Conseguir que los residuos que producen las depuradoras de aguas residuales de las ciudades y pueblos de la Comunidad tengan alguna utilidad en el terreno agrícola e incluso energético. Ese es el objetivo que persigue el Plan de Lodos de Castilla-La Mancha que se aprobó el pasado mes de abril y que estará en vigor hasta el año 2013.

Con el objetivo de homogeneizar y regular la utilización de los lodos en la Comunidad se ha desarrollado el plan «que es muy ambicioso», aclaró el jefe de Servicio de Planificación y Gestión Ambiental de la delegación de Medio Ambiente en Albacete, Francisco José Fuentes.

El plan persigue la valoración de los lodos y para ello, el Gobierno regional prevé la construcción de centros de tratamientos en los que se gestionarán todos los lodos que se hayan generado en las depuradoras de la provincia. Aunque en teoría los lodos que actualmente salen de las depuradoras de aguas residuales de Castilla-La Mancha deben estar tratados, el objetivo es centralizar toda la gestión de los lodos en estos centros de tratamiento para comprobar que es así y distribuirlos para su utilización agrícola o energética.

Se busca así reducir el impacto ambiental y sobre la salud que puedan tener los residuos que se obtienen de la depuración de aguas residuales en Castilla-La Mancha. Por ello se potenciará la reducción de su producción, reutilizando y reciclando al máximo, evitando que los residuos acaben en el vertedero.

El plan definirá por completo el modelo de gestión de lodos en las estaciones depuradoras de aguas residuales de Castilla-La Mancha estableciendo las competencias que corresponden a cada uno y las obligaciones que tendrán los productores y gestores. Su puesta en marcha conllevará también la creación del Registro de Productores de EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales), que dependerá de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Alta calidad de nutrientes

Con todo ello se potenciará que las depuradoras produzcan un compost de alta calidad en nutrientes que se pueda utilizar como abono en el campo.

Con las depuradoras que hay actualmente en marcha en la Región se producen en torno a 43.000 toneladas de lodo anuales de las que casi 6.400 provienen de la depuración de aguas en la provincia de Albacete.

El plan prevé que para el horizonte 2012 se alcancen las 60.000 toneladas de lodos anuales, teniendo en cuenta que para entonces estarán operativas el 85% de las depuradoras. Y ello pese a que se estima que en la primera fase del plan (que se extenderá hasta el 2009) se reducirá su producción un 10%, y hasta el 2012 será un 20% el descenso previsto.

El plan reconoce que la Región puede ser un buen yacimiento para la implantación y crecimiento de empresas gestoras de lodos ya que las empresas que gestionan las depuradoras están cada vez más especializadas en la línea del agua, aunque reconoce que hay pocas infraestructuras para la utilización de lodos y el escaso interés por parte de los agricultores.

Tres categorías

El plan establece tres categorías de lodos los aptos, los aptos con condiciones y los que no son aptos. Los primeros serán aquellos cuya concentración de metales pesados están por debajo de los límites legales por lo que no necesitarán ningún tratamiento al margen de la mezcla o compostajes y se podrán aplicar directamente al suelo. Los lodos que serán aptos pero con condiciones son aquellos que tienen las concentraciones de metales en el límite por lo que requerirán de un tratamiento de compostaje, secado o biometanización tras el cual se podrán aplicar en el suelo.

Los lodos no aptos serán aquellos que superen los límites por lo que tendrán que someterse a un proceso de biometanización, secado y acondicionamiento y en el último caso la incineración. Su destino será por tanto la ecocerámica o un vertedero.

¿Qué se hará con los lodos que finalmente sean aptos con tratamiento o sin él? El plan establece que el 75% de los lodos (compostados o estabilizados) tengan una utilización agraria o forestal, mientras que menos de un 20% está previsto que se destine a la utilización energética y que sólo el 5% se destine a vertederos tras no poder recuperarlos.

Los lodos que se puedan aplicar directamente al suelo se podrán utilizar como abono tanto en terrenos agrícolas como en la reforestación o recuperación de tierras degradadas, en los parques y jardines de las zonas urbanas y también en los campos de golf y en las grandes urbanizaciones.

Además, el lodo que no se puede depositar directamente sobre el suelo tiene otros usos como los de generación de energía eléctrica a través de la biometanización, proceso tras el cual el lodo se puede utilizar para la agricultura. Con el secado y la cogeneración ocurre algo similar ya que además de generar energía eléctrica posteriormente se puede utilizar como abono.

También se puede utilizar en la fabricación de productos cerámicos o incinerar también para su uso como mortero en el sector de la construcción.

El lodo restante, que se estima en menos de un 5%, se tendrá que depositar en los vertederos autorizados. Para poder llevar a cabo todo este plan la Junta ha establecido la construcción de los denominados Centros de Recogida y Almacenamiento Intermedio con Compostaje (CRAI-C), diez en toda la Comunidad y que supondrán una inversión que supere los diez millones de euros. En la provincia de Albacete, se ha previsto la construcción de dos centros, uno de ellos en la capital que dará servicio a la zona centro y sur de la provincia y otro en Villarrobledo que atenderá la demanda de la zona norte de la provincia y del sur de Cuenca. El objetivo de estos centros será que todos los lodos que salen tanto para uso agrícola o energético tengan las mismas características, tal y como explicó Fuentes.

Según consta en el propio plan, el centro de Albacete supondrá una inversión superior a un millón de euros, tendrá un coste de explotación anual de 435.000 euros y podrá gestionar 7.500 toneladas de lodo al año.

Mientras, el de Villarrobledo costará 870.000 euros podrá gestionar 6.000 toneladas de lodos al año y tendrá un coste de explotación anual de 348.000 euros.

La capacidad de gestión de lodos, cuando estén en marcha los diez centros, en la Comunidad superará las 66.000 toneladas y tendrá un coste anual de explotación cercano a los 4 millones de euros.

En manos privadas

Eso sí, aunque de promoción pública, la Junta pretende dejar en manos de empresas privadas la gestión de los lodos de la Comunidad a través de estos centros, ya que estima que el 90% de la financiación del plan llegará de manos privadas y sólo el 10% lo aportará la administración. En cuanto a las instalaciones de deshidratación, secado y biometanización afirma que se determinará en función de las necesidades que se identifiquen.

El plan persigue también que se fomenten los convenios con las entidades que gestionen los centros de tratamiento de residuos sólidos urbanos para el suministro de materia orgánica que permita compostar en los CRAI. Igualmente establece que se promocionen los sistemas para minimizar y valorizar los lodos generados en las urbanizaciones mediante el impulso de tratamiento por parte de gestores autorizados.

Además, apuesta por fomentar la investigación hacia la creación de nuevos mercados para los productos que se obtengan de todo el proceso que se desarrolle.

El vicepresidente primero y portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, aseguró ayer que la elaboración del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) avanza «en la buena dirección» y recalcó que el Gobierno regional ha apoyado al Gobierno de España y a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Lamata indicó que el PEAG ha conseguido incorporar nuevos puntos de vista favorables a los intereses de Castilla-La Mancha, informó la Junta en una nota de prensa.

Acerca de la aprobación del PEAG en el Consejo del Agua de la cuenca del Guadiana, Lamata dijo que si bien anteriores proyectos se basaban únicamente en un plan de ahorro de agua, ahora se ha apostado por un plan integral que incluye medidas de recuperación ambiental y también para el desarrollo socio económico de la cuenca alta del Guadiana.

Del mismo modo, Lamata señaló que se ha pasado mucho tiempo hablando de la necesidad de grandes infraestructuras de abastecimiento como la tubería que conducirá agua a la Llanura Manchega, y dijo que ha sido el Gobierno regional el que ha conseguido que por fin hayan comenzado esas obras.

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Castilla La-Mancha, Fernando Lamata, que mostró ayer el rechazo «con rotundidad» a la nueva petición realizada por los regantes de Murcia de un trasvase de socorro de la cabecera del Tajo, insistió en pedir al Gobierno central que actúe «con la prudencia y el rigor exigible» para garantizar el abastecimiento de agua a la población, «lo más importante».

Así lo indicó en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del primer Consejo del nuevo Gobierno, donde Lamata resaltó que lo esencial es garantizar que «quien necesite agua para beber, la tenga» en los próximos meses porque «no se ha superado la situación de sequía».

Por eso, Fernando Lamata recalcó que el Levante «tiene que mirar hacia otro lado» y buscar su futuro en el desarrollo de sus infraestructuras, mirando «al mar, que lo tiene al lado», y «no cuesta nada» desalar los 25 hectómetros cúbicos que pide el Sindicato Central de Regantes (SCRATS) «y tenerlo a disposición, llueva o no llueva».

Imponer la razón

Señaló el vicepresidente primero del Gobierno regional que harían mejor entendiendo «de una vez» que el futuro no pasa por continuar con el trasvase Tajo-Segura sino por exigir que se acelere la construcción de las desaladoras y en este sentido, antes o después, continuó diciendo, «se impondrá la razón». En este sentido, Fernando Lamata pidió por tanto «cautela y prudencia» porque está el verano por delante y «no suele llover» y además, se consume más agua. No hay «razón», recalcó, para el riego de socorro salvo para situaciones excepcionales y no para que «se produzcan lechugas o tomates».

