La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que la retirada de la reforma del Estatuto de Autonomía del Congreso será el «fracaso personal» de José María Barreda, a quien animó a, «por dignidad», dimitir como presidente de la comunidad autónoma. Cospedal se pronunció así en su intervención en el pleno de las Cortes castellano-manchegas en el que se debate la propuesta del PSOE de retirar el texto, iniciativa que la dirigente del PP achaca a la voluntad de Barreda de convertir el clima político castellano-manchego en una «ciénaga repleta de mentiras». A juicio de la líder de la oposición, Barreda «ha mentido, miente y va a seguir mintiendo» sobre la reforma y sobre el agua, pues ha preferido «prender fuego al Estatuto» y rechazar una propuesta del PP que garantizaba «agua en cantidad y calidad» a la comunidad autónoma con tal de obtener rédito electoral. Según Cospedal, si algo no ha cambiado en España desde los tiempos de Indalecio Prieto es la tendencia del PSOE a «tensar la convivencia cuando se siente perdedor de las elecciones» y eso hace ahora Barreda, a quien ha acusado de no querer resolver el problema del agua, sino seguir «viviendo políticamente» de él, como en los últimos treinta años». «Tres décadas de engaño, de mentira en mentira, de hablar del agua cuando llegan las elecciones, de meterse debajo del agua para evitar que se hable de otras cosas», agregó Cospedal.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, dijo ayer que, aunque no se haya aprobado la reforma del Estatuto por el voto en contra del PP, va a seguir dando la batalla, y cuando el PP «tenga líderes que piensen en Castilla-La Mancha», ésta tendrá un Estatuto que defienda sus intereses. Barreda intervino con estas palabras ante el pleno de las Cortes regionales, recordando todo el proceso de reforma del Estatuto y que «se pidió la Luna para conseguir la Tierra», esto es, se pidió el fin del trasvase Tajo-Segura para conseguir una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos, con los que se cubren las necesidades presentes y futuras de la región. Tras criticar que el Estatuto no haya recibido el apoyo del Partido Popular porque su presidenta regional en Castilla-La Mancha y secretaria general nacional, María Dolores de Cospedal, ha defendido a «Valcárcel, a los regantes de Murcia y los campos de golf» en vez de defender a Castilla-La Mancha, aseguró que las cosas «ya nunca van a ser igual» y se va a seguir dando la batalla río a río y cuenca a cuenca. Castilla-La Mancha, ha continuado, va a reclamar lo que le corresponde por la vía política, judicial y de las movilizaciones; ya no va a haber más silencio y pasividad puesto que «ha despertado» la conciencia de los ciudadanos. «Hemos ganado la causa de la información y la verdad», afirmó Barreda, quien añadió que también ha ganado la «batalla de la dignidad».

Los agricultores de la zona de Los Llanos, integrados en la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), perciben anualmente desde el año 2004 un total de 6,44 hectómetros cúbicos para compensar las filtraciones del Talave. Agua que llega a unas 4.000 hectáreas de Los Llanos, según apunta el secretario de la JCRMO, Herminio Molina.

Esta zona no es la única de la provincia que debe recibir estas compensaciones por las filtraciones. En Hellín también 824 hectáreas, con una asignación de 4,165 hectómetros, pendientes de que se materialice esa compensación.

Pero, ¿qué opinan las organizaciones agrarias presentes en Albacete sobre el trasvase Tajo-Segura? El secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Albacete, Julián Martínez, recuerda perfectamente los problemas de escasez de agua que en el año 1996 sufrían los agricultores de La Herrera. «Los cultivos se perdían todos y el trasvase bajaba lleno a rebosar», explica el dirigente del sindicato agrario.

La situación llegó a tal extremo que se hizo popular, cuenta Martínez, el dicho «el agua calienta más que el vino». Y es que incluso había quien, en plena indignación, defendía que había que tirar el trasvase.

Caducidad

Desde UPA piden igualdad. «Queremos tener los mismos derechos que en cualquier otra zona», insiste Martínez quien señala que esta organización agraria defiende la caducidad del trasvase.

Una idea que, sin embargo, desde Asaja ven muy difícil de llevar a cabo. El presidente provincial de Asaja, José Pérez Cuenca, asegura que hay que buscar otra fórmula. El dirigente de esta organización agraria aboga porque se garantice la prioridad de la cuenca cedente y que, una vez cubiertas las necesidades de ésta, se atiendan las demandas de otros territorios. Para ello, Pérez Cuenca cree que es esencial contar con una Administración central fuerte que sea capaz de poner orden. «Tiene que tener la autoridad suficiente para que todos respeten sus decisiones», recalca.

