Aunque no corren buenos tiempos para efectuar nuevas inversiones, hacerlo puede significar una garantía de futuro. Así ocurre con los sistemas de riego por goteo aplicados a cultivos como el maíz, una actividad que en la provincia albaceteña está repuntando en precios y en superficie gracias a su uso energético.

La empresa Regaber, que ha celebrado una charla sobre esta materia en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete (Coiaab), recuerda que en las conclusiones del XXXI Congreso Nacional de Riegos celebrado en la capital albaceteña el año pasado se recoge que el ahorro que supone pasar del sistema por aspersión (tradicional en Albacete) a un riego por goteo alcanza el 40% en la factura eléctrica.

El director de Márketing de Regaber, Pablo Carnicero, destacó entre las ventajas del riego localizado la mayor eficiencia energética, el aprovechamiento al máximo de los recursos hídricos, el aumento de la producción y los beneficios medioambientales, cuestiones clave a la hora de que el agricultor se decida por la aplicación de este sistema, todavía minoritario en la provincia.

«Con el riego por aspersión se moja mucho y no sabes exactamente cuánto va a necesitar la planta; en cambio, con el goteo el agua va directamente al sistema radicular del cultivo, con una eficiencia del 95% frente al 85% del riego por aspersión», explicó Carnicero.

Menos abono

Por lo que respecta a los beneficios medioambientales, señaló que optar por este método y no el más habitual de ‘pívots’ implica que se limita el exceso de riego y el ‘lavado’ del nitrógeno presente en los fertilizantes, que se filtra en el terreno provocando la contaminación de los acuíferos. «Se preserva el medio ambiente y, al mismo tiempo, el agricultor tiene que realizar un menor desembolso en abonos», señaló el representante de esta firma con 33 años de experiencia en el sector.

En cuanto a los incrementos de la producción que se consiguen con el goteo, se cifran entre «un 10 y un 20%», dado que el aporte hídrico se ajusta al máximo a las necesidades de la planta. «Estados Unidos, que es líder en la producción mundial de maíz, aplica estos sistemas», señaló Carnicero, quien se mostró convencido de que el futuro pasa por métodos de «ultrabajo caudal» como el sistema denominado Efitech.

«Hablamos de unos 0,6 litros de agua cada hora, que es muy poca cantidad», señaló este profesional.

A su juicio, la modernización de los regadíos en la provincia de Albacete ha sido «espectacular» en los últimos años, aunque todavía queda un camino por recorrer ya que el sistema por goteo tan solo copa el 2% del total.

Para ayudar a la continuidad de los procesos más innovadores está siendo fundamental la positiva tendencia en el cultivo del maíz, que en los últimos tres años está siendo protagonista de un incremento de las cotizaciones y, en paralelo, de un aumento del número de hectáreas que se destinan a estas producciones.

Este aumento se achaca a la aplicación «energética» del cultivo, algo que según el director de Márketing de Regaber propiciará que los precios sigan subiendo en el futuro, después de un periodo de involución de la superficie en la provincia de Albacete.

Para este profesional, el mayor aprovechamiento del agua y la limitación de la energía necesaria para regar también es esencial en un momento en el que el precio de la electricidad «se ha disparado». «Oír una reducción del 40% en la factura resulta muy interesante. Si se emplea la nueva generación de goteros de la clase Efitech, se reduce nuevamente la presión necesaria frente al riego por aspersión, de forma que el ahorro, en la práctica, es de alrededor de un 50%».

La charla , celebrada en el hotel Sercotel Los Llanos gracias a la colaboración entre el Coiaab y Regaber, contó con una nutrida presencia de profesionales y fue impartida por Mordi Schwartz, técnico de la empresa israelí Netafim, quien puso sobre la mesa las ventajas de las nuevas tecnologías aplicadas a los regadíos.

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía debatirá en una asamblea la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo la política de trasvases entre el Tajo y el Segura, amparándose en que «se está incumpliendo sistemáticamente» la directiva marco europea en esta materia.

Así lo indicó ayer el presidente de esta asociación y secretario de Política de Agua del PSOE regional, Antonio Luengo, que explicó que, a pesar de que la Comisión de Explotación del Trasvase actúe amparada por la legislación española, concretamente por el Plan Hidrológico Nacional, se están agotando las reservas de los pantanos de cabecera, sobre los que ayer se aprobó un nuevo trasvase de 76 hectómetros cúbicos. Recordó que el Tribunal de Justicia de la UE ha condenado a España por los retrasos en la elaboración de los planes de gestión de las cuencas hidrográficas.

