El Gobierno de Murcia y el sindicato central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) hicieron ayer las paces tras las desavenencias entre sus máximos responsables.

Esta fueron causadas cuando se supo que fue el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, quien pidió un trasvase para las Tablas de Daimiel. Tras reunirse en la sede del Gobierno, el jefe del Ejecutivo, Ramón Luis Valcárcel; el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y Francisco del Amor, presidente del Scrats, que había pedido la dimisión de Zaplana.

Todos dieron por zanjadas sus diferencias y se comprometieron a luchar juntos en la reclamación del agua que palíe el déficit hídrico de la cuenca del Segura. Según Cerdá, se ha «reafirmado la unidad» entre el Gobierno y los regantes, y el Ejecutivo pondrá a su disposición todos sus servicios jurídicos para recurrir ante el Tribunal Constitucional los estatutos de autonomía de Aragón (antes del 23 de julio) y de Castilla-la Mancha, que limitan las posibilidades de que llegue agua a la cuenca del Segura desde el Ebro y el Tajo, respectivamente.

Además, el consejero, ahora en funciones, se comprometió a apoyar a los regantes con su presencia en la convocatoria de protesta del Scrats ante el ministerio.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), tras las negociaciones mantenidas con el Gobierno, ha valorado el esfuerzo y la sensibilidad mostrada por los Ministerios de Industria y de Agricultura en la moratoria sobre tarifas eléctricas, ya que según ha señalado la organización en un comunicado, «un cambio como el que se proponía en el régimen tarifario de la electricidad para riego hubiera supuesto un elemento definitivo para el abandono de miles de explotaciones familiares agrarias, por inviabilidad económica para seguir en la actividad».

A juicio de UPA, se ha conseguido transmitir a la Administración «lo injusto de la medida que se proponía y que hubiera supuesto el encarecimiento de las tarifas en un 300% lo que hubiera representado un freno al proceso de modernización y cambio introducido en los sistemas de riego de miles de explotaciones agrarias». Igualmente, la organización trasladó las consecuencias socioeconómicas que una medida como la planteada podría haber tenido sobre amplias zonas de España. Por otro lado, UPA también utilizó un argumento contundente en el sentido de que esta petición en términos económicos globales no suponía ninguna dificultad para el Gobierno, ya que la facturación que se realiza por el régimen especial de riegos no supone nada más que el 1,03% de la facturación total eléctrica.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha señalado que la decisión del Ministerio de Industria de aplazar hasta julio de 2008 la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas para regadío es un «aliciente» que la Administración puede ofrecer a los regantes como recompensa al esfuerzo económico que están realizando para modernizar sus regadíos.

El responsable de Fenacore destacó la «buena voluntad política» del secretario general de Energía del Ministerio de Industria, Ignasi Nieto, quien en su reunión del pasado 24 de mayo con Fenacore y las distintas organizaciones agrarias, se comprometió a estudiar su propuesta de aplazar la entrada en vigor de esta medida al menos hasta que la liberalización del mercado energético fuera realmente efectiva.

Del Campo aseguró que el mantenimiento de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión alentará el proceso de modernización y transformación de los sistemas de riego de superficie o gravedad -de coste energético casi despreciable- a otros sistemas de riego por presión (aspersión o localizado), que, aunque presentan un coste energético mucho mayor, no se verá incrementado adicionalmente gracias a esta nueva prórroga.

Las nuevas tarifas eléctricas, que deberían haber entrado en vigor el próximo 1 de julio tras la prórroga de seis meses concedida por la Administración, supondrían un incremento de costes para los agricultores del orden del 400% en términos de potencia instalada, lo que podría poner en peligro la sostenibilidad de la agricultura. En la actualidad, el 25% del regadío español tiene contratadas tarifas de baja tensión.

Grupos de trabajo

Por otro lado, Andrés del Campo mostró su confianza en que esta nueva prórroga permita disponer del tiempo necesario para constituir grupos de trabajo -integrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los sectores eléctrico y agrario- que estudien las modificaciones específicas propuestas y planteen alternativas que faciliten la adaptación gradual de las explotaciones agrarias al mercado liberalizado.

Entre estas alternativas, Fenacore propone que se permita una discriminación mensual de la potencia a contratar por los regantes, de tal modo que el coste por este concepto se ajuste a las necesidades reales del regadío, dando facilidades para efectuar la contratación y establecer medidas de transición.

