Los trasvases, como estrategia de uso intensivo de los recursos hídricos «está agotada», señaló Andrés Fuentes, uno de los responsables del estudio sobre España de la OCDE publicado hoy.

«No es la solución», afirmó Fuentes sobre los trasvases al ser preguntado acerca de las polémicas políticas que se han sucedido en España sobre esta cuestión. Aunque alabó el sistema de gestión español que representan las confederaciones hidrográficas, estimó que «los regantes están sobre-representados», y que habría que dar cabida a otras voces, en particular científicos y organizaciones medioambientales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dedica un capítulo del estudio al agua, en el que insiste en que los precios no tienen en cuenta la escasez de unos recursos que, en un contexto de cambio climático, van a disminuir, en particular en las regiones donde se explotan de forma más intensiva.

La organización se pronuncia a favor del modelo de los bancos de agua que ya se han experimentado en otros países como Australia.

El Gobierno volverá a subir la luz en enero. Aunque ayer el Ministerio de Industria no ofreció el dato definitivo de cuánto se incrementará la factura eléctrica, ésta podría incrementarse hasta un 8%, según fuentes del sector. En este año 2010, la subida acumulada alcanza el 7,52%.

De la subasta del precio de la energía. que se celebró ayer, se deduce que tendría que incrementarse entorno al 4,53%. En un principio, el coste del componente de la energía representa un 45% del precio final del recibo de la luz y el resto son costes regulados de la tarifa (primas a las renovables, transporte, y distribución., entre otros). En un principio, estos costes se mantendrán congelados para evitar incrementos mayores.

El quid de la cuestión es que el Ministerio de Industria maneja estos días una orden ministerial, que todavía no ha sido aprobada, que aplica a los pagos por capacidad (antes garantías de potencia) incrementos del 72%. Este concepto agrupa, por ejemplo, la remuneración que se efectuará a las centrales térmicas de carbón, así como a los ciclos combinados, que actúan de back up (soporte de capacidad) del sistema eléctrico. Es decir, que como por la crisis económica los ciclos combinados no obtienen los retornos esperados serán retribuidos, ya que siempre están disponibles por si fallan otras fuentes de energía. El pago por capacidad es un concepto regulado, que el Gobierno prevé incrementar de forma significativa, que se adiciona al precio de la energía en el mercado, por lo tanto, aumenta el coste de compra de las comercializadoras y en consecuencia la tarifa de último recurso (TUR), que es la que regula el Gobierno para casi 23 millones de usuarios.

En este contexto, si finalmente se da luz verde al citado incremento de pago por capacidad, según distintas fuentes del mercado, el incremento podría oscilar entre el 8%y el 10%, aunque fuentes de Industria consideraron que este cálculo es exagerado. Es posible que finalmente el porcentaje por los costes de pago por capacidad se baje y, por lo tanto, el incremento final del recibo de la luz que aplique el Gobierno no exceda del 8%. La decisión se tomará en una próxima reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

El borrador del Ejecutivo recoge que de media se incrementa de 3,9 euros a 6,7 euros el megavatio hora (MWh), es decir, un 72% aproximadamente (+2,8 euros/MWh), con diferentes repartos en esos órdenes de magnitud según los diferentes escalones de tensión.

La subasta para los próximos tres meses del precio de la energía ha fijado el precio del producto de carga base en 49,07 euros el megavatio hora (MWh), frente a 46,94 euros de la subasta anterior. Y en 53,99 euros el MWh el precio de cierre del producto punta, frente a 53 euros a que se estableció en la subasta de septiembre.

En la pasada subasta, efectuada en septiembre, a pesar de que el coste de la electricidad se encareció entre un 5,48% para la tarifa valle y un 4,99% para el producto punta debido al alza en el precio de los combustibles y al aumento de efecto estacional del invierno, la tarifa eléctrica de último recurso, a la que se acogen la mayor parte de hogares y pymes, subió un 4,8% en octubre.