Afirmó que el retraso en la elaboración del Plan de Cuenca del Tajo obedece a «demasiados intereses», y se preguntó cuál fue el sentido del voto emitido ayer por el Gobierno regional en la Comisión de Explotación.

Enfrentamiento político

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, propuso ayer la creación de un equipo de trabajo, compuesto por su partido, PP y el gobierno regional, que tenga como tarea alcanzar un consenso en torno a la postura de la comunidad sobre el río Tajo.

Por su parte, la diputada regional del PP Cesárea Arnedo destacó el «bochorno» que sienten los dirigentes de este partido «cada vez» que el secretario regional de los socialistas, Emiliano García-Page, habla de agua. Se refirió a que «Page y los socialistas aplaudieron a rabiar el Plan Hidrológico Nacional y luego se bajaron los pantalones cuando Zapatero se rindió ante unas reivindicaciones nacionalistas».

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal responsable de 55 robos cometidos en explotaciones agrícolas, dos de ellos cometidos en la provincia de Albacete, concretamente en La Roda y Bonete. El resto de robos se cometieron en otras 13 provincias españolas.

En total se han recuperado 1.500 kilos de cobre procedentes de transformadores eléctricos.

El subdelegado del Gobierno de Ciudad Real, Fernando Rodrigo, dio cuenta ayer de la operación ‘Transformer’, que se ha saldado con la detención de cuatro personas y la imputación de tres más, todos de nacionalidad rumana, así como la imputación del receptor del material, de nacionalidad española y vecino de Valdemoro (Madrid).

Según ha explicado, los miembros del grupo se trasladaban desde Aranjuez (Madrid) y Ocaña (Toledo) hasta diversas zonas de explotaciones agrícolas y casas aisladas de Albacete, Toledo, Zamora, Valencia, Castellón, Jaén, Alicante, Murcia, Zaragoza, La Rioja, Valladolid, Madrid, Cuenca y Ciudad Real.

Rodrigo detalló que de los 55 robos, 23 se llevaron a cabo en las localidades ciudadrealeñas de La Solana, Argamasilla de Alba, Villanueva de los Infantes, Almuradiel, Alhambra, Viso del Marqués, Villamanrique, Santa Cruz de Mudela, Torrenueva, Castellar de Santiago y Villarta.

El valor de los efectos sustraídos, principalmente de cobre , podría alcanzar los dos millones de euros, según el teniente coronel y jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, José Luis Gómez Salinero, quien indicó que el grupo delictivo también aprovechó para robar televisores, electrodomésticos, herramientas, aperos de labranza y gasóleo, entre otros enseres.

La investigación

Las primeras pesquisas comenzaron en noviembre de 2012 a raíz de las denuncias del robo de transformadores en la zona agrícola de Valdepeñas a partir de las cuales se intensificó la vigilancia y se inició un seguimiento de varios vehículos sospechosos de delincuentes que contaban con un amplio historial delictivo.

El subdelegado del Gobierno aseguró que la operación era de una «gran complejidad» pues los presuntos delincuentes cambiaban continuamente de domicilio y utilizaban vehículos de alquiler y otros que no figuraban a su nombre.

La organización criminal se dividía en dos grupos. Uno se encargaba de hacer el reconocimiento de la zona y de perpetrar los robos, escondiendo la mercancía sustraída en lugares seguros del campo para posteriormente ser recogidas por el otro grupo, que viajaba de día en las furgonetas de carga.

La Guardia Civil desplegó un operativo el pasado 31 de enero para perseguir a una de estas furgonetas que partió desde Ocaña (Toledo) hasta Castellón de la Plana (Castellón), donde los delincuentes sustrajeron las bobinas de cobre de 12 transformadores eléctricos.

Al regreso a Valdemoro para hacer la entrega, la Guardia Civil procedió a la detención de F.D.S., de 28 años, G.M.A., de 35 años, M.C., de 39 años y A.I.P., de 23 años, todos de nacionalidad rumana.

También se imputó al gerente de la planta de transformación M.B.T., de 40 años y vecino de Valdemoro, por receptación de material procedente de robo, cuando procedía al pago de 6.000 euros por el cobre sustraído. Además se ha imputado a N.B., de 32 años, A.C.S., de 27 años y C.M., de 24 años, también de nacionalidad rumana, como presuntos integrantes de la organización.