Echando la vista atrás, el presidente de Asaja recuerda que la polémica infraestructura nació porque hacía falta en ese momento para atender las necesidades del Levante. «Fue una obra faraónica», señala añadiendo que empezó utilizándose «un poquito». Un poco que acabó convirtiéndose en un mucho, tal y como indica. «Hay años que se llega a los 600, 700 u 800 hectómetros cúbicos», dice.

También lamenta que las junto a las necesidades básicas y lógicas, cada vez se suman más necesidades que responden a otros usos recreativos o urbanísticos.

El presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, reivindicó ayer un consenso hidrológico en el país. Un consenso, según dijo el jefe de la oposición, que se lleve a cabo través de un Plan Hidrológico Nacional, y de un Estatuto de Castilla-La Mancha que cuente con el «consenso que satisfaga a las tres comunidades autónomas» implicadas. En este sentido se refirió a Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia.

El responsable del Partido Popular, en declaraciones a un diario murciano, recogidas por Europa Press, aseguró que es partidario de mantener el trasvase Tajo-Segura. Rajoy indicó que no va a votar, «en ningún caso», para que desaparezca.

Es más, el responsable de los populares reivindicó un Plan Hidrológico Nacional como el que hizo el Partido Popular, que incluía el trasvase del Ebro, y que «se cargó José Luis Rodríguez Zapatero», quien además, criticó, no consiguió «resolver el problema del agua en ningún sitio y enfrentar a todas las comunidades autónomas».

En este sentido, Mariano Rajoy acusó al Gobierno de Zapatero de «falta de liderazgo» y cuando no hay liderazgo «cada uno acaba haciendo lo que quiere», concluyó.

Por otra parte, la Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y el Comité de Crisis de la Sequía se reunirán en Madrid el próximo miércoles, día 21, en orden a la defensa del trasvase y para seguir por televisión las incidencias de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que debatirá el Estatuto de Castilla-La Mancha.

Los alcaldes de Peñas de San Pedro, Alcadozo y Pozohondo presentaron ayer un escrito de queja ante la Confederación Hidrográfica del Júcar. Antonio Serrano, alcalde de Peñas de San Pedro y diputado provincial, denunció que están siendo víctimas de un «atraco político», ya que se reclaman a sus municipios unos nueve millones de euros por unas obras que ni pidieron, ni autorizaron ni controlaron, y que ahora se les facturan por su importe íntegro.

Criticaron que se les están pasando facturas de más de cien mil euros anuales «después de que el presidente de la Confederación nos dijera que el tema estaba solucionado y que no íbamos a pagar nada».

Serrano, Ángel Alfaro, alcalde de Alcadozo, y Amparo Núñez, alcaldesa de Pozohondo, entregaron ayer en la sede albaceteña de la Confederación un escrito, dirigido al presidente, en el que le piden una reunión para buscar soluciones a esta cuestión. Le recuerdan su compromiso de diciembre de 2008 de solucionar el problema, y añaden que «unos meses después empezaron a llegarnos recibos de más de 100.000 euros por año. Como usted comprenderá, estas cantidades son inasumibles para unos ayuntamientos pequeños como los nuestros».

Concluye el escrito indicando: «le transmitimos nuestra preocupación, pero también nuestra indignación, lo que nos llevará, si este problema no se soluciona pronto, a tomar otro tipo de medidas, con actuaciones públicas y privadas, que sin duda a usted y a sus jefes políticos no les agradarán».

Años de polémica

El problema se remonta al verano de 2005, cuando a propuesta de la Junta de Comunidades el Ministerio de Medio Ambiente comenzó obras hidráulicas de emergencia, entre ellas las conexiones de estos tres municipios a la potabilizadora de Albacete. La alarma saltó cuando en septiembre de 2008 la Confederación publicó las tarifas.

Aquel mes se aprobó de forma unánime en la Diputación una moción del PP que denunciaba que la Confederación había actuado sin respetar la autonomía municipal, e instándola a anular esas tarifas «por suponer cantidades inasumibles para ellos y haber sido acordadas de manera unilateral, así como por haber prescindido totalmente de la participación de los municipios afectados, inmiscuyéndose en sus competencias».