Según Del Campo, «un ejemplo práctico del efecto perverso que podría producirse si se aplicaran las tarifas de manera indiscriminada sería el de los pozos de sequía que, durante muchos meses e incluso años, no se usan o se usan esporádicamente. Con la tarifa especial de riego, el coste de mantener en servicio estos pozos o bombeos es oneroso, pero con su eliminación, el coste que puede suponer mantener conectados estos pozos a la red eléctrica pasaría a ser prohibitivo».

Fenacore agrupa a las entidades dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea, con el fin de defender sus intereses y derechos de uso del agua.

El inminente comienzo de legislatura tendrá a las nuevas Cortes regionales pendientes de la resolución por el Congreso del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, cuya reforma plantea la caducidad del Trasvase Tajo-Segura en 2015, tras el acuerdo de la comisión negociadora PSOE-PP ratificado por el Parlamento presidido por José María Barreda. Es lo que algún inteligente diputado, reacio a la medida, se permitió llamar «esa manía que tienen ustedes con el agua». Es verdad, fuimos tan maniáticos en su tiempo que, después de tentativas inútiles, frustraciones y proyectos en la papelera, no logramos llevarla a nuestros grifos hasta que pasaron ochenta años.Pese a lo cual, aun tuvimos arrestos para dedicarle monumentos como el que el alcalde Pérez Castell, cada vez menos en funciones, acaba de colocar en una encrucijada urbana.

Digo la Fuente de las Ranas por la que fluyen unos hilos de agua, como si los batracios, sedientos tantos años, se la devolvieran al pequeño estanque, donde el circuito le da vueltas en este juego de ir y venir para que no falte. La fuente perdió su remate primitivo, una pieza barroca del maestro Tejados y ahora se queda también sin una falsa y horrible peineta metálica que maldita la falta que le hacía. No vamos a repetir tantas cosas que dijimos, en mucho tiempo, sobre este monumento, desalojado de su emplazamiento en la entonces Plaza de Canalejas por la denuncia de un ilustre vecino que la juzgó maloliente, acusación que le dio la puntilla en un primer traslado hasta ser desmontada, seguramente a la espera de un nuevo jardín donde quedarse otra temporada. Se reconstruyó para su instalación en el Parque Lineal, donde hasta hace poco ha sido el sombrero pétreo de un refrescante que ahora, según dicen, se convertirá en un restaurante al aire libre. Su destino actual, bien lavá y recién peiná, nos deja verla en todo su gracejo ornamental, como fue concebida por la Sociedad de Aguas de Albacete, en aquellos tiempos del quinqué, como homenaje a uno de sus principales promotores, un hombre llamado Dionisio Guardiola, a quien también se dedicaría una calle, todavía vigente, a costa de Carlos IV, que se cayó del cartel, lo que son las cosas, el hombre que salvó a la villa, después de un viaje en 1802 al comprobar sus gravísimas circunstancias de insalubridad, dando lugar a la construcción del que sería Canal de María Cristina. En un par de años se creó el cauce principal y sus ramales. Precisamente sobre esta obra, recientemente se publicó una edición del libro de Cano Manuel, donde se describe el desarrollo de las obras. La publicación reproduce también un croquis de los Ojos del Arquillo y un plano de la evolución de la ejecución del Canal. Es curioso que en algún momento se pensó en hacerlo navegable.Sería por nuestras manías irresistibles.

Y es que las cosas del agua nos han entretenido una barbaridaz, como las ciencias que cantaban en la castiza zarzuela y que adelantaban lo suyo. La misma agua que la famosa Sociedad, y sin necesidad de que hubiera elecciones, ofrecía después de constituirse, invitando a la gente a que suscribiese acciones para consolidar el proyecto de abastecimiento. En su compromiso figuraba la construcción de tres fuentes públicas donde se vendería el caudal a tres céntimos el cántaro, siendo la distribución sin cargo para el matadero, los mercados, las cárceles y las escuelas. Y es que vino otro rey, Alfonso XIII, para protagonizar la escena del balcón, cuando en el Ayuntamiento del Altozano pulsó un botón y empezó a salir un chorrito que venía del manantial de los Ojos de San Jorge, cedido por aquel santo republicano llamado Saturnino López, otro que se quedó sin calle, la actual de Zapateros, como ya ocurrió con el Corregidor Godino, activo impulsor de proyectos acuáticos, también desaparecido del callejero.