A finales de junio, Miguel Sebastián, y el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, llegaron a un acuerdo para no aplicar la subida de la luz prevista para julio, lo que obligó al Ejecutivo a mantener o incluso bajar los peajes en contra de su propuesta inicial. Después, en octubre, se subió un 4,8%, con lo que acumula un incremento del 7,52% en lo que llevamos del año 2010.

Precisamente, la Comisión de Industria del Congreso tiene previsto ratificar hoy el acuerdo al que llegó el PSOE con CiU y PNV, pero sin el apoyo del IU y la abstención del PP sobre la hoja de ruta en materia energética para los próximos veinte años.

Pese a los distintos intentos de acercamiento, finalmente el Partido Popular no ratificará el documento, sobre el que se ha trabajado más de un año en la subcomisión de energía, lo que se traduce en que el gran pacto por la energía del que se habló en su día está totalmente muerto. Próximamente. el Ministerio de Industria hará suyo este documento y fijará el mix energético para el horizonte del 2020.

Además, antes de que acabe el año, el titular de Industria, Miguel Sebastián, tiene que llevar al Consejo de Ministros varios decretos en los que se regulen las primas para algunas renovables, como las fotovoltaicas. Será el 23 o el 30 de diciembre.

La Comisión de Cambio Climático del 37 Congreso Federal del PSOE aprobó hoy las dos enmiendas presentadas por el PSOE de Murcia en materia de agua, un Pacto de Estado y la necesidad de acometer trasvases que sean «social, económica y medioambientalmente viables», según explicó hoy el secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura.

en declaraciones a los periodistas desde el Palacio de Congresos Municipal de Madrid, donde este fin de semana se celebra el cónclave socialista, Saura valoró como «muy positiva» para la Región de Murcia la aprobación de las dos enmiendas, un aspecto que, según informaron fuentes socialistas, fue muy debatido en el interior de la comisión por la definición del término ‘trasvase’.

De hecho, según explicó el propio Saura, la delegación de Castilla- La Mancha votó en contra de las enmiendas murcianas que permitirán que la dirección socialita plantee un Pacto Nacional de Agua, que contemple la desalinización y las transferencias de agua a las zonas que lo necesiten, siempre que sean «social y económicamente viables».

Saura subrayó que durante el plenario de ayer ya planteó a los 995 delegados la necesidad de dicho pacto y las transferencias de agua. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero «recogió ese guante» y hoy ha sido posible que las comisión saque adelante las dos enmiendas defendidas por los delegados murcianos.

«Hemos ganado esa votación porque se ha entendido que era necesario, señaló el socialista murciano. La ponencia marco de los socialistas recoge, incluida las enmiendas murcianas, que el PSOE ha obtenido «éxitos en las mejoras de la productividad de la agricultura, pero no tanto en la prevención de las injustas o negativas consecuencias sociales y medioambientales asociadas a esos éxitos».

Reconocen que no se ha prestado «la atención requerida a cuestiones como la pérdida de biodiversidad, o al déficit de provisión de agua» por lo que consideran que «es hora de poner en marcha políticas que eviten o minimicen estos efectos».

Así, apuestan por «continuar con la política del agua desarrollada en los últimos cuatro años, para garantizar el consumo, presente y futuro, a toda la población y aplicar de forma adecuada y eficiente, con solidaridad y consenso, la gestión de los recursos hídricos a través de modernización de conducciones, ahorro de consumo, desalinización, reutilización, modernización de regadíos».

En el texto de la ponencia se señala, como adelantó Saura, que hay que continuar con «aquellas transferencias del recurso (agua), a través de las infraestructuras hidráulicas necesarias, que sean viables económicamente, medioambientalmente sostenibles y socialmente aceptadas».

Apuesta por energías renovables
Por otro lado, la Comisión de Cambio Climático también aceptó un enmienda a la ponencia marcho en la que se hace una apuesta «decidida» por el desarrollo de las energías renovables frente a la proliferación de nuevas centrales nucleares.

Según recoge el documento final, es una «apuesta fundamental de los socialistas en el camino hacia el nuevo modelo de crecimiento energéticamente sostenible».

