El presidente del PP de Albacete, Francisco Núñez, ha presidido la constitución de la comisión de Agricultura y Ganadería del PP, un organismo que los dirigentes populares quieren que sea el nexo de unión entre las demandas del sector profesional y las Administraciones públicas. En la reunión también participaron la secretaria provincial, Cesárea Arnedo y el coordinador de Acción Política, Javier Cuenca. La comisión contará con Miguel Martínez Cabañero como presidente y con Luis Alberto Roldán como secretario.

El director general de Infraestructura y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Miguel Cervantes, rechazó las «voces alarmistas» en torno a la nueva Política Agraria Común (PAC) que se está negociando en Europa, asegurando que, para Castilla-La Mancha, «la reforma no tiene por qué ser peor que la actual».

Cervantes participó ayer en la jornada ’50 años de la PAC en nuestros alimentos’, a la que asistió un centenar de alumnos y profesionales relacionados con el sector agrario en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete (ETSIA).

El representante de la Junta se mostró convencido de que las ayudas comunitarias seguirán llegando porque son un mecanismo «para garantizar el suministro de alimentos en cantidad y calidad suficiente». Asimismo, indicó que gracias a la PAC se consigue una actividad agrícola «respetuosa con el medio ambiente».

Castilla-La Mancha recibe en la actualidad, según recordó Cervantes, 1.100 millones de euros anuales en concepto de pagos directos y de ayudas al desarrollo rural, con cerca de 160.000 beneficiarios. A su juicio, el principal objetivo para la Región es «lograr que se apruebe un presupuesto global que no sea inferior al de los últimos siete años».

La incógnita sobre el dinero disponible e despejará muy pronto ya que a finales de este mes de noviembre se prevé que el Parlamento europeo dé «el visto bueno a la propuesta financiera», afirmó Cervantes, quien dijo que uno de los propósitos es reducir al máximo las diferencias entre países e incluso entre regiones a la hora de distribuir las ayudas.

Puso como ejemplo, en este sentido, el olivar castellano-manchego, que está recibiendo «unas ayudas por superficie bastante inferiores» a las de otras zonas productoras del territorio nacional como Andalucía.

En la inauguración de la jornada intervino el director de la ETSIA, Rodolfo Bernabéu, que abogó por la necesidad de canalizar los recursos hacia los productores y los territorios rurales y por «simplificar la PAC», reduciendo «su carga burocrática». Por parte de la UCLM también estuvo presente el vicerrector de Transferencia y Relaciones con Empresas, Pedro Carrión, quien indicó que la PAC «no es solo la ayuda que se da a los agricultores» sino que va más allá y supone «cuidar el medio ambiente y la seguridad alimentaria».

Posguerra

La directora general del Grupo Europa Agraria, Alicia Vives, impartió la ponencia de apertura, en la que trazó un recorrido por la historia de esta herramienta comunitaria que nació en 1957 «para incentivar la producción alimentaria en Europa, un continente roto y sumido en la pobreza tras las Segunda Guerra Mundial». Uno de los hitos de la PAC actual, en proceso de revisión para el periodo 2014-2020, llegó en 2003 con el llamado «desacoplamiento», que supuso la ruptura de la relación entre ayudas y producción, introduciendo el denominado ‘pago único’.

Dimas Rizzo, otro de los ponentes de la jornada, recordó que Alemania, Francia e Italia son los países que más recursos aportan a la PAC, mientras que España «es la segunda que más recibe en función de lo que contribuye».

Los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha han percibido ya el 50% de las ayudas de pago único correspondientes al presente ejercicio, un adelanto que según informó el Gobierno regional «ya está en manos de los productores» y supone un importe de 264 millones de euros.

A esta cantidad se sumará un segundo anticipo de más de 20 millones de euros que se ingresará en pocas semanas, mientras que el resto de fondos del pago único se abonarán en el próximo mes de diciembre.

Las ayudas de pago único forman parte de las partidas correspondientes a la Política Agraria Común (PAC).

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, desglosó ayer los pagos realizados en el último año agrícola, entre el 16 de octubre de 2011 y el 15 de octubre de este 2012. En este periodo, alrededor de 162.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha han recibido 802,3 millones de euros del total de 946 millones de euros de la PAC que han llegado a la comunidad autónoma, cofinanciadas por la Unión Europea, el Ministerio y la Junta.