Los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía mantienen un volumen embalsado de 461 hectómetros cúbicos, unos «200 menos de la media que venían recogiendo» por lo que, a juicio del portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha «seguimos estando en situación crítica».

Murcia insiste

Mientras en Castilla-La Mancha cierran filas en defensa del agua del Tajo, en Murcia, desde el Gobierno regional, insisten en seguir reivindicando el trasvase. El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, animó ayer a los regantes murcianos a reivindicar «lo justo», y exigió una «solución definitiva» a los problemas de agua de la Región, después de conocer la decisión adoptada el martes por los regantes murcianos de mantener la convocatoria de concentración de protesta ante el Ministerio de Medio Ambiente. Cerdá exigió también «mayor contundencia y claridad» al Ejecutivo central para defender «una infraestructura vital para la supervivencia de la agricultura, más allá de las buenas intenciones que se puedan manifestar en una carta», en referencia al trasvase Tajo-Segura y la última misiva remitida al Sindicato Central de Regantes del Acueducto sobre este asunto desde Moncloa.

También pidió al Gobierno socialista de Castilla-La Mancha que «abandone la mentira, el engaño y la manipulación», porque dijo, «por ese camino no garantizan el abastecimiento de agua en su Región».

Cerdá aseguró que el Ejecutivo murciano «siempre actuará con lealtad con el Gobierno de España para defender los intereses de los agricultores, y para garantizar la continuidad de una infraestructura vital para la economía murciana», y subrayó: «no abandonaremos la reivindicación de lo justo, que no es otra, que el derecho que tenemos como murcianos y españoles a disponer de agua que otros no necesitan».

Tienen más agua

Asimismo, Cerdá remarcó que «los embalses de cabecera tienen más agua que el año pasado», y pidió al Gobierno central que «en función de su responsabilidad atienda la petición de un riego de socorro para culminar el año hidrológico demostrando que acueducto Tajo-Segura existe».

Actualmente los embalses del Tajo almacenan 7.199 hectómetros cúbicos, 1.542 más que el año pasado, y en concreto los embalses de Entrepeñas y Buendía acumulan 461 hectómetros cúbicos de agua, 221 más por encima de la línea roja permitida para poder trasvasar, «luego hay excedentes», insistió el consejero.

Cerdá recordó que «más de 100.000 familias dependen de los aportes de agua procedentes del Tajo-Segura», y remarcó que estos recursos hídricos son «vitales e imprescindibles» para el sector agrícola murciano, cuyos beneficios «repercuten notablemente en el PIB nacional».

Ecologistas en Acción de Albacete y la Asociación de Amigos del Río Arquillo han denunciado ante diversas entidades la realización de un sondeo junto a este cauce, y han alertado además del riesgo de que la extracción excesiva y sin control efectivo de agua en ese paraje por parte de la embotelladora de agua que opera en esta zona termine por bajar los niveles freáticos de manera que queden secos tanto el río como incluso la laguna, que se encuentra aguas arriba y está declarada monumento natural.

Las denuncias se presentaron en el mes de junio ante la Comisaría de Aguas del Júcar, ante la Delegación de Medio Ambiente de Albacete y ante la Guardia Civil de Alcaraz.

El domingo 1 de julio, se ha interpuesto una nueva denuncia ante la Guardia Civil, al apreciar que en el tramo del cauce junto al sondeo se están produciendo filtraciones que, al dejar secas varias zonas del río, provocan la muerte de numerosos cangrejos.

Desvíos

José Julio del Olmo, de Ecologistas en Acción, y José María Sánchez, de la Asociación de Amigos del río Arquillo, anunciaron además la intención de elaborar un informe detallado para trasladarlo en los próximos días a la Fiscalía del Tribunal Superior, para que investigue estos hechos y las posibles responsabilidades.

Ecologistas en Acción ha solicitado formalmente a Medio Ambiente toda la información sobre este asunto, y que se les informe de las medidas que la Administración ha tomado para proteger el medio ambiente de esta zona.

Del Olmo lamentó que estas actuaciones, similares a las que ya se denunciaron por el desvío del cauce, se realicen sin una respuesta efectiva y contundente por parte de la Administración.

En la denuncia más reciente, ante el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil el 1 de julio, se sostiene que aunque la embotelladora tiene un permiso para extraer agua de un sondeo, en realidad se han hecho obras en el entorno para que el manantial de El Borbotón quede oculto, y que desde él se toma agua, sin control.