Así que más vale no extrañarse demasiado si lo que nos traemos entre manos ahora es el rescate del Tajo, y del uso que prácticamente nos margina cada vez que hectómetro arriba o abajo, se desliza cruzando nuestra tierra donde lo vemos pasar sin que deje aquí una gota. La reforma se explica por la necesidad objetiva de agua que tiene esta región, entre otras cosas por el crecimiento poblacional y urbanístico, aparte de que los regantes la necesitan para subsistir. Estos y otros argumentos conocidos -nuestras manías- sin vuelta de hoja.

El Gobierno de Castilla-La Mancha consideró ayer positiva la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de Frutas y Hortalizas, aprobada el martes por unanimidad por el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, ya que se han aceptado la mayoría de las peticiones planteadas por la comunidad autónoma.

Según informó ayer la Junta de Comunidades en una nota de prensa, este acuerdo será satisfactorio para el sector hortofrutícola de Castilla-La Mancha y afectará a cultivos de gran importancia para la región, como el melón, el ajo, la cebolla, el champiñón, el albaricoque, la almendra y el azafrán.

El Gobierno regional cree que la reforma mejorará la competitividad y la orientación al mercado del sector, reducirá las fluctuaciones de la renta derivadas de las crisis, fomentará el consumo y aumentará la protección del medio ambiente.

El acuerdo contempla que el núcleo de la reforma sean las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH), así como la flexibilización de su reconocimiento, postura planteada por Castilla-La Mancha, que ya en los presupuestos de 2007 incrementó en un 200 por ciento la partida destinada a la creación y mejora de estas estructuras.

Además, se aumenta el porcentaje de financiación del fondo operativo, con el que las OPFH financian su plan de acciones, que pasa del 4,1 al 4,6 por ciento del valor de la producción comercializada por las mismas, un incremento que, según el Ejecutivo regional, deberá destinarse a la prevención y gestión de crisis.

También se reduce al 10 por ciento la exigencia de dedicar el 20 por ciento del fondo operativo a medidas medioambientales.

El Gobierno regional también valora que se incentive el incremento de dimensión de las OPFH mediante la mayor participación en la financiación del fondo operativo (60 por ciento), que se fomente la comercialización en OPFH de la producción ecológica y la promoción con fondos del programa operativo, que se prevea la promoción de las frutas y hortalizas como alimento saludable en los centros escolares y que se de mayor libertad a las OPFH en la gestión de crisis.

También considera positivo para la Región que se contemple un período transitorio y voluntario de cuatro años (hasta 2011) para el desacoplamiento total de las ayudas a los productos transformados, que los productos importados de terceros países cumplan requisitos similares a los exigidos a los productos europeos y que no se puedan activar derechos de pago único en superficies de cultivos hortícolas al menos durante tres años.

Satisfacción en Coag

También la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos-Iniciativa Rural (COAG-IR) de Castilla-La Mancha mostró su satisfacción «moderada» por la reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas, pues «se partía de una nefasta propuesta de la Comisión», aunque aún hay «conceptos a los que nos oponemos frontalmente».

En una nota de prensa, COAG-IR cita entre los puntos con los que está en desacuerdo el desacoplamiento, la renacionalización de las ayudas y la liberalización comercial.

No obstante, valora la inclusión del azafrán como producto elegible dentro de la OCM, reivindicación que ha venido reclamando la organización agraria.

COAG-IR pide mantener la prudencia hasta que no se conozca el alcance de la reforma en la región, ya que es muy importante saber cuáles serán las opciones a desarrollar por los estados miembros, como la gestión de crisis a los no socios de las organizaciones profesionales de frutas y hortalizas (OPFH).

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha ha instado a la Confederación Hidrográfica del Júcar a buscar una alternativa a la laguna del Vínculo para depositar el lodo que se extraiga de la limpieza y acondicionamiento del pantano.

Unas diligencias de investigación que se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas por los miembros de la Plataforma en Defensa de Nuestros Espacios Protegidos de Almansa, Alfredo Martínez y Alfonso Baeza.

Según esta decisión, el proyecto plantea a la Fiscalía serias duda no ya sobre la legalidad o ilegalidad del mismