El Grupo Popular en las Cortes regionales calculó ayer que la proposición no de ley (PNL) para reforzar la seguridad en el campo podrá debatirse en el Pleno de la cámara en febrero y confió en que sea aprobada por unanimidad. El portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, realizó estas consideraciones a los periodistas tras reunirse con el secretario general de Asaja , José María Fresneda, con quien abordó los aspectos que se deben incluir en la PNL, que será presentada en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que salga adelante «en los primeros momentos de la actividad legislativa» del nuevo Gobierno central. Cañizares dijo que la seguridad en el campo «es un tema que preocupa» al Gobierno regional y recordó el anuncio realizado por la presidenta, María Dolores de Cospedal, de que pedirá al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy la modificación del código penal para evitar la oleada de robos que registran las explotaciones agrarias.

Lamentó que en Castilla-La Mancha «hay miles de afectados por esta inseguridad tremenda» debido a unas «prácticas delictivas que se han ido consolidando en el tiempo, pero a las que hay que poner coto». En este sentido, propuso una «reforma normativa, legislativa y penal» de los comportamientos delictivos y dotar de nuevos instrumentos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los juzgados «para que puedan actuar de forma más eficiente». En esta reforma del Código Penal también se debe tener en cuenta, en opinión de Cañizares, la reincidencia como «elemento que agrave» la tipificación del delito, pues aseguró que «en el campo hay grupos a los que se detiene habitualmente por pequeños hurtos, cuyas consecuencias legales punitivas es ninguna». La revisión de la consideración de falta y delito es otro de los puntos que se deben abordar en la reforma, ya que señaló que no siempre existe una «relación automática» entre la cuantía de lo robado y las consecuencias que tienen para la productividad.

Todos los días

Por su parte, José María Fresneda valoró la iniciativa del PP porque «todas las noches, todos los días hay delitos, que son faltas leves o no, pero son delitos que atentan contra la seguridad» de los municipios.

Afirmó que la PNL para la reforma del Código Penal «es un motivo de tranquilidad» para los agricultores, que sienten «que ha acabado un recorrido largo» que se inició hace «mucho tiempo», con el objetivo de endurecer las penas de los delitos cometidos en el campo.

Aseguran los que tratan con agricultores y ganaderos que el colectivo tiene más razones que nunca para quejarse de su situación. «Lo tienen muy complicado», comentó el director comercial de Gasóleos Sánchez y Murcia, Emilio González. Esta empresa suministra al sector agrario, anualmente, unos 50 millones de litros en toda Castilla-La Mancha, con precios que varían en función de la cantidad que se consuma. Actualmente los precios que ofrecen se sitúan entre 90 y 95 céntimos de euro el litro, cantidades que son entre diez y doce céntimos mayores a las de hace un año. Según explicó González, una de las razones que justifica esta subida es la recuperación del valor del dólar frente al euro, y avanzó que a partir del año próximo, además, entrará en vigor una nueva normativa de carácter medioambiental que redundará en una subida de unos dos céntimos el litro para el gasóleo agrícola. La normativa, señaló, tiene como objetivo rebajar los niveles de azufre de este combustible para que contamine menos, algo que encarece el proceso de elaboración y que tendrá su reflejo en el precio final.

LAS REACCIONES

ALFONSO MARÍN COAG-IR CASTILLA-LA MANCHA

«Tenemos el gasóleo un 15% más caro, mientras que el precio de la aceituna ha caído un 20%»

JULIÁN MARTÍNEZ UPA ALBACETE

«Somos el único sector que no puede poner el precio a sus propios productos».Es difícil tener el ánimo suficiente para ir a trabajar cuando uno apenas gana o, más bien, pierde dinero. A ese dilema se enfrentan, cada día, los agricultores y ganaderos albaceteños, cuya renta ha vuelto a bajar este año lastrada por el incremento de costes de producción y los bajos precios de los productos en origen.

Sacar el tractor al campo implica llenar el depósito y hacerlo a precio de oro, porque en un año el gasóleo agrícola se ha encarecido en un 15%. Lo explicaba ayer el secretario general de Coag-Ir Castilla-La Mancha, Alfonso Marín, quien señalaba que el carburante está, hoy por hoy, «más caro que nunca».

Con un consumo medio, dependiendo del tipo de cultivo y de la labor que se vaya a realizar, de unos cien litros al día, el agricultor tiene que desembolsar casi cien euros por jornada solo en gasóleo, ya que su coste se ha encarecido hasta rozar el euro por litro.

Marín contaba que acababa de repostar a un precio de 0,97 euros, y lamentó que pese al continuo encarecimiento de este producto, el Estado «no ha llegado a instrumentar el gasóleo profesional» y, además, se han retirado las deducciones fiscales que se habían venido aplicando en anteriores ejercicios.

Para Coag-Ir, «al precio actual del combustible agrícola, la creación de un gasóleo profesional con fiscalidad cero representaría una rebaja de más de 21 céntimos de euro por litro directamente en poste; mientras que con el procedimiento actual tan solo se devuelve 7,9 céntimos de euro».

Devolución

Y es que los agricultores pueden solicitar, al término de la campaña, una compensación por el gasto que han hecho en gasoil, un dinero que, a juicio del secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Julián Martínez, es importante pero llega tarde, cuando el agricultor ha tenido que adelantar ya el dinero de su bolsillo.

Por eso demandan, como Coag-Ir, que el descuento se aplique directamente en el momento de hacer uso del surtidor.

La devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), que incluye la obligatoriedad de realizar el pago del combustible mediante tarjetas o cheques gasóleo, ha generado también, según Coag-Ir, problemas durante este ejercicio, «lo que constituye un motivo más para urgir la puesta en marcha del gasóleo profesional».

Marín recordó que a finales de 2005 se llegó a un acuerdo con la ministra del ramo de entonces, Elena Espinosa, que contemplaba, además de deducciones en el IRPF por el gasto de gasóleo, fertilizantes y plásticos, la devolución del IEH.

«Con el tiempo este mecanismo de devolución debería haber evolucionado, en base a los compromisos adquiridos, hacia un gasóleo profesional en cuyo precio en poste se descontaran automáticamente tanto el Impuesto de Hidrocarburos como una posible rebaja del tipo de IVA aplicable a este combustible, un pacto que no se ha llevado a efecto» y que ha generado, puntualizó, un gran «malestar»

«Los agricultores estamos pagando el gasóleo agrícola, que dicen que es barato, más caro que nadie», sentenció Marín, para quien los tratamientos fiscales especiales «sí se tienen en cuenta en otros sectores como el de la pesca».

Para el representante de Coag-Ir, a los agricultores no les queda más remedio que medir muy bien si les va a valer la pena el esfuerzo que tienen que realizar cada día, y señaló que hay más factores que se lo ponen ‘cuesta arriba’ a estos profesionales, como la «escasa inversión» en infraestructuras de comunicación en el campo que favorezcan los desplazamientos de la maquinaria agrícola.

Igual que los precios de la gasolina para el coche varían de una gasolinera a otra, los agricultores se las apañan para abastecerse al precio más ventajoso posible. Algunos profesionales, sobre todo los que tienen explotaciones de gran tamaño, cuentan con depósitos particulares en sus instalaciones, mientras que otros optan por acudir a los surtidores de las cooperativas agrarias, que actúan como suministradoras de combustible para sus socios y lo hacen en condiciones ventajosas para ellos, como un servicio de «valor añadido» más.

Cooperativas

Es el caso de la cooperativa multisectorial ‘La Remediadora’ de La Roda, que agrupa a medio millar de socios. Ayer mismo, el precio del gasóleo ‘B’, el agrícola, estaba fijado en 0,86 euros el litro, un precio muy competitivo que, aún así, es 12 céntimos más caro que el que tenían hace un año.

«Al ser cooperativa intentamos que el margen de beneficio sea lo más reducido posible para que al agricultor le resulte más barato», afirmó el gerente de la entidad, Inocencio Maestro, quien subrayó que pese a los esfuerzos que se hacen en materia de combustible, «todos los años va subiendo el precio» y así es difícil que cuadren las cuentas.

De hecho, un reciente informe de Asaja Cuenca apuntaba a que en 2011 «se han gastado once euros más de gasóleo por cada hectárea sembrada de cereal», un producto que se mantiene, tan solo, a precios «aceptables» para el productor.

El presidente provincial de Asaja Albacete, José Pérez Cuenca, también aludía recientemente en una rueda de prensa al desorbitado incremento de los costes, señalando sobre los carburantes que se llevan buena parte del poco presupuesto disponible sin que los agricultores puedan hacer nada.