A juicio de los denunciantes, la situación actual del río, con filtraciones y muerte de fauna, se debe a la rotura de las formaciones geológicas a causa de los sondeos de la embotelladora y a otras actuaciones, como el propio taponamiento del manantial con una losa de hormigón.

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, dijo ayer en rueda de prensa, tras la toma de posesión de Ramón Luis Valcárcel como presidente de Murcia, que la semana próxima habrá un encuentro en Valencia entre ambas autonomías y la madrileña para tratar diversos asuntos como el del agua.

Camps desveló que las Comunidades de Madrid, Valencia y Murcia recordarán al Gobierno de España que ha derogado el trasvase del Ebro, que suponía la mejor solución para el Levante, y anunció que estarán vigilantes hacia lo que el PSOE incluirá en su programa electoral para las próximas elecciones generales en torno al tema del agua.

«Reivindicamos lo que es justo», recalcó Camps, en referencia al trasvase, y apeló a la solidaridad en materia de recursos.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aseguró que ha hecho un Gobierno para «cumplir de la mejor manera posible los compromisos adquiridos con los ciudadanos» a lo largo de la campaña electoral, así como en el Debate de Investidura.

Barreda realizó ayer estas declaraciones momentos antes de la constitución de la Diputación de Ciudad Real, y apenas 24 horas después de haber hecho público su nuevo Gabinete.

En este contexto, explicó que ha reforzado «mucho» el área económica, con la creación de una Vicepresidencia, que ocupará María Luisa Araújo, y que se mantiene el tronco de las políticas sociales: educación, sanidad y bienestar social, pues, según puntualizó, «lo que hemos hecho durante estos tres años, inmediatamente anteriores, ha sido un esfuerzo gigantesco que ahora debemos continuar».

En estas consejerías no hay novedades, pues José Valverde seguirá al frente de Educación; Roberto Sabrido en Sanidad; y Tomás Mañas, en Bienestar Social. Mercedes Gómez se mantiene en Agricultura; José Manuel Díaz Salazar, en Industria y José Luis Martínez Guijarro, en Medio Ambiente.

Nuevas consejerías

El nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha es paritario en las consejerías y en las dos vicepresidencias. Se crean dos nuevas consejerías: Justicia y Protección Ciudadana, ocupada por Angelina Martínez, de cara a la asunción de esta competencia, y Turismo y Artesanía, que presidirá Magdalena Valerio, para potenciar este sector cada vez más relevante en la región.

Los asuntos relacionados con el agua, un recurso trascendental para Castilla-La Mancha, quedan bajo la tutela de la denominada Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, que dirigirá Julián Sánchez Pingarrón.

Soledad Herrero debuta en la Consejería de Cultura, María Luz Rodríguez en la de Trabajo y Empleo y Sonia Lozano se estrena en Administraciones Públicas.

«Soy de los que creen que las cosas que se dicen se deben cumplir y esa es la finalidad de este Gobierno, ya tenemos ejemplos de algunos gobiernos que se olvidan de sus compromisos cuando son elegidos. En mi caso no va a ser así», subrayó.

Barreda ya explicó que su objetivo de cara a la próxima Legislatura es «mantener el crecimiento económico, conseguir un desarrollo sostenible y construir, entre todos, una verdadera sociedad del bienestar».

Los integrantes del nuevo Gobierno tomarán posesión de sus cargos hoy lunes, en un acto en el Palacio de Fuensalida de Toledo.

Adaptar los cultivos a la habitual escasez de agua ha sido una de los retos a los que tradicionalmente se han enfrentado los agricultores albaceteños. Conscientes de esa necesidad el campo albaceteño ha ido tendiendo a buscar cultivos que precisen un menor consumo de agua.

En la actualidad sólo el 19,2% de la superficie cultivada de la provincia está dedicada al regadío. Así de las 806.000 hectáreas que suma la agricultura albaceteña, sólo 155.029 se encuentran en régimen de regadío, según los datos facilitados desde la Delegación Provincial de Agricultura.

Del total de hectáreas en regadío, son los cultivos herbáceos los que predomina que suman 80.509. Le siguen en importancia los leñosos con 31.960 hectáreas en regadío. Completan el mapa hídrico las tierras en barbecho y retiradas y otros tipos de cultivos herbáceos.

Esfuerzo

Pero si la adecuación de cultivos ha sido primordial, no menos importante ha sido el esfuerzo realizado por comunidades de regantes y organizaciones agrarias para mejorar y avanzar en la gestión de los recursos hídricos en Albacete.