A pesar de esa gestión, y de los recursos interpuestos (con apoyo jurídico de la Diputación), los recibos han seguido llegando. Serrano declaró que se sienten «víctimas de un atraco político que se está cargando la autonomía municipal», contra el que lucharán «con uñas y dientes». Culpó a los presidentes de los gobiernos nacional y regional de ser los responsables políticos de este asunto, y comentó que «este tipo de chantajes parecen más propios de otras épocas y otras regiones, como un ‘impuesto revolucionario hídrico’».

Añadió que si exigen a los ayuntamientos pagar unas obras que ni pidieron ni autorizaron, hechas totalmente a sus espaldas, «que sirva de aviso a navegantes cuando anuncian nuevas obras, por si luego los ayuntamientos se pueden encontrar con que les reclaman que sean ellos los que paguen las obras que otros deciden».

La alcaldesa de Pozohondo coincidió en estos argumentos y expresó su indignación por el comportamiento de la Confederación, ratificando que defenderán al máximo los intereses de sus vecinos.

El concejal de Medio Ambiente, Ramón Sotos, garantizó ayer que «en unos días» se iniciará la construcción de la planta de ósmosis inversa, «gracias» a que José María Barreda y Carmen Oliver solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente que dé ya el visto bueno a las 17 medidas correctoras que exigió y firme el proyecto para que den comienzo las obras.

Sotos respondía así a las críticas vertidas el miércoles por el grupo municipal del PP, que calificó de «estafa política» la construcción de esta planta, un proyecto que Sotos recordó «nunca ha apoyado el Partido Popular».

En cuanto a la ampliación de la depuradora, avanzó que el proyecto ya ha recibido la declaración de interés general, por lo que se acaba de sacar a concurso el anteproyecto para el estudio de soluciones.

El grupo municipal del Partido Popular calificó ayer de «estafa política» el retraso de siete años de la planta de ósmosis inversa, un proyecto ligado al abastecimiento humano de aguas superficiales del río Júcar, anunciado en abril de 2003 por el entonces alcalde Manuel Pérez Castell. En rueda de prensa, el concejal Juan Marcos Molina lamentó que la política de los socialistas esté basada en la «foto» y que los dirigentes del PSOE estén «tomando el pelo» a los albaceteños e insultando «nuestra inteligencia». Molina ofreció una cronología de las vicisitudes que ha atravesado la construcción de esta planta de ósmosis inversa, desde que Castell dijera hace siete años que «no abriría el grifo hasta que hubiera agua de la máxima calidad».

Sin embargo, lo que se anunciaba como una obra que estaría lista en marzo de 2004 no fue adjudicada hasta mayo de 2007 por un importe de 7,7 millones de euros y 22 meses de ejecución. Fue entonces cuando «Manuel Pérez Castell volvió a salir en los medios de comunicación para decir que la planta estaría en marcha en la primavera de 2008».

Pero en noviembre de 2007, la Confederación Hidrográfica del Júcar anunció que el proyecto ya estaba redactado y las obras comenzarían en enero o febrero de 2008, para estar culminadas a finales del 2009.

Pero la realidad es bien distinta: «En abril de 2010, siete años después del anuncio de Pérez Castell, la señora Oliver piensa que tenía que hacerse otra foto y en una escenificación que yo no recordaba, sentada en corrillo con el presidente de la Junta y el representante del Ministerio, dice que hay ocho millones de euros para una planta que está adjudicada desde 2007. Hay que tener jeta para salir públicamente y decir esto», criticó el concejal del Partido Popular, que explicó que, a preguntas de su grupo, el concejal de Medio Ambiente, Ramón Sotos, ha contestado que el retraso de la planta obedece a que el Ministerio de Medio Ambiente está analizando si es necesario un estudio de impacto ambiental antes de iniciar las obras. Sin embargo, «todavía no se sabe si el estudio se hará o no pero en caso de ser necesario hará falta otro año y medio más para iniciar las obras».

Sobre la depuradora

Otro tanto de lo mismo, pero con menos tiempo, ocurre con la ampliación de la depuradora, pues en mayo de 2009 «Oliver se hizo la primera foto con Pingarrón para decir que la ampliación era urgente porque la depuradora está al límite».

En abril de 2010, lo único que se sabe es que el Ministerio pondrá 30 millones de euros pero «no sabemos si el proyecto ya está hecho y cuándo se licitarán las obras».