La mayor parte de los 946 millones de euros de ayudas al campo se ha destinado a agricultores, ganaderos y mercados (802,3 millones de euros) y una segunda partida (143,8 millones) ha ido al desarrollo rural, medio ambiente e industrias agroalimentarias.

De los 802,3 millones de euros para 162.000 agricultores, ganaderos y mercados, 623 millones han sido ayudas del pago único (a 134.884 beneficiarios) y otros 117,1 millones han ido al viñedo y, en concreto, 92,8 millones a la reestructuración de plantaciones.

Otras ayudas de este grupo han ido a la destilación de subproductos del vino, con 17,3 millones para nueve destiladoras; 4,6 millones de euros, para la promoción del vino, y 2,4 millones de euros por prima de arranque pendiente de campañas anteriores.

Se incluyen, asimismo, las ayudas de rotación de secano (18,3 millones), frutos de cáscara (12 millones), proteaginosas (5,1 millones) y semillas (algo más de un millón de euros).

En cuanto a la ganadería, se han pagado 13,6 millones de euros de ayudas a las vacas nodrizas, 4,4 millones para el sacrificio de bovino, 1,6 millones para ayudas al ovino y caprino de carne y algo menos de un millón de euros para el ovino y caprino de calidad.

Desarrollo rural

Respecto a los 143,8 millones de euros al desarrollo rural, 22 millones de euros son fondos propios de la Junta y el resto son cofinanciados por la Unión Europea y el Ministerio.

En este grupo se incluyen las ayudas a la forestación, tratamiento de montes y conservación del patrimonio rural (38 millones de euros); ayudas medioambientales, incluidas la agricultura y ganadería ecológica (35 millones), y ayudas a 187 industrias y cooperativas agroalimentarias (21,8 millones).

En cuanto a las ayudas a los emprendedores rurales, se han pagado 12,1 millones de euros y otros 10,9 millones para la modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas e incorporación de jóvenes.

El Gobierno regional, que ayer no pudo facilitar a este periódico el importe que le corresponde a Albacete del anticipo de las ayudas que se ha hecho efectivo este mes, destacó «la excelente labor de los servicios técnicos» a la hora de abonar las ayudas europeas.

Según la consejera, estos servicios han sabido responder al «compromiso» adquirido desde el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal con el sector agrario «de simplificar los trámites y acelerar al máximo la percepción de ayudas, ya que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los agricultores, ganaderos y emprendedores del mundo rural».

«Pensamos que la administración debe ser al menos tan eficiente como lo son nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas, que nos sitúan como una de las grandes regiones agrarias de Europa, y ese objetivo de eficacia y diligencia es el que tratamos de alcanzar con nuestro trabajo», afirmó Soriano.

De cara a 2013, la consejera avanzó que ya están ultimados los trámites para abonar los siete millones de euros que corresponden a los ganaderos de la Región en concepto de prima a las vacas nodrizas, un proceso a expensas de que «lo permita la normativa comunitaria» en el mes de noviembre.

Por otra parte, en el total de 946 millones de euros correspondientes al último año también están incluidas «parte de las deudas que el Gobierno regional encontró al llegar y que proceden de ejercicios anteriores». Algunas, incluso, son de 2006, señaló la consejera, que criticó la gestión del anterior Ejecutivo socialista.

La provincia albaceteña recibió el año pasado 104,4 millones de euros de ayudas de pago único

Los motivos económicos han sido la causa esgrimida por la organización agraria Coag-Ir Castilla-La Mancha para acordar su disolución. El que ha sido, hasta ahora, su secretario general, Alfonso Marín, señaló que las razones de este decisión, adoptada el domingo en el transcurso de una asamblea general extraordinaria, se deben, en parte, a que la Junta de Comunidades «no ha ingresado ni un euro».

A ello se une la denuncia presentada por varios trabajadores por impagos. Este proceso ha desembocado, según explicó Marín, en el abono de entre 150.000 y 160.000 euros en concepto de indemnización y atrasos.

Marín lamentó que la organización desaparezca «de momento», aunque añadió que «hay gente muy buena que puede tirar del carro» en un futuro, informó Efe.

