Mantener limpios y en buen estado los ríos y los acuíferos es una labor de todos. De los ciudadanos de a pie, de las empresas, pero también de las administraciones. Algo que no siempre se respeta ni por parte de unos ni de otros.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha impuesto en la provincia de Albacete este año un total de 15 multas por vertidos al dominio público hidráulico. Sanciones que se traducen en un montante económico que alcanza los 69.611,43 euros, según el propio organismo de cuenca. Paralelamente a estas 15 sanciones, la CHJ tiene abiertos en estos momentos otros cuatro expedientes que se encuentran en fase administrativa.

Pese a todo la cifra de multas en la provincia se ha reducido a más de la mitad en solo un año. Y es que el 2011 se saldó, según los datos de la CHJ, con 32 sanciones por un importe global cercano a los 196.000 euros.

Radiografía

Pero, ¿qué ocasiona fundamentalmente estas sanciones? Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar señalaron que en el caso de la provincia de Albacete los principales problemas están relacionados con la gestión de las aguas residuales. En concreto, según expusieron, se trata de vertidos que se realizan al dominio público hidráulico sin depurar o de aquellos que, aún estando autorizados, superan los valores límite de emisión establecidos por ley.

En cuanto al origen de estos vertidos desde el organismo de gestión hidrográfica indicaron que proceden, principalmente, de municipios o pedanías sin instalaciones de depuración o bien de aquellas localidades que, a pesar de contar con instalaciones de depuración, no logran depurar adecuadamente las aguas residuales generadas.

La sanción es el último paso cuando se detecta una actuación que puede ser irregular. Previamente la Confederación lleva a cabo un amplio procedimiento que comienza con el requerimiento al titular, es decir al responsable del vertido. Así. en caso de vertidos no autorizados, la administración requiere al responsable que proceda al cese inmediato del mismo y que en el plazo de 10 días comunique la finalización de los trabajos para realizar la correspondiente comprobación.

Si se trata de vertidos autorizados la CHJ requiere que se cese inmediatamente de verter aguas residuales. Además, debe adoptar las medidas precisas con objeto de que el vertido de aguas residuales cumpla con los valores límite de emisión autorizados y comunique en un plazo máximo de 10 días las medidas adoptadas en la estación depuradora y las gestiones realizadas.

Entre otras actuaciones la Confederación también contempla la posibilidad de regularizar vertidos no autorizados siempre y cuando éstos sean susceptibles de ser legalizados. En este caso, se requiere al titular del vertido que, en el plazo de un mes, presente la solicitud de autorización del mismo junto con la declaración.

Si se considera preciso, se exige al responsable del vertido que adopte medidas cautelares. ¿El objetivo de éstas? Minimizar el impacto que provoca el residuo durante el tiempo en que se tramite la correspondiente autorización. La apertura de un expediente sancionador se produce en última instancia. Así, la incoación se lleva a cabo en aquellos casas situaciones en las que se han producido daños en la calidad de las aguas, bien sean superficiales o subterráneas.

También puede producirse si el titular de la autorización para verter no adopta las medidas necesarias para adecuar su vertido a las condiciones establecidas en la autorización. Otro motivo que el responsable de un vertido no autorizado no responda a los requerimientos del organismo hidrográfico para legalizar su vertido.

El PSOE ha presentado 156 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos de la Junta para 2013 que suman un montante de 205 millones de euros, entre las que destacan las dirigidas a crear un plan regional de empleo y el aumento de los ingresos por la tarifa del trasvase Tajo-Segura.

El coordinador económico del grupo parlamentario socialista, José Molina, informó ayer de las enmiendas que ha presentado su grupo, de las que 10 son a la exposición de motivos y 49 al articulado. Indicó que el proyecto de presupuestos del próximo año es «difícil de ser enmendado» porque «no hay mucho margen» como consecuencia del «volumen de recortes que tiene».

Por ello, la reasignación de las cantidades que ha hecho el grupo parlamentario proviene, fundamentalmente, de la reducción en los gastos de altos cargos y en el gasto corriente.

