El delegado del Gobierno reconoce el aumento, mientras que hay colectivos, como los regantes, que han contratado seguridad

Barreda reclama más guardia civil en los pueblos para acabar con la oleada de delincuencia que sufre el campo

El presidente regional, José María Barreda, calificó ayer de «intolerable» el aumento de los robos en las zonas rurales y pidió al Gobierno que incremente la vigilancia y que, si para ello, tiene que ampliar la plantilla de la Guardia Civil «que lo haga».

Barreda hizo estas declaraciones en Ciudad Real, a preguntas de los periodistas sobre este asunto, añadiendo que «la Guardia Civil tendrá que reforzarse, ampliar su plantilla, hacer lo que deba» para solventar la situación de la delincuencia en el campo.

Estas consideraciones de Barreda se produjeron después de que la organización agraria Asaja tachase de «olla a presión» el clima de tensión que se vive en provincias como Ciudad Real, tras los numerosos robos que están sufriendo los agricultores y ganaderos. Al respecto, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Cano , reconoció que están aumentando los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas y que son la preocupación «principal» de su departamento. Durante la presentación de los datos de criminalidad y delincuencia en 2010 en Cuenca, Díaz Cano declaró que a finales de 2010 y comienzos de 2011 «se viene produciendo un incremento del robo en las explotaciones agrícolas».

Experiencia piloto

Cabe recordar que la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) ha puesto en marcha una experiencia piloto para proteger a los agricultores de los robos que sufren en sus explotaciones. Algunos, según explicó en su momento el presidente de la entidad, Francisco Belmonte, han sido víctimas de hasta cinco episodios de este tipo en un año, algo que, según explicó, hace inviable la actividad agrícola.

El plan se ha iniciado en una zona en la que los regantes se han unido para contratar una empresa de seguridad privada que, llegado el caso, avisa a la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y el objetivo es poder extender el servicio al resto de explotaciones, afirmó el presidente de la Junta Central de Regantes.

Los ladrones se llevan el cobre de los sistemas de riesgo y, últimamente, hasta el latón de la cabeza de los aspersores.

A finales del pasado año, una veintena de agricultores de la zona de la carretera de Murcia también se unieron para costear un servicio de seguridad privada, hartos de tanto robo. Llegó un momento que los agricultores se cansaron de lamentarse, pues los robos les causaban daños muy importantes económicamente.

La organización agraria Asaja ha tachado de «olla a presión» el clima de tensión que vive en la provincia de Ciudad Real tras los numerosos robos que están sufriendo los agricultores y ganaderos.

Así lo han considerado en rueda de prensa hoy los presidentes locales de Asaja en Argamasilla de Alba y Membrilla, Cristóbal Jiménez y Ángel Bellón, respectivamente.

Los dirigentes agrarios han subrayado que los agricultores y ganaderos no soportan más robos y están dispuestos «a cualquier cosa», pues están viendo como les arrebatan su forma de «ganarse la vida».

Han explicado que a las cuantiosas pérdidas que producen estos robos hay que sumar los perjuicios que conllevan, como el retraso en las labores propias de cada temporada o el no poder comenzar los periodos de riego debido a la sustracción de transformadores o de cable de cobre de los sistemas móviles de riego, entre otros.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Regantes del Estrecho de Peñarroya, Bernabé Ruiz, ha cuantificado las pérdidas en la zona de Argamasilla de Alba en unos 250.000 euros, una cantidad que, ha destacado, los agricultores no podrán asumir.

Además, ha subrayado que últimamente les están robando hasta los caudalímetros, cuya reposición genera grandes desembolsos.

El secretario provincial de Asaja, Florencio Rodríguez, ha reiterado que el sector está «desesperado» y ha advertido de que si continúa esta situación pueden producirse «graves consecuencias».

Ante esta situación, la organización agraria ha vuelto a exigir a los representantes políticos que aporten medidas y que las incluyan en sus programas electorales.

Rodríguez ha dicho que seguirán denunciando estos hechos, pues no se conforma con el silencio de los dirigentes políticos, que se amparan en sus cifras y estadísticas.