La decisión, que se atribuye a motivos «estrictamente económicos», se tomó el domingo en la asamblea que se celebró en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

Coag-Ir Castilla-La Mancha acumula una trayectoria de más de 20 años en la Región. Los problemas, según la organización, se iniciaron a comienzos de 2012 «con los primeros retrasos en los pagos de la Junta de Comunidades». Este hecho afectó al abono de las nóminas de los cuatro trabajadores que la entidad tenía en plantilla.

En primavera estos trabajadores denunciaron por impagos y, poco después, el juzgado ordenó embargar las cuentas dejando a la organización «sin margen de maniobra». Debido a la situación de quiebra, la asamblea votó por unanimidad dar por finalizada esta etapa de Coag-Ir.

Las otras dos organizaciones agrarias con más peso en la Región, Asaja y UPA, señalaron ayer que la disolución de Coag-Ir es una «mala noticia» que se produce, además, en un momento de importantes desafíos para el sector agrario, como las negociaciones de la nueva PAC.

Adaptación

Julián Morcillo, secretario general de UPA Castilla-La Mancha, indicó que se pierde «una de las tres asociaciones con representación» en la comunidad autónoma. Añadió que las organizaciones agrarias han tenido que realizar «un esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos» y lamentó «la política de este Gobierno, que con sus recortes nos está haciendo paganos de la crisis».

A su juicio, «no es justo que se esté demonizando la actividad sindical» con menos presupuesto de la Administración pública, y afirmó que las organizaciones agrarias desempeñan un importante papel efectuando «todo tipo de trámites» para los agricultores como la solicitud de las ayudas comunitarias o el asesoramiento en prevención de riesgos laborales.

Por su parte, el presidente de Asaja Albacete, José Pérez Cuenca, lamentó la desaparición de Coag-ir Castilla-La Mancha indicando que las organizaciones que defienden los intereses de agricultores y ganaderos «siempre nos hemos llevado bien».

Para Pérez Cuenca, la situación económica está haciendo que resulte «complicado» para las entidades mantenerse, aunque se mostró partidario de que sean los socios los que se hagan cargo de las organizaciones con sus propias aportaciones.

Según el representante de Asaja Albacete, es clave que existan «organizaciones agrarias fuertes» y que el agricultor y ganadero «tengan posibilidad de elegir» entre ellas.

Hoy presentan las alegaciones contra las tarifas de la CHJ que les obligan a sufragar 2,5 millones por los trabajos para beneficiarse de la sustitución de bombeos

29.10.12 – 00:36 –

MERCEDES SÁNCHEZ | ALBACETE.

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No están dispuestos a asumir una factura que les hipotecaría. Y sobre todo no están dispuestos a hacerlo porque aseguran que nadie les advirtió que tendrían que sufragar el coste de las obras de mejora en la infraestructura del trasvase, en la zona de Los Llanos, que el Ministerio de Medio Ambiente finalizó en 2010.

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) presentó ayer las alegaciones a las tarifas de utilización del agua y el canon de regulación para 2013 fijadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Las tarifas, publicadas el pasado 10 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Albacete, establecían que el próximo año los regantes de la Mancha Oriental tendrían que abonar un total de 87.300 euros por dos actuaciones diferentes realizadas en el trasvase.

Las obras en cuestión se llevaron a cabo, tal y como explicó en la inauguración de las mismas el entonces presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, con el objetivo de mejorar la captación de agua correspondiente a la primera fase de sustitución de bombeos.

Los agricultores tenían dificultades para poder tomar el agua, captación que se hace utilizando para su conducción la infraestructura del trasvase, por dos cuestiones.

La primera de ellas es que las tomas de agua que se realizaron para la sustitución de bombeos se obstruían como consecuencia de la suciedad y de los elementos que arrastraba en ocasiones el trasvase.

El segundo problema detectado es que el caudal que discurría era insuficiente, ya que éste no se mantenía constante todo el tiempo. ¿La consecuencia? Esto provocaba serias dificultades para que el agua llegase hasta las tomas que la distribuyen.