Entre las enmiendas, se encuentra la reasignación de 5 millones de euros en materia de agua, entre otros motivos, para el apoyo a las corporaciones locales en programas de depuración y abastecimiento y, además, plantea el incremento de la tarifa del trasvase Tajo-Segura en un total de 2 millones de euros.

Miguel Barnuevo es el nuevo presidente del Jurado de Riegos de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO). Sustituye así a Pedro González Tobarra, que había estado al frente de este órgano desde su creación y que presentó su dimisión en la última asamblea de JCRMO.

Barnuevo ha sido designado como máximo responsable del Jurado de Riegos en la última reunión de la Junta de Gobierno de la organización de regantes albaceteños. El nuevo presidente cuenta con una dilatada trayectoria en la JCRMO donde ocupa una de las vocalías. Función ésta que ya ha ejercido en distintas etapas, lo que le convierte en un perfecto conocedor tanto del funcionamiento de la organización como del propio Jurado de Riegos. Ocupará la Presidencia del Jurado hasta que se produzcan las próximas elecciones en la Junta Central de Regantes el año próximo para renovar parte de sus cargos.

En cuanto a la plaza de vocal dejada libre por González Tobarra con su dimisión, ésta la ha ocupado, según explicó el secretario de la JCRMO, Francisco Ruiz.

El Jurado de Riegos nació con el objetivo de velar por el estricto cumplimiento de la normativa aprobada por la asamblea y la Junta de Gobierno de la Junta Central de Regantes, así como de imponer las sanciones correspondientes a los infractores. Solo en los casos en los que se trata de infractores reincidentes o en aquellos en los que el problema tiene una mayor gravedad el expediente es derivado a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que sea el propio órgano de cuenca el que adopte las medidas que considere pertinentes.

El Jurado está constituido por un presidente, figura que ostenta un vocal de la Junta de Gobierno de la JCRMO; un secretario, el de la propia Junta de Gobierno; así como dos vocales más que son designados por la asamblea.

Normas

En el año 2003 los regantes de la Mancha Oriental aprobaron una medida novedosa para que los agricultores respetasen las normas establecidas y no utilizasen más agua de la que tienen concedida para sus riegos. En la asamblea de marzo de 2003 los propios usuarios decidieron que los que incumpliesen con esa obligación y se excedan en el uso del agua respecto a la concesión asignada deben devolver en el siguiente año hidrológico al acuífero los recursos «consumidos de más».

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha lanzado un mensaje de «cierta esperanza», si bien «no definitiva», de que la comunidad autónoma «no pierda una cantidad importante» de fondos de la Política Agraria Común (PAC) en la negociación del presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020.

Cospedal, en un desayuno organizado por el diario Abc en Toledo, indicó que, aunque aún está abierta la negociación, hay muchos países además de España que sostienen que, si no hay consenso, «a lo mejor no hay que tocar el tema de la PAC en relación con los repartos». Por ello, indicó que «puede ser que la catástrofe que algunos decían no sea tan catástrofe» cuando termine la negociación.

Por su parte, la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, que esta semana ha viajado a Bruselas donde ha mantenido diversos encuentros con europarlamentarios y con el presidente de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, el italiano Paolo de Castro, señaló que el Parlamento europeo «siempre ha sido mucho más sensible a las necesidades del sector agrario que otros estamentos comunitarios», por lo que confió en que finalmente se sumen esfuerzos para minimizar los recortes.

Soriano insistió en que «el primer objetivo del Gobierno regional es poder contar con una ficha financiera lo más cercana posible a la actual», y recordó que «con la propuesta inicial del Consejo Europeo, el campo de Castilla-La Mancha podía dejar de percibir en torno a 170 millones de euros al año, es decir, el 17% de los fondos actuales».