Por su parte y a preguntas de los medios, la alcaldesa Carmen Oliver aseguró ayer que está «casi todo solucionado» y a la espera de que el Ministerio resuelva la información que le solicitó en su día a la Junta de Comunidades y que ya ha sido entregada. En este sentido, Oliver deseó que el Partido Popular «se alegre» alguna vez de un buen proyecto para la ciudad que, aseguró, no está descuidado, sino que ha sido «muy complejo y ambicioso».

La estación de tratamiento de aguas residuales de Albacete fue construida en 1993 y seis años más tarde ya tuvo que ser ampliada. Su capacidad de tratamiento es de 74.256 metros cúbicos diarios, cantidad que se presume necesaria para una población de 370.000 habitantes. Al día recibe unos 50 millones de litros de agua para depurar, procedente sobre todo de los domicilios.

La depuración se hace en tres fases, una primera de decantación donde se eliminan los restos sólidos; en la segunda unas bacterias se ‘comen’ los restos orgánicos y una tercera fase donde los rayos ultravioletas eliminan partículas más pequeñas. La depuración, sin embargo, no es suficiente. Al menos, eso entiende la Confederación Hidrográfica del Júcar, que en 2003 subió el coeficiente en base al cual calcula el canon de vertido, por entender que el índice de contaminación de las aguas que llegaban al Canal de Mª Cristina era mayor.

Desde entonces, este asunto es objeto de controversia entre el consistorio y al Confederación, «la última alegación que hemos presentado se basa en el número de hectómetros cúbicos que vertemos», explicó el concejal de Sostenibilidad. En la última negociación, rebajaron el canon de 1,6 a 800.000 euros.

30 millones de euros

Para corregir esta situación, el Ayuntamiento llevaba años buscando financiación para ampliar la depuradora.

Por fin, en diciembre del año pasado, el día 24 exactamente, el Boletín Oficial del Estado publicaba la declaración de interés general la ampliación y la mejora del tratamiento de depuración de la estación de Albacete, junto con la clausura de los vertidos directos al dominio público hidráulico.

El siguiente paso, ha sido el anuncio hace apenas unos días por parte del Ministerio de Medio Ambiente de que dispondrá de 30 millones de euros para sufragar esa obra.

El pasado jueves 8 de abril se reunieron en Toledo el secretario de Estado de Medio Rural y Agua y el presidente de la Junta de Comunidades. La noticia fue recogida en la web del Gobierno Regional con el siguiente titular: «Barreda arranca al Ministerio más de 250 millones de euros…». 100 millones de euros se destinarán a la 2ª fase de la sustitución de bombeos en el acuífero de La Mancha Oriental. 30 millones de euros para la depuradora de la ciudad de Albacete. 77 millones de euros para el abastecimiento a La Manchuela de Albacete y Cuenca desde El Picazo. 8 millones de euros para una planta de ósmosis en la ciudad de Albacete. 35 millones de euros aún no ha transcendido dónde serán aplicados. Hoy nos centraremos en las dos últimas obras mencionadas. 77 millones de euros irán para licitar durante 2010 la primera fase del ‘Proyecto del abastecimiento desde el embalse de El Picazo (Cuenca) a distintos municipios del Sur de la provincia de Cuenca y Norte de la de Albacete’. Y ello a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Júcar aún no ha contestado a las 6 hojas de alegaciones presentadas en febrero de 2009 por ACEM y EeA-AB, razonadas y documentadas, donde entre otras cosas nos preguntábamos:

– ¿Por qué no se resuelven los problemas de sobreexplotación de acuíferos, antes que traer agua superficial canalizada de lugares alejados a la zona que supuestamente tiene problemas de abastecimiento?.

– Con unos recursos renovables del acuífero de La Mancha Oriental que rondan los 250 hm3 en régimen natural, ¿no podría reservarse una pequeña parte de los mismos para el abastecimiento urbano y así resolver el problema de una manera menos costosa y más sencilla?. Una persona que desconociera esta tierra y viera el macroproyecto que se quiere construir para ella, pensaría que se trata de un desierto total. Nada más lejos de la realidad. El abastecimiento desde el Embalse de El Picazo es un método dilatorio para encubrir la escasez social de agua y hacer dependientes a 150.000 personas de recursos de agua ajenos a su entorno inmediato.

– El Proyecto adolece de un estudio detallado del régimen económico de la explotación, de la normativa legal, y lo que es más importante, la repercusión del coste a los usuarios (amortización de la obra, tarifas, energía de elevación, tratamiento del agua, distribución, depuración, gestión, etc). ¿A cuánto se va a tener que pagar el metro cúbico de agua que llegue a las viviendas e industrias?. Convendría que los usuarios conociesen de antemano los costes que van a soportar, así como que tuviesen garantía sobre los mismos, y de esa manera evitar desagradables sorpresas como las derivadas para la ciudad de Albacete del Convenio del Embalse de Alarcón.

No se puede admitir el simplismo de que con dinero e infraestructuras se pueden resolver problemas que son de otra naturaleza. Las infraestructuras y las inversiones deben seguir a la identificación de los problemas y a las propuestas razonables, no precederlas. No ha habido ningún debate público, ni se quiere que lo haya, sobre los verdaderos problemas del agua en La Manchuela, sus causas y sus posibles soluciones, y cuando desde los grupos ecologistas hemos puesto argumentos por escrito, hemos recibido la callada por respuesta. A todas las administraciones implicadas en este asunto (nacional, regional, locales, comarcales) se les llena la boca de procesos de participación ciudadana, pero a la hora de la verdad hacen lo que quieren sin contar con nadie. Pero la alternativa de gestionar mejor lo propio, aun siendo la más barata y la mejor para el territorio y para la mayoría de sus habitantes, no es la más rentable para los potentes grupos de presión interesados en manejar grandes presupuestos de obras y proyectos de gestión centralizada de servicios públicos a través de multinacionales privadas. 8 millones de euros financiarán una planta de ósmosis para tratar el agua de la ciudad de Albacete. Y aquí merece la pena hacer un poco de memoria para tirar del hilo de la sinrazón. Al empeorar la calidad del agua de sus pozos de abastecimiento, debido fundamentalmente a la contaminación agraria derivada de las explotaciones de regadío intensivo de su entorno, se promovió una conducción de agua superficial desde el embalse de Alarcón, derivando las aguas por el acueducto Tajo-Segura hacia una gran balsa de regulación en las cercanías de la ciudad. Una vez realizada la obra, que costó 30 millones de euros, se vio que el agua trasvasada no cumplía los requerimientos exigidos por la legislación para las aguas potables por su alto contenido en sulfatos (se pasó hacer el pertinente análisis previo), motivo por el que se está construyendo una planta de nanofiltración que cuesta 12 millones de euros más para potabilizar el agua. Y antes de culminar dicha planta, ya se anuncia otra más de ósmosis. 32+12+8 = 50 millones de euros cuestan unas obras innecesarias para garantizar el suministro de agua a la ciudad de Albacete. Hubieran bastado los 8 millones de euros que ahora se anuncian para la planta de ósmosis con el fin de garantizar agua en cantidad y calidad a partir de sus muy abundantes aguas subterráneas. Y los 42 millones de euros que ya se han gastado ‘de más’, seguro que hubieran venido muy bien para acometer otras necesidades sociales ‘reales’. Y por si fuera poco, a los mencionados costes de inversión de la traída de aguas de Alarcón, habría que añadir el mantenimiento de la infraestructura y el peaje que hay que abonar por la utilización del acueducto Tajo-Segura y la reciente ‘sorpresa’ del pago de más de 1 millón de euros a los regantes de la cuenca baja del Júcar que han cedido ‘su’ agua para que beba Albacete. ¡Un verdadero despropósito!

Como conclusión final, tanto de las obras ya realizadas para abastecer la ciudad de Albacete con aguas superficiales del Júcar, como las que se pretenden realizar para hacer lo mismo con La Manchuela, decir que en nada ayudan a atajar las causas del deterioro, además de no ser las más eficientes ni en la inversión inicial ni en el posterior mantenimiento de las instalaciones, por lo que no deberían llevarse a cabo. Estos proyectos adolecen de cuatro deficiencias fundamentales:

1ª) Problemas de cantidad: la cuenca del Júcar tiene unos recursos superficiales muy irregulares, por lo que malamente permitirían asegurar todos los años el abastecimiento de la ciudad de Albacete (ya conectada) y todos los municipios que ahora se pretenden conectar.

2ª) Problemas de calidad: el agua superficial del río Júcar es de una calidad similar a la de las aguas subterráneas de la zona, utilizadas hoy mayoritariamente para riego.

