No le ha sorprendido en absoluto, le parece lógico, pero quiere más, pide más, cree que se puede y se debe hacer más. Esa fue la valoración que hacía ayer el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Francisco Delgado Piqueras, acerca de la decisición de la junta de recurrir la disposición transitoria del Real Decreto por el que se fija el ámbito de las demarcaciones hidrográficas.

«Obviamente, lo que se ha hecho es anunciar un recurso, aún hay que redactarlo y presentarlo, pero no me sorprende que la Junta dé ese paso: al fin y al cabo, lo que pone esa transitoria es que, transitoriamente, se suspende la vigencia de la Constitución en el ámbito de la cuenca del Júcar. Pero no perdamos de vista el factor tiempo; un recurso ante el Supremo son cuatro o cinco años y, en ese plazo, y por la política de siempre, la de los hechos consumados, pueden pasar muchas cosas», advirtió Delgado.

Como se recordará, el profesor Delgado, en calidad de representante legal de la Fundación para el Progreso de Albacete, fue el ‘responsable’ de la demanda que condujo a la sentencia del Supremo de octubre de 2004, por la que se anularon varios artículos clave del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcary se estableció la segregación de las cuencas internas de la Comunidad Valenciana del ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Esta segregación se recogió en el Real Decreto 125/2007, sobre Demarcaciones Hidrográficas, pero con lo que el profesor Delgado definió en su día como una «transitoria perpetua».

«La disposición transitoria que contiene este Real Decreto dice que, mientras la Generalitat Valenciana no asuma las cuencas internas, la Confederación las mantiene -subrayó el profesor Delgado-, y eso es decir que, en el ámbito de la Confederación del Júcar, se suspende la aplicación de la Constitución, que dice claramente que las cuencas internas no son competencia del gobierno central, sino de las autonomías, como ya ocurre en Canarias, Baleares, Cataluña, Andalucía o Galicia».

Pero, además, como no se establece un plazo que ponga fin a la transitoriedad, sino que ésta se mantendrá hasta que Valencia quiera, «encima estamos poniendo en manos de Valencia la potestad de decir si cumplen o no con la Constitución y, además, cuándo lo hacen». Y ese cuándo, precisamente, es lo importante, porque es justo ahora cuando se están produciendo o gestando numerosos cambios legislativos que afectarán a la gestión del Júcar, como la nueva Ley de Aguas o la cercana revisión del Plan de Cuenca.

«Por eso, la demanda debe ir acompañada de la acción política, y el papel que puede jugar la Junta de Comunidades en este terreno es tan importante -indicó- porque no podemos quedarnos de brazos cruzados cinco años hasta que el Supremo nos vuelva a dar la razón, porque en esos cinco años nos puedendejar el Plan Hidrológico de Cuenca al revés y entonces, ¿que nos quedaría? ¿Volver a los tribunales para que cinco años más tarde nos den la razón?», se preguntó.

En este sentido, el profesor Delgado remarcó que, mientras no haya una sentencia por medio, las mayorías en el seno de la Confederación del Júcar se mantendrán tal y como están y serán, precisamente, esas mayorías (donde la Comunidad Valenciana y, sobre todo, la provincia de Valencia, parte y reparte) las que se encargarán de diseñar, redactar, tramitar, aprobar y redactar un nuevo Plan Hidrológico de Cuenca a su conveniencia.

Pero el profesor fue más allá, al indicar que la Junta tiene legitimidad para recurrir este Real Decreto como parte afectada, «pero no es la única, también lo puede recurrir una asociación agraria, un grupo de regantes, todos y cada uno de los municipios y diputaciones provinciales que se consideran afectados, pues también son usuarios; e incluso usuarios individuales y no sólo regantes, todo usuario del Júcar que entienda que esto le perjudica».