Tras la Cumbre Europea de la semana pasada el Gobierno español ha conseguido, a juicio de la titular de Agricultura, «avances significativos, pero aunque podemos ser algo más optimistas que hace una semana tenemos que seguir trabajando y buscando alianzas para mejorar una propuesta que sigue sin gustarnos ni al Ejecutivo de Mariano Rajoy ni a la Junta», indicó. También el presidente de Murcia y del Comité de las Regiones (CdR), Ramón Luis Valcárcel, ha rechazado la última propuesta y calificó de «incoherentes» los recortes contemplados.

El sector agrario castellano-manchego está preocupado por lo que ocurrirá finalmente con el presupuesto comunitario. Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha calificado de «decepcionante» ver cómo el presupuesto «se reduce continuamente a pesar de representar sólo el 2% del total del gasto público en la UE, y cuando el 94% de sus inversiones terminan en los propios Estados miembros». Asimismo, criticó que estén en el punto de mira «la PAC y los fondos de cohesión, que precisamente representan los valores más comunitarios, como la integración y la solidaridad».

La entidad que agrupa a las cooperativas de la Región espera que el Consejo de la Unión Europea modifique su rumbo en la próxima Cumbre de febrero.

La máxima representante del Ejecutivo castellano-manchego considera que, aunque no haya consenso en el debate del presupuesto comunitario, «a lo mejor no hay que tocar el tema de la PAC en relación con los repartos».

A juicio de la titular de Agricultura hay que seguir «trabajando y buscando alianzas» entre los países de la Unión Europea para «mejorar una propuesta que sigue sin gustarnos ni al Ejecutivo de Mariano Rajoy ni a la Junta».

La crisis de la ganadería fue protagonista de la marcha organizada por UPA que recorrió el centro de Albacete hasta la Subdelegación

LAS CIFRAS

50%

han aumentado los costes de producción (piensos, electricidad, gasóleo…) en las explotaciones de ganado de leche en lo que va de año.

1,7%

es lo que han subido los precios percibidos por los agricultores y ganaderos españoles entre 2006 y 2011. Sus colegas europeos, en cambio, se han beneficiado de un incremento del 28,2%.

Cerca de un millar de profesionales del campo procedentes de las cinco provincias castellano-manchegas se dieron cita ayer en Albacete, convocados por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), para pedir que se mantenga el presupuesto destinado al sector agrario y se lleve a cabo un plan de choque para salvar el futuro de la ganadería.

Una pancarta en la que podía leerse ‘El sector ganadero está en la ruina. Rescate urgente’ abría la marcha que se inició frente a los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en la calle Tesifonte Gallego, y que prosiguió sin incidentes hasta llegar a la Subdelegación del Gobierno. En ambos casos, los representantes de UPA hicieron llegar a los responsables de las administraciones regional y estatal una tabla reivindicativa con las cuestiones que más preocupan al sector.

Una de ellas es la reforma de la PAC y el presupuesto para el nuevo periodo 2014-2020, que justo ayer los líderes de los 27 países de la Unión Europea comenzaron a debatir en Bruselas. Según explicó el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, España puede perder en los próximos siete años 20.000 millones de euros, con un 20% de reducción en las ayudas de la PAC y de 70.000 millones de euros en los fondos de cohesión, esos que permiten, según ejemplificó Morcillo, «hacer carreteras en el medio rural».

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha recordó que la merma del dinero disponible no preocupa solo a nivel europeo sino también en clave nacional y regional. Señaló que el Ministerio de Agricultura, «en tan solo cinco meses», ha visto cómo se reduce su presupuesto hasta el punto de contar, para 2013, «con el 51%» del importe previsto en 2011. En cuanto a los fondos propios que aporta la Consejería de Agricultura, éstos han pasado de 387 millones de euros en 2011 a 230 millones este año, «un 40% de recorte».