El texto socialista no prevé promocionar «nuevos paquetes nucleares» aunque sí respetar la vida útil de las actuales centrales y, al respecto, insta a «extremar con todo rigor la garantía de seguridad» desde la acción de gobierno y del organismo regulador correspondiente, así como su «permanente actualización tecnológica».

Los socialistas consideran que España tiene «las condiciones naturales necesarias», «la tecnología más avanzada» y cuenta con «empresas líderes» en el desarrollo de la energía renovable. El PSOE cree que es «una gran oportunidad para ocupar un lugar avanzado en el mundo» por lo que llama a asumir «desde el principio que esa es nuestra opción y que, estratégicamente, sólo esa opción tiene un futuro seguro».

«Tendremos que asegurar las exigencias que nos plantea la continuidad de nuestro crecimiento con un uso energético cada vez más eficiente y austero, y con la provisión de las distintas fuentes de energía», añade.

Las dos comunidades de regantes del Ebro están dispuestas a enviar agua sobrante hacia el área metropolitana de Barcelona para contribuir en buena medida a paliar el problema de la sequía. Una predisposición cuya materialización se deberá discutir y negociar los términos. La Agència Catalana de l´Aigua (ACA) ha fijado para la próxima semana una reunión con las dos comunidades de regantes para abordar la controvertida interconexión de redes entre el Consorci d´Aigües de Tarragona (CAT), que se abastece de agua procedente de los canales de riego del Ebro, y el sistema Ter-Llobregat (ATLL). Los regantes están dispuestos a negociar con el ACA el envío de agua, aprovechando el caudal sobrante del denominado minitrasvase del Ebro a Tarragona. Antes de empezar a negociar, a priori, y en grandes cifras, los regantes podrían aportar a través del sistema CAT aproximadamente 1,5 m3de agua por segundo, lo que permitirá aportar al sistema ATLL un capacidad de 45 hm3de agua al año, una cantidad muy importante. La idea del trasvase del Segre auspiciada por la Generalitat hubiese aportado al área metropolitana 32 hm3en ocho meses.

El director general del Agua del ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, aseguró hoy, tras presidir la reunión de la Comisión del Trasvase Tajo-Segura, que España está viviendo «una sequía eminentemente mediterránea y la peor desde 1912». Además, adelantó que la Comisión Central del trasvase propondrá al Consejo de Ministros desembalsar, en el plazo de tres meses, un total de 39 hectómetros cúbicos.

En concreto, Palop explicó que de esos hectómetros, dirigidos al consumo humano, un total de 36 se destinarán a dar satisfacción a las necesidades de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y tres para las poblaciones de Almería. Asimismo, destacó que «la situación de Entrepeñas y Buendía, con 279 hectómetros cúbicos, hace que se extremen las precauciones a la hora de adoptar decisiones sobre trasvases».

La Comisión tiene previsto volver a reunirse el 2 de junio, pero en función de las precipitaciones de las próximas semanas podría adelantarse. Por su parte, el director general de Desarrollo Rural del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Francisco Amarillo, destacó que «se está haciendo un esfuerzo máximo en el levante de modernización de regadíos y de ahorro de agua».

A pesar de ello, reconoció que «está viviendo la situación con preocupación» y que «las prioridades son las que marca la Ley, por lo que está de acuerdo con la decisión que se ha tomado».

Por otro lado, Jaime Palop destacó que, tras las nevadas caídas la pasada semana, «la situación de las cuencas es de alerta en los ríos de la cornisa cantábrica, que llevan una crecida importante y del Ebro a la altura de Navarra». No obstante, descartó la posibilidad de realizar trasvases desde ríos a otras cuencas «por unas lluvias puntuales, porque sería una actuación totalmente prohibitiva desde la racionalidad económica».

Según Palop, «es imposible captar el agua que el Ebro ha adquirido en unos días y proporcionar con ella abastecimiento de todo un año». Además advirtió que «el hecho de que los ríos del norte lleven agua no significa que sea viable el trasvasar ese agua en los días de avenida al resto del país».