La guerra del agua no es una escaramuza breve, no es cuestión de modas pasajeras o de consignas políticas de aluvión: para quienes -como los albaceteños- sabemos de la importancia del aprovechamiento de los recursos hídricos, para quienes llevamos muchos años defendiendo el derecho de esta tierra al progreso a través del agua, este conflicto tiene muchos frentes entre los que no cabe desatender ninguno: y por supuesto, hay que atender también al frente judicial.

Ayer, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha lanzó una seria ofensiva en este frente judicial al encargar a los servicios jurídicos de la Junta que impugnen ante el Tribunal Supremo el artículo 2 de la Transitoria Única y de la Disposición Final Primera del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. Dicho así, puede parecer una disquisición leguleya, uno de esos pleitos de difícil comprensión basado en interpretaciones de letra y espíritu sin aplicación en la vida cotidiana. Pero no es así: el Decreto que la Junta va a recurrir en nombre de todos los castellano-manchegos perjudica seriamente los intereses de nuestra región y de nuestra provincia, ya que perdemos capacidad decisoria sobre las cuencas intracomunitarias de las Demarcaciones del Júcar y del Segura, en perjuicio de Castilla-La Mancha. Quiere ello decir que las cuencas internas de la comunidad valenciana (algunas tan tristemente famosas como la del Turia) van a ser adscritas de forma provisional a las confederaciones hidrográficas correspondientes, y en el caso del Júcar la consecuencia es tan injusta como absurda: se le da la vuelta a la conocida sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan Hidrológico del Júcar, que dejó claro que los recursos hídricos de este río no tienen por qué atender las necesidades de lo que, ‘de facto’ (y también ‘de lege’, según el fallo ahora incumplido), son cuencas independientes. Conviene no olvidar además que esa resolución del Supremo es consecuencia de la lucha ciudadana que surgió desde nuestra ciudad a través de la Fundación para el Progreso de Albacete; así, lo que fue un logro de la sociedad civil, que obtuvo justicia a través de los medios del Estado de Derecho, no puede ser burlado mediante el uso y abuso del Boletín Oficial.

La decisión de la Junta es un nuevo paso más dentro de esa concepción global de la guerra del agua a la que nos referíamos al principio: hay que pelear en las calles, en los parlamentos, en los estatutos… y por supuesto también en los tribunales. Porque es tanto lo que nos jugamos, que no podemos descuidar ninguno de los frentes.

A principios de esta semana, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, acudía a los desayunos de Europa Press para hablar del agua. Y, actualidad manda, las crónicas de su intervención se abrían con el Trasvase Tajo-Segura y la carrera de los estatutos.

Pero Narbona también habló del precio del agua. Sobre este asunto, la ministra indicó que éste debe «ayudar a avanzar en su uso eficiente», y así lo recogerá la reforma de la Ley de Aguas. Así, la modificación legislativa contemplará «una modificación del régimen económico y financiero», pero no cuantificará el incremento en el recibo del agua.

La ministra aseguró que se tendrá que analizar «cuenca a cuenca y cultivo a cultivo en el caso de la agricultura», y el efecto de este cambio legislativo será «distinto en función de los distintos usuarios del agua y en particular de la agricultura, y distinto en las ciudades, ya que el recibo de agua en unas ciudades no tiene nada que ver con el recibo de otra ciudad».

La responsable de Medio Ambiente recordó que según la directiva europea «los precios del agua deben reflejar la totalidad de sus costes», y que se pueden plantear excepciones como en el caso de España y el ámbito agrario.

En las grandes ciudades españolas como Madrid, Barcelona o Valencia, los precios del agua «están bastante cerca de cubrir los costes totales de abastecimiento y saneamiento», según Narbona, por lo que el debate se centrará en «cómo se distribuyen los costes entre los distintos usuarios del agua dentro de una ciudad de acuerdo con la mayor o menor eficiencia en el consumo del agua».

Narbona puntualizó que son los ayuntamientos los que «se ocupan de la correcta distribución del agua para su uso en la ciudad y del saneamiento», y son quienes «deciden cómo trasladar a los ciudadanos el coste del saneamiento y del abastecimiento, y tienen un importante papel en la fijación de los precios».

