La ministra de Medio Ambiente en funciones, Cristina Narbona, aseguró ayer que la Generalitat de Cataluña no ha formulado «hasta este momento» ninguna petición de trasvase desde el Ebro y que, en todo caso, su ejecución requeriría una norma con rango de Ley. Asimismo, señaló que el Gobierno no se niega a los trasvases, como es el caso del Tajo-Segura, sino que apuesta por estudiar la «viabilidad de cada proyecto».

Narbona se refirió a la posibilidad de que el Ejecutivo catalán estudie una transferencia de agua desde el Segre, afluente del Ebro, para paliar la situación de sequía en el área metropolitana de Barcelona.

«Lo que sí ha solicitado la Generalitat, y cuenta con el total respaldo de el Gobierno, es la posibilidad de trasladar agua desde la desalinizadora de Carboneras, en Almería», dijo tras presidir los actos de conmemoración del Día Meteorológico Mundial, junto con el presidente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y premio Nobel de la Paz, Rajendra Pachaury.

En este sentido, recordó que este traslado podrá realizarse una vez se terminen las obras de emergencia en el puerto de Carboneras, que han sido financiadas por el Ministerio de Medio Ambiente.

En todo caso, Narbona apuntó que habrá que volver a analizar los efectos de la sequía en las cuencas internas de Cataluña una vez terminen los meses de marzo y abril para conocer el impacto de las lluvias y la nieves recientes.

Igualmente, insistió en que el Gobierno socialista no se niega a cualquier tipo de trasvase y recordó que en la pasada legislatura se ha gestionado el del Tajo -Segura y se han ejecutado las obras para el del Júcar-Vinalopó.

«La Comisión Europea dictaminó que el trasvase del Ebro era inviable económica, ambiental y socialmente y por eso no le otorgó ni un sólo euro -añadió-. No se trata de que el Gobierno socialista, en la reorientación de la política del agua no apoye ningún tipo de trasvase, sino que hay que estudiar la viabilidad de cada proyecto».

Cabecera del Tajo

La reserva de agua de los embalses de la cabecera del Tajo , Entrepeñas y Buendía, permanece esta semana igual que en la anterior, en 279 hectómetros cúbicos, el 11,27% de su capacidad total, que es de 2.474 hectómetros cúbicos.

La aprobación de trasvases de agua por el acueducto Tajo-Segura corresponde al Consejo de Ministros mientras la reserva de agua en Buendía y Entrepeñas se sitúe por debajo de 450 hectómetros cúbicos y por encima de 240.

Antes de tomar decisión alguna, el concejal de Sostenibilidad, Ramón Sotos, esperará a recibir oficialmente la solicitud de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de volver a abrir los pozos para abastecer a la ciudad; una petición que lanzó el presidente del organismo de cuenca, Juan José Moragues, el pasado viernes tras constatar en la comisión de la sequía la escasez de agua almacenada en Alarcón.

Sotos, que no pudo asistir a esa reunión por coincidir con el pleno donde se aprobó el presupuesto, declaró ayer a La Verdad que «de entrada, no tenemos ninguna posición» sobre esta petición que el presidente de la Confederación del Júcar justificó en la necesidad de «estar prevenidos» ante lo que pueda suceder en los próximos meses. En Alarcón hay embalsados 68,2 hectómetros cúbicos, pero casi 35 hectómetros no son utilizables por razones de calidad.