Ayudas

Así las cosas, las ayudas que reciben agricultores y ganaderos están acusando el impacto y, mientras que por una parte se reclama que se abonen las que hay pendientes de años anteriores, por otro hay temor a que muchas de las actuales convocatorias no se prorroguen. Los representantes de UPA destacaron sobre todo, por su importancia para la ganadería, las ayudas a las razas autóctonas, de las cuales «de cinco año solo se han cobrado dos» y que implican una pérdida para los profesionales, según manifestó Morcillo, de 600 euros mensuales: «Con todos mis respetos, ni al mejor de los funcionarios le han quitado eso», afirmó. También se han diluido las ayudas al pastoreo, ya que «de 2.600 solicitudes en la Región solo se van a poder atender 816», indicó por su parte el secretario provincial de UPA, Julián Martínez. En menos de cinco años, dijo Martínez, ha cerrado la mitad del censo de explotaciones ganaderas, un goteo «silencioso» y con sus protagonistas «arruinados». Si no se pone remedio, «en dos años puede desaparecer el 100% de la cabaña de ovino y caprino», auguró el representante de UPA.

El incremento de costes y los bajos precios consecuencia del «desequilibrio en la cadena alimentaria» están en la base de este escenario de crisis, contra el cual se piden medidas como las de apoyo fiscal y la posibilidad de refinanciar deudas.

José Ángel Sáez y José Calderón son dos de los agricultores de Barrax que, en los últimos días, han sufrido robos en sus parcelas agrícolas, un fenómeno que también ha afectado al polígono industrial de la localidad. En todos los casos el «destrozo» es más importante que el valor de lo sustraído, pero los ladrones siguen actuando y ocasionando daños por miles de euros.

Más de 700 aspersores han resultado inutilizados este fin de semana en las explotaciones de José Ángel y José, quienes indicaron que en la zona comprendida entre la carretera de Barrax y La Gineta se ha arrasado, en total, con «más de 3.000» dispositivos de riego para extraer la pieza de latón, de unos 200 gramos, que luego se vende en el mercado negro a un precio de 40 céntimos el kilo.

«A nosotros nos cuesta arreglar cada aspersor entre 10 y 12 euros», afirmaron estos agricultores, quienes lamentaron que solo un día después de poner la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil de Albacete y de La Roda, el pasado lunes, se produjeran nuevos robos en la zona. «Es de risa», señaló José Ángel, quien se mostró convencido de que, por un lado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberían «prestar más atención» a estos delitos «y no tanto a los radares y las multas de tráfico», mientras que por otra parte «habría que actuar contra las chatarrerías que compran el material robado».

En similares términos se pronunció su primo José, quien dijo que el problema «es muy grave» y se debe tanto a la «falta de vigilancia rural» como a la impunidad de quienes adquieren el latón. Este profesional dedicado al cultivo del ajo ha visto cómo en apenas dos meses, la primera vez en octubre y el pasado fin de semana, unos desaprensivos han echado a perder el sistema de riego de la misma parcela. Un sistema que, por cierto, cada vez le resulta más caro utilizar debido a la subida de la energía eléctrica. «Hay que proteger más la actividad agraria», señaló este hijo y nieto de agricultores, quien aseguró que «el campo está abandonado» y que ellos mismos se organizan para «darse una vuelta» por las fincas.

Las organizaciones agrarias llevan tiempo advirtiendo del agravamiento de los robos en el campo sin que por ahora se haya podido contener su incidencia. Pese a la buena disposición, en la provincia, de la Subdelegación del Gobierno, este tipo de delitos se siguen produciendo y a los agricultores apenas les queda otra que hacer público su malestar, ya que ni siquiera los seguros son una solución. «No se hacen cargo porque para eso habría que vallar e incluso instalar cámaras en las explotaciones, algo impensable», indicó José Ángel.

La alcaldesa de Barrax, Josefina Navarrete, afirmó que son conscientes del problema y que el Ayuntamiento «está a disposición de los agricultores». Señaló que el pasado 5 de noviembre mantuvieron una reunión con el subdelegado del Gobierno, Federico Pozuelo, para pedir «más presencia de la Guardia Civil» en la localidad.