Actuaciones

El Ministerio de Medio Ambiente llevó a cabo los trabajos necesarios para subsanar estos problemas realizando dos actuaciones por un importe cercano a los 2,5 millones de euros. Por una parte, se instalaron rejas automáticas en las tomas de riego y se realizaron otras mejoras y, por otra, aguas abajo de la pedanía de Los Anguijes, se construyó un aliviadero dentro del canal. La función de este aliviadero era mantener aguas arriba de forma constante una lámina de agua suficiente para posibilitar que llegase el caudal a cada una de las tomas de riego.

Desde la Junta Central de Regantes las alegaciones que se presentarán hoy ante la CHJ van en diferentes líneas. Entre otras cuestiones, se recuerda que las obras se realizaron para mejorar las que la Junta de Comunidades había llevado a cabo con anterioridad correspondientes a la sustitución de bombeos. Los regantes consideran que si aquel proyecto lo sufragó la Junta, estos trabajos deberían correr igualmente a cargo de la Administración regional. Y, ¿por qué argumentan esto? Porque las mejoras a llevar a cabo se requirieron para poder tomar en su totalidad el volumen de agua concedido en esa fase, hasta 39,4 hectómetros.

Insisten, por otra parte, en el carácter medioambiental de las obras que se efectuaron y que ahora el organismo de cuenca pretende que pague la Junta Central de Regantes. Y es, sostienen, que con la sustitución de bombeos, es decir al cambiar la extracción de aguas subterráneas por el uso de recursos superficiales beneficia al acuífero.

Paralelamente a la presentación de las alegaciones desde la comunidad de regantes Príncipe Felipe, una de las nueve que se beneficiaron de las obras en la zona de Los Llanos, paralelamente han iniciado una ronda de contactos con los representantes de la Junta en Albacete para explicarles a la situación a la que se podrían ver abocadas, durante unos 25 años, en torno a 900 familias. Es decir, el pago de una factura a la que no pueden hacer frente y que, consideran que no les corresponde.

«Nadie nos dijo que tuviéramos que pagar esas obras y lo preguntamos en más de una ocasión», se lamentaba ayer el presidente de la comunidad Príncipe de España, Juan Marcos Jiménez. Esta semana tienen previsto reunirse con el delegado de la Junta, Javier Cuenca, y con el responsable de los servicios periféricos de Agricultura. Ya lo han hecho con el de Fomento.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (Fava) envió ayer un escrito a la alcaldesa -que también entregó en los tres grupos municipales- en el que pide a Carmen Bayod que medie para evitar que los regantes de Los Llanos tengan que hacer frente a los pagos que le exige la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

En este escrito, que fue facilitado ayer a los medios de comunicación por el concejal socialista Ramón Sotos, la Fava asegura haber recibido muchas quejas de los vecinos de las pedanías de El Salobral, Santa Ana y Los Anguijes y de la entidad local menor de Aguas Nuevas, sobre el coste que les va a suponer las obras realizadas por la CHJ para mejorar la toma de agua del trasvase.

En opinión de la Federación de Vecinos, el montante total del precio de las obras reseñadas no debe recaer sobre estos pequeños y medianos agricultores de Los Llanos de Albacete, «ya que fue una inversión de la administración pública sin coste alguno». En los mismos términos se pronunció ayer el exconcejal de Medio Ambiente, Ramón Sotos, quien instó a la alcaldesa Carmen Bayod a que haga las gestiones oportunas ante las presidentas de Castilla-La Mancha, Mª Dolores de Cospedal, y de la CHJ, María Ángeles Ureña, para evitar que 1.200 familias de esta ciudad tengan que pagar 2,2 millones de euros los próximos 25 años, lo que supondría una amortización anual de más de 87.000 euros.

Obras sin coste

Sotos recordó las obras de mejora de regadíos que promovió la Junta de Comunidades en Los Llanos de Albacete a finales de 2005, que culminaron con una segunda actuación para solucionar las dificultades de la toma de aguas del trasvase Tajo-Segura, obras que supusieron una inversión de 2,2 millones de euros.

«En todo momento -rememoraba el concejal socialista-, la Confederación, la Junta y el Ayuntamiento fueron conscientes de que los usuarios, todos ellos pequeños regantes, solicitaban esas obras sin coste alguno para ellos, por entender que eran complementarias de las que en su día había realizado la Junta, lo que siempre fue conocido y aceptado por todas las administraciones».