«Pese al control exquisito que se ha tenido en estos últimos tres años sobre la gestión del Júcar, se prevé que no haya agua suficiente para garantizar el abastecimiento y a la vez mantener el caudal del río», dijo Sotos, haciéndose eco de las decisiones ya adoptadas por la Confederación, como la suspensión de la sustitución de bombeos para regadío con agua del Júcar. No obstante, el concejal desveló que la pasada semana la balsa de regulación de la ciudad de Albacete, con capacidad para almacenar un hectómetro cúbico, se quedó llena. Eso significa que la capital tiene agua embalsada suficiente para beber un mes, es decir, «tenemos margen para analizar despacio la situación», dijo Sotos. Por tanto, insistió el edil, esperarán a tener en sus manos la comunicación de la Confederación del Júcar y la someterán al estudio de las Comisiones de Sostenibilidad e Infraestructuras. A la vista de los datos sobre el agua embalsada en Alarcón, se estudiarán «las posibles alternativas» dijo el concejal. Y es que, apuntó Sotos, no sólo existe la posibilidad de complementar el abastecimiento de Albacete con agua de los pozos, -aunque sí admitió que esta es la opción más viable-, sino que también hay otras alternativas como «recurrir al agua del Tajo».

Segunda ocasión

Si al final se acepta la propuesta de reabrir los pozos, sería la segunda ocasión en la que sucedería desde su cierre en 2003, año en el que clausuraron los sondeos gracias a la entrada en funcionamiento de la obra de abastecimiento desde el Júcar.

En febrero de 2006, el Ayuntamiento ya aceptó reabrir los pozos, aunque aquel «escenario era diferente». Entre otras razones, explicó Sotos, la ciudad aceptó dejar de extraer cinco hectómetros de los quince que necesita para abastecerse, para que 6.000 hectáreas de regadíos de Aguas Nuevas, Santa Ana, El Salobral y Los Anguijes, pudieran recibir un riego de socorro. «Ahora ni tan siquiera hablamos de eso, porque lo que está claro es que no agua ni para regar», dijo Sotos, apuntando que la sequía ahora es más extrema.

La cuenca del Júcar se encuentra ya a estas alturas del año en estado de emergencia y el embalse de Alarcón almacena el menor volumen de agua de toda su historia. Y es que éste es el cuarto año de sequía que sufre el país. Un panorama nada alentador, tal y como ayer transmitió el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, tras la reunión de la Comisión de Sequía celebrada ayer en Albacete.

Una reunión «densa», en palabras de Moragues en la que se adoptaron diversas medidas para intentar paliar en lo posible esta difícil situación. El responsable de la Confederación insistió en que hoy por hoy no es posible garantizar «simultáneamente» el abastecimiento con aguas superficiales para la ciudad de Albacete, que los regantes puedan usar recursos del Júcar, y mantener el caudal ecológico del río.

Medidas

Así la primera decisión adoptada es que este año no habrá agua para sustitución de bombeos en la Mancha Oriental. «Lo lamentamos muchísimo pero no va a haber», afirmó Moragues prácticamente a modo de disculpa.

El presidente del órgano de cuenca anunció de igual modo que se dirigirá al Ayuntamiento de Albacete para solicitar que «vuelvan a estar operativos» los pozos para el abastecimiento de la capital albaceteña. En este sentido, Moragues aseguró que el abastecimiento humano no corre peligro y que se trata de «estar prevenidos» ante lo que pueda suceder en los próximos meses. «Para el caso de que no haya suficiente agua en cantidad en Alarcón o no tenga la suficiente calidad», matizó Moragues. De hecho actualmente este pantano tiene embalsados 68,2 hectómetros cúbicos aunque de ellos no son utilizables entre 30 y 35 hectómetros, es decir casi la mitad.

El ahorro

Pero las decisiones adoptadas ayer no terminaron ahí. A instancias del representante de la Junta de Comunidades en la Comisión, la Confederación aprobó el lanzamiento de una nueva Oferta de Adquisición de Derechos de Agua (OPA), la tercera en lo que va de año hidrológico, dirigida a los regantes del tramo medio del río.

Moragues indicó que en los próximos días se ultimarán los términos y plazos de esta oferta. En todo caso avanzó que no se podrá extraer más agua que el año anterior y que en julio y agosto no se permitirá tomar agua de tomas directas desde el río. De hecho en los dos meses estivales sólo se permitirán extracciones mínimas. También anunció que el presupuesto que se destinará a esta nueva convocatoria será «cuantioso» en todo caso.

