podemos consentir que a pesar de que los ríos más importantes de este país nazcan en nuestra región, sigan teniendo las sedes de las confederaciones fuera de la región, y además sin presencia castellano manchega. Esa es una asignatura pendiente».

Cuenca dijo además que ha llegado el tiempo de plantearse un apoyo decidido por las industrias del biocarburante y biomasa; así como un verdadero proyecto de reforestación en toda la región, «más amplio y ambicioso».

JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ MORAGA

Si uno busca modelos de gestión en los ayuntamientos, encontrará de todas clases, independientemente del color político de quien gobierne. Hay ayuntamientos del PP que optan por la gestión municipal, como los hay del PSOE que optan por la gestión indirecta. Igual pasa con los pocos de IU. No es cuestión de ideología, sino de decisión.

En 1997, un gobierno del PP optó por una concesión administrativa para el servicio del ciclo integral del agua. Años antes, otro gobierno municipal, esta vez del PSOE, había optado por este tipo de gestión en la lectura, cobro y facturación de los recibos del agua. Era una decisión legítima y enmarcada en lo que viene siendo habitual en la mayoría de ayuntamientos de España, tanto de un color como de otro.

Se redactó un pliego de condiciones y se sacó a concurso, garantizando la publicidad y libre concurrencia. Acudieron cinco empresas, se valoraron sus ofertas y se adjudicó a Aquagest. Ninguna empresa reclamó. Sí lo hicieron en el PSOE, a los que no se les dio la razón, y los tránsfugas de IU, no porque el servicio no podía o debía ser gestionado indirectamente, sino argumentando que se valoraba la experiencia y no debería hacerse. Los tribunales primero fallaron a su favor y el Supremo ahora lo ha confirmado. No se puede valorar la experiencia en un pliego de condiciones y por lo tanto la concesión adjudicada en su día queda anulada.

Sorprende la alegría del Alcalde, como si la sentencia la hubiera ganado su grupo. Como sorprende que el Ayuntamiento por él gobernado haya seguido incluyendo la experiencia como concepto a valorar en numerosos concursos, con la ventaja de que a nadie se le ha ocurrido acudir a los Tribunales por ello. Pero más llamativo es que IU no pida la ejecución de la sentencia «por responsabilidad política», a buenas horas mangas verdes. Aunque esa decisión tiene poca importancia ahora, ya que el PP tiene actualmente en los Tribunales un procedimiento contra la prórroga de la concesión del ciclo integral del agua por veinticinco años más, a partir de que finalice la actual (dentro de quince años), la cual acaba de ser anulada. Seguramente muchos se preguntarán: ¿Cómo se puede prorrogar una concesión anulada por el Supremo?

Igualmente, desde el PP hemos recurrido la creación de una empresa mixta, que no municipal (Aguas de Albacete), a la que se ha traspasado la concesión anulada por la citada sentencia del Supremo, donde el Ayuntamiento ha comprado con dinero de todos, el 26% de su capital con dos únicos objetivos. El primero hacer presidente de dicha empresa a Pérez Castell (otro cargo más en su currículum).

El segundo objetivo es el de engañar a los albaceteños, vendiéndoles que el Ayuntamiento ha recuperado el control público del agua. En todo caso cabría hacerse otra pregunta parecida a la anterior: ¿Cómo se puede traspasar una concesión anulada por sentencia del Supremo?

Estamos en mayo, y seguimos sin Ley de Aguas. El Ministerio de Medio Ambiente había prometido que llegaría al Consejo de Ministros en abril, pero lo cierto es que la ley sigue negociándose entre administraciones y usuarios. De momento, de fechas, nada se sabe.

Uno de los mayores escollos que han retrasado su aprobación tiene que ver con el régimen económico del agua. La intención del ejecutivo es incoporar tasas que garanticen la recuperación de los costes en obras y servicios.

Esta idea se procede de la Directiva Marco del Agua de la UE (2000/60/CE) que establece el principio de recuperación íntegra de los costes del agua, conforme al principio de que «quien contamina, paga» (artículo 9).

El problema es que la traslación de este principio a la realidad es muy complicada. Fuentes de los usuarios profesionales del agua de nuestra provincia explicaban recientemente que «la Directiva Marco del Agua está muy bien diseñada para el norte de Europa, donde el principal problema del agua es la contaminación, pero aquí el problema es la escasez».

Dicho de otra forma, que en los países mediterráneos de la UE, el coste de traer un metro cúbico de agua al grifo del usuario, sea particular o profesional, es bastante más elevado, de partida, que el mismo coste para un país nórdico, donde sequías como las que padece el Sudeste de España son, literalmente, inconcebibles.

