Que el resto de ríos que componen la Confederación tengan las mismas exigencias que el Júcar. Se trata de la principal reivindicación de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) de cara a la doble negociación que se está llevando a cabo en el seno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, una que se mantiene en torno a la recuperación del río y otra sobre la nueva planificación hidrológica que deberá estar lista en el 2009.

Así lo expuso ayer a este diario el secretario de los regantes albaceteños, Herminio Molina, que reclamó que se mantengan las mismas exigencias que se tienen con el Júcar para otros ríos incluidos dentro de la cuenca como el Turia, el Palancia o el Vinalopó.

Molina recordó que a los regantes del Júcar se les establecen una serie de restricciones para mantener el caudal ecológico del río y garantizar que baje agua en cantidad y calidad suficiente para asumir los abastecimientos de agua de Valencia, Sagunto o el Vinalopó y la Marina Baja alicantina.

«Si el Turia tuviera que cumplir las mismas exigencias que el Júcar habría agua de calidad para abastecer a la ciudad de Valencia y el Júcar no tendría que soportar todas esas demandas», afirmó. Pero reclaman que no se haga una vez que se finalice la planificación hidrológica en el año 2009, como parece que pretende el Ministerio de Medio Ambiente, sino antes «para que todas las medidas se puedan incluir en el nuevo plan del Júcar y no que se elabore la planificación sin tenerlas en cuenta».

Y todo ello en una semana en la que se va a terminar de definir el diagnóstico de la situación del Júcar dentro de la planificación del Plan de Recuperación del río en el marco de las jornadas de participación que la Confederación está llevando a cabo. La planificación de la recuperación del río comenzó hace ahora un año y se establecieron tres fases: diagnóstico de la situación, establecer los objetivos y concretar las acciones que se iban a llevar a cabo.

Comisiones

Para la primera fase se establecieron una serie de comisiones que contaban con la participación tanto de los usuarios como de las administraciones estatal y regional y de otros colectivos afectados como los ecologistas. En concreto se crearon cinco comisiones que esta semana cierran en Valencia la fase de diagnóstico para establecer los objetivos que se marcan. Protección frente a inundaciones, calidad de las aguas, revalorización socio-cultural del paisaje fluvial y su entorno, restauración de ecosistemas de ribera y caudales ecológicos son las cinco comisiones cuyos resultados se debaten en estas jornadas de participación. Las conclusiones que se extraigan de la celebración de estas comisiones ayudarán a establecer los objetivos que se perseguirán en el programa de recuperación del río de donde saldrán las medidas concretas a realizar, que a su vez se enmarcará en la negociación del nuevo plan hidrológico de cuenca. Según la planificación de la propia Confederación en el mes de junio de este año deberá estar finalizado el plan de recuperación del Júcar.

El secretario de la JCRMO recordó que «no se parte de cero como creen determinados sectores de la Comunidad Valenciana» en este proceso de elaboración del plan de recuperación del Júcar «porque llevamos varios años llevando a cabo medidas que garanticen la calidad de las aguas y la existencia de un caudal ecológico. Asegura que gracias a estas medidas, que se contemplan en el Plan Hidrológico del Júcar aprobado en 1998, «el río no se ha vuelto a secar pese a las intensas sequías como ocurría en los años noventa». También atribuye este logro a que se ha modificado la política de desembalses «que ya no se fija sólo en los usos del agua, sino también en el mantenimiento de un caudal ecológico del río».

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, reconoció ayer que el programa electoral del PSOE no incluirá «concreciones» como el final del trasvase Tajo-Segura «porque no pueden decirse cosas similares de todas y de cada una de las 17 comunidades autónomas».

Barreda respondió así cuando se le preguntó si ha consultado con el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, la inclusión de esta aspiración castellanomanchega en el programa electoral.

