Es cierto que el Canal de María Cristina hacía muchos años no alcanzaba los niveles a los que ha llegado este invierno por la lluvia y la nieve. Pero no es menos cierto que cauces como el del río Lezuza se ven desbordados con cierta frecuencia, incluso el del río Balazote ha provocado avenidas recientes.

El Ayuntamiento de Albacete ha propuesto, a la Confederación del Júcar, que recupere como balsas de laminación lagunas como las de El Salobral, Hoya Vacas, la Estacadilla y los Ojos de San Jorge, y que en el caso de la laguna del Acequión además la conecte con el río Lezuza. Así lo anunció en el último pleno el concejal de Sostenibilidad, Ramón Sotos, al anunciar la incorporación de Albacete a la Red de Gobiernos Locales por la Biodiversidad impulsada por la FEMP.

Algunas de estas lagunas, como la de El Salobral o los Ojos de San Jorge, son de propiedad municipal, y en otros casos, los terrenos tendrían que ser expropiados o recuperados negociando con sus dueños.

La red de canales que rodean Albacete, y que se construyeron como red de drenaje, está conectada con el río Balazote a la altura del Canal de la Lobera, que a su vez conecta con el canal de María Cristina, camino del Acequión.

El Canal de María Cristina, que por la ciudad discurre cubierto, drena varias zonas y es el único cauce de evacuación de la ciudad, actúa de aliviadero. De ahí la importancia de actuar para evitar desbordamientos como los de este invierno, cuando el agua ha llegado a destruir puentes como el del Canal de la Lobera.

Hay que recordar que la Confederación del Júcar encargó a la empresa Agrupación Mediterráena de Ingeniería un estudio para aumentar el desagüe del Canal de María Cristina y defender a la ciudad de inundaciones, que también tienen que ver con la expansión urbana de los últimos años. Este estudio que también abarcará la zona de Los Llanos, donde el barranco de Escartana se desbordó hace unos años inundando toda una urbanización. La empresa incluso realizará vuelos para estudiar desde el aire cómo pueden influir las nuevas infraestructuras (tales como la autovía) en las escorrentías.

Además de estas nuevas instalaciones se están tramitándose 30 en la cuenca, según la UCLM

El coordinador del estudio asegura que la región vecina debe reestructurar sus usos hídricos atendiendo a la Ley de Aguas

EN DATOS

22

Entre 15 y 22 hectómetros, e incluso 25 en época de sequía, oscilaría el consumo de agua de estos 17 campos de golf.

10.000

El CREA estima que dejando de cultivar 10.000 hectáreas de limoneros podrían hacer frente al consumo de los campos de golf.

Los 17 campos de golf construidos en la comunidad de Murcia en plena época de sequía precisan anualmente entre 15 y 22 hectómetros cúbicos de agua, lo que equivale prácticamente al consumo de la capital albaceteña en dos años. Ésta es una de las conclusiones del proyecto ‘Principales desarrollos urbanísticos ligados al golf en la cuenca del Segura’ llevado a cabo desde el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), por encargo de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha.

El investigador del CREA y coordinador del proyecto, Fernando Ortega, presentó ayer este estudio que ha sido desarrollado por seis investigadores más del centro.

Ortega destacó la fiabilidad de este informe que se ha realizado usando documentación y fuentes públicas tales como boletines oficiales de las provincias analizadas (Alicante, Almería y Murcia) cartografía oficial, imágenes de satélite y de teledetección, así como visitas de campo.

Este proyecto supone, en parte, una continuidad del estudio que este mismo organismo hizo en el año 2004 acerca del uso que daba Murcia al agua procedente del trasvase Tajo-Segura.

Acompañado por el director del Centro Regional de Estudios del Agua, José María Tarjuelo, el coordinador del estudio detalló que fruto de este intenso trabajo no sólo se han identificado esos 17 nuevos campos de golf en Murcia, junto a otros tres más en la Vega Baja (Alicante) y Almería, sino que también se han detectado una treintena más de este tipo de complejos deportivos en distintas fases de tramitación. Estos 30 campos de golf ( incluidos cinco en Alicante y Almería) que se encuentran aún en proyecto no han sido incluidos en el informe, según matizó Ortega en un afán por ser estrictamente rigurosos.