«El problema de los robos en el campo es un problema real, que está llevando a la ruina a numerosos ganaderos y agricultores, y creando una situación muy peligrosa», ha aseverado Rodríguez.

Los dirigentes agrarios han reiterado la petición de que se endurezca el código penal para este tipo de delitos y han sugerido que a los delincuentes detenidos se les confisquen los vehículos usados para cometer los robos

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, afirmó ayer que las críticas del consejero de Murcia, Antonio Cerdá, a las Cortes regionales por aprobar la Ley del Agua revelan que «les preocupa que haya una voz autónoma, fuerte, potente y firme» que haga valer los derechos de la región.

Cerdá señaló que su Gobierno no podía hacer nada contra la Ley del Agua aprobada en la Cortes de Castilla-La Mancha porque estas «son soberanas para hacer las tonterías que quieran». En ese sentido, Barreda exigió, en declaraciones a los periodistas, «más respeto al Parlamento regional, que representa la soberanía del pueblo en la región». Asimismo, aseguró que Cerdá «sabe que no es una tontería, lo que pasa es que no les gusta, pero lo van a seguir oyendo». «No le parece una tontería que en los pantanos de Entrepeñas y Buendía tiene que haber una lámina permanente de agua y que por el Tajo tiene que circular un caudal suficiente que garantice la vida de la flora y la fauna del río», puntualizó.

Pidió «respeto» por parte del Gobierno murciano a la soberanía de las Cortes regionales, y aseveró que Murcia «no puede hacer nada» contra la Ley del Agua manchega porque es una Ley «que han aprobado las Cortes de Castilla-La Mancha, que son soberanas para hacer las tonterías que quieran».

Tras asistir al acto de constitución del Comité organizador del 175 aniversario del Instituto de Educación Secundaria ‘Brianda de Mendoza’, el responsable regional insistió en que en Murcia «saben que la propuesta no es una tontería pero no les gusta oírlo pero van a seguir oyéndolo. Por su parte, el PSOE en Lorca propuso ayer el regreso de empresas agrícolas que abandonaron la producción en esta localidad murciana por la sequía y se trasladaron a Castilla-La Mancha y Andalucía, como fórmula para crear empleo en el sector primario del municipio.

El candidato socialista a la alcaldía, Manuel Soler, dijo que si gana las elecciones del 22 de mayo convocará una mesa de trabajo con las principales cooperativas agrarias del municipio con el objetivo de crear un inventario de fincas agrícolas sin uso en las que poder radicar a las empresas que optaron por deslocalizar su producción hace unos años.

Soler consideró que el regreso de estas empresas supondría el fortalecimiento del sector primario y la generación de empleo, ya que las garantías de suministro futuro de agua de riego puede propiciar un clima de confianza.

El PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha pidió «más respeto» al consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, por cuestionar al Parlamento regional sobre la Ley del Agua, mientras que el PP calificó de «solemne tontería» estas críticas.

Cerdá señaló que su Gobierno no podía hacer nada contra la Ley del Agua aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha porque estas «son soberanas para hacer las tonterías que quieran».

Molina (PSOE) defendió que debe tener «más respeto» porque una parte muy importante del PIB de Murcia se ha debido al dejar de percibir Castilla-La Mancha la riqueza del agua que «se nos iba por el trasvase Tajo-Segura».

Por su parte, Leandro Esteban (PP) señaló que «de ser cierto (la afirmación de Cerdá), me parece una solemne tontería lo que dice, sea consejero de Murcia o sea presidente de su escalera de vecinos». Esteban aseveró que el Partido Popular va a estar «siempre» con los agricultores porque «falta les hace».

Mientras tanto, los regantes valencianos se dirigirán al Gobierno central y al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, para exigir que no se apruebe la Ley del Agua de Castilla-La Mancha por «lesiva» para sus intereses.

El consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, señaló que el gobierno de esta región «no puede hacer nada» contra la Ley del Agua castellano-manchega porque es una Ley «que han aprobado las Cortes de Castilla-La Mancha, que son soberanas para hacer las tonterías que quieran». No obstante, quiso dejar constancia de que se ha aprobado «sólo con los votos del PSOE, porque el Grupo Popular salió de la votación». Cerdá dijo que la Ley «se ha presentado ahora en las Cortes españolas y hay que ver su devenir, y se acepta o no a trámite, para después actuar desde el Partido Popular».

A su juicio, la Ley del Agua es «un esperpento más del presidente manchego, José María Barreda, para intentar tapar todos los problemas internos que tiene, llámese aeropuerto de Ciudad Real, Caja Castilla-La Mancha (CCM) u otros que saldrán también». El consejero recordó que Barreda «dijo que si le tocaban un punto del Estatuto manchego, se iba, pues le han tocado todo el Estatuto y él sigue dando el follón con el tema del agua». A su juicio, Barreda «tiene algún tipo de paranoia hídrica obsesiva y patológica».

Embalses más llenos

En otro orden de cosas, la reserva de los embalses de la cabecera del Tajo, Buendía y Entrepeñas, ha aumentado trece hectómetros cúbicos en la última semana y ha alcanzado los 1.287, el 52,02% de su capacidad total, que es de 2.474 hectómetros cúbicos. Según los datos facilitados ayer por la Confederación Hidrográfica del Tajo, el embalse de Buendía, en la provincia de Cuenca, ha subido ocho hectómetros cúbicos hasta los 698, el 42,58% de sus 1.639 posibles. El agua embalsada en el pantano de Entrepeñas, en la provincia de Guadalajara, ha aumentado cinco hectómetros cúbicos en la última semana hasta los 589, el 70,53% de su capacidad total, que es de 835 hectómetros cúbicos.

Hace un año, los pantanos de la cabecera del Tajo (desde los que se trasvasa el agua a la cuenca del Segura) tenían 1.020 hectómetros cúbicos, el 41,23% de su capacidad. En total, la cuenca del Tajo acumula 8.624 hectómetros cúbicos de agua, once más que hace una semana, y está al 78,35% de su capacidad.

Ni el Partido Popular, ni Izquierda Unida quisieron votar ayer a favor de la moción que presentó el PSOE en defensa de tres aspectos del proyecto de la Ley del Agua de Castilla-La Mancha. No porque no estuvieran de acuerdo en algunas cuestiones, como el eximir a la ciudad de Albacete del pago de cualquier compensación a los regantes valencianos por beber agua del embalse de Alarcón, que es uno de los argumentos principales que utilizaron los socialistas para defender su propuesta. Sino porque PP e IU coincidieron en que este debate se planteaba por la cercanía de las elecciones y para tratar de sacar rédito en las urnas.

Este proyecto de Ley, que fue registrado el miércoles en el Congreso de los Diputados por el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, debe recibir el visto bueno del Parlamento nacional. Algo que la portavoz de IU, Rosario Gualda, se mostró convencida no conseguirá, «esta ley tiene un recorrido muy corto, no será aprobada», aseguró, y a continuación se quejó de que el PSOE le pidiera su voto en el pleno del Ayuntamiento, cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha no se ha molestado ni tan siquiera en consultar a su formación a la hora de redactar la ley. «Después del paripé del último pleno en las Cortes, donde se aprobó esta ley, es evidente que lo que se pretende es hacer un uso partidista del agua», se lamentó Gualda, que trató de hacer un repaso histórico de este asunto y censuró que PSOE y PP digan que quieren acabar con el trasvase Tajo-Segura y luego saquen adelante la conexión del Talave-Cenajo que garantiza la continuidad de este trasvase.

¿De quién es la culpa?

Desde las filas del PP, Juan Marcos Molina, trató de defender la enmienda a la totalidad que presentó su grupo en las Cortes y que en el pleno del Ayuntamiento también fue rechazada. Y, a continuación, aseguró que el «problema del agua en Castilla-La Mancha no es otro que Barreda y el PSOE que lleva 30 años gobernando sin haber conseguido resolverlo y culpándolo a los demás».