Ahora, según publicó el BOP el pasado 10 de octubre, los regantes tendrán que abonar tarifas por importe de 87.303,33 euros anuales durante más de veinte años para amortizar el total de la obra.

Indignación

Ramón Sotos mostró ayer más que indignado porque desde el grupo municipal del PP «todavía no han tenido tiempo de estudiar el problema», a pesar de que «tienen 16 concejales y la mayoría absoluta en la Diputación y en la Junta». Recriminó a Carmen Bayod, Francisco Núñez y Dolores Cospedal que no hayan «tenido a bien» dirigirse a los regantes «que están bastante angustiados» ni preguntarles a la CHJ por esta decisión.

Por este motivo, el edil Ramón Sotos anunció que en el próximo pleno presentará una moción para que la Corporación se pronuncie.

Respecto a las últimas inundaciones en el Hondo de la Morena, el concejal socialista criticó que el responsable de Urbanismo, Francisco Javier Díaz de Prado, afirmara que el plan de avenidas elaborado por la CHJ solo recogiera la procedencia de las aguas, cuando en realidad «también aporta soluciones» entre ellas, «las mismas balsas de laminación de las que habló el edil popular».

La Consejería de Agricultura detalla que los controles sobre el terreno, que afectan como máximo a un 5% de las solicitudes dependiendo de la línea de ayuda, pueden ser «aleatorios, de riesgo o dirigidos».

Este tipo de comprobación es, junto con el control administrativo (que se hace al 100% de las peticiones), la que permite evitar fraudes o irregularidades en el cobro de ayudas de la PAC. Asimismo, la Consejería recuerda que se efectúa una supervisión «de calidad» con una muestra del 1% de entre los controles sobre el terreno ya realizados. Al margen de todo ello, fuentes de la Consejería explicaron que Hacienda les realiza auditorías.

En la provincia de Albacete, las ayudas de pago único correspondientes al último ejercicio cerrado, 2011, ascendieron a 104,4 millones de euros. Esta cantidad supone un 16,7% respecto al total de Castilla-La Mancha, que fue de 622,9 millones de euros.

El conjunto de ayudas directas que se pagaron en la provincia albaceteña en 2011 alcanzó la cifra de 118,6 millones de euros, mientras que a nivel regional se abonaron 701,2 millones de euros por este concepto.

No todas las ayudas de la PAC que se dan tienen como beneficiarios a agricultores a título principal.

Algunas de estas labores hacen referencia, según desgranó el presidente de la organización agraria, a la tramitación de ayudas o la suscripción de seguros agrarios; el asesoramiento agronómico; la realización de informes; la resolución de cuestiones en materia laboral, contable o financiera; la formación; la elaboración de publicaciones periódicas y el apoyo técnico en todo tipo de proyectos.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Albacete, que firmó el convenio en la sede de Asaja, trasladó el compromiso de la institución que dirige en todo lo relacionado con la actividad agraria de la provincia. Francisco Núñez aludió a la necesidad de «mejorar la calidad de vida» de los profesionales del campo y puso en valor su trabajo como «motor fundamental» de la economía albaceteña.

El presidente de Asaja Albacete hizo balance de la situación del sector, señalando que en la actualidad hay una «pelea grande» por conseguir una PAC dotada de un presupuesto «adecuado», ya que de lo contrario «será difícil» afrontar el futuro. Sobre esta cuestión, recordó que las negociaciones siguen su curso con la mirada puesta en 2014, fecha en la que está previsto que la nueva PAC entre en vigor, pero subrayó que de momento «no hay nada concreto».

Adelanto de ayudas

Pérez Cuenca se pronunció, asimismo, sobre el adelanto de las ayudas de la PAC por parte del Gobierno regional, señalando que se prevé un nuevo pago en breve que, a su juicio, va a ser muy positivo porque otorgará liquidez a los agricultores y ganaderos en un escenario marcado por el incremento de los costes de producción.

«Estamos deseando que venga alguna ‘perra’», dijo el presidente de Asaja Albacete, quien señaló que este dinero vendrá muy bien a los agricultores de la provincia que están «preparando la sementera» para la nueva campaña de cereal.