Aún así, el responsable del estudio recordó que la propia confederación hidrográfica en el Esquema Provisional de Temas Importantes del Plan Hidrológico del Segura, elaborado en el proceso de revisión de la planificación hidrológica, estima que en 2015 la cuenca podría contar con otros 35 nuevos campos de golf.

Asimismo el órgano de cuenca ya cifra en ese mismo documento en 38 las infraestructuras deportivas y urbanísticas de este tipo existentes a fecha de 2008. Una información que coincide prácticamente con la del estudio del CREA que determina que en la actualidad hay 39 campos de golf.

Recomendaciones

Ante esta perspectiva el coordinador del proyecto no dudó en alertar de que la región de Murcia «tendrá que elegir un modelo de desarrollo». El investigador del CREA hizo hincapié en la necesidad de llevar a cabo una reestructuración de los usos del agua que realizan en la vecina comunidad. Eso sí, insistió en que esa reestructuración debería realizarse atendiendo a lo establecido por la Ley de Aguas.

Ortega planteó en ese sentido que si en Murcia apuestan por este tipo de instalaciones deportivas, «es más fácil llevar ese agua de otros usos actuales». Y, ¿qué hacer para ello? Ortega señaló que solamente dejando de cultivar 10.000 hectáreas de limoneros, cultivo éste de escasa rentabilidad en los últimos años según han denunciado desde Murcia, podrían hacer frente a las necesidades hídricas que llevan aparejados los campos de golf.

Nada que ver la bronca por los sueldos, con el sosegado debate acerca del derecho que Albacete tiene a beber agua del Júcar sin tener por qué pagar ni un céntimo a los dueños del embalse de Alarcón, es decir, los regantes valencianos e Iberdrola, por coger agua de la presa en tiempos de sequía.

El PSOE pidió, y consiguió, el respaldo político de Partido Popular e Izquierda Unida en este asunto; aunque el equipo de gobierno ya había anunciado días atrás su intención de recurrir al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Valencia que condena al Ayuntamiento de Albacete a pagar más de un millón de euros a la USUJ (Unión Sindical de Usuarios del Júcar) por haber tomado agua de Alarcón entre 2005 y 2008, cuando el embalse estaba por debajo del volumen de reserva mínimo.

«Hay que recurrir, porque Albacete en este asunto no puede dar ni un paso atrás, el agua para beber debe estar fuera de todo comercio», dijo el concejal del PP, Juan Marcos Molina. Mientras que la portavoz de IU, Rosario Gualda, respaldaba el recurso al Supremo por entender que la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar es «indigna».

El recurso, según explicó el concejal de Sostenibilidad, Ramón Sotos, se basará en que el propio actual Plan del Júcar fija en su artículo 8 que primero es el agua para beber, después para regar y luego para los usos hidroeléctricos.

Lo que no logró IU es que el pleno fuese más allá. Gualda opinó que éste era un buen momento para pedir además que se elabore un nuevo Plan del Júcar y que se derogue el convenio de Alarcón, el origen de todos los males, pues es ahí donde el Ministerio de Medio Ambiente admitió a los regantes valencianos fijar ese volumen de reserva y el derecho a cobrar indemnizaciones.

Prudencia

Pero Ramón Sotos le dijo que no. Y no porque no compartiese su posición, si no por «prudencia»; de hecho, pidió «comprensión» al PP y a IU, pues según desveló ya habían tenido reuniones con la Confederación del Júcar y la USUJ para «interpretar» el convenio de Alarcón «sin perjudicar a los intereses de Albacete».

Eso sí, Sotos se comprometió a mantenerles informados de las negociaciones y aseguró que «no nos levantaremos de la silla» hasta que no logren un acuerdo satisfactorio.

Sobre el nuevo Plan Hidrológico del Júcar, el concejal detalló que si se la revisión de este documento lleva un año y medio de retraso con respecto al de otras cuencas, se debe a que la Junta de Comunidades recurrió un decreto de 2007 donde no se dejaba claro la demarcación de la cuenca. Recordó, a este respecto, que ya en 2004 el Supremo dijo que las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana debían excluirse de la cuenca del Júcar.