En el polígono ‘Rosa del Azafrán’, que según indicó Navarrete está «recién terminado», los ladrones la emprendieron contra los transformadores eléctricos, provocando pérdidas de 25.000 euros, en uno de los robos, y de más de 100.000 en otro. No obstante, la alcaldesa explicó que los autores del suceso más reciente, ocurrido hace algo más de una semana, fueron detenidos en Madrid tras darse a la fuga en un coche que robaron también en el municipio. Se trataba, afirmó, de seis miembros de una banda organizada. Navarrete señaló que la óptima ubicación de Barrax respecto a las comunicaciones por carretera es un factor en contra, «por la facilidad de huida», cuando se producen estos delitos.

En la asamblea también presentó su dimisión, alegando motivos personales, uno de los vocales de la JCRMO, Pedro González Tobarra, que además ocupaba la Presidencia del Jurado de Riegos en la organización. El Jurado de Riegos abrió el pasado año agrícola un total de 8 expedientes a regantes que se habían usado en el uso del agua superando la dotación concedida. Los sancionados deben dejar de usar en la siguiente campaña el volumen de agua en el que se han excedido. Además la Confederación inició otros 10 expedientes contra incumplidores reincidentes. En concreto habían consumido 500.000 metros cúbicos más de los concedidos.

Belmonte destacó que el volumen que resta por restituir al acuífero por haberse excedido en el uso del agua desde 2005 solo alcanza 0,2 hectómetros cúbicos.

Llueve y lo hace en mayor medida que un año hidrológico medio. Una buena noticia para los regantes albaceteños que ya han visto como en lo que va de ejercicio agrícola se ha producido casi un tercio de las precipitaciones que se producen en un año medio y un 60% de lo registrado en la anterior campaña.

El director del Instituto Técnico Agronómico Provincial (Itap), Wenceslao Cañadas, explicó además en la asamblea que el acuífero 18 el pasado año agrícola descendió una media de 2,14 metros. Una bajada normal teniendo en cuenta que el ejercicio pasado fue seco. También apuntó que los consumos de agua de los cultivos, en el mismo periodo, se ha incrementado respecto a un año medio, fundamentalmente por la escasez de lluvias en primavera.

Con solo nueve votos en contra la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) aprobó ayer sus normas de gestión, coordinación y control de riegos para la campaña agrícola 2012-2013. Una campaña en la que no se producirán restricciones en los riegos.

Situación ésta de la que se congratuló el presidente de los regantes albaceteños, Francisco Belmonte, quien se alegró de que sus predicciones de hace apenas unos meses, cuando alertaba de que la cuenca del Júcar, podía encontrarse ya en pleno ecuador de un periodo seco.

El máximo responsable de la JCRMO esbozó las actuaciones más destacadas llevadas a cabo en los últimos meses y la hoja de ruta a seguir de cara a los próximos. En este sentido, se explicó que se ha retomado el proyecto de la segunda fase de bombeos para la Mancha Oriental que supondría, según el estudio inicial, la eliminación de unos 270 pozos y que supondría llevar a cabo obras en un total de 15 municipios albaceteños y dos más de la provincia de Cuenca.

Más de 47 hectómetros

La segunda fase permitirá que se dejen de extraer 47,15 hectómetros cúbicos anuales del acuífero de la Mancha Oriental para usar aguas superficiales derivadas desde el embalse de Alarcón. Una vez que se ponga en marcha la segunda fase se completaría la sustitución de un total de 80 hectómetros aprobada en su día.

El proyecto de la segunda fase se presupuestó en su momento en 102 millones de euros. Ahora desde la Junta Central de Regantes, junto a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Junta de Comunidades, quieren impulsar este proyecto que ha sufrido continuos retrasos. Para ello han constituido una comisión que estudie cómo llevar a cabo el proyecto en estos tiempos de crisis, es decir si se pueden abaratar costes, así como quién y de qué manera sufragaría el proyecto. En definitiva, de hacerlo viable para todos los usuarios incluyendo tanto a los que se beneficiarían directamente con la sustitución como a los que lo harían indirectamente.