Respecto a la propuesta de hacer un trasvase del Ebro a Barcelona, Palop insistió en la idea de que «para poder evaluar la situación hay que dejar pasar unas semanas y así saber qué medidas se ponen en marcha». Además, aunque la ciudad condal padece «una sequía importante», señaló que es similar a la de la cabecera del Júcar y Segura. El director del agua apuntó que «aunque la comunidad catalana ha transmitido la necesidad de que se de un paso más este trasvase no se lo han planteado de forma formal».

Situación de las Cuencas
En lo que se refiere al abastecimiento de agua para la agricultura y ganadería, Palop explicó que «en la cuenca del Tajo están garantizados los abastecimientos», mientras que en la cuenca catalana «hay problemas en Gerona y Barcelona», y en el Ebro, «la situación es problemática conforme avanza hacia el oriente».

Mientras tanto, el Guadalquivir presenta problemas en el regadío y la cuenca del Tajo es la principal afectada. En el Turia la situación es normal pero en la del Júcar aunque hay garantías de abastecimiento, en el regadío hay restricciones de hasta el 80%.

Asimismo, en el Segura hay problemas para mantener la agricultura aunque hay garantía de abastecimiento. Además, Palop explicó que «no se va a trasvasar lo que los regantes del Segura han comprado hasta que no se garanticen los abastecimientos».

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha dicho hoy que Mariano Rajoy sabe que prometer destinar a la cuenca del Segura el caudal del Ebro que sobre tras ejecutar las obras del pacto del agua en Aragón y garantizar su caudal ecológico es ofrecer «cero sobrante» a murcianos y valencianos. Narbona, en declaraciones hoy a los medios de comunicación, ha apuntado que el líder del PP «cuenta una película que gusta en Aragón» porque significa «no aportar absolutamente nada a la cuenca del Segura» y ha añadido: «Rajoy no se atreve a mencionar la frase ‘trasvase del Ebro’, por algo será».

La ministra ha señalado que su gobierno «ha actuado en Murcia y Valencia y en este momento hay en Valencia 335 hectómetros cúbicos más de agua disponible que al inicio de la legislatura», una cantidad «superior que la que prometía el trasvase».

«Lo mismo está sucediendo en Murcia», ha señalado, ya que «con las obras que se están ejecutando, se quedarán a cero el déficit estructural de la cuenca», y ello, ha añadió,»a pesar de los obstáculos que plantea una y otra vez el PP».

Durante el Gobierno del PP, alguna de las obras del pacto del agua en Aragón no avanzaron y han sido impulsadas esta legislatura, y por ello es ahora cuando algunas están empezando a ejecutarse y se harán respetando el Medio Ambiente, ha apuntado.

Respecto a las pérdidas de agua en Catalunya, la ministra ha afirmado que la Generalitat, que es quien tiene competencias en cuencas internas, está llevando a cabo mejoras en las infraestructuras y ha destacado el papel de los ayuntamientos en la mejora de las instalaciones de los municipios.

El cabeza de lista de CiU al Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, también se ha mostrado contrario al plan y ha anunciado hoy que el futuro Gobierno no contará con el apoyo de CiU si quiere impulsar el trasvase del Ebro, como plantea el PP de Mariano Rajoy.

Tras un desayuno sectorial sobre economía, Duran ha advertido: «CiU no apoyará a una opción que defienda el trasvase del Ebro. Que no cuente nadie con CiU para transferir agua del Ebro, ya sea a partes de Catalunya o a otras partes de España». «El agua del Ebro debe servir para los usos actuales», ha remarcado. Según Duran, «hace falta más agua, ciertamente, pero la hemos de traer de la Europa verde, del Ródano».

Por otra parte, y en alusión a los miles de litros de agua que se pierden cada día en el escape de agua de las tubería de Aguas del Ter Llobregat a su paso por Badalona (Barcelona), Duran ha acusado al gobierno de la Generalitat de «ineptitud» por no saber impedir ese escape.

El cabeza de lista de ERC por Barcelona, Joan Ridao, ha llamado hoy a los catalanes a votar a Esquerra para impedir la posibilidad de que en la próxima legislatura pudiese haber «un PHN bis», y ha recordado cómo Esquerra se volcó en la lucha contra el trasvase del Ebro.