Insistió en que en el programa electoral no se incluyen «concreciones de ese tipo», pero dejo claro que su gobierno mantiene su compromiso y defiende el texto del Estatuto de Autonomía de la comunidad que salió de las Cortes autonómicas, incluido el final del trasvase. De hecho, añadió que le ha trasladado en múltiples ocasiones esta posición al presidente del Gobierno.

Y, aunque el programa del PSOE no vaya a contemplar el fin del trasvase, Barreda sí que animó al presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, a respaldar públicamente la posición regional en relación al trasvase Tajo-Segura. En concreto, dijo que le gustaría «oír que defiende los intereses de Castilla-La Mancha», aprovechando la visita que hizo ayer Toledo.

Cospedal como Barreda

Es más, desde las filas socialistas invitaron a la líder del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, a que «copie» de Barreda y defienda ante Rajoy el fin del trasvase Tajo-Segura, tal y como está recogido en una disposición adicional del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía que PSOE y PP pactaron en las Cortes y que no ha dado tiempo a aprobar en el Congreso de los Diputados en esta legislatura que ahora acaba.

Quien hizo esta invitación a Cospedal fue el viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales, José Manuel Caballero, que insistió en pedirle que aprovechando la visita al Hospital de Parapléjicos de Toledo de Mariano Rajoy defendiese ante el candidato del PP con la «misma fuerza» con la que lo hace Barreda ante los dirigentes nacionales del PSOE y Zapatero el fin del trasvase.

Caballero, no obstante, ya avanzó que Cospedal no lo haría porque «de nuevo le van a temblar las piernas» y va a «preferir la adulación y el peloteo» a defender los intereses de la comunidad autónoma a la que representa. Recordó que, aunque Rajoy ha venido últimamente en numerosas ocasiones a Castilla-La Mancha, De Cospedal nunca le ha pedido públicamente que asuma el fin del trasvase Tajo-Segura y el líder del PP se ha dedicado a hablar de otras cosas. «Eso no se puede permitir y no lo deben permitir los dirigentes del PP en la región», añadió Caballero, quien comparó la actitud de De Cospedal con la de Barreda, de quien dijo que en las tres ocasiones en que Rodríguez Zapatero ha venido a actos a Castilla-La Mancha le ha expuesto públicamente las reivindicaciones de la región en materia de agua.

Si el acuífero y los recursos hídricos disponibles siguen utilizándose como hasta ahora, en 14 años la situación será crítica. Esta es la conclusión a la que han llegado estos investigadores norteamericanos que sugieren que el acuífero se gestione como si fuese un banco de agua, tomando como ejemplo una experiencia del oeste de Estados Unidos, que obtuvo importantes resultados.

Se trataría de gestionar este banco de agua como si de una cuenta bancaria se tratase, pudiendo inyectar agua al acuífero a través de los pozos o al dejar de ejercitar derechos de uso del acuífero. Quien deposita agua obtiene un crédito de volumen de agua que puede convertir en dinero alquilándolo.

El Gobierno Regional aprobó ayer un gasto cercano a los 31,4 millones de euros para la ejecución de obras en materia de modernización, consolidación y transformación de regadíos en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara. Entre otros, se modernizarán los regadíos tobarreños de La Tedera y se ampliarán las zonas regables de Cancarix, en Hellín.

Con un depósito gigante para recoger el agua de lluvia y otro que recibirá los vertidos de las industrias antes de pasar por la depuradora, la ciudad espera mejorar algo la calidad del agua residual que vierte al Canal de María Cristina.

Pero la «solución definitiva» para tratar de manera adecuada el agua residual de la capital no vendrá hasta que se amplíe la depuradora, para lo que el Ayuntamiento de Albacete busca ya los 15 millones de euros que requerirá esta inversión, según los datos ofrecidos a La Verdad por el concejal de Sostenibilidad, Ramón Sotos.

Aguas de Albacete ha empezado ya a redactar el proyecto de la ampliación, a la espera de que la Junta de Comunidades y el Estado contesten positivamente a la petición de financiación cursada por el consistorio albaceteño para ampliar una instalación que se inauguró en 1993 y que, aunque se amplió en 1999, ya se ha quedado pequeña ante el crecimiento urbano.

Y es que, la contaminación no sale gratis. Hace cuatro años, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ya comunicó al Ayuntamiento de Albacete que el canon que la ciudad pagaba por verter sus aguas residuales al Canal se iba a incrementar considerablemente, pues según sus análisis el agua estaba más sucia de lo debido. Por eso, aumentó de 0,5 a 2,5 el coeficiente en base al cual se calcula este canon, lo que supuso multiplicar por cinco la «sanción» que el Ayuntamiento debe pagar por hacer estos vertidos.

Explicaciones

El Ayuntamiento se quejó e interpuso un recurso que fue rechazado por la Confederación del Júcar, que fue desestimado, «así que, optamos por negociar», detalló ayer el concejal de Hacienda, Antonio Martínez, que aseguró que esta estrategia ha dado sus «frutos», pues en 2006 «se ha estimado en parte nuestra reclamación y se nos ha rebajado en un 50% el canon».

Este asunto se debatió ayer, en el último pleno del año celebrado por el Ayuntamiento, a raíz del «ajuste contable» que fue necesario aprobar ya que la Agencia Tributaria se ha cobrado 1.565.146 euros que la ciudad debía al Estado por esos cánones de la participación que al Ayuntamiento le corresponden de los impuestos estatales.

El PSOE tuvo que recurrir al voto de calidad del alcalde para sacar adelante este asunto, al empatar a votos con el PP que se opuso a aprobar este pago por no ver el asunto muy claro, «esto no es un mero ajuste contable», dijo el concejal popular Juan Carlos López Garrido.

«Por qué ahora tiene que pagar este canon el Ayuntamiento, si hasta ahora se había hecho cargo la empresa concesionaria», se preguntó el concejal popular, López Garrido, que además exigió una explicación «por escrito» de por qué ahora el Ministerio de Medio Ambiente dice que el tratamiento de las aguas residuales «no es el adecuado». A este respecto, sugirió que se de un «toque de atención» a la empresa que se encarga de la depuradora.

Cobrarlo en el recibo

El edil del PP desveló que en septiembre, la empresa mixta Aguas de Albacete sugirió que se crease una nueva tasa para cobrar a los ciudadanos este canon. El concejal de Hacienda admitió que esta idea se barajó, pero al final se desestimó, e informó de que antes que la Confederación del Júcar aplicase esta subida, el canon sí que se cobraba a los ciudadanos a través del recibo del agua.

De hecho, la concejal de IU, Rosario Gualda, que se abstuvo en este asunto -lo que motivó el empate entre el PSOE y el PP-, explicó que hace un par de meses dio su voto a favor de las ordenanzas fiscales, entre otras razones, porque se aceptó su exigencia de que ni este canon de vertido, ni la subida del canon por el uso del trasvase Tajo-Segura para abastecer a la ciudad, se repercutiese en los recibos que pagan los ciudadanos.

Pese a ello, la edil de IU justificó su abstención en la aprobación de este pago como muestra de protesta por la política de la Confederación del Júcar «por lo mucho que nos quita y lo poco que nos da»; y recordó que su grupo peleará para que se reconozca el derecho histórico de Albacete a beber agua del Júcar sin pagar ningún tipo de peaje. Sobre el canon de vertido, IU opinó que en caso de tener que cobrarse a los ciudadanos, se deberá aplicar «más recargo» a las «empresas que más contaminan».

La vicepresidenta segunda de Castilla-La Mancha y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, aseguró ayer en Cuenca que el Gobierno regional es absolutamente contrario a que el Consejo de Ministros apruebe mañana viernes un nuevo trasvase desde la cabecera del Tajo al Levante.

Araújo, a preguntas de los periodistas en la inauguración del Parque Rústico de la ciudad de Cuenca, indicó que la Junta no comparte la posibilidad de que se apruebe una derivación de agua porque «las condiciones de la cuenca cedente no lo hacen aconsejable, y eso es lo que dice la ley que hay que analizar en primer lugar».

La Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura se reunirá hoy para analizar la situación en la que se encuentran los embalses de la cabecera del Tajo y realizar una propuesta al Consejo de Ministros para que estudie un posible riego de socorro para los regadíos de la Cuenca del Segura.

La Comisión, presidida por el director general del Agua, Jaime Palop, se reúne un día antes del último Consejo de Ministros del año, donde la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, trasladará la necesidad de realizar un riego de socorro para la agricultura en la cuenca del Segura.

María Luisa Araújo manifestó que el Gobierno regional es contrario a este trasvase, pues «las condiciones de la cuenca cedente no lo hacen aconsejable». Añadió, asimismo, que desde la Junta de Comunidades «tampoco creemos que se den las circunstancias que hagan imprescindible esta derivación en la cuenca cedente, y por eso esperaremos la decisión, pero anticipamos que nuestra posición es absolutamente contraria».

Entre tanto, el Sindicato Central de Regantes ha indicado que se necesitan 60 hectómetros cúbicos para el primer trimestre del año en la cuenca del Segura. Según la última medición facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía ha registrado un descenso de nueve hectómetros cúbicos y se sitúa en 322 hectómetros cúbicos, el 13,01% de su capacidad total, que es de 2.474 hectómetros cúbicos.

El Consejo de Ministros autorizó por última vez un trasvase el 5 de octubre, cuando decidió enviar al Segura 69 hectómetros cúbicos durante el último trimestre de 2007, el primero del año hidrológico, de los que 37,6 han ido para consumo humano y 31,4 para riego en las zonas servidas con aguas procedentes del acueducto Tajo-Segura.

La aprobación de trasvases de agua por el acueducto corresponde al Consejo de Ministros mientras la reserva de agua en Buendía y Entrepeñas se sitúe por debajo de 450 hectómetros cúbicos y por encima de 240 hectómetros cúbicos, reserva mínima por debajo de la cual no se puede trasvasar.

La Confederación Hidrográfica del Júcar iniciará el próximo año una nueva Oferta Pública de Adquisición de derechos del agua con el objetivo de ahorrar agua en una de las cuencas más castigadas por la sequía de España. La Junta de Gobierno de la Confederación del Júcar se reunió ayer en Albacete (donde no lo hacía desde el 2001), encuentro en el que se revisaron las principales líneas de actuación del organismo de cuenca para el año 2008 y en el que se informaron de las actuaciones de la Comisión de la Sequía, así como de los avances del proceso de planificación hidrológica de la cuenca del Júcar.

De cara al próximo ejercicio, la medida más importante para paliar la situación de sequía que vive la cuenca del Júcar es la nueva Oferta Pública de Adquisición de derechos de agua que sólo afectará al tramo medio del río comprendido entre los embalses de Alarcón y de El Molinar, es decir en todo su recorrido albaceteño. El objetivo de esta oferta es «fundamentalmente ecológico», según explicó el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Manuel Alcalde, que señaló que la situación hidrológica de la cuenca, «está siendo complicada» porque se están produciendo pocas entradas de agua. Por ello, para evitar posibles problemas ecológicos a lo largo del año que viene se ha planteado de cara al próximo año la realización de esta oferta y se circunscribe al acuífero del mioceno «que es el que tiene una relación más acusada río acuífero» y que se corresponde con el tramo medio del río.

Diferencias

La oferta de este año tiene sensibles diferencias con la que se realizó el pasado año, que no tuvo mucho éxito entre los regantes. De este modo, se buscará concentrar las extracciones de agua en la época de primavera «de manera que los usuarios con derechos remanentes de agua que no oferten podrán utilizarlos durante la época de primavera y de esta manera se podrá seguir realizando cultivos que hará posible que una serie de sectores productivos que desarrollan su actividad en torno a la agricultura puedan seguir desarrollándola». De este modo, para Alcalde, la oferta de este año «tiene un contenido social que la del año pasado no tenía». Además, se ha establecido la posibilidad de que parte de esos recursos sean utilizados durante el verano para salvar determinados cultivos que estén ligados a contratos, fundamentalmente de horticultura.

Para desarrollar la oferta la Confederación destinará doce millones de euros con los que se espera llegar a en torno 25.000 hectáreas de regadío de la provincia de Albacete, y se habrían adquirido por parte del organismo de cuenca unos 48 hectómetros cúbicos de agua, que podrían llegar a un ahorro de unos 50 hectómetros cúbicos por el 5% al que tendrían que renunciar los usuarios que se acojan a la oferta. El comisario de Aguas confió en que no en el caso de que esta medida que busca el ahorro de agua en el tramo medio del río, «y en función de la situación hidrológica». Este año se pagará entre 20 y 25 céntimos de euros por metro cúbico, algo más que el año pasado cuando se pagaba 19.

La cuenca del Júcar ya ha iniciado la nueva planificación hidrológica que terminará en la redacción de un nuevo Plan Hidrológico del Júcar, que deberá estar redactado a finales del 2009 para cumplir con los plazos establecidos por la directiva marco comunitaria.

El pasado 25 de julio arrancó la fase de consulta pública que se prolonga durante seis meses y ya se han celebrado varias reuniones con los organismos e instituciones interesadas. El jefe de la oficina de Planificación de la Confederación del Júcar, Javier Ferrer, explicó que el proceso se encuentra ahora mismo en la fase de participación de todos los organismos implicados con la celebración de reuniones sectoriales para la organización de todo el procedimiento.

El segundo «hito» que destacó ayer el jefe de la oficina de Planificación fue la elaboración de lo que la directiva denomina esquema de temas importantes, mediante el que se deben analizar los principales problemas a los que se enfrentan así como aportar soluciones y alternativas. De este modo, se abordarán cuestiones como la atención de las demandas, la consecución de los objetivos medioambientales o la reducción de los efectos de la sequía.

El tercer hito será la elaboración de un borrador del nuevo Plan Hidrológico del Júcar, que deberá estar aprobado en diciembre del 2009.

Ferrer confió en que las polémicas suscitadas en torno al agua entre varias comunidades autónomas por la aprobación de los estatutos de autonomía no interfieran en la planificación hidrológica. No obstante, dejó claro que las competencias en materia de planificación hidrológica es del Estado, aunque admitió que las regiones tienen peso en la elaboración de los planes de cuenca.

El consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, aseguró ayer que la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso de Castilla-La Mancha contra el Estatuto de la Comunidad Valenciana «no es incompatible» con que el texto castellano-manchego hable de caducidad del trasvase Tajo-Segura, «ya que necesitamos el agua de la cabecera del Tajo para el desarrollo de nuestra Comunidad». «Incluso estaría en coherencia» con el Estatuto valenciano al no hablar de aguas excedentarias, apuntó.

Martínez Guijarro expresó ayer, a preguntas de los medios, la posición de la Junta de Castilla-La Mancha respecto a esta decisión del Tribunal Constitucional. No obstante, expresó que respetarán la decisión del tribunal. «Ahora estamos a la expectativa de recibir el auto, analizarlo y ver sus posibles consecuencias», reiteró.

En este sentido, se refirió a la paradoja de que en Castilla-La Mancha existen algunos proyectos de reordenación urbana pendientes de concesiones de agua, y «mientras, vemos que se aprueban trasvases a otros lugares del país».