Sube el gasoil, pero es que también lo hace el esto de ‘inputs’ del sector agrario. Según Coag-Ir Castilla-La Mancha, los fertilizantes han experimentado un avance que oscila entre el 5 y casi un 30% en el caso de la urea, mientras que los piensos «han sobrepasado incrementos del 9 por ciento».

Todo sube, menos los precios que el agricultor recibe por sus productos. «Este año tenemos el gasóleo un 15% más caro, mientras que el precio de la aceituna ha bajado un 20%», decía Alfonso Marín. En abril de 2010, la organización agraria a la que representa Marín ya daba la voz de alarma sobre el coste de llenar el depósito del tractor, con precios que por entonces habían subido, en un año, de 0,58 euros el litro a 0,75, bastante inferiores a los actuales.

Lo que está pasando con el cultivo del olivar, cuya cosecha no ha terminado todavía en la Región, es ilustrativo de los problemas del sector: un producto de calidad, el aceite de oliva, tradicionalmente caro para el consumidor, se paga ahora «a menos de un euro el litro, cuando producirlo cuesta el doble».

Asaja hace referencia al «hundimiento», este año, de los precios para la producción de aceituna, y citaba otros ejemplos como la ciruela, la almendra y la carne de porcino.

«Los agricultores y ganaderos somos el único sector en el que no podemos poner precio a nuestros productos», recordaba, a este respecto, el secretario provincial de UPA. Por el contrario, son el resto de integrantes de la cadena comercial los que marcan la cotización en condiciones lesivas para el productor.

Cadena de valor

«El hundimiento de los precios de los productos agrícolas y ganaderos, como consecuencia del enorme desequilibrio existente en la cadena de valor agroalimentaria, es el principal problema que ha caracterizado al año agrario», asegura UPA en su balance agroganadero de 2011.

En este escenario de costes al alza y precios bajos, garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias es tarea complicada. En una década, según explicaba Julián Martínez, los profesionales del sector ha perdido un 10% de su renta «como mínimo».

Durante el año que termina, la renta agraria «han continuado en retroceso un año más, evidenciando la enorme crisis estructural en la que se encuentra inmersa la ganadería y la agricultura españolas», se indica en el balance de UPA. «Con el dato de 2011 se confirma que nuestro país se queda en el furgón de cola de la Unión Europea, ya que en la mayor parte de los países europeos la renta se sitúa en valores positivos».

Según UPA, la renta agraria ha experimentado, en términos corrientes, un recorte del 3,4% «como consecuencia del aumento espectacular de los costes de producción».

Esta tendencia repercute directamente en las posibilidades del sector para generar empleo, con una caída del 5,7% del número de ocupados.

Otra consecuencia dramática es el cierre de explotaciones y el abandono de la actividad. Según Coag-Ir, en 2011 cerca de medio millar de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha han decidido seguir otros caminos profesionales.

Con la mirada puesta en el nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete , Castilla-La Mancha siguió ayer con interés la rueda de prensa en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio a conocer su primer Ejecutivo. Por delante, mucho trabajo, y asuntos como el agua y la agricultura, asuntos en los que esta comunidad se juega mucho. Como aviso a navegantes, las declaraciones, ayer, de la portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, quien destacó que el plan nacional del agua que ha anunciado Rajoy recogerá todas las premisas del Partido Popular castellanomanchego y evitará «guerras y guerrillas» entre comunidades autónomas.

Riolobos indicó que en «pacto nacional por el agua», que anunció Rajoy en el debate de investidura, «recogerá las premisas que siempre hemos defendido en el Partido Popular de Castilla-La Mancha: la unidad de cuenca, la sostenibilidad ambiental, la prioridad del uso de la cuenca cedente y la solidaridad interterritorial». Apuntó: «queremos para España y especialmente para Castilla-La Mancha un pacto por el agua que garantice que todas nuestras necesidades van a estar cubiertas, pero sobre todo que las cuencas cedentes van a tener prioridad en los usos de las aguas».

«Es decir que teniendo todo el agua que necesitemos, lo importante es que haya una política nacional que evite que el agua sea un instrumento de guerra y de guerrillas entre comunidades autónomas, que es un gran error porque no conduce absolutamente a nada», agregó. Según la portavoz del PP, el ejemplo más claro es que los sucesivos gobiernos de Castilla-La Mancha, que han presidido José Bono y José María Barreda, «han estado durante 28 años en una guerra de guerrillas con el tema del agua y no han resuelto nada».