La fiebre participativa se extiende a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ayer, el presidente del organismo de cuenca, Juan José Moragues, convocaba a expertos, usuarios, administraciones y ciudadanía en general en una «Mesa de la Participación» cuyo objetivo es diseñar un «Plan Integral para la Recuperación Medioambiental» del Río Júcar.

Esta Mesa se estructurará en cinco comisiones de trabajo, explicó el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, en rueda de prensa. Moragues también precisó que los objetivos de este plan son «mejora del caudal mínimo, mejora de la calidad del agua, restauración de ecosistemas, revalorización socio-cultural de los paisajes del agua y protección frente a inundaciones».

Moragues también indicó que en esta Mesa de trabajo «estarán representados tanto la Administración General del Estado (AGE), como los usuarios, regantes, agentes sociales, asociaciones, sindicatos y administraciones locales y autonómicas manteniendo siempre absoluta paridad entre las dos comunidades autonómicas implicadas».

También mostró su «firme compromiso» a llevar ante el Ministerio de Medio Ambiente «las propuestas y recomendaciones que se planteen para mejorar la situación del Júcar a lo largo del proceso de este Plan para la revisión y futuro ‘Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar’, que debe estar en sintonía con la Directiva Marco de Aguas», indicó.

Por su parte, fuentes de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental indicaban ayer que , dado lo novedoso de la idea, era difícil aventurar su resultado «pero al menos va a servir para algo, y es que nos vamos a tener que ver todos las caras y hablar con los datos y cifras en la mano, en vez de tener que hacerlo sólo a golpe de titular en los medios de comunicación».

Desde la JCRMO, se considera que un foro de esta clase podría servir para poner sobre la mesa todos los problemas ambientales y ecológicos del Júcar y no sólo los que les interesan «a los históricos» como por ejemplo «hablar de problemas que están olvidados por completo, como los afluentes del propio Río Júcar, que parece que no existen, o el origen de los problemas de la contaminación de la Albufera, o la relación entre los caudales que recibe la Albufera y las zonas de regadío que la rodean, porque de un tiempo a esta parte, parece que el Júcar Medio es el culpable de todos los males de la cuenca y, por supuesto, habrá ver qué es y que no es Júcar, como no».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, indicó esta semana que con el objetivo de «mantener las reservas» del pasado año hidrológico 2005/06, el suministro superficial destinado a regadíos será un 40% menor que el existente el año anterior, mientras que se mantendrá el 100 por ciento del suministro superficial para abastecimiento, es decir, que «está garantizado» este tipo de aportación para el consumo humano.

Moragues, que informó en rueda de prensa sobre los asuntos tratados en la Comisión Permanente de Sequía, destacó que con estas «fuertes restricciones» llevadas a cabo desde octubre –primer mes del presente año hidrológico– para «ajustar los suministros», se le han «ganado a la sequía» 20 hectómetros cúbicos (hm3). Además, destacó que estas medidas suponen la «garantía» de que, en caso de darse «el peor escenario» en el que la aportación fuera la misma que la registrada en 2006 porque «lloviera igual de poco», los suministros se mantendrían «exactamente igual», en 106 hm3.

Al respecto, el presidente de la CHJ remarcó que aunque sigan «habiendo restricciones fuertes, quizá superiores incluso a las del año pasado en el agua superficial para los regantes», éstas se intentarán «compensar» con «aguas subterráneas y aguas de reutilización, siempre que no haya problemas medioambientales», matizó.

Asimismo, manifestó que este año «está siendo tan seco como el año pasado», y consideró «lamentable» que hasta ahora suponga el «segundo más seco en los más de 60 años que se lleva estudiando el río», por detrás tan sólo del ejercicio anterior.