Ridao ha afirmado que el hecho de que el líder del PP, Mariano Rajoy, haya dicho que contempla la posibilidad de trasvasar agua del Ebro a Valencia, Murcia y Barcelona demuestra que «cuando frenamos el Plan Hidrológico Nacional (PHN) ganamos una batalla, pero no la guerra». El PP -ha añadido- apuesta por otro trasvase del Ebro, y está bien que la gente lo sepa antes de ir a votar, como también debe saber que el PSOE mantiene una actitud ambigua ya que en Aragón no lo descarta».

Desde ERC, ha subrayado su principal candidato, «trataremos de que no haya un PHN bis, y nuestros esfuerzos irán encaminados a asegurar la no regresión del delta del Ebro y un caudal mínimo del río, además de apostar por una nueva cultura del agua que comporte más ahorro y la recuperación de acuíferos, así como la construcción de plantas potabilizadoras y desaladoras».

En este punto, Ridao se ha referido al hecho de que en Badalona se desperdicien diariamente 216.000 litros de agua (en toda Catalunya son 11 millones de litros) por filtraciones en la red de conducción, pero ha evitado criticar abiertamente a nadie por esta cuestión. «Hay que apostar por la reutilización y el ahorro -ha dicho únicamente- y también por la eficiencia, y son las compañías de agua las que tienen que extremar las precauciones para que no se pierda y que no ocurra lo que está pasando en Badalona».

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Aragón contra el Estatuto de la Comunitat Valenciana por el derecho que la norma establece para los valencianos a redistribuir los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias, al considerar que este precepto no supone «imposición alguna» al Estado en los términos en los que se redacta. Esta decisión ha contado con el voto particular de los magistrados Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado Barrio, Roberto García-Calvo y Montiel, Jorge Rodríguez-Zapata Pérez y Ramón Rodríguez Arribas.

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El alto tribunal se ha pronunciado de esta manera después de que el Ejecutivo aragonés interpusiera un recurso contra el artículo 17 del Estatuto valenciano, que señala que «se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad» y «el derecho de redistribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias, atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación actual».

Los valencianos, indica el citado artículo, tienen derecho a «gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura para atender sus necesidades de consumo humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo con la ley». «Toda persona tiene derecho a gozar de una vida y un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado», por lo que la Generalitat valenciana «protegerá el medio ambiente, la diversidad ecológica, los procesos ecológicos y otras áreas de especial importancia ecológica», señala el segundo apartado del mismo.

Ante ello, el tribunal expone que el precepto recurrido no incurre en infracción del artículo 149.1.22 de la Constitución -precepto que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma- al considerar que los Estatutos de Autonomía tienen capacidad para establecer las competencias de las comunidades, delimitando indirectamente las del Estado.

Con ello, explica que la posibilidad de que los valencianos disfruten de agua de calidad en cantidad suficiente, y que accedan a la redistribución de los caudales, está sujeta a lo que acuerde o disponga la legislación estatal en el marco de las previsiones constitucionales. De manera que si dicha legislación estatal no lo dispone, no se concretará el derecho. En lo relativo al derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad suficiente y segura, también se somete a lo que disponga la ley ‘in genere’. Así pues, el precepto impugnado no supone «imposición alguna» al Estado en los términos en que se redacta.

El alto tribunal expone que este derecho estatutario no podrá ser ejercitable de modo directo e inmediato en vía jurisdiccional, sino cuando los poderes autonómicos lo instrumenten y de acuerdo con la Constitución, la legislación estatal o la ley estatal o autonómica, según los casos.

De esta manera, el precepto estatutario recurrido no vincula la función legislativa del Estado, que podrá ejercerla sin condicionamiento alguno, es decir, con plena libertad de criterio desde la observancia de todos los preceptos constitucionales pertinentes, entre ellos, los que imponen la primacía del interés general, la garantía de la solidaridad y del equilibrio territorial, la misma protección del medio ambiente o el mandato de equiparación del nivel de vida de todos los españoles.