El PSOE pedirá hoy a IU y al PP en el pleno del Ayuntamiento de Albacete que le apoyen en su pretensión de recurrir al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que obliga a pagar a la ciudad una indemnización a los regantes valencianos por beber agua de Alarcón en tiempos de sequía.

La portavoz de IU, Rosario Gualda, socia de gobierno de los socialistas, quiere que el Ayuntamiento vaya más allá del recurso judicial, que por supuesto respalda. Quiere que el consistorio pida al Gobierno de la nación que derogue el convenio de Alarcón y la resolución de la Confederación del Júcar, que es a lo que se agarran los regantes de Valencia para exigir el pago de 1.087.000 euros al Ayuntamiento, por haber bebido agua del embalse de Alarcón cuando sus reservas estaban por debajo de un nivel establecido, durante las sequías de 2005, 2006, 2007 y 2008.

En rueda de prensa, Gualda hizo un repaso histórico para explicar cómo se ha llegado a esta situación. Detalló que en el artículo 24 del Plan del Júcar aprobado en 1998 se recogían los usos del embalse de Alarcón y se admitía la «prioridad» de los «riegos tradicionales» de la Comunidad Valenciana y el derecho de las hidroeléctricas a recibir indemnizaciones si se veían perjudicadas.

Pagaron la construcción

La Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), integrada por agricultores valencianos y empresas hidroeléctricas integradas hoy en Iberdrola, que en 1941 asumió el coste de construcción del pantano, unos 10 millones de pesetas, veía así consagrado su privilegio, el «uso preferente» del agua de Alarcón, pese a que la Ley de Aguas establece que primero es beber y después es regar.

En 2001, el Ministerio de Medio Ambiente, entonces presidido por el popular Jaume Matas, y la USUJ llegaban a un acuerdo, que fue bendecido por la Junta, entonces presidida por José Bono. Los regantes valencianos e Iberdrola cedían el uso del pantano, pero no la propiedad. Durante 60 años, quedaban libres de abonar los gastos de conservación de la presa, que pasaban a ser asumidos por la administración. Pero los propietarios se guardaron un as en la manga: una cláusula de salvaguarda, en la que fijaban un volumen de reserva mínima de agua, a partir de la cual no se puede derivar agua que no sea para regar. La curva se fijó en 263 hectómetros cúbicos para el verano, cuando el pantano tiene una capacidad de 1.105 hectómetros. En 2005, con la sequía, se alcanzó esa curva y la ciudad de Albacete tomó agua de Alarcón para beber. Los agricultores valencianos, acogiéndose a una resolución de la Confederación del Júcar donde se fijó la tarifa de las indemnizaciones, reclamaron al Ayuntamiento el pago de 1.087.000 euros. Iberdrola no ha dado ese paso, pero según los cálculos de IU, podría exigir una indemnización de hasta 2.098.531 euros. El consistorio se negó a pagar, recurrió a los tribunales, pero en primera instancia no ha conseguido que le den la razón. Ahora, el asunto llegará al Supremo. Pero IU insiste en que se debe ir más allá, «hay que revisar el Plan del Júcar de 1998 que es el que posibilita estos desmanes», dijo Gualda, que insistió en que, para empezar, debe cumplirse una sentencia del 2004 del Supremo en la que se delimitaba la cuenca del Júcar, «porque ni la ciudad de Valencia que bebe agua del Júcar, ni los regantes del Turia, pertenecen a la cuenca». «El agua -insistió Gualda- no es propiedad privada y es inmoral e ilegal pagar un peaje por beberla».

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular María Luisa Soriano aseguró ayer que «la subida del IVA que apoya Barreda y el PSOE va a suponer la puntilla al sector agrícola y ganadero de Castilla-La Mancha», ya que se producirá el incremento de los costes de producción.

En ese sentido, explicó que se incrementará el precio de la maquinaria agrícola, el gasóleo, las semillas, los fertilizantes y, «una vez más, el precio de las tarifas eléctricas para riego». «Subirá el precio de todos los productos que el agricultor y ganadero necesitan para desarrollar su actividad», ha lamentado Soriano, según informó en nota de prensa el PP.