Riolobos incluyó el plan del agua entre las medidas anunciadas por Rajoy que son especialmente positivas para Castilla-La Mancha, junto a la de la creación de un Ministerio de Agricultura, la puesta en marcha de una ley de emprendedores o la de la revalorización de las pensiones.

Objetivo logrado

La creación de un Ministerio de Agricultura es una buena noticia para los 120.000 agricultores castellanomanchegos, según Riolobos, por la importancia que tiene la agricultura en la comunidad autónoma y porque así lo requiere la defensa de sus intereses en la UE.

También consideró especialmente positivo el anuncio que se revalorizaran las pensiones de los 350.000 pensionistas que hay en Castilla-La Mancha o el de la elaboración de una ley de emprendedores estatal, que complementará «punto por punto» la que se ha creado en Castilla-La Mancha.

Riolobos añadió que Rajoy «hizo un debate de Estado, anteponiendo los intereses de los españoles y los castellanomanchegos a todo lo demás» y presentó «un programa de gobierno lo suficientemente sólido como para dejar un halo y una estela de confianza en todos los españoles y especialmente en los castellanomanchegos».

Asaja «no aceptará ningún recorte en ayudas directas ni cofinanciadas al agricultor» y exigirá un modelo de política agraria nacional «que permita afrontar el proceso de la nueva PAC con garantías» y evite las «peleas» entre regiones y comarcas. Así lo manifestó el secretario regional de Asaja, José María Fresneda, tras asegurar que el ejercicio 2011 «ha sido muy complicado pues ha habido mucha gente que se ha acercado al sector coincidiendo con las elecciones generales». Afirmó que «los agricultores y ganaderos necesitamos mucha paz y un ministerio potente que recupere el protagonismo que se quitó al agricultor».

El Gobierno de Castilla-La Mancha acudirá a la vía judicial y presentará un recurso contencioso-administrativo contra el último trasvase del Tajo al Segura autorizado el pasado mes de julio por considerar que supera la cantidad de agua que permiten las normas de explotación del acueducto.

El consejero portavoz, Leandro Esteban, explicó que este es uno de los acuerdos que adoptó el Consejo de Gobierno en su reunión de ayer. En concreto, el Consejo aprobó la impugnación de la desestimación por silencio administrativo del requerimiento interpuesto por la Consejería de Fomento contra el acuerdo de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura de 5 de julio de 2011 referente al trasvase acordado para el segundo semestre de este año que se fijaba en un máximo de 270,8 hectómetros cúbicos.

Una vez agotada la vía administrativa, la Junta acude a la judicial y presenta un recurso contencioso-administrativo por considerar que se autorizaba trasvasar más agua de la permitida en las normas de explotación del acueducto Tajo-Segura. Esteban recalcó que no es un recurso contra nadie, sino solo para defender los intereses de Castilla-La Mancha. Se trata, dijo, de hacer lo que es «absolutamente necesario», que es «pedir las explicaciones y en el caso de que esas explicaciones no se den o ese requerimiento no se atienda, acudir a los tribunales para defender los intereses de Castilla-La Mancha y de los castellano-manchegos».

Un plan nacional

Según Leandro Esteban, «las leyes están para cumplirlas y cuando alguien entiende que no se cumplen, lo que hay que hacer es ir a los tribunales». Destacó que la solución del problema del agua debe ser hacer una planificación hidrológica «nacional, comprensiva, de todas las regiones con sus necesidades y planteada de forma integral», ya que «el resto solamente ha sido perder tiempo, enfrentar a las regiones y hacer un uso absolutamente incorrecto de la planificación hidrológica».

El Gobierno de María Dolores de Cospedal, dijo Esteban, «entiende y ha entendido siempre la solidaridad dentro del capítulo del agua». «Nunca se negará desde Castilla-La Mancha agua para beber, agua para vivir, pero solo con una planificación hidrológica nacional, se puede dar solución a este problema», afirmó el consejero

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha anunciado el trámite de información pública de la solicitud de concesión de aguas subterráneas que ha planteado el Ayuntamiento de Golosalvo. Se trata del proyecto de un sondeo de 150 metros de profundidad, para obtener 14.955 metros cúbicos de máximo anual. El destino es abastecer las necesidades de 150 habitantes permanentes, 100 estacionales, y unas 2.700 cabezas de ganado, ovino y porcino.