Por este motivo, la aplicación literal, y sin mecanismos compensatorios, del principio de recuperación íntegra de los costes relacionados con el agua habría provocado un incremento masivo y desmesurado del precio del agua en buena parte de España.

La propia Directiva Marco, y el borrador de modificación de la Ley de Aguas presentado al Consejo Nacional del Agua, prevén, no obstante, «tener en cuenta» los condicionantes sociales, ambientales y geográficos a la hora de diseñar un nuevo régimen económico del agua.

Pero el problema es el ‘como’. La semana pasada, hubo una reunión en Madrid para tratar este asunto entre representantes del Ministerio de Medio Ambiente, organizaciones agrarias y organizaciones de regantes.

La postura del ministerio, según reza en el borrador, era introducir un régimen económico del agua basado en cuatro conceptos. Dos de ellos ya existen y proceden de la ley actual sin modificaciones. Son el canon por la utilización de los bienes del dominio público hidráulico y el canon de vertidos.

El tercero también existe, aunque se han introducido diversas modificaciones y adiciones en el mismo. Se trata del canon que se paga por la regulación y como tarifa de utilización del agua.

El cuarto es de nueva creación y ha resultado ser el punto más polémico, la «tasa por prestación de servicios, registro, control e inspección de los usos del agua» pues ha sido visto por los usuarios como una «ecotasa» que penalizaría el consumo de agua, especialmente para regadío.

Y el principal resultado de la reunión es que no ha habido resultado. Seguimos sin ley, y la prensa nacional especula con la posibilidad de ‘congelar’ la tramitación de la norma hasta que pasen las elecciones generales del 2008.

Beber, sí, pero regar, más bien poco’. Esa es la conclusión de un informe sobre la cara y la cruz de los usos y aprovechamientos en varias zonas críticas de la Península, entre ellas las cuencas de Júcar y Segura. Informe que estudió el Consejo de Ministros en su última reunión, celebrada justo antes del Puente del 1º de Mayo.

Al término del Consejo, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmaba que la prioridad del gobierno ante la actual sequía era y es «el abastecimiento a la población» ya que, a pesar de lo crítico de la situación actual, se garantiza el suministro humano, al revés de lo ocurrido a mediados de los 90, cuando 12 millones de personas debieron afrontar restricciones.

Esa fue la cara de la moneda, mientras que la cruz se la llevaron los regadíos. Para ser exactos, De la Vega dijo que la previsión del gobierno es que, en el Júcar, sólo se podrá abastecer al 40 por ciento de los regadíos, mientras que en la del Segura, sólo habrá agua para el 50 por ciento de los riegos.

La vicepresidenta reconoció que en ambas cuencas se ha dado un cierta mejoría de la situación -ambas han logrado situarse levemente por encima del 20 por ciento de sus reservas, pero, pese a todo, ambas padecen un ‘déficit acumulado’ de precipitaciones que se remontan al año 2004, por lo que no queda más remedio que mantener las restricciones al riego, dando prioridad al suministro a las principales aglomeraciones humanas de dichas cuencas.

Este estudio resulta de especial relevancia para Albacete ya que, prácticamente, dos tercios de la superficie de la provincia pertecenen a la Cuenca del Júcar, mientras que el tercio restante quedan dentro del ámbito territorial de la cuenca del Segura. De hecho, los regantes de ambas zonas ya afrontan severas restricciones, tanto en la zona de la Mancha Oriental como el Segura Manchego.

Según informa el organismo de cuenca, las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en la última semana 34,28 hectómetros cúbicos (hm3), con lo que el agua almacenada en los pantanos se sitúa en 757,41 hm3, lo que representa el 22,63% de sus 3.346,6 hectómetros de capacidad total.

De los veintisiete embalses pertenecientes a la Confederación, veinticuatro han aumentado sus reservas en la última semana, uno la ha disminuido y otros dos no han variado su nivel.

El embalse que ha registrado un mayor incremento ha sido el de Sichar, que ha aumentado 7,74 hectómetros y se sitúa al 64,73 por ciento de su capacidad. También han aumentado sus reservas los pantanos de Alarcón, con 5,53 hectómetros cúbicos; el de Contreras, con 4,52 hectómetros, y el de Benageber, con 3,20 hectómetros.

Por otra parte, el embalse que ha reducido sus reservas es el de Escalona, que ha perdido 0,01 hectómetros cúbicos. Los embalses que no han variado su nivel son los de Algar que sigue seco y, por último, el de Almansa, que sigue con 11,50 por ciento de su capacidad.