Pero Soriano, que recordó que «se incrementarán los costes de producción en un momento en el que el sector está atravesando por una de las crisis más graves que podamos recordar», anunció que esta medida «ha caído como un jarro de agua fría y va a suponer la puntilla en un sector que es estratégico, que genera alimento y que es básico para la economía de la Región».

«Barreda y los socialistas ya han traicionado a los agricultores y ganaderos cuando han votado en contra de la propuesta del PP, que se ha presentado tanto en el Congreso como en las Cortes, solicitando la reducción del IVA de las tarifas eléctricas los regantes», afirmó la dirigente política, recordando que se trata de una medida que se está aplicando en Italia desde 2007.

Además, indicó que la subida del IVA «va a perjudicar a los consumidores, sobre todo, a las economías más débiles». En este sentido, calificó de «irresponsabilidad» el hecho de que el Gobierno socialista haya apoyado esta medida sin analizar el impacto que va a tener, tanto en el consumo, como en el gasto de las familias en alimentación.

Reducción para regantes

Por eso, explicó Soriano, el Partido Popular de Castilla-La Mancha propone que el Gobierno socialista no lleve a efecto esta subida del IVA prevista para julio, así como que se reduzca el IVA de las tarifas eléctricas para los regantes y que se equipare el IVA compensatorio de los ganaderos.

Asimismo el PP exige que se incrementen los tipos para los gastos de difícil justificación del 5 al 10% en la declaración de la renta para agricultores y ganaderos. Una medida, precisó, que tenía el sector hasta el año pasado y que el partido socialista, «irresponsable», acaba de eliminar.

El Gobierno regional considera esencial que en la revisión del Plan Hidrológico del Júcar, en curso, se tengan en cuenta aquellos aspectos del proceso de planificación anterior a los que no se ha dado cumplimiento hasta el momento.

En este sentido el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, señaló ayer en Albacete que exigirán que en el nuevo plan hidrológico se respete la prioridad de abastecimiento humano sobre cualquier otro uso para la capital albaceteña.

El consejero se refirió así a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, hecha pública recientemente, que obliga al Ayuntamiento de Albacete a pagar a los regantes valencianos una compensación económica por cada metro cúbico de agua que se beba la ciudad en tiempo de sequía, cuando el pantano de Alarcón se encuentre por debajo de un determinado límite.

«Esta sentencia pone de manifiesto un incumplimiento del anterior plan del Júcar porque no reguló adecuadamente en las normas de explotación que había esa prioridad para que puedan beber las personas y que no tengan que indemnizar el abastecimiento a ningún otro uso», matizó Sánchez Pingarrón.

Si bien recordó que el Gobierno regional no puede personarse en el caso ya que el Ejecutivo autonómico no es parte implicada, Sánchez Pingarrón sí anunció que el Ayuntamiento albaceteño contará con la total colaboración de la Administración castellano-manchega.

Recurso de casación

El representante autonómico aseguró que el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Consistorio de la capital albaceteña, Ramón Sotos, le confirmó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya han elaborado el recurso de casación pertinente, que presentarán próximamente.

Sánchez Pingarrón hizo estas afirmaciones en un receso de la reunión que mantuvo con los responsables de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) y con el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Albacete.

El objetivo de este encuentro, según detalló el responsable del Ejecutivo autonómico era establecer los criterios que debe fijar el nuevo plan del Júcar. «Estamos preparando un documento conjunto en el que se recojan esas demandas de Castilla-La Mancha, esas prioridades que tenemos sobre ese río», detalló el consejero.

Sánchez Pingarrón recordó que el 70% del territorio de la cuenca del Júcar se encuentra en la comunidad castellano-manchega, en concreto en las provincias de Albacete y Cuenca, lo cual da una clara idea de la importancia que esta cuenca tiene para Castilla-La Mancha.

Así hizo hincapié en que resulta esencial llevar a cabo un balance de recursos y demandas de la cuenca demográfica del Júcar para ver si los recursos generados son suficientes para cubrir las necesidades existentes. Este balance serviría además para determinar qué sobrantes existen para hacer frente a las demandas de otros usos fuera de la cuenca hidrográfica.

«Estamos muy interesados en que la planificación responda a las necesidades de abastecimiento, de riego y de caudal ecológico que debe tener ese río», manifestó Sánchez Pingarrón.