3ª) Es antieconómico: el megaproyecto propuesto resultaría más caro que otras alternativas de abastecimiento basadas en el aprovechamiento de los puntos de captación de aguas subterráneas actualmente existentes y su posible tratamiento potabilizador en los casos en que ello fuera preciso.

4ª) No ayuda a corregir la mala gestión reinante: los problemas de abastecimiento de los municipios que se pretenden abastecer con aguas superficiales del Júcar no son fruto de la escasez física de agua, sino de su mala gestión, puesto que están asentados sobre el mayor acuífero de Castilla-La Mancha.

Y otro día hablaremos de los 165 millones de euros restantes que se ‘arrancaron’ al Ministerio.

Los agricultores murcianos puntualizan que el agua, como el oxígeno, «no tiene fronteras y todos los seres vivos la podemos utilizar»

Los castellanomanchegos aclaran que el agua es para todos, pero no para «todo»

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Angel Nicolás, manifestó ayer que comparte la tesis de que en la Región de Murcia se han regado y se están regando «muchos» campos de golf con agua del Tajo. A preguntas de los medios, antes de participar en una conferencia organizada por el Centro Europeo de Empresas de la Innovación (CEEI) de Talavera-Toledo, Nicolás fue contundente al decir que no tiene claro que se esté haciendo un buen uso del agua que se deriva a Murcia, «ni que todo sea para regadío como nos quieren hacer creer».

En nombre de los empresarios castellano-manchegos, Nicolás opinó que el agua es tan necesaria en Castilla-La Mancha como en Murcia, «pero claro, al ser la cuenca cedente y tener problemas de abastecimiento de agua en nuestra región, vemos incongruente que se dé prioridad a la que está recibiendo ese agua», recalcó. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Toledo, Fernando Jerez, afirmó que el agua es un bien escaso y se tiene que utilizar «racionalmente», al tiempo que señaló que «el agua es de todos, pero no se puede utilizar para todo».

A su juicio, es necesario que Castilla-La Mancha defienda los intereses hídricos. «Tenemos que mirar muy bien para dónde va ese agua y qué uso se hace de ella», finalizó.

El presidente de COAG Murcia, Pedro Lencina, subrayó en declaraciones a Europa Press que «nadie se puede adueñar del agua aunque pase por C-LM, ni establecer una reserva para toda la vida porque el agua, como el oxígeno, no tiene fronteras y todos los seres vivos la podemos utilizar». Lencina, en vilo por la aprobación o no de cierta reserva estratégica o de la caducidad del trasvase Tajo-Segura, asegura que «ya va siendo hora que PP y PSOE se pongan de acuerdo en el Parlamento» sobre el acueducto y el Estatuto de Castilla La-Mancha, «teniendo en cuenta la Constitución española y lo básico de la Carta Magna, que todos debemos cumplir». Y, añadió, que «no nos tenga aquí con la sangre en vilo y aprovechen que por suerte estamos en una buena situación climática, con lluvias en todo el país y no hay tanta necesidad que como cuando hay sequía».

La máxima autoridad de la asociación agraria en Murcia, que calificó de nuevo como «aberración» poner una fecha para terminar con el trasvase Tajo-Segura, insistió en la retirada de la reforma del Estatuto de Castilla La-Mancha, y destacó que en materia de agua «hay que hablar del conjunto del país y no dividirlo en trocitos». Está previsto que mañana se reúna la Ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso encargada de informar de la Propuesta de la Reforma del Estatuto de Castilla La-Mancha.

El final

Asimismo, el PSOE y el PP de Castilla-La Mancha esperan que la reunión de la ponencia de mañana termine con acuerdo sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, que haya «por fin fumata blanca», en palabras del socialista Santiago Moreno, para lo que la ‘popular’ Carmen Riolobos volvió a pedir sensatez y discreción.

Ambos, en sus respectivas ruedas de prensa mencionaron la cita del jueves, Santiago Moreno por iniciativa propia y Carmen Riolobos a preguntas de los periodistas. Moreno se limitó a expresar su deseo de que, «por fin», las negociaciones lleguen a buen puerto, mientras que Riolobos ha explicado que su partido siempre ha confiado en el acuerdo, pero también ha defendido que para ello hace falta ser discretos, sensatos y prudentes.

Por ello, pidió a los miembros del Gobierno regional que dejen de «largar» sobre este asunto, pues cada vez que lo hacen, no sólo «sube el pan», sino que interfieren en las negociaciones.