Todos los detenidos ya están puesto en libertad y la mayoría de ellos acumulan de media una treintena de hechos delictivos y varias detenciones. El caso está en manos del juzgado de Instrucción número 1 de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).

El Ministerio de Agricultura aprobó ayer la disponibilidad en la cabecera del Tajo para el trasvase al Segura de un máximo de 76 hectómetros cúbicos (hm3), de los que 28,3 se reservarán para el abastecimiento.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo -Segura autorizó esta disponibilidad de agua para los meses comprendidos entre enero y marzo. El volumen de agua disponible se trasvasará de los embalses de Entrepeñas y Buendía «en función de la demanda», indicó el Ministerio en un comunicado.

Durante el encuentro, presidido por Liana Ardiles, directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), se destacó el «esfuerzo para acercar posiciones entre las partes» en un año hidrológico especialmente seco «marcado por la escasez de precipitaciones».

Según la nota del Ministerio, el periodo 2011-2012 ha sido el más seco de la serie histórica registrada (en los últimos cien años), en el Sistema Entrepeñas-Buendía.

«Una tendencia descendente que, si no aumentan las precipitaciones en los próximos meses, podría repetirse en el presente año hidrológico», recalcaron.

La reserva de agua embalsada en los pantanos de la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) registra 616 hm3, el 24,89 % de su capacidad total, que asciende a 2.474 hm3.

Críticas

La Plataforma en Defensa del Tajo tachó de «auténtica barbaridad» el nuevo trasvase al Segura aprobado por el Ministerio de Agricultura y exigió una «reacción contundente» por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Así se expresó en declaraciones a Efe uno de los portavoces de la plataforma, Miguel Ángel Sánchez, después de conocer la decisión. «Es inaceptable. Evidencia que el Ministerio sigue la línea editorial dictada desde Murcia», aseveró Sánchez, quien criticó que vaya a haber un nuevo trasvase, pese a las altas reservas de la cuenca del Segura (56%), frente a las de la cabecera del Tajo (24 %).

Por su parte, la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía opinó ayer que el nuevo trasvase al Segura evidencia que a la presidenta castellanomanchega, María Dolores Cospedal, «no le importa» la región y que el Gobierno central hace «cualquier cosa» por satisfacer a Murcia.

El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Antonio Luengo, hizo estas consideraciones en declaraciones a Efe tras aprobarse el trasvase.

La inseguridad en el campo y la necesidad de que continúe la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para «luchar contra esta lacra» fue el principal asunto que los agricultores trataron con el subdelegado del Gobierno en Albacete, Federico Pozuelo, en la reunión celebrada recientemente en la localidad de Pozo Cañada.

Pozuelo mantuvo un encuentro en el Ayuntamiento del municipio con el presidente provincial de Asaja, José Pérez Cuenca, así como la gerente de la organización agraria, María José Ríos y otros representantes de la asociación en la zona, reunión a la que también asistió la alcaldesa de Pozo Cañada, Llanos Soria.

Según informó la Subdelegación, se abordaron «temas relativos a la situación actual de la agricultura» en la provincia albaceteña, incluyendo «la ola de robos que se están sufriendo», sobre todo de cobre en los sistemas de riego, lo que implica un importante daño económico. Pozuelo ofreció «todo el apoyo necesario» y expresó su intención de trasladar a a la Guardia Civil y la Policía Nacional la felicitación de Asaja Albacete por las «importantes operaciones y detenciones realizadas».

Un millar de agricultores y ganaderos de la Región, convocados por UPA Castilla-La Mancha, se sumó ayer a la protesta convocada por la organización agraria en Madrid para pedir al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una posición «firme y rotunda» que evite que España pierda un solo euro ante la nueva PAC que entrará en vigor en 2015.

El secretario general de UPA Albacete, Julián Martínez, señaló que «no se puede permitir bajo ningún concepto» una reducción del actual cheque agrícola, y trasladó la preocupación del sector por el hecho de que se produzca una merma de las ayudas comunitarias en el actual contexto de crisis, aumento de costes y bajos precios.

Cumbre europea

UPA, que ha convocado un calendario de movilizaciones en paralelo a las negociaciones para debatir el marco financiero de la UE en el periodo 2014-2020, en las que se enmarca la cumbre de jefes de Estado y de gobierno que se desarrolla hasta hoy viernes, cifra de 600 a 1.000 millones al año la posible pérdida a la que se enfrenta España con las propuestas que están sobre la mesa.