En este sentido, apuntó que las aportaciones acumuladas del Júcar en 2006/2007, de 109,67 hm3, «se mueven entre el primer y el segundo año de sequía», más cerca del segundo, el más seco –con 106,49 hm3–, por lo que los embalses de Alarcón, Contreras y Tous almacenan «sólo 3 hm3 más», lamentó. Así, estimó que el volumen embalsado del sistema del Júcar experimenta «una recuperación muy lenta» y presenta una «evolución ascendente pero no suficiente».

Moragues señaló que se mantiene el estado de emergencia en el río Júcar, mientras que el Turia y el Serpis se encuentran en alerta. En situación de prealerta, que requiere un incremento de las medidas de control, están los sistemas Cenia-Maestrazgo, Mijares-Plana de Castellón, Palancia-Los Valles, Marina Alta y Vinalopó-Alacantí, y finalmente, la Marina Baja está en situación de normalidad.

OPAD A los REGANTES manchegos. Por otro lado, resaltó que con el citado objetivo de garantizar el suministro, por primera vez se lanzó una oferta pública de adquisición de derechos (OPAD) a los regantes de Castilla-la Mancha para incrementar la inicial reducción de extracciones de 11,3 hm3 –un 20 por ciento–, que no veían «suficiente».

La OPAD, centrada en 28.000 hectáreas del entorno del río en el que tienen «algún efecto» las extracciones, requería otra renuncia voluntaria de 11,3 hm3 y ofrecía un volumen máximo del 60 por ciento con una reserva del 18 por ciento. Finalmente, según los resultados provisionales, el volumen total de solicitudes ascendió a 55,9 hm3, a los que se suman las dos reducciones de 11,3 hm3 mencionadas, y un volumen ofertado de 26,8 hm3, mientras que el volumen reservado fue de 6,5 hm3.

Fruto de esta operación, se redujeron las extracciones en 38,1 hm3 y se cifró el objetivo final de extracciones entre 260 y 270 hm3, además de lograr una «reducción de hasta un 40 por ciento» de las extracciones en los acuíferos de Castilla-la Mancha que conllevará un cambio de tipos de cultivo, de los actuales de verano a otros de primavera, lo que «es mejor para el caudal del río», incidió Moragues.

PRECIPITACIONES Y ACUÍFEROS. Respecto a las precipitaciones registradas en diciembre y enero, comentó que su incidencia fue relevante en la zona de la costa, en la que cayeron de 200 a 250 mm en diciembre y 100 mm en enero, pero tuvo escasa importancia a nivel general, dado que en la cabecera las lluvias fueron inferiores a 30 mm en diciembre y de 5 mm en enero, mes en el que el interior registró 20mm.

Así, la evolución de las precipitaciones respecto a la media histórica muestra síntomas de recuperación en la costa, incluido el Serpis, con una «ligera» subida respecto a la media, y un empeoramiento en las cabeceras del Turia, Mijares y Júcar, en las zonas de Cuenca, Teruel y Albacete. Por su parte, las comarcas de la Marina Alta y Baja se encuentran en buena situación.

En cuanto a los acuíferos, señaló que se produjo una «recuperación generalizada», especialmente en el Caroch Norte –zona más delicada por su valor ambiental, apostilló–, y que éstos mantienen «caudales razonables» con niveles «similares o más elevados» que el año anterior, y destacó que en la Albufera los niveles son normales con «clara recuperación» tras las lluvias, pero añadió que aún se encuentra en un «estado delicado que hay que mimar».

Castilla-La Mancha votó en contra de más restricciones en el Júcar
La Comisión de la Sequía aprobó unas restricciones adicionales del 20% en la zona del Acuífero Mioceno de la Mancha Oriental pese al éxito de la cesión temporal de derechos

E.F.   Si no te aprietas el cinturón, te pilla el toro y, si te lo aprietas, te pilla también. Si no te anticipas a los problemas, te cae una restricción de caballo y, si te anticipas, te cae una restricción de narices.