Los escollos para la comercialización de los productos agrarios y, sobre todo, la diferencia de precios en origen y para el consumidor final, son otros de los asuntos que preocupan a los profesionales del campo, que reclaman una ley que regule la cadena alimentaria, dijo José Pérez Cuenca, que compareció junto al secretario de Asaja Albacete, Jorge Navarro, y el vicepresidente de la organización agraria, Martín Esteso.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes una iniciativa con la que pretende que el Gobierno de Cospedal promueva un cambio en la ley que regula el trasvase Tajo-Segura y lograr así que «no se produzcan episodios» como el de este miércoles, cuando se aprobó una derivación de agua de 101 hectómetros cúbicos, de los que «más de 70» son para regadío. Así lo anunció el parlamentario del PSOE José Molina, que señaló que su grupo, a través de una interpelación, busca que el Gobierno comparezca «para aclarar su postura» en relación al trasvase y se vote una resolución para modificar una ley que «después de 30 años permite que se produzca este auténtico atraco al agua».

En cuanto al trasvase aprobado, Molina lamentó que el Ejecutivo regional «no haya dicho todavía ni media palabra» para oponerse a esta nueva derivación de agua, lo que coincide con la postura de los regantes murcianos que, según el socialista, han reconocido que se ha producido «un cambio de actitud de los representantes castellano-manchegos, que antes se oponían tajantemente al agua para riego y sólo aceptaban el agua para beber».

Por su parte, el secretario regional de los populares, Vicente Tirado, aseguró ayer que «el Partido Popular es solución y el PSOE problemas para el agua» mientras que el consejero portavoz, Leandro Esteban, manifestó su convencimiento de que la situación en materia de agua «pronto cambiará con buenas noticias para Castilla-La Mancha». Añadió que espera que muy pronto la Región tenga «la situación resuelta desde el punto de vista de la planificación» del Tajo.

Desde Izquierda Unida calificaron de «irresponsable» para la cabecera del Tajo la aprobación del nuevo trasvase y pidió al Gobierno regional «que cumpla con la normativa europea». El coordinador regional de IU, Daniel Martínez, señaló «que es el momento de que el Gobierno regional tome medidas valientes cumpliendo con los compromisos y la normativa europea»,

Plan de cuenca

Por otra parte, el grupo popular en el Senado desestimó ayer la moción presentada por los socialistas solicitando que se presente de forma inmediata el Plan de la Cuenca del Tajo y que se alcancen los objetivos ambientales fijados en la Directiva Marco del Agua.

El senador socialista por Guadalajara, Jesús Alique, que fue el encargado de defender la moción ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, aseguró que las llaves del agua deben estar en buenas manos y apeló a la cordura y al buen juicio para que el Gobierno presente el plan.

La CHJ obliga a pagar a la Junta Central obras de mejora en el trasvase

Alegarán contra la tarifa de 87.000 euros que tendrán que abonar, a partir de 2013, por los trabajos que desarrolló el Ministerio en 2010

LOS DATOS

87.303

Ésta es la tarifa que los regantes tendrán que pagar en 2013, según ha establecido la CHJ.

2,5

Las obras que se llevó a la Confederación tuvieron un coste de 2,5 millones de euros.

6.000

Un total de 6.000 hectáreas se cultivaban en la zona objeto de las obras.

La sorpresa e indignación en el seno de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) son mayúsculas. Y no es para menos. Lo que en julio de 2010 celebraban como una buena noticia, hoy amenaza con convertirse en una pesadilla que les ‘hipoteque’ durante los próximos 25 años al menos.

Si nada lo impide los regantes tendrán que hacer frente, según ha establecido ya la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en las tarifas de utilización del agua y el canon de regulación para 2013 en la provincia de Albacete, al pago de las obras de mejora en la infraestructura del trasvase realizadas en 2010 en la zona de Los Llanos.

Mejoras por valor de 2,5 millones de euros que llevó a cabo el Ministerio de Medio Ambiente y que nunca pensaron que acabarían sufragando ellos, tal y como ayer explicaba a este diario el secretario de la Junta Central de Regantes, Herminio Molina.