De cualquier cuenca

Asimismo, admitió que «nos hubiese gustado que el Tribunal Constitucional nos hubiese dado la razón para que el Estatuto de la Comunidad Valenciana no incluyese la norma de poder utilizar los excedentes de cualquier cuenca hidrográfica», ya que, aunque reconoció que Valencia lo hacía pensando en los excedentes del río Ebro, «la realidad es que el Estatuto dice que pueden pedir agua excedentaria, hasta de la Confederación Hidrográfica del Norte». Por su parte, el diputado regional del PP, Leandro Esteban dijo ayer a este respecto que el «desastre» que ha provocado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia hidráulica «produce situaciones tristes».

Esteban manifestó que con el Gobierno de la Nación del PP «hubo un acuerdo que solucionaba este problema y ahora hay un problema que, probablemente, no tiene solución».

Finalmente, el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, indicó ayer que la desestimación de los recursos castellano-manchego y aragonés «da carta de naturaleza al trasvase del Ebro».

Para Rambla, el TC ha confirmado así «la plena constitucionalidad» del Estatuto, «puesta en duda» por esos dos gobiernos autonómicos al recurrir la redistribución de los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias reconocida en el texto valenciano.

El Tribunal Constitucional ha avalado definitivamente la constitucionalidad del Estatuto de la Comunidad Valenciana al desestimar el recurso de Castilla -La Mancha contra este texto, el último que quedaba pendiente después de que el pasado miércoles también rechazara el de Aragón, informó el Alto Tribunal.

Castilla -La Mancha y Aragón impugnaron el artículo 17.1 del nuevo Estatuto valenciano, que establece el derecho de los valencianos a redistribuir los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias.

Siete votos a cinco

Al igual que en el caso del recurso aragonés, el de Castilla -La Mancha ha sido desestimado por siete votos a cinco, ya que los magistrados Vicente Conde, Javier Delgado, Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas, todos ellos adscritos al llamado sector conservador, han anunciado votos particulares discrepantes con la sentencia.

De esta forma han avalado la constitucionalidad de la norma valenciana los seis magistrados del sector progresista y el conservador Guillermo Jiménez, vicepresidente del tribunal.

El de ayer es el segundo pronunciamiento del TC sobre la constitucionalidad de los estatutos de autonomía que se han reformado en esta legislatura, aunque el tribunal aún debe pronunciarse sobre los recursos presentados contra los de Cataluña, Andalucía y Aragón.

El artículo 17.1 del Estatuto que fue recurrido establece que «se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal».

Añade que «los ciudadanos y ciudadanas valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura, para atender a sus necesidades de consumo humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo con la Ley».

Apoyo de Zapatero

El Gobierno central pidió en su día al TC que desestimara tanto el recurso de Aragón como el de Castilla -La Mancha .

Tras resolver este conflicto, el Constitucional tiene pendientes otros diez recursos, seis de ellos relativos al agua, referidos a los estatutos de Cataluña, Andalucía y Aragón.

De los textos estatutarios aprobados en esta legislatura, sólo los de Baleares y Castilla y León no han sido recurridos, si bien este último está pendiente de un informe del Consejo Consultivo de Extremadura que podría derivar este estatuto al Constitucional.

El Gobierno de Castilla-La Mancha expresó su respeto a la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional (TC) de desestimar el recurso que había presentado contra el Estatuto de la Comunitat Valenciana. Fuentes del Gobierno castellanomanchego informaron de la posición del Ejecutivo tras conocer el fallo del TC, que ha avalado de forma definitiva la constitucionalidad del Estatuto valenciano después de que el miércoles se conociera la desestimación del recurso presentado por Aragón. Las fuentes consultadas añadieron que el Ejecutivo esperará a estudiar la resolución completa del Tribunal antes de hacer un pronunciamiento más completo sobre su decisión.

Entre las comunidades autónomas que más celebraron ayer esta decisión, además de Valencia, Murcia. Su consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, afirmó que la decisión del Tribunal Constitucional «respalda la tesis que siempre ha defendido el Gobierno y la sociedad murciana sobre las transferencias de agua, que las señala como la solución definitiva para resolver nuestra escasez de recursos hídricos».