Asimismo amentó los resultados, provisionales, de la última OPA en la que el ahorro conseguido ha sido de 1,08 hectómetros. Por otra parte, apuntó que los usuarios de los regadíos tradicionales de Valencia, sufrirán restricciones del 55% mientras que para los no tradicionales de la Ribera Alta serán del 75%.

Por su parte, el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, tras la Comisión reconoció que las medidas adoptadas son «el menor de los males posibles». Belmonte afirmó que llevan tres meses trabajando y proponiendo soluciones para evitar que el río se seque y conseguir que «perjudique lo menos posible a los regantes». En este sentido valoró positivamente el lanzamiento de la nueva OPA:

Una vez más, las organizaciones agrarias han denunciado los perjuicios que el incremento del precio del combustible ocasiona al sector. En un año, el gasóleo agrícola se ha encarecido un 30%, según recuerdan Coag-Ir, Asaja y UPA, que reclaman al Ministerio de Agricultura medidas para hacer frente a esta nueva ‘vuelta de tuerca’ en los ya de por sí disparados costes de producción.

Sin ir más lejos, Coag-Ir ha denunciado que, en la actualidad, llenar el depósito de los tractores cuesta el doble que hace cuatro años, indicando que el litro de gasóleo agrícola cuesta hoy 0,88 euros, frente a los 0,46 euros por litro de 2004. «Los agricultores y ganaderos desembolsan 265 euros aproximadamente por llenar un depósito con una capacidad media de unos 300 litros, mientras que hace cuatro años suponía un coste de 138 euros», han explicado.

En la base del problema se encuentran las históricas cotizaciones que está alcanzando el barril de petróleo en los mercados internacionales, aunque el presidente de Coag-Ir Albacete, Fernando Ruiz, subrayaba que la coyuntura alcista no es nueva y, de hecho, «nos hemos sentado ya en años anteriores con la Administración para reclamar un gasóleo profesional y un tratamiento fiscal especial».

El máximo representante de esta organización agraria en Albacete afirmó que el aumento del precio del gasoil se produce en paralelo al del transporte o al de los abonos, puesto que según manifestó «todo está interrelacionado», y añadió que aunque existen bonificaciones para el profesional, éstas resultan «insuficientes», por lo que insistió en la necesidad de un gasóleo profesional. Fernando Ruiz pidió «soluciones definitivas» y no «parches» que es lo que, a su juicio, se ha estado poniendo hasta la fecha sobre la mesa para sortear el problema.

Impuestos

Para paliar el alza del gasóleo agrícola, cuantificada en un 30% respecto al pasado año, Coag-Ir reclamó entre otras medidas que se agilice el diseño de eliminación del Impuesto Especial de Hidrocarburos (0,078 euros por litro) mediante la tarjeta profesional y la aplicación un tipo reducido de IVA, pasando del 16% actual al 7%.

Igualmente, solicitó extraer el gasóleo agrícola del ámbito objetivo de aplicación del impuesto de minoristas sobre ventas, conocido como tasa de hidrocarburos, y la recuperación para este año de las medidas referidas al IRPF.

Entre ellas figuran la deducción en el rendimiento neto previo de un 15% de los gastos en fertilizantes y plásticos hasta el 30 de junio de 2008, la reducción del 2% del rendimiento neto para el periodo 2008 y la deducción en el rendimiento neto previo del 35% de los gastos en gasóleo en el periodo 2008.

El director de Relaciones Internacionales de Asaja, Juan José Álvarez, hizo hincapié en la necesidad de articular un gasóleo profesional para el sector agrario y demandó que la compensación del IVA del sector ganadero suba en 1,5 puntos y se equipare al 9% del agrícola, al tiempo que consideró «imprescindible» que se ponga en marcha un plan de modernización de tractores -independiente del actual Renove- para aumentar la eficiencia y el ahorro de costes a través de una reducción del consumo de combustible.