Igualmente insistió en la importancia del proceso de revisión del plan hidrológico señalando que el resultado de ese procedimiento será crucial y determinante para los interese de Castilla-La Mancha «en la medida que condicionará nuestro futuro y nuestra posición en materia hidráulica.

También se refirió a la necesidad de que «todo lo que se haga en el Júcar» respete la demarcación que aún está pendiente de determinar.

Trasvase

En cuanto a la aprobación de un nueva derivación de 20,6 hectómetros cúbicos de agua desde el Tajo a Murcia y Almería, Sánchez Pingarrón reiteró que es necesario revisar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Tildó de «obsoletas» estas normas asegurando que «no responden a un uso eficiente del agua» ya los embalses del Segura están al 58% de su capacidad y está garantizado el abastecimiento.

El Gobierno regional considera esencial que en la revisión del Plan Hidrológico del Júcar, en curso, se tengan en cuenta aquellos aspectos del proceso de planificación anterior a los que no se ha dado cumplimiento hasta el momento.

En este sentido el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, señaló ayer en Albacete que exigirán que en el nuevo plan hidrológico se respete la prioridad de abastecimiento humano sobre cualquier otro uso para la capital albaceteña.

El consejero se refirió así a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, hecha pública recientemente, que obliga al Ayuntamiento de Albacete a pagar a los regantes valencianos una compensación económica por cada metro cúbico de agua que se beba la ciudad en tiempo de sequía, cuando el pantano de Alarcón se encuentre por debajo de un determinado límite.

«Esta sentencia pone de manifiesto un incumplimiento del anterior plan del Júcar porque no reguló adecuadamente en las normas de explotación que había esa prioridad para que puedan beber las personas y que no tengan que indemnizar el abastecimiento a ningún otro uso», matizó Sánchez Pingarrón.

Si bien recordó que el Gobierno regional no puede personarse en el caso ya que el Ejecutivo autonómico no es parte implicada, Sánchez Pingarrón sí anunció que el Ayuntamiento albaceteño contará con la total colaboración de la Administración castellano-manchega.

Recurso de casación

El representante autonómico aseguró que el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Consistorio de la capital albaceteña, Ramón Sotos, le confirmó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya han elaborado el recurso de casación pertinente, que presentarán próximamente.

Sánchez Pingarrón hizo estas afirmaciones en un receso de la reunión que mantuvo con los responsables de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) y con el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Albacete.

El objetivo de este encuentro, según detalló el responsable del Ejecutivo autonómico era establecer los criterios que debe fijar el nuevo plan del Júcar. «Estamos preparando un documento conjunto en el que se recojan esas demandas de Castilla-La Mancha, esas prioridades que tenemos sobre ese río», detalló el consejero.

Sánchez Pingarrón recordó que el 70% del territorio de la cuenca del Júcar se encuentra en la comunidad castellano-manchega, en concreto en las provincias de Albacete y Cuenca, lo cual da una clara idea de la importancia que esta cuenca tiene para Castilla-La Mancha.

Así hizo hincapié en que resulta esencial llevar a cabo un balance de recursos y demandas de la cuenca demográfica del Júcar para ver si los recursos generados son suficientes para cubrir las necesidades existentes. Este balance serviría además para determinar qué sobrantes existen para hacer frente a las demandas de otros usos fuera de la cuenca hidrográfica.

«Estamos muy interesados en que la planificación responda a las necesidades de abastecimiento, de riego y de caudal ecológico que debe tener ese río», manifestó Sánchez Pingarrón.

Igualmente insistió en la importancia del proceso de revisión del plan hidrológico señalando que el resultado de ese procedimiento será crucial y determinante para los interese de Castilla-La Mancha «en la medida que condicionará nuestro futuro y nuestra posición en materia hidráulica.

También se refirió a la necesidad de que «todo lo que se haga en el Júcar» respete la demarcación que aún está pendiente de determinar.

Trasvase

En cuanto a la aprobación de un nueva derivación de 20,6 hectómetros cúbicos de agua desde el Tajo a Murcia y Almería, Sánchez Pingarrón reiteró que es necesario revisar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Tildó de «obsoletas» estas normas asegurando que «no responden a un uso eficiente del agua» ya los embalses del Segura están al 58% de su capacidad y está garantizado el abastecimiento.