Ramón Sotos, portavoz del PSOE, dijo que si no se había resuelto es «porque el PP no ha querido», porque Castilla-La Mancha era la única comunidad de España donde el gobierno no había contado con el apoyo de la oposición para reformar el Estatuto de Autonomía resolviendo el problema del agua, «y eso ocurre aquí porque Cospedal tiene otros intereses como secretaría general del PP, los de Murcia y Valencia».

María Dolores de Cospedal dijo ayer que, hasta dónde ella sabe, los plazos para la Ley del Agua de Castilla-La Mancha «no son los más adecuados». La presidenta del PP de Castilla-La Mancha declaró que supone que esto «lo sabrá muy bien» Barreda y ha dicho que «tampoco» sabe si el presidente regional «va a hacer lo que hizo con el Estatuto, retirarlo». «No sé lo que puede pasar con ese proyecto», dijo a los periodistas, quien añadió que «eso lo sabrá el grupo socialista en el Congreso de los Diputados y lo sabrá el señor Barreda», a menos que «lo piense retirar como lo hizo con el Estatuto», concluyó.

Barreda, por su parte,opinó que la posición de Cospedal no sólo se debe a Castilla-La Mancha sino «a otros intereses», a los que, en su opinión, se pliega. Recordó que Murcia dijo que esta ley sería «letal» para su región.

El Ayuntamiento fue condenado a pagar más de un millón de euros por abastecerse de este embalse en sequía, algo con lo que acaba esta norma

Barreda entregó ayer al Congreso para su toma en consideración este proyecto legislativo

Antes de tomarse un café con José Bono, en un despacho que muchos ya denominan «el confesionario» por las muchas visitas que el presidente del Congreso atiende en él cada miércoles, el presidente de la Junta, José María Barreda, se presentó en el Registro de la Congreso de los Diputados para entregar la Ley de Agua de Castilla-La Mancha, aprobada por las Cortes autonómicas este lunes en un accidentado pleno en el que no estuvieron presentes los diputados del PP.

«Me hubiera gustado que hoy [por ayer] estuviéramos en el registro del Congreso la señora De Cospedal y yo», declaró Barreda, mostrando así su deseo de que esta nueva norma hubiese salido de las Cortes con el voto a favor también del Partido Popular.

El PP llegó a presentar una enmienda a la totalidad a esta Ley, que fue rechazada por la mayoría socialista. Una enmienda, que según dijo ayer el concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Albacete, Ramón Sotos, perjudicaba a la ciudad porque suprimía tres aspectos recogidos en esta ley que benefician a Albacete.

Hoy, a debatir en el pleno

Hoy, los socialistas, trasladarán este debate al pleno del Ayuntamiento de Albacete, «espero que aquí la señora Bayod desoiga a sus compañeros diputados del PP y vote a favor de esta moción», emplazó el concejal socialista a la portavoz municipal del PP. «En Albacete tenemos más de 45.000 hectáreas de regadío, una parte gestionada por pequeños regantes que están muy pendientes de lo que pase con esta Ley del Agua», aseguró Sotos, que destacó las «aspiraciones» albaceteñas que recoge este texto legal.

Según detalló, si se aprobase esta ley, al Ayuntamiento de Albacete ya no se le podría exigir el pago de ninguna compensación económica en favor de los regantes por abastecerse con agua del Júcar.

Hay que recordar que hace un año el consistorio albaceteño se vio obligado a recurrir al Tribunal Supremo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que le condenaba a pagar más de un millón de euros a la USUJ (Unión Sindical de Usuarios del Júcar) por haber tomado agua del embalse de Alarcón entre 2005 y 2008, años de sequía en los que la presa se quedó por debajo de un volumen de reserva mínimo preestablecido.

En esta ocasión, PSOE, PP e Izquierda Unida se pusieron de acuerdo en que la ciudad de Albacete no tenía por qué pagar ni un céntimo a los dueños del embalse de Alarcón, es decir, los regantes valencianos e Iberdrola por coger agua del embalse en tiempos de sequía.