Criterios de sostenibilidad
Considera, así pues, que del enunciado del artículo 17.1 del Estatuto autonómico «no se desprende que haya de producirse ningún privilegio económico o social» para la Comunitat Valenciana, máxime cuando el precepto atiende a que se habrán de tener en cuenta para la modulación del derecho los «criterios de sostenibilidad» del recurso hidráulico, lo que se acomoda a los criterios propios del principio de solidaridad. Este hecho, según se expone en la sentencia, acredita que el derecho al abastecimiento de agua de los valencianos «debe sustentarse en la utilización racional del recurso» y, por tanto, «se ajusta a las exigencias de la doctrina sobre el principio de solidaridad».

La decisión adoptada por el tribunal supone el primer pronunciamiento del alto tribunal sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados durante la presente legislatura contra los nuevos textos impulsados por cuatro comunidades autónomas. Durante la legislatura se presentaron un total de 11 recursos de inconstitucionalidad contra los estatutos de cuatro comunidades autónomas. La excepción es el caso balear, cuyo nuevo estatuto es el único que no ha terminado en el alto tribunal, y por el momento del de Castilla y León, que finalizó su tramitación a finales del pasado mes de noviembre.

«Poca claridad
La sentencia cuenta con varios votos particulares, que coinciden en destacar la «poca claridad» de la misma. Así, el voto del magistrado Vicente Conde Martín expone que existe una «difusa distinción» entre validez y eficacia de los estatutos cuando pueden entrar en colisión con leyes orgánicas llamadas por la Constitución a regular determinadas materias; y discrepa en la interpretación del artículo 139 de la Constitución, en su función de principio general de organización territorial del Estado; y en la interpretación del artículo del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, cree el precepto contrario al artículo 149.1 de la Constitución respecto al derecho a la redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias, pues, a su juicio, con un criterio de «mínimo realismo» y atendido el dato «innegable» de que en la Comunitat no existen «aguas sobrantes de cuencas excedentarias», la referencia legal a estas aguas «no puede aludir sino a las de cuencas situadas fuera del territorio de esa comunidad».

A partir de este dato, «resulta claro que el precepto está invadiendo un área competencial que corresponde al Estado, al tiempo que excede en su ordenación del límite territorial en que debe operar el Estatuto de Autonomía». Además, expone que si el objeto de la redistribución son «los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias», es «innegable» que el precepto «se está refiriendo a ellas, y es esa referencia lo que le hace problemático e inconstitucional», dice.

El Partido Popular pedirá hoy en el Congreso de los Diputados la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, para que explique su política sobre el agua en España, según señaló a Europa Press la diputada del PP María Ángels Ramón-Llin.

La también portavoz de asuntos hídricos del grupo parlamentario popular en la Cámara Baja indicó que Narbona «tiene que explicar lo que ha hecho en esta legislatura» en este ámbito, dado que, según dijo, han sido cuatro años «perdidos absolutamente en materia hídrica». Afirmó que «no se ha hecho nada» y censuró que ha habido un «fracaso rotundo del Programa Agua».

Señaló que esta iniciativa «no ha solucionado el problema -del agua- a ningún español, y mucho menos a los valencianos y a la cuenca mediterránea», dijo. Además, apuntó que la ministra también «debe explicar si dentro de los cambios y tumbos políticos que manifiesta el Gobierno central, dada la cercanía de las elecciones generales, hay un cambio de política respecto al agua».

La también concejala de Calidad Medioambiental y responsable del Ciclo Integral del Agua en el Ayuntamiento de Valencia indicó que Cristina Narbona debe dar explicaciones igualmente sobre «las contradicciones que hay dentro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero». Entre ellas citó el trasvase Tajo-Segura y «el posible ‘minitrasvase’ del Ebro a Castellón, que anunció el PSOE en Valencia, y que nunca se ha confirmado en Madrid».

En opinión de Ramón-Llin, «lo único que se ha visto recientemente es un reparto en las playas de botellitas de agua procedente de desaladora que habrá que comprobar si lo es o no». A este respecto, destacó que «si el resumen de esta legislatura es repartir botellitas y el gasto de publicidad sobre el Programa Agua, lógicamente está más que justificada su comparecencia en el Congreso de los Diputados».