Belmonte defiende que el beneficio de las energías renovables se quede en el medio rural para evitar el abandono del sector agrario

Un centenar de regantes de la Mancha Oriental participó en la asamblea de ayer

Lejos de la sequía que ha marcado la agenda en anteriores ocasiones, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) celebró ayer su asamblea general ordinaria con la mirada puesta, más que en el agua, en el coste de la electricidad, que es la que en estos momentos está poniendo contra las cuerdas al sector.

En declaraciones a los periodistas tras el encuentro, al que asistieron poco más de un centenar de regantes y en donde se dio cuenta, entre otros asuntos, del informe económico y de gestión de 2009 y del presupuesto para este año, el presidente de la JCRMO, Francisco Belmonte, indicó sobre la factura eléctrica que la subida ha sido del 60%.

Este aumento, detalló, no es superior «porque la demanda ha caído y porque el kilovatio ha bajado», mientras que, sin embargo, la cuota de potencia «se ha incrementado un 480% en año y medio».

El encarecimiento de los costes de producción contrasta con los bajos precios de los productos agrícolas, cuestiones que amenazan el futuro de la actividad: «Si esto sigue así tendremos que desconectar nuestras instalaciones y darnos de baja», señaló.

La solución de la agricultura y, en este caso, la de regadío, no pasa, recordó Belmonte, ni por más ayudas de la PAC, ni por el establecimiento de aranceles a terceros países, ni siquiera, reseñó, «por que las grandes empresas de distribución se conformen con ganarle menos a los productos y den a los profesionales un poco».

Por el contrario, explicó, la alternativa es ofrecer al medio rural las herramientas para generar riqueza y que la gente pueda seguir viviendo en el campo, una opción que, según dijo, está al alcance de los castellano-manchegos a través de las energías renovables, «de la que tanto presumimos y que, sin embargo, se lleva sus beneficios a otros lugares».

Menos de un 1% de esa riqueza se queda aquí, manifestó el presidente de los regantes, que defendió que todos los habitantes del medio rural, incluyendo los ayuntamientos, participen de proyectos como el de los parques eólicos y mejoren así sus ingresos , fijando población.

Precisamente, y como una vía para que los regantes puedan producir su propia electricidad, una de las iniciativas que se presentó en la asamblea, a cargo de la vicepresidenta de la JCRMO Mercedes de Lis, es la instalación de una planta de biomasa para el aprovechamiento de los residuos agrícolas. Un proyecto cuya viabilidad, según Belmonte, se está estudiando, ya que «no estamos en situación de despreciar nada».

Sentencia

A preguntas de los periodistas, Belmonte confirmó que la entidad a la que representa va a recurrir, como ha anunciado también el Ayuntamiento de la ciudad, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que ordena el pago de indemnizaciones por utilizar los recursos del pantano de Alarcón. Recordó que ni los regantes de la Mancha Oriental ni el Ayuntamiento de Albacete firmaron el convenio en el que se basa la reclamación, sino «la Usuj, unos particulares, y el Ministerio», por lo que «no se entiende que afecte a un tercero».

Señaló que las pretensiones valencianas en esta materia «no se pueden permitir», a no ser, afirmó, «que nos dejen a nosotros la llave de Alarcón».

Belmonte volvió a insistir en que «estamos como en el año 95 ó 96, cuando vino la señora Tocino y dijo que el Júcar era, históricamente y jurídicamente, de Valencia», algo que el secretario de Estado de Medio Rural y Agua del actual Gobierno, Josep Puxeu, «no está diciendo pero sí escribiendo».

En cuanto al plan del Júcar, que según recordó está «totalmente paralizado», Belmonte volvió a hacer un llamamiento para que se defina la demarcación de la cuenca «de acuerdo a la ley».

La secretaria general del Partido Popular y presidenta de esta formación política en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, dijo ayer en Albacete, coincidiendo con su participación en las jornadas provinciales de asociaciones de padres y madres de alumnos, que el agua para consumo humano «debe estar fuera de todo comercio y de cualquier otro tipo de consideración», al ser preguntada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que se insta al Ayuntamiento de Albacete a que compense económicamente a los regantes valencianos por el uso del pantano de Alarcón.