Un pago que está previsto en el llamado convenio de Alarcón, un texto en el que el Ministerio de Medio Ambiente permitió fijar a los regantes valencianos fijar ese volumen de reserva y el derecho a cobrar indemnizaciones si alguien cogía de ese agua. Y que amparó el artículo 24 del Plan del Júcar aprobado en 1998, donde se recogen los usos del embalse de Alarcón y se admite la prioridad de los riegos tradicionales de la Comunidad Valenciana y el derecho de las hidroeléctricas a recibir indemnizaciones si se veían perjudicadas.

Pues bien, el texto de la Ley del Agua aprobado el lunes en las Cortes de Castilla-La Mancha establece que en aplicación del «principio de prelación de usos consagrado en la legislación vigente», es decir, el agua primero para beber, después para regar y luego para los usos hidroeléctricos, se deben aprobar unas «normas de explotación» en la cuenca del Júcar que garanticen que el abastecimiento es prioritario y que «en ningún caso se le pueda exigir al Ayuntamiento de Albacete, ni a ningún otro municipio de la cuenca del Júcar en Castilla-La Mancha, compensación económica alguna en favor del regadío o cualquier otro uso de menor prioridad».

Junto a este cambio en las normas de explotación del Júcar, los socialistas consideran muy positivo para Albacete que en la Ley del Agua se pida que en la cuenca hidrográfica del Júcar los balances de recursos y demandas «se hagan para cada una de las cuencas», es decir, que a la hora de echar cuentas sobre el agua que hay y la que se necesita se hagan los cálculos «río a río» y no «como quiere el Gobierno de Valencia, mezclar todas las aguas y que eso le siga beneficiando».

El tercer y último aspecto que Ramón Sotos valoró del nuevo texto legal es que en los órganos de planificación hidrológica la comunidad autónoma esté presente conforme a los «criterios de proporcionalidad y equilibrio territorial». Recordó, a este respecto, que entre Albacete y Cuenca, «tenemos el 73% de la cuenca del Júcar».

Esta Ley del Agua, sin embargo, sólo es un proyecto que ha dado su primer paso, pues tras ser entregada ayer por Barreda en el registro del Congreso debe ser tenida en consideración por los diputados. El presidente de Castilla-La Mancha confió en que el texto tenga un mejor futuro mejor que el estatuto de autonomía, que no prosperó, y subrayó que se trata de una norma que es «perfectamente constitucional».

Estado autonómico

Barreda declaró a los periodistas que para su elaboración, su Gobierno ha tenido «muy en cuenta» todo lo que se dice del agua en otros estatutos de autonomía aprobados y no recurridos, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional allí donde lo ha hecho.

El presidente recordó que el objetivo de la Ley es «garantizar la coparticipación» del Gobierno de Castilla-La Mancha en los órganos de gestión de agua , antes de hacer hincapié en que los temas del agua y la planificación hidrológica corresponden al estado, pero al autonómico. «Estoy de acuerdo con que los temas del agua y la planificación hidrológica sean un tema de Estado, pero del Estado que tenemos, de un estado autonómico, donde las comunidades tenemos transferidas las competencias», subrayó.

Barreda recalcó que la norma establece una reserva hidrológica para garantizar las necesidades de la región y propone que se modifique el reglamento que ahora regula las normas de funcionamiento del trasvase Tajo-Segura. En definitiva incluye, prosiguió el presidente castellanomanchego, lo que se planteaba en el estatuto de autonomía que finalmente no salió adelante por la falta de apoyo del Partido Popular.

Insistió en que el tema del agua es «fundamental» para Castilla-La Mancha -comunidad que está afectada por siete cuentas hidrográficas- y consideró una «disfunción» el hecho de no contar en los órganos de gestión del agua .

Preguntado sobre si cree que a esta ley le espera un futuro mejor, ha dicho que sí porque ahora hay más precedentes de fallos del Constitucional y estatutos que están funcionamiento en los que «se recogen cosas exactamente iguales a las que decimos nosotros». «Yo no veo ninguna razón para que lo que es posible en Aragón, no sea posible en Castilla-La Mancha», apostilló.