Esto es, ni más ni menos, lo que pasó ayer en la Comisión de la Sequía de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Los representantes de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) se presentaron en Valencia con los resultados preliminares de la cesión temporal de derechos de agua en la zona de acuífero Mioceno y se volvieron para Albacete con una restricción adicional del 20%.

El representante de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha votó en contra de semejante medida al juzgar, al igual que los integrantes de la JCRMO, que los usuarios del Júcar Medio han hecho sobradamente las tareas, anticipándose incluso a la propia Confederación, al haberse autoimpuesto fuertes restricciones a través de su plan de explotación, antes de que nadie se las exigiese.

Pero el juego de las mayorías se impuso, y los nuevos recortes se aprobaron por 7 votos a favor, 5 abstenciones y 1 voto en contra -recordemos que la JCRMO tiene voz, pero no voto, en la Confederación.

El presidente de la JCRMO, Agustín González, explicaba ayer que «la situación del sistema es, en estos momentos, muy mala; Alarcón tiene 73 hectómetros y la Confederación lo tiene clarísimo, lo primero, antes de nada, los abastecimientos; después, el caudal ecológico y luego nosotros».

Así las cosas, al Acuífero Mioceno, esto es, a la zona de la Mancha Oriental que está literalmente pegada al cauce del Júcar le ha caido una restricción adicional del 20% que, en volumen, son unos 17 hectómetros cúbicos. Una cifra que, además, no se ha calculado al azar.

«Cuando se abrió la oferta de cesión temporal de derechos de agua, la oferta se hacía para ahorrar hasta 55-60 hectómetros cúbicos -recordaba ayer González- y los regantes respondieron muy bien, con los datos provisionales en la mano, porque los definitivos se sabrán mañana (por hoy) cuando se abran las plicas, se había llegado al 65%, a unos 38 hectómetros cúbicos. Con lo que se ha aprobado en la Comisión de Sequía, treinta y ocho más diecisiete, cincuenta y cinco, ahí está la cuenta».

Y estos diecisiete, recordó también el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental son, además, «a pelo», esto es, sin compensaciones, ni nada. Por todos estos motivos, «y porque nadie puede decirnos que no hagamos los deberes» los regantes manchegos se manifestaron en contra de la medida «pero al final el que manda, manda, y en esto, manda la Confederación» así que ahora, una vez más, lentejas, esto es, a cumplir y hacerle un agujero nuevo al cinto, que toca apretarlo un poco más.

El Ministerio de Medio Ambiente ha elegido 20 presas -la mayoría en la cuenca del Guadalquivir y del Ebro- para ubicar aerogeneradores que produzcan la energía necesaria para contrarrestar el consumo de las plantas desaladoras del Programa AGUA en el arco mediterráneo.

El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, indicó que los generadores eólicos instalados en estas presas aportarían el 20% de la energía utilizada en las 23 plantas desaladoras del Programa AGUA.

En declaraciones a la prensa con ocasión de la firma de un convenio con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Serrano explicó que otro 75% de la energía necesaria provendrá de minicentrales hidroeléctricas a pie de presa y el restante 5% de centrales termosolares y de biomasa, que probablemente se instalen en Castilla-La Mancha.

Una de las centrales eléctricas ya autorizada «y de las más esperanzadoras» se ubicará a pie de presa del Pantano de Alarcón, donde circula el agua del trasvase Tajo-Segura y que «es una central con un salto muy pequeño, pero con un caudal por año muy elevado».

Esta decisión, por tanto, repercutiría indirectamente en Albacete, ya que Alarcón es una de las piezas clave para la gestión del sistema Júcar, del que dependen buena parte de nuestros regadíos y de nuestro abastecimiento humano.

La producción total de energía eólica en presas preexistentes con un horizonte de 2010 será de 25 Gwh/año y tendrá un presupuesto de 45 millones de euros.

Esta iniciativa se enmarca dentro de nueve líneas de actuación previstas por el Ministerio de Medio Ambiente dentro del Plan de Choque para las Actuaciones del Programa Agua (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) en materia de energías renovables y eficiencia energética para la desalación 2006-2010.