«El derecho que tienen los hombres y mujeres de todo el mundo a beber agua está por encima de todo», afirmó Cospedal, añadiendo que «este era un principio que estaba bien definido y garantizado en el Plan Hidrológico Nacional que lamentablemente fue derogado por el PSOE, y creo que antes de hacer convenios y conciertos como se hizo en 2005 y 2006 por confederaciones hidrográficas o por cualquier otra entidad publica, sería importante que se respetara el derecho a beber que tenemos todos», un derecho que, indicó, «no puede ser objeto de un sobrecoste».

Preguntada sobre si el PP llevará algún tipo de iniciativa de apoyo en este sentido a las Cortes regionales, Cospedal reiteró que «el mayor apoyo que ha hecho el Partido Popular en materia de agua ha sido un Plan Hidrológico Nacional, que fue derogado por el Partido Socialista».

«Esto es algo que es de lamentar porque el consumo humano preferente estaba garantizado por ley y no habría necesidad de ningún convenio, de hecho no estaríamos en esta situación que viene de un convenio socialista en la Confederación Hidrográfica del Júcar», manifestó, detallando que su partido va a seguir defendiendo «un Plan nacional de agua y que el agua para beber no puede ser moneda de cambio».

Aunque los servicios jurídicos municipales andan todavía estudiando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la alcaldesa, Carmen Oliver, ya anunció ayer su intención de recurrir en casación al Tribunal Supremo el fallo que obliga al Ayuntamiento de Albacete a pagar a los regantes valencianos una compensación económica por cada metro cúbico de agua que se beba la ciudad en tiempo de sequía, cuando el pantano de Alarcón se encuentre por debajo de un determinado límite.

«Vamos a defender el uso prioritario del abastecimiento humano», declaró Oliver, al ser preguntada por esta sentencia que ha sido notificada en esta semana al Ayuntamiento y a la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo). Ambas entidades llevaron este asunto a los tribunales en 2005, recurriendo una resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar que autorizaba a Albacete a beber agua de los volúmenes de reserva, a cambio de pagar a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) a razón de 0,0305 euros por metro cúbico.

El origen de este pleito está en el convenio del embalse de Alarcón, firmado en julio del 2001 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la USUJ. Los regantes valencianos e Iberdrola, propietarios del embalse, cedían al Estado el uso de Alarcón, eso sí, en dicho acuerdo se fijaron unos volúmenes de agua reservados para la USUJ y las condiciones en las que, alcanzados esos niveles, podrían ser utilizados por otros usuarios de la cuenca del Júcar.

En tiempos de sequía

En 2005, con la sequía, las reservas del pantano de Alarcón bajaron tanto que la ciudad de Albacete necesitó recurrir a esos volúmenes de reserva para beber. La Confederación del Júcar, le autorizó, pero aprobó una resolución obligando al a ciudad a pagar una compensación económica a los regantes valencianos que al no poder usar agua de Alarcón debían bombear agua de los pozos y a Iberdrola que dejaba de turbinar agua en las presas del Júcar al ser derivada ésta por el canal del trasvase Tajo-Segura. La situación volvió a repetirse en 2006.

El Ayuntamiento de Albacete, y la Junta Central de Regantes, de la que forma parte el consistorio como usuario del Júcar que es, recurrieron a los tribunales, con el argumento de que la Ley de Aguas y el Plan Hidrológico del Júcar no podía quedar supeditado al convenio de Alarcón. Así, ante la Justicia trataron de hacer valer que lo primero era beber, y después regar y los usos hidroeléctricos, tal y como dice la Ley de Aguas, y que no era de recibo tener que pagar a los regantes para poder abastecer a una ciudad como es Albacete que, además, está en la cuenca del Júcar. A este respecto, recordaban que durante años la ciudad de Valencia que está en la cuenca del Turia se había estado abasteciendo casi en exclusiva con agua del Júcar, de ahí que intentasen hacer valer el derecho prioritario de la ciudad de Albacete que sí pertenece a la cuenca del Júcar.

Estos argumentos no han sido respaldados por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Ahora, el Ayuntamiento tratará de defender su tesis en el Tribunal Supremo. La Junta Central de Regantes también estudia la viabilidad de un posible recurso.