La ‘factura’

Pero el organismo de cuenca ya les ha remitido la factura para el próximo año, en forma de tarifas. Así en las mismas, que han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia esta misma semana, se fija en 87.303 euros el desembolso al que los regantes albaceteños tendrían que hacer frente ya el próximo año.

Una decisión ante la que la Junta Central ya ha iniciado los pasos pertinentes para presentar, en los quince días establecidos como plazo legal para ello, las alegaciones a esta tarifa que Molina estimaba que, en base al costo de las obras en cuestión, tendrían que soportar durante más de dos décadas.

Los trabajos en cuestión supusieron para los usuarios de nueve comunidades de regantes de la zona de Los Llanos una mejora considerable en la captación de agua correspondiente a la sustitución de bombeos. Captación de agua que se hace utilizando para la conducción de la misma hasta los campos albaceteños la infraestructura del trasvase Tajo-Segura.

El representante de la JCRMO recordaba que las obras respondían a una necesidad observada por los regantes, y constatada por la propia Confederación Hidrográfica del Júcar, cuando se puso en marcha la primera fase de la sustitución de bombeos , es decir del paso de la extracción de aguas subterráneas al uso aguas superficiales aprobado por el Ministerio.

Dificultades

En concreto los usuarios detectaron dos problemas. El primero de ellos es que las tomas de agua que se establecieron desde el trasvase se obstruían como consecuencia de la suciedad y de los elementos que se arrastraban durante el trayecto. El segundo también impedía que se tomasen la totalidad de recursos concedidos en la sustitución de bombeos.

En ocasiones el caudal que discurría por el canal era insuficiente, ya que éste no se mantiene constante todo el tiempo. Esto provocaba serias dificultades para que el agua llegase hasta las tomas que distribuyen los recursos hasta la zona de cultivos.

De ahí la necesidad de realizar dos tipos de actuaciones que el Ministerio de Medio Ambiente realizó para solventar un problema que se repetía en el tiempo y que impedía a los regantes beneficiarse de la sustitución de bombeos en su totalidad.

Para solucionarlo las obras incluyeron la instalación de rejas automáticas en las tomas de riego, siete que se convertían en diez ya que tres de ellas se desdoblaban a su vez. En cada toma, según detallaban los propios técnicos de la Confederación en la inauguración de las obras a principios de julio de 2010, se incorporó una compuerta mural estanco que daba paso a la conducción hasta las balsas de regulación. Las conducciones se ejecutaron en acero inoxidable y se dotaron de un mecanismo para accionarlas eléctricamente.

El conjunto de los equipos instalados en cada toma quedaron vallados con una tela metálica galvanizada dispuesta sobre postes mecánicos de dos metros de altura. Asimismo se acondicionó el entorno de las obras, se pavimentó el camino y se colocó una barrera de seguridad.

Aliviadero

La otra actuación que se ejecutó, aguas abajo de la toma de la pedanía de Los Anguijes, consistió en la construcción de un aliviadero dentro del canal. La función del mismo es mantener aguas arriba de forma constante una lámina de agua suficiente para posibilitar que llegase el caudal a cada una de las diez tomas para riego.

Hasta ese momento los regantes habían suplido con ingenio y recursos rudimentarios las dificultades existentes, tal y como subrayaba el entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, encargado de inaugurar las actuaciones desarrolladas en Los Llanos.

Y es que durante años los agricultores habían hecho uso de distintas soluciones ‘caseras’. Desde la Dirección Técnica de Obras del órgano de cuenca detallaban en este sentido que los regantes ponían una «serie de ata guías» en el canal para provocar el recrecimiento de la lámina de agua para tomar.

Los trabajos llevados a cabo por el Ejecutivo central vinieron así a poner fin a una situación que se repetía en el tiempo para los usuarios de la zona. Pero nunca imaginaron, porque según recalcaba ayer Molina nunca se les explicó que sucedería así, que la solución tendría un precio tan caro.

Desde la Junta Central de Regantes lamentaban, tras conocer la tarifa que se ha establecido, que la Confederación pretenda que sean los usuarios los que hagan frente al importe de unas obras de mejora cuyo objetivo era conseguir que los agricultores pudiesen tomar en su totalidad los recursos que les corresponden en base a la sustitución de bombeos.