«Estamos ante una situación crítica y complicada», apuntó, por su parte, el técnico de UPA Javier Alejandre, quien comentó que se debe abrir un periodo de reflexión para ver qué medidas adicionales se pueden acordar con el nuevo Gobierno para frenar los efectos de la subida del gasóleo.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha , Fernando Lamata, es optimista acerca de la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía en la nueva legislatura que va a iniciar el Parlamento de la Nación y cree razonable que el nuevo texto pueda estar aprobado dentro de este año.

Lamata respondía así, a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, acerca de las previsiones para que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que no pudo ser tramitada antes de la disolución de las Cortes Generales, sea aprobada en la nueva legislatura que se va a iniciar.

Fernando Lamata dijo que el Gobierno regional es optimista sobre que la reforma del Estatuto, que fija en una disposición adicional el final del trasvase Tajo-Segura en 2015, pueda salir adelante.

En este sentido recordó que el texto estatutario salió del Parlamento regional con el refrendo de los dos partidos políticos con representación en la Cámara, el PSOE y el PP.

Aunque indicó que «no hay ningún dato que nos haga pensar que pueda haber dificultades», reconoció que «sabemos que hay un asunto más complicado, que es el del agua».

Lamata manifestó que «en ese asunto tendremos que discutir, negociar y hacer valer los intereses de Castilla-La Mancha respetando los intereses del conjunto de España, como hemos defendido desde el principio».

Señaló que el Gobierno de Castilla-La Mancha piensa que el nuevo Parlamento de la Nación «será sensible a las posiciones de nuestra Región, y confiamos en que la tramitación culmine con la aprobación del estatuto en un plazo razonable».

En este sentido añadió que «dentro de este año sería deseable que pudiéramos contar con el estatuto aprobado».

Satisfacción electoral

Por otra parte, Lamata dijo que los resultados de las elecciones generales en la región han estado dentro de la normalidad y han sido similares a la media de las últimas tres convocatorias.

Lamata indicó que en el año 2000 el PP, que viene ganando las generales en la región, obtuvo más apoyo que ahora en 2008, en 1996 similar y en 2004 algo menos.

Fernando Lamata señaló que en Castilla-La Mancha hay una tónica de preferencia del PP por parte del electorado en las elecciones generales, mientras que en las autonómicas ocurre todo lo contrario y el PSOE gana por mayoría absoluta, como se comprobó hace unos meses en la comunidad autónoma, en que el presidente regional, José María Barreda, logró la séptima mayoría absoluta del PSOE en los comicios regionales. Respecto al resultado en España, Lamata dijo que el Gobierno regional hace una valoración muy positiva y recordó que el Ejecutivo autonómico ya mostró su preferencia porque José Luis Rodríguez Zapatero fuera reelegido, pues «nos ha ido bien con su gobierno» y se han alcanzado acuerdos políticos en materia de agua, desarrollo industrial y política científica.

Agregó que el Gobierno de Castilla-La Mancha ofrecerá una «colaboración absoluta» al nuevo Ejecutivo que forme Rodríguez Zapatero en las grandes políticas de Estado y su voluntad será la de defender los intereses generales de la región para «fortalecer» los generales de España.

Lamata también destacó la alta participación que hubo el domingo en Castilla-La Mancha , del 80,62 por ciento del censo, 5,3 puntos por encima de la que hubo en el conjunto del Estado, que fue del 75,32 por ciento.

Finalmente, Lamata cree que José Bono será el futuro presidente del Congreso, pues le propuso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha salido reforzado en estas elecciones.

Lamata respondía así sobre las informaciones que indican que el PSC cuestiona que Bono presida la Cámara Baja y propone al convergente Josep Antonio Duran i Lleida.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reconoció en una entrevista concedida a La Verdad que durante esta legislatura se hablará «y mucho» del trasvase Tajo-Segura, del que aseguró que «tendrá mucho peso» durante los próximos cuatro años.