Con lemas como ‘¿Señor Cañete, estamos caducados?’, ‘No al desmantelamiento del campo’ o ‘Sin precios no hay futuro’, los manifestantes, llegados de toda la geografía nacional, pidieron al Gobierno de Mariano Rajoy que «pelee de verdad» por el interés del campo. El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, afirmó que España no solo podría perder el 20% de los fondos de la UE, sino también que las ayudas recalarán en «agricultores de sofá», como propietarios de fincas, ya que la UE primará la hectárea y no a los agricultores que realmente viven de la actividad agraria.

Fondos de cohesión

En declaraciones a los medios, aseguró que, tras viajar el miércoles a Bruselas y entrevistarse con representantes de la Comisión Europea, Eurocámara y sector agrícola de distintos países, la sensación de todos es que «España no está en primera fila de defensa de la PAC» y que, pese a lo que mantiene el ministro Miguel Arias Cañete, éste «parece tener más interés en defender los fondos de cohesión». «Que no nos mienta», reclamó el dirigente agrario.

El cheque agrícola de la PAC solo representa el 1% de los presupuestos de la UE, lo que supone un coste por día a cada contribuyente de tan sólo 30 céntimos, pese a que asegura alimentos seguros para 500 millones de europeos, mantiene el medio rural «vivo» y genera 27 millones de empleos directos, añadió el secretario general de UPA.

Ramos afirmó ser consciente de la situación de crisis actual, pero dijo que sería un error que la UE opte por recortar los fondos para agricultura cuando otras potencias competidoras las aumentan, como China (+130%), Brasil (60%) y Estados Unidos (+40%). «No podemos permitir que se recorte ni un solo euro» a los agricultores, defendió el secretario general, quien detalló que estos fondos son «imprescindibles» para evitar la desaparición de miles de explotaciones agrarias.

UPA inició el pasado 22 de noviembre las movilizaciones y defiende un paquete de medidas que, junto con el presupuesto de la PAC, incluye otras cuestiones como la necesidad de que apruebe una ley de la cadena alimentaria que resulte «realmente eficaz para los agricultores y ganaderos» y que «se deje de remilgos», según señaló Julián Martínez, ya que «parece que lo que se pretende es no molestar a las grandes empresas de distribución».

En defensa del sector agrario: política, precio y presupuesto’. Con este lema, el mismo con el que ya salieron a la calle el 22 de noviembre pasado en la capital albaceteña, más de un millar de agricultores y ganaderos castellano-manchegos pedirán mañana día 7, en Madrid, que se mantenga la cuantía de las ayudas comunitarias en la nueva PAC que se está negociando.

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Albacete, Julián Martínez, explicó ayer que los profesionales del campo no pueden permitirse «un reajuste a la baja de las subvenciones» ya que esa circunstancia pondría en jaque la rentabilidad futura de las explotaciones en un contexto de «disminución de la renta agraria y subida de los costes de producción».

La manifestación, convocada a nivel nacional por la organización agraria, supone un nuevo paso en las movilizaciones que comenzaron en noviembre de 2012 y que, en esta ocasión, coincide con el inicio de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE prevista para los días 7 y 8 de febrero, en la que se retomará el debate sobre el marco financiero para el periodo 2014-2020.

Martínez recordó que este presupuesto será el que regirá en la Política Agraria Común (PAC) para 2014, aunque la entrada en vigor de la nueva PAC no se producirá hasta un año más tarde.

UPA calcula que, de salir adelante la propuesta que en noviembre lanzó el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, «a medio camino entre la propuesta inicial y la planteada por Reino Unido y Alemania», Castilla-La Mancha perdería, «como mínimo», 4.000 millones de euros entre 2014 y 2020.

En la sentencia se recuerda que la Constitución atribuye al Estado la competencia en materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos en las cuencas intercomunitarias y que «no puede considerarse el uso del agua como un privilegio económico o social ni como una discriminación para las cuencas cedentes».

Asimismo apunta que al Estado corresponde ponderar los intereses de las cuencas cedentes y cesionarias para, atendiendo el principio de solidaridad interterritorial y de equilibrio económico entre las diversas partes del territorio español, fijar el contenido y alcance de las tarifas» por la explotación del trasvase Concluye que la reducción de la tarifa no puede calificarse de insolidaria.

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra los artículos 89 y 90 de la Ley 24/2001. Ésta modificaba la regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura y sustituía en la forma de cálculo de la tarifa de conducción de las aguas excedentarias trasvasadas desde la cuenca del Tajo a la del Segura, la aportación consistente en el ‘coste de las obras’ por el de ‘amortización de coste de las obras’.