Desde la Junta Central de Regantes, según indicó el secretario de la misma, Herminio Molina, abogan por analizar y priorizar las zonas de actuación si el proyecto, por su elevado coste, no pudiese acometerse de forma íntegra en estos momentos. El objetivo es que no quede de nuevo relegado en el cajón del olvido.

Vinalopó

Sobre la mesa ayer también se volvió a poner una cuestión prioritaria para la JCRMO como son las actuaciones a realizar tras la puesta en marcha del trasvase Júcar-Vinalopó. Los regantes han solicitado a la Confederación que les facilite el expediente administrativo, ya que se trata de una actuación incluida en el Plan Hidrológico, sobre el que se asientan las referidas obras y las derivaciones de agua. Según manifestó Molina, el organismo de cuenca les ha respondido que en breve les facilitará esa información.

Pero desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental están dispuestos, como ya han anunciado por activa y por pasiva, a llegar hasta donde sea necesario si el trasvase en cuestión no cumple con la legalidad. De hecho este verano el propio Belmonte advertía nuevamente algo que ya habían dejado muy claro: «demandaremos a quien autorice el trasvase sin cumplir las condiciones legales

En la asamblea en la que se ratificó el Plan de Explotación no faltaron momentos de tensión, especialmente cuando varios usuarios expusieron ante el foro de regantes un problema y cuestionaron la gestión realizada.

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha destacado el apoyo de su Gobierno a las cooperativas agroalimentarias para que se fusionen para la comercialización, con el objetivo de conseguir mejorar la renta agraria y equipararla a la de otras zonas de España y de Europa.

Cospedal clausuró ayer, acompañada por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, una jornada sobre competitividad socioeconómica cooperativa, organizada por Caja Rural Castilla-La Mancha coincidiendo con el Año Internacional de las Cooperativas declarado por la ONU.

Aseguró que «algo está fallando» cuando las 4.000 cooperativas agroalimentarias de España facturan cuatro veces menos que las cooperativas de Francia (que son mil menos) y cuando las cuatro primeras cooperativas de Dinamarca facturas más que las 4.000 españolas.

En este sentido, afirmó que «ayudaremos a las cooperativas tanto más cuanto mayor sea el proceso de fusión para la comercialización», al hilo, también, del anteproyecto de ley integración de cooperativas que tramita el Gobierno central para que las cooperativas sean más competitivas.

Cospedal señaló que la Junta quiere poner énfasis en la agrupación de cooperativas para la comercialización en el futuro programa de desarrollo rural que se está negociando en la Unión Europea. A los alrededor de 700 cooperativistas asistentes a la jornada, Cospedal les pidió ayuda para realizar este impulso y para tener «la mejor industria agroalimentaria, primero de España y luego de Europa».

La presidenta regional se mostró «muy optimista» ante el futuro para las cooperativas del sector primario y ofreció la colaboración de su Gobierno en aras de fomentar la agrupación de cooperativas y, con ello, la competitividad.

Se mostró convencida de que, pese a la crisis, el sector primario tiene «un tremendo potencial», entre otros motivos porque no se ha explotado «suficientemente» y porque todavía no se ha hecho «todo lo posible» para lograr que sea «todo lo rentable que puede ser».

Cospedal también tuvo palabras de agradecimiento para Caja Rural Castilla-La Mancha y su Fundación, por la atención permanente que proporcionan al sector primario de la Región.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, habló del anteproyecto de ley de integración de cooperativas con el que el Gobierno central quiere impulsar el modelo cooperativo empresarial profesionalizado y contribuir, así, a la sostenibilidad del sector agroalimentario español.

En esta jornada también participó el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, que lanzó un mensaje positivo sobre el buen momento que vive el sector cooperativo agroalimentario de la Región, pese a la crisis. También asistieron la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano; el presidente y el director general de Caja Rural Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Mora y Víctor Manuel Martín, respectivamente, y el presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, entre otros.

En las 417 cooperativas agroalimentarias y 78 sociedades agrarias de transformación de la Región trabajan más de 22.000 personas.