Para Narbona, el trasvase tendrá un «peso relevante» en las relaciones que mantenga el próximo Gobierno con las autonomías afectadas (entre ellas con Castilla-La Mancha). «Es un gran desafío porque requerirá de cierta arquitectura política», admitió la todavía ministra de Medio Ambiente, que reconoce que no tiene claro su permanencia en el nuevo Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. «Todos sabemos cómo están las cosas -remarcó- y no voy a pronunciarme más sobre este asunto, eso será cosa del siguiente gobierno». La ministra admitió que tanto Zapatero como De la Vega han sido «muy explícitos» sobre la continuidad del trasvase «por lo que necesitará una tarea fina y delicada» y habrá que buscar soluciones «con imaginación, ganas de resolver los problemas y contando con los gobiernos autonómicos implicados».

Narbona aseguró que todos los estudios que maneja su departamento indican que los caudales de todos los ríos españoles se verán afectados por el cambio climático, «habrá menos caudales pero una mayor exigencia desde el punto de vista medioambiental». Por ello, abogó por buscar soluciones consensuadas con la agricultura y puso como ejemplo la reducción del uso de los acuíferos que se llevará a cabo en Castilla-La Mancha en el marco del Plan del Alto Guadiana.

Para la ministra de Medio Ambiente, con el PP se trasvasaba más agua a Murcia desde la cabecera del Tajo «porque había más recursos, pero ahora llevamos tres años de intensa sequía». Afirma que cuando no llueve y si se depende sólo del Tajo-Segura, «no se puede condenar a la agricultura, a que esté a expensas de que llueva o no».

Acusa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre de «insolidaria» cuando dice que si se hubiera hecho el trasvase del Ebro se habría acabado el del Tajo-Segura.

«El panorama en la cabecera del Tajo es muy difícil», concluyó Narbona la entrevista.

El subdelegado del Gobierno, Manuel González Ramos, compareció ayer urgentemente ante los medios de comunicación para desmentir la denuncia formulada por el Partido Popular sobre la instalación de un almacén de dióxido de carbono en las provincias de Albacete y Ciudad Real.

En su intervención, González Ramos recordó que el pasado 21 de febrero, el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, ya dejaba claro que el Gobierno estatal no tiene previsto construir almacén alguno subterráneo de C02 ni en Albacete «ni en ningún otro sitio», por lo que, dijo, «la información del Partido Popular es falsa» y consideró que «no vale mentir, ni confundir a los ciudadanos ni enfrentarlos» sobre todo cuando se trata de «declaraciones demagógicas y falsas».

Estudios geotécnicos

El subdelegado del Gobierno aclaró que, ajustándose a la Ley de Minas, la Dirección General de Política Energética y Minas publicitó una reserva de suelo para la Fundación de Estudios sobre la Energía, que corresponde a los 1.200 kilómetros cuadrados que se encuentran localizados entre las provincias de Albacete y Ciudad Real. Un emplazamiento que, según Manuel González Ramos, sólo servirá para realizar exclusivamente estudios geotécnicos pues, insistió, «no se tiene previsto almacén subterráneo alguno para dióxido de carbono ni en Albacete ni en Castilla-La Mancha». El subdelegado del Gobierno insistió en que la resolución publicada en el BOE número 34, con fecha 8 de febrero de este año, es para darle publicidad a una reserva de suelo para la Fundación para Estudios sobre la Energía, «pero no implica la construcción de un vertedero de residuos tóxicos; no existe proyecto ni se conoce todavía la tecnología con la que llevar a cabo esta posibilidad, simplemente esta denuncia se hace porque estamos a vísperas del 9-M, pero la información es falsa».

Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado citado especifica que la reserva provisional de suelo a favor del Estado puede ser susceptible de ser un «efectivo almacenamiento de dióxido de carbono».

Las alarmas se han encendido en Albacete medioambientalmente hablando. Lo que en principio fue una información que, aparentemente, pasó desapercibida a oposición y grupos ecologistas, ayer saltó al escenario político, quizá influido también por la cercanía de las elecciones generales.