Igualmente sustituía el valor del ‘coste total de las obras’ para el cálculo de la tarifa, el ‘coste de las obras’ por la de amortización del coste de las obras’ en la actualización bianual de la tarifa y añadía una precisión a la utilización del acueducto para el aprovechamiento, dentro de la provincia de Albacete, de los recursos subterráneos existentes.

Además incorporaba un nuevo apartado referente a la forma de cálculo de la tarifa a abonar por los beneficiarios de las aguas derivadas a la cuenta alta del Guadiana, a través del acueducto, por el uso del tramo que utilicen de esa infraestructura, según se desprende de la sentencia dictada.

Al respecto, en el recurso presentado el representante de la Junta de Comunidades señalaba que estos artículos afectaban a la regulación jurídica del trasvase Tajo-Segura, contenida en la Ley de 1980 y de 1995 y que se vulneraba el principio de seguridad jurídica, al introducirse esas modificaciones en una ley llamada vulgarmente «de acompañamiento» a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Además, denunciaba la vulneración de la prohibición de arbitrariedad, con lo que la compensación económica a la cuenca cedente es «decreciente» en el tiempo y «llamada a desaparecer» en el mismo momento en que se haya amortizado la inversión inicial, «en la medida que la disminución de la tarifa de conducción del agua y la supresión del mecanismo de compensación propicia una utilización no racional de los recursos naturales».

De esta manera, indicaba el letrado del Consejo de Gobierno castellano-manchego que se produce una disminución tarifaria para los destinatarios del trasvase, «con correlativa disminución de los recursos de las comunidades autónomas de la cuenca cedente y un aumento de tarifas para los regantes afectados por las filtraciones del túnel del Talave». Un trato, añadía, «desigual» entre todos los beneficiarios por las compensaciones provenientes de los distintos trasvases.

Concluía su escrito de alegaciones denunciando la vulneración del principio de solidaridad y equilibrio interterritorial por la nueva regulación, «al suprimir los preceptos impugnados las compensaciones que debería recibir la Región por la imposibilidad del uso de los recursos naturales presentes en la propia Comunidad, e imponer el pago por la restitución de caudales de agua perdidos, no trasvasables».

Por su parte, el abogado del Estado sostenía que la finalidad de estas leyes de modificar otras para contribuir a alcanzar determinados objetivos de política económica, «es totalmente lícita».

Con relación a la supuesta infracción del principio de solidaridad, el abogado del Estado indicaba que el hecho de que una medida cause una disminución, «exigua», de ingresos a una comunidad «no puede calificarse de infractora», pues, desde el punto de vista contrario, «las comunidades receptoras del agua pueden justificar el sacrificio que hace la de Castilla-La Mancha en nombre de solidaridad y de la justicia y adecuación del equilibrio interterritorial», ya que «la solidaridad entre comunidades autónomas puede entrañar sacrificios de unas a favor de otras, tanto más cuando se trata del agua, un bien de dominio público nacional».

Sin embargo, agregaba el letrado, que la Región no concreta la disminución económica de los ingresos que le causa la medida, ni detalla porqué el sacrificio que hace resulta insolidario o generador de un desequilibrio económico interterritorial», tampoco porqué la compensación a los beneficiarios por las aguas infiltradas en el túnel de Talave puede considerarse injusta.

Para el representante del Senado la cuestión de la técnica legislativa no tenía conexión con la posible invalidez constitucional de la norma. Por lo que el Alto Tribunal comunica que no le corresponde a la jurisdicción constitucional pronunciarse sobre la perfección técnica de las leyes, al tiempo que apunta que no se aprecia que los preceptos cuestionados establezcan discriminación de ningún tipo.

En consecuencia, el Tribunal Constitucional señala que no puede tacharse de arbitraria una norma «que persigue una finalidad razonable y que no se muestra desprovista de todo fundamento, aunque pueda legítimamente discreparse de la concreta solución adoptada».

Por último recuerda a Castilla-La Mancha que el agua es un «recurso esencial» de carácter «unitario e integrante de un mismo ciclo hidrológico», de manera que «corresponde al legislador estatal en exclusiva la potestad para excluir genéricamente del tráfico jurídico privado las aguas continentales y para integrarlas en el dominio público del Estado». Y añade que «la redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias es una materia cuya regulación corresponde en exclusiva a la legislación estatal».