La Ley del Agua aprobada ayer dice que no se podrá autorizar ningún trasvase desde el Tajo sin que previamente y en cada caso esté justificado que son recursos excedentarios de esta cuenca y que se están optimizando los recursos hídricos de la cuenca del Segura.

Señala que no se podrá trasvasar del Tajo al Segura sin la previa acreditación de que son recursos excedentarios del Tajo y si no se justifica que «los recursos procedentes de la desalinización, reutilización y modernización de los regadíos se están aplicando de forma prioritaria a sustituir los caudales procedentes del Tajo con destino a los regadíos del levante español».

Añade que la Confederación Hidrográfica del Segura realizará los estudios precisos para conocer los recursos subterráneos, y éstos se incorporarán a los balances de recursos y demandas y se destinarán a atender las necesidades sustituyendo los caudales procedentes del Tajo.

También señala que el Plan Hidrológico del Tajo garantizará la existencia de una lámina estable y permanente de agua en los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía que permita a los pueblos ribereños desarrollar actividades económicas relacionadas con el ocio y el turismo. Dice además que la Junta de Comunidades, en tanto subsista el trasvase Tajo-Segura, participará con voz y voto en los órganos permanentes de gestión y control del trasvase. Y que se modificará el Plan Hidrológico Nacional y el del Tajo para que, en aplicación de la prioridad de la cuenca cedente, se concrete el volumen de agua necesario para garantizar el caudal ecológico del río en todos sus tramos y las necesidades presentes y futuras de la propia cuenca, cifra por debajo de la cual no se podrá hacer ninguna derivación.

Las hoces del río Júcar se están viendo invadidas por un entramado de líneas eléctricas de alta tensión de gran impacto paisajístico en uno de los lugares más bellos de la provincia de Albacete, sin olvidar del grave impacto sobre las aves que habitan en esta zona. La denuncia ha sido realizada por la Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO). Según este colectivo, el tramo del río Júcar comprendido desde el término de Abengibre hasta el límite con la provincia de Albacete está incluido en la Red Natura con las declaraciones de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Esta zona posee un gran valor ecológico, florístico, paisajístico y geológico, recuerda la SAO, que añade que «se trata de un profundo y agreste valle, labrado en calizas con abundantes escarpes». Apunta que la vegetación predominante está compuesta fundamentalmente por bosques de pino carrasco, coscojares y encinares, así como pastizales, romerales y matorrales de sabina negra y boj.

Contiene endemismos de flora de reducida distribución como son Limonium sucronicum , Limonium lobetanicum y Chaenorhinum tenellum.

Respecto a la fauna, algunas de las especies de la comunidad de aves que encuentra refugio en estos cortados son el águila real, el águila perdicera, el halcón peregrino y la chova piquirroja, las cuales son un ejemplo de la importancia que conlleva la conservación como zona protegida.

Pues bien, según este colectivo ecologista, las empresas eléctricas proyectan la instalación de varias líneas de alta tensión que cruzan el cauce del río, «afectando tanto a la fauna como al paisaje y a la vegetación protegida».

Ampliación

Además, comentan que está previsto la ampliación de la subestación transformadora de reparto de Moranchel, situada en plenas hoces del Júcar, en la que enlazan todas las líneas de la zona. Desde la SAO se han presentado alegaciones a los diferentes proyectos, «manifestando nuestro desacuerdo con la instalación de nuevas líneas que atraviesen el espacio protegido ‘Hoces del Júcar’, así como una propuesta de alternativa a la ampliación de la subestación transformadora de Moranchel».

Su alternativa consistiría en la instalación de 2 subestaciones, una a cada lado del río, fuera de las hoces y de la zona declarada como LIC y ZEPA.

«Con esta solución cada subestación puede conectar las líneas proyectadas a cada lado del río sin tener que llevar a cabo los cruzamientos sobre el cauce, evitando el impacto sobre la avifauna por colisión y electrocución, así como el impacto sobre el paisaje y sobre la vegetación, debido al desbroce y tala de árboles para abrir el pasillo de seguridad que requieren las líneas de Alta Tensión», explica la SAO.