El caso es que ayer el diputado regional del Partido Popular, Marcial Marín, denunciaba en rueda de prensa la instalación de un almacén subterráneo de residuos tóxicos en las Lagunas de Ruidera, una información que facilitaba el Ministerio de Industria el pasado 8 de febrero, al registrar, a propuesta de la Fundación para Estudios sobre la Energía, diez posibles emplazamientos en España para el almacenamiento de dióxido de carbono, entre los que se encuentra un enclave ubicado entre las provincias de Albacete y Ciudad Real, concretamente entre los municipios de Munera, Ossa de Montiel, El Bonillo, El Ballestero, Argamasilla de Alba, Tomelloso y Carrizosa, que afectaría a un área de 1.200 kilómetros cuadrados.

Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 34 del 8 de febrero, en su página 701, «la Dirección General de Política Energética y Minas publica la inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del Estado para recursos de la sección B), estructuras subterráneas susceptibles de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono, en el área denominada Almacén 5, comprendida en las provincias de Ciudad Real y Albacete».

En este emplazamiento podría almacenarse CO2 mediante técnicas de captura y secuestro de carbono (CCS) y reducirse con ello las emisiones a la atmósfera de este compuesto. Sin embargo y según Marcial Marín, no se conocen las consecuencias que a medio o largo plazo podría tener este almacenaje de dióxido de carbono para uno de los parques naturales más emblemáticos de Albacete y de Castilla-La Mancha: las Lagunas de Ruidera.

Iniciativa parlamentaria

Por este motivo, el Partido Popular rechazó el emplazamiento para crear un vertedero subterráneo de residuos tóxicos entre Albacete y Ciudad Real y anunció la presentación de una iniciativa parlamentaria en la que instará a las Cortes regionales y al Gobierno de José María Barreda que exijan al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que rectifique el BOE y elimine a Castilla-La Mancha de ese posible destino para el almacén de CO2.

«No queremos ser el almacén de residuos contaminantes de industrias de España o de fuera del país», advirtió el diputado regional del PP, que lamentó que, en ningún momento, el Ministerio de Industria haya ampliado la información al respecto a pesar de que «se trata de un gas nocivo y contaminante cuyas tecnologías de almacenamiento no están comprobadas al cien por cien». Marcial Marín recordó que los otros nueve enclaves propuestos por el Ministerio de Industria, a propuesta de la Fundación para Estudios sobre la Energía, se encuentran en Asturias, Cantabria, Vizcaya, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana. El diputado regional insistió en que la técnica de capturas y secuestro de carbono está «muy poco desarrollada» por lo que, al día de hoy, «no se conocen los efectos a medio y largo plazo que este almacenaje de residuos tóxicos puede ocasionar a uno de los buques insignia del medio ambiente en Castilla-La Mancha».

El candidato socialista por Albacete al Congreso de los Diputados, Manuel Pérez Castell, se comprometió ayer ante los representantes de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) a recuperar la ribera del Júcar, un proyecto para el que según dijo existe una inversión de 3,5 millones de euros.

Tras la reunión que, en el marco de la campaña para las próximas elecciones generales, mantuvieron los candidatos socialistas al Congreso y al Senado con la JCRMO, Pérez Castell recordó que fue un logro de esta entidad «conseguir agruparnos a todos y decir que el Júcar es un río de todos, también de Albacete».

El candidato del PSOE explicó que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) está invirtiendo en Albacete 242 millones de euros, de los cuales 100 millones servirán para sufragar la segunda fase del proyecto de sustitución de bombeos, e indicó que las relaciones con la CHJ no serían «tan fáciles» de no ser por la «colaboración» de la JCRMO.