Este proyecto incluye el incremento del potencial hidroeléctrico disponible, aprovechamientos eólicos de nueva generación en presas con centrales hidroeléctricas, plantas de generación termosolar combinada con biomasa, utilización de paneles solares para consumos y servicios auxiliares y la mejora de la eficiencia energética de los aprovechamientos hídricos.

También está previsto aplicar energías renovables y mejorar la eficiencia de los regadíos, así como fomentar el I+D+i en la mejora de la eficiencia energética de plantas desaladoras y de ósmosis inversa. En total, Medio Ambiente prevé gastar 1.493,2 millones de euros en estas nueve líneas de actuación con el objetivo de generar 2.867 Gwh/año.

La intención del Gobierno de Valencia de interponer, tras obtener el respaldo unánime de la Cámara valenciana, un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Castilla-La Mancha por fijar la fecha de caducidad del Tajo-Segura no ha movido ni un ápice las posturas de los dos partidos con representación parlamentaria en la Comunidad Autónoma. Es más, PP y PSOEaprovecharon ayer el pleno celebrado en las Cortes regionales para minimizar la importancia de este acuerdo ante los medios de comunicación.

Así, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, dijo sentirse sorprendido por la «prisa» que se ha dado el Ejecutivo valenciano para anunciar un recurso contra una ley que aún no ha sido aprobada, y atribuyó dicha iniciativa a «una rabieta» que «no carece de seriedad».

Molina señaló que desde el Gobierno de Valencia se «ha hablado sin conocer el texto castellano-manchego» pues «se están refiriendo a cosas que no recoge nuestro Estatuto», que, defendió, es «plenamente constitucional».

Apuntó que lo que plantea el texto aprobado de forma unánime por las Cortes de Castilla-La Mancha no es un debate de constitucionalidad, sino un debate político que tiene que ver con la historia del España, de CLM y del agua.

Así, se preguntó «cuánto tiempo más vamos a tener que aguantar que determinadas comunidades autónomas mantengan una situación de privilegio en cuanto al uso del agua», en contra de lo que establece el PHN, que rige el carácter preferente de CLM en el uso del agua del Tajo.

«Valencia y Murcia quieren evitar perder los privilegios», dijo Molina, quien consideró una barbaridad que se quiera hacer creer que la existencia de un trasvase es constitucional y «si no lo hay es inconstitucional».

Insistió en que el único problema que existe es de «naturaleza política» y está auspiciado por los dirigentes del PPen determinados territorios que quieren mantener unos privilegios «a los que el Gobierno de CLM y el Parlamento regional quiere poner fin definitivamente».

ratificar el apoyo. Por su parte, el secretario regional del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ratificó el apoyo de su partido a lo pactado por la Cámara regional en el Estatuto de Autonomía.

En declaraciones a los medios, Tirado señaló que Castilla-La Mancha es la región de España «más solidaria» con el agua aún necesitando el recurso hídrico para «nuestro desarrollo».

Por eso, dijo, «lo plasmamos» en un Estatuto, al que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, «se ha encargado de dar una patada antes de que el texto empiece a caminar», señaló Tirado, refiriéndose a la intención del jefe del Ejecutivo regional de aumentar el número mínimo de diputados por Guadalajara que recoge el Estatuto para adecuarlo a su población.

Por último, insistió en que el Partido Popular de Castilla-La Mancha se ratifica en lo pactado en la nueva Carta Magna regional.

El PP no consentirá cambiar las reglas de juego democrático

l.t. / S.r. / toledo

El secretario regional del PP, Vicente Tirado, afirmó ayer en las Cortes de Castilla-La Mancha, que lo que el PSOE intenta no es una reforma de la Ley Electoral sino «dar de forma manifiesta» un golpe de estado democrático y convertir a la Comunidad Autónoma en una «república bananera», algo por lo que «ya se nos conoce» fuera de nuestras fronteras, aseveró.