Llama la atención en la campaña la falta de agua, digo como tema recurrente de enorme trascendencia para algunas regiones, sobre todo a las que afecta el Trasvase. Salvo alguna alusión aislada, es como si quisieran ponerle un dique a un tema conflictivo que tarde o temprano saldrá a la superficie, como un guadiana político que en realidad es una asignatura aplazada, sobre todo por la promesa latente de un Plan Hidrológico entre las promesas formuladas por Cospedal, que no pasaron desapercibidas en los sectores implicados, como también ocurrió al conocerse en su día, en una entrevista de Europa Press que causó cierto revuelo, su opinión favorable a la caducidad del Trasvase en el año 2015, tal y como recogía una cláusula en el Estatuto de Autonomía cuya reforma iba a debatirse en las Cortes, «porque el Tajo-Segura funciona -dijo- con unos criterios que fueron fijados hace tiempo y se tienen que modificar. El Partido Popular ha dicho siempre claramente que quiere la caducidad del Trasvase en la forma y manera que está funcionando actualmente, ya que «esa fórmula no puede continuar así. Existe un acuerdo con el PSOE para la reforma del Estatuto que establece su caducidad tal y como está planteado actualmente». Actitud que se esfumaría después con el famoso eslogan ‘agua para todos’ y la decidida oposición de Murcia y Valencia, cuyos líderes, mantuvieron un breve encuentro en Bruselas, donde asistían a un pleno del Comité de las Regiones, y ambos reiteraron que desde sus comunidades no se iba a renunciar «ni a una sola gota de agua».

Finalmente el Parlamento manchego aprobó en un Pleno extraordinario, la propuesta del PSOE para solicitar al Congreso de los Diputados la retirada del Estatuto. El PP, tal como había anunciado, votó en contra de esta decisión. El cerrojazo al Trasvase y la alternativa de una reserva hídrica quedaron en agua de borrajas.

La historia del Trasvase parece una leyenda de las Mil y Una Gotas. Tuvo su origen en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, elaborado por el ingeniero de Caminos, Manuel Lorenzo Pardo en 1933. El buen hombre quería acabar con lo que llamó ‘desequilibrio hidrológico’ del país. Venía a ser la solución a la escasez de recursos hidráulicos en el sureste peninsular, enviando agua desde la cabecera del Tajo. El ministro de Obras Públicas era el socialista Indalecio Prieto y presentó estas ideas en la tantas veces citada Asamblea de Alicante. Sin embargo, el proyecto no prosperó, hasta que fue rescatado en los planes de desarrollo franquistas y ejecutado entre 1966 y 1979, con una inversión superior a los 43.000 millones de pesetas, un 300% más de lo inicialmente previsto. En cualquier caso, no tuvo buena prensa. Calificada de faraónica, la obra se desarrolló con ciertas dificultades y una especial incidencia en el túnel del Talave a causa de filtraciones históricas y su compensación, episodio que culminó con el veredicto del Tribunal Supremo tras el recurso interpuesto por el Sindicato Central de Regantes contra la derivación, desde el acueducto hasta los regadíos de Los Llanos de Albacete, de 7,7 hectómetros cúbicos anuales, sentencia que desestimaba dicho recurso condenando además a los regantes del Segura al pago de las costas del juicio. Uno de los aspectos llamativos en el largo proceso de un Trasvase debatido, zarandeado, cuyas aguas vio pasar Albacete como un voyeur inmóvil, atado de pies y manos en cualquier decisión sobre ellas y petrificado, como los puentes del trayecto, sin el menor derecho a la gestión de las cuencas, ni siquiera como testigos de cargo.. Digo yo si, en plena sequía electoral, los que manden dentro de cinco días van a cambiar de estrategia o si llegada la Navidad, su propuesta acuática consistirá en invitarnos a cantar «pero mira como beben los peces en el río/ pero mira como beben por ver al Dios nacido».

IU de Talavera de la Reina explicó ayer que su partido defiende, como postura oficial desde hace años, que se reduzca a un máximo de 300 hectómetros cúbicos la cantidad trasvasable en el Tajo-Segura para ir «a la eliminación progresiva del trasvase». El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, José María Domínguez, respondió así a preguntas sobre las declaraciones en Murcia del coordinador federal de IU y candidato a la Presidencia de España, Cayo Lara, en las que dijo que su partido es partidario de mantener el trasvase en 323 hectómetros cúbicos anuales, solo para la agricultura.