Pérez Castell, que se refirió a su gestión como alcalde de Albacete en materia de agua, pidió la colaboración de los regantes para la puesta en marcha del Centro de Interpretación del Ciclo Integral del Agua, que se ubicará en el depósito del parque de la Fiesta del Árbol y para el que, según afirmó, se cuenta con un presupuesto de seis millones de euros que aporta la CHJ. Igualmente, recogió el guante de la JCRMO sobre la celebración del Día Escolar del Agua que esta entidad quiere recuperar de cara al año que viene, una iniciativa que según dijo representa también «educación para la ciudadanía».Por su parte, el presidente de los regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, aprovechó para recordar las «excelentes relaciones» que la entidad a la que representa mantiene con el Ayuntamiento de la capital, gracias al cual cuentan con un solar de 1.700 metros cuadrados en el que, «cuando acabemos de gestionar la sequía actual», tienen previsto construir su nueva sede.

Belmonte también se refirió a las buenas relaciones con el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, y explicó que la máxima preocupación ahora de la JCRMO, además de trabajar en la revisión del Plan de cuenca, es evitar que el Júcar «se seque este verano». Belmonte aludió, en este sentido, a la segunda OPA que está en marcha, y explicó que aunque la medida no es del agrado de los regantes, el objetivo es preservar el caudal del río.

Coincidiendo con el encuentro que representantes de Izquierda Unida mantuvieron con la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) en el marco de la campaña electoral, el coordinador regional de esta formación política, Cayo Lara, señaló ayer en Albacete que IU es el único partido que lleva en su programa, «con total nitidez», su oposición a los trasvases -incluyendo el Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó-, así como la defensa de la «independencia» de las cuencas hidrográficas.

«Esperemos que los ciudadanos de Albacete cojan este mensaje y después voten en conciencia», señaló el coordinador regional de IU, quien manifestó que el Partido Popular y el PSOE «han sido incapaces de incluir en sus programas electorales la más mínima referencia a reducir ni un sólo litro del trasvase Tajo-Segura». Y eso a pesar de que, según comentó, ambos partidos llevan «cuatro años» diciendo en Castilla-La Mancha que se oponen al trasvase y que los dos «han puesto en el Estatuto de Autonomía» que éste «se tiene que acabar en el 2015».

Lara, que compareció en rueda de prensa junto a los candidatos de IU por Albacete al Congreso y al Senado, Luis Ángel Aguilar y Pedro Bolívar, respectivamente, insistió en que su formación política es la única que refleja en su programa la necesidad de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura para que, a medio plazo, cuando «funcionen las desaladoras», se acabe con esta conducción de agua, una postura que defienden «aquí, en Murcia y en Alicante», según destacó.

Cayo Lara manifestó que IU se opone también, «tanto en Albacete como en la Comunidad Valenciana», al trasvase Júcar-Vinalopó, y añadió que su partido el el único que está defendiendo «la demarcación única de la cuenca del Júcar» para que el agua de este río «no sirva a los intereses ni de la cuenca del Vinalopó ni de la cuenca del Turia».

Críticas a Bono

El coordinador regional de IU -que recordó que a pesar de los debates «a dos» existen más opciones políticas-, atacó al candidato socialista al Congreso por Toledo, José Bono, asegurando en referencia al trasvase Tajo-Segura que «ha dicho en Alicante lo contrario de lo que dice en Castilla-La Mancha, y eso se llama incoherencia y engañar a los ciudadanos». Cayo Lara hizo hincapié en que el voto a IU es «absolutamente útil» para que esta formación «mantenga el grupo en el Parlamento», y arremetió contra las declaraciones de José Bono que apuntaban a que «votar a IU es lo mismo que votar al PP» asegurando que votarle a él «es votar a la derecha del Partido Popular». El representante de IU explicó que el candidato socialista, «que comía angulas con ‘el Pocero’», quiere «que IU desaparezca» porque su objetivo es «pactar con CiU».

Los miembros de IU insistieron en que optar por esta formación en las elecciones generales «no es sólo es útil sino necesario para que no estemos abocados al bipartidismo vitalicio».