Tirado acusó al presidente de CLM, José María Barreda, de haber «dado una patada» al Estatuto regional, aprobado por unanimidad en las Cortes, y de ser un «tramposo» por querer cambiar el texto en el último minuto.

«Barreda miente cuando habla, cuando escribe y cuando firma», dijo Tirado, quien llamó al presidente regional «cobarde e incoherente» por no defender lo que votó en el Parlamento autonómico.

Apuntó que «en las reglas de la democracia no se concibe» que se quiera cambiar una ley electoral a un mes de publicarse el decreto de convocatoria de elecciones» y aseguró que el PP «no lo va a consentir».

Por su parte, desde el PSOE, el portavoz del Grupo Parlamentario, José Molina, afirmó que la subida de un escaño a la provincia de Guadalajara no se hace con «perspectivas electorales porque estamos seguros de que vamos a ganar en todas las provincias», sino para «evitar una barbaridad democrática».

En este sentido, volvió a exigir a los ‘populares’ que manifiesten claramente si están a favor de acabar con la «injusticia» que supone que Guadalajara, con más población que Cuenca, elija un diputado menos que ésta, recordando que para hacerlo «lo único que se necesita es voluntad política».

Insistió en que «todavía estamos a tiempo» porque el cambio se tramita en «una semana» y se mostró partidario de subir los escaños que sean necesarios a cada una de las provincias, pero no ahora, sino al inicio de la legislatura porque ese es «un debate profundo que requiere más tiempo» y lo «urgente ahora» es evitar una «desigualdad» entre provincias.

«Al más mínimo milímetro cuadrado de espacio para recurrir, recurriremos». Así de tajante se mostró ayer el vicepresidente segundo del Gobierno regional, Emiliano García-Page, quien reiteró que la Junta de Comunidades tiene «la voluntad política» de recurrir el último trasvase aprobado por el Consejo de Ministros, que autorizó la derivación de 22 hectómetros cúbicos de agua del Tajo al Segura.

En este sentido, indicó que «en el mismo momento en el que nuestros servicios jurídicos determinen una causa de recurso la vamos a aprovechar». Así, apuntó que el estudio de la causa «está avanzado» y confió en que esté listo «en las próximas semanas».

«Nosotros asumimos plenamente la defensa de la comunidad autónoma», ya sea desde la normativa actual, a través de recursos a los trasvases, como, y fundamentalmente, a través de la acción política para conseguir la clausura del Tajo-Segura. «Son planos distintos y requieren debates distintos», recalcó.

«No nos planteamos una batalla trasvase a trasvase, que también, nos planteamos fundamentalmente acabar con la raíz del problema, que no es otra que el trasvase en sí mismo, como infraestructura y filosofía».

Por otro lado, García-Page también criticó duramente la autorización de un nuevo «intercambio» de derechos de agua entre los regantes de Estremera, enMadrid, y los de Murcia. Una compraventa que calificó de «mercadeo» y que se sitúa «en el límite» de la especulación con el agua.

En este punto, confió en que el decreto que regula este tipo de intercambios «deje de tener validez en el mismo momento en el que se cambie el sistema de explotación del trasvase» y la política hidráulica en general.

Y es que, «si bastantes problemas tenemos ya entre los pueblos y las comunidades autónomas por un bien público como es el agua, no quiero imaginar como sería si dejáramos esto en manos del mercado y el negocio privado», señaló.

pueblos ribereños. Asimismo, destacó la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para el desarrollo sostenible de los municipios de Entrepeñas y Buendía, cuya rúbrica supondrá una inversión de más de 175 millones de euros hasta el año 2013.

«Es un convenio justo, que supera con mucho cualquier previsión del sistema de compensaciones del trasvase Tajo-Segura. Es un dinero añadido, un presupuesto extraordinario», recalcó García-Page.

En definitiva, aseguró que «va a suponer un revulsivo extraordinario para la zona», ya que generará «un impulso que tiene que ver con las infraestructuras hidráulicas, con la red de carreteras y con las infraestructuras de tipo social».

Page señala que el debate sobre los diputados en Guadalajara «tiene un fondo legal»

El vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page, indicó ayer que el caso de Guadalajara es «no es extrapolable» y, por ello, el debate planteado sobre la reforma de la Ley Electoral se plantea únicamente sobre esta provincia. En su opinión, «no estamos estrictamente ante un problema de forma, sino de fondo legal». No obstante, señaló que «en su momento se podría abrir un debate sobre el conjunto de la Ley Electoral, no estamos cerrados a ello».

Así, explicó que el debate abierto tiene una base jurídica clara, que no es otra que la de una provincia que tiene más habitantes que otra y, en cambio, tiene menos diputados.

En este punto, afirmó que «nuestra voluntad es alcanzar un acuerdo con el PP».

Problema legal. «No entendería que la oposición se negará a conversar sobre este tema», ya que «es muy importante que el PP de Castilla-La Mancha entre en el fondo del asunto, en el problema que, desde la perspectiva estrictamente legal, se puede plantear», advirtió.

Por todo ello, aseguró que «queremos dialogar con el PP y lo razonable es que el PP no mire hacia otro lado».

Sin embargo, recordó que este debate «no puede ser eterno», ya que «estamos al final de la legislatura».

Calidad agroalimentaria. Por otro lado, el también portavoz del Ejecutivo regional valoró ayer la aprobación del proyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria de CLM por parte del Consejo de Gobierno.

En este sentido, confío en que esta nueva normativa «encuentre el apoyo unánime de las Cortes autonómicas», puesto que «nos queda mucho camino por recorrer» en este sentido.

Según explicó García-Page, esta ley trata de fomentar y garantizar la calidad diferenciada de nuestros productos agroalimentarios, adaptándolos a las demandas de los consumidores.

En este misma línea se sitúa también el decreto de autorización de entidades de control de productos agroalimentarios, aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno.

«El Estatuto de Autonomía de CLMrefleja nuestro orgullo de ser españoles»

«El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha refleja nuestro orgullo de ser españoles». Con estas palabras, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, Emiliano García-Page, salió ayer al paso de la declaraciones vertidas por el PP gallego, que tildaba al Estatuto regional de «españolista».

En este sentido, aseguró que este calificativo es «estupendo», ya que «somos españoles». Y es que, aunque a veces se usa el término «españolista» en tono peyorativo, «hay mucha gente en todos los partidos que dice tonterías y absurdeces».

En definitiva, señaló que «nuestro Estatuto se reafirma en la nación española», porque «sabemos que nos irá bien cuanto mejor le vaya al conjunto del país».

Estatuto catalán. Preguntado por la entrada en el Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña, apuntó que «no voy a entrar a valorar el Estatut», pero «se ha metido en una serie de jardines que nada tienen que ver con las disposiciones del Estatuto de Castilla-La Mancha».

Por último, el también portavoz del Ejecutivo autonómico consideró que le produce «algo de sopor» ver cómo se tilda a los magistrados, que tienen una función constitucional independiente, en función de cuestiones políticas. A su juicio, éste es «un mal camino para la democracia en España» y consideró imprudente que las instituciones se adelanten a lo que puede ser un fallo o sentencia.

Las concesiones audiovisuales saldrán a la luz en los próximos meses

c.s.r. / Toledo

El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, EmilianoGarcía-Page, avanzó ayer que «en los próximos meses» saldrá a la luz el proyecto de concesión de nuevas frecuencias audiovisuales.

García-Page señaló que la puesta en marcha de estas nuevas licencias está ligada al proyecto de Ley de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha, aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno.

Una normativa que, apuntó, tiene el objetivo de crear un marco jurídico estable y seguro para el ejercicio del derecho a la información con las máximas garantías.