Otra de las cuestiones esenciales ha sido la adaptación de las infraestructuras. En este sentido, el delegado de Agricultura, Manuel Miranda, destacó el gran avance que se ha producido en esta materia.Así indicó que en estos momentos la modernización de los sistemas de regadío en la provincia supera ya el 94% del total existente. En cuanto al porcentaje restante aseguró que se trata de regadíos que se encuentran en zonas de montaña en los que se siguen usando los riesgos tradicionales.

No obstante, se refirió a un caso aislado que se está produciendo en Hellín, concretamente en la Comunidad de Regantes Martínez Parras dónde una parte de sus infraestructuras de riego aún no se han adaptado. En este sentido Miranda afirmó que se está intentando sin mucho éxito que la Comunidad de Regantes lleve a cabo esta modernización. Así lamentó la falta de colaboración de la junta directiva.

Por un lado, el relator especial de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, recomienda al Gobierno central que alerte a ciudadanos e inversores de la inminencia de una crisis inmobiliaria, que afectará a gran parte de la población. Las hipotecas son una losa que cada año será más pesada, y que, a juicio de Kothari, no sólo tendrá efectos negativos en educación, alimentación y vestido, sino que ya está causando que la tasa de violencia doméstica que se registra en España sea una de las más altas de Europa. Considera fundamental que la Administración fomente las viviendas de protección oficial y los alquileres a precios asequibles.

En la misma línea de denuncia de la situación inmobiliaria, un informe de Greenpeace, presentado por su director en España, López de Uralde, descubre que en todo el litoral español se producen agresiones y que en la Comunidad Valenciana los planes urbanísticos en marcha prevén la construcción de medio millón de viviendas en el litoral, así como 15 nuevos campos de golf y más de 2.000 amarres en puertos deportivos. Pero la denuncia más grave afecta a Galicia, donde asegura que está previsto construir 800.000 viviendas a lo largo de este año 2007.

Otra organización ecologista, WWF-Adena, a la vez que castiga a Narbona por el exceso de desalinizadoras en construcción y en proyecto, apoya a la ministra en su tesis antitrasvasista y en buscar nuevas fórmulas para la mejor gestión de los recursos hídricos. Incluso se permite aventurar que valencianos y murcianos quieren el agua para desarrollar más urbanizaciones. Narbona no se arredra y anuncia una nueva desalinizadora en Guardamar para abastecer a Riegos de Levante-Margen Izquierda, la organización de regantes ilicitanos que se quejan de haber sido ignorados por las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura. A ver cómo les sale de precio el metro cúbico.

Demasiados factores se unen para dificultar una política hídrica que permita a la Comunidad Valenciana disponer del agua que precisa para un crecimiento sostenible en todos los sectores económicos. Hay excesivos agoreros insoportables y algunos videntes del Consell que se empeñan en pintarnos el futuro de color de rosa. Ni tanto, ni tan calvo.

El Ayuntamiento de Enguídanos (Cuenca) espera contar pronto con elementos que permitan comprobar, con exactitud, que se mantiene el caudal ecológico del río Cabriel, ante el bajo nivel de agua que lleva a veces debido a la actividad de una central hidroeléctrica situada aguas arriba.

El alcalde de Enguídanos, José Vicente Antón, explicó que el Ayuntamiento espera disponer de elementos fiables de medición, una vez que termine el estudio de caudales que está realizando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el que va a hacer la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Según Antón, el problema del río Cabriel «es que no se respeta el caudal ecológico», porque hay una central hidroeléctrica aguas arriba «que lleva un poco el caudal a su libre albedrío y no siempre aparece el caudal ecológico». Aseguró que «cuando la central turbina, evidentemente baja mucha agua, pero cuando no turbina el nivel del agua es muy bajo».

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha ha estimado que la producción de cereales de invierno (trigo, cebada, avena y centeno) en 2007 superará los 4 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 40% respecto al año pasado, en que se recogieron 3,1 millones de toneladas. En una nota de prensa, la organización agraria dice que, no obstante, las excelentes previsiones de principios del mes de mayo se han visto mermadas por las condiciones climatológicas adversas que se sucedieron durante los últimos días de mayo y primeros de junio.

De los 4,1 millones de toneladas de cereales que está previsto se cosechen en Castilla-La Mancha, 3 millones corresponderían a cebada, 700.000 toneladas a trigo y 300.000 a avena. Asaja prevé un ligero ascenso de los precios por la demanda norteamericana para la producción de combustibles y la sequía de los países del norte de Europa.

Esta cotización al alza de los precios de los cereales se dejará notar negativamente en el sector ganadero, que tendrá que soportar mayores costes de producción al tener que pagar mayores precios por la alimentación animal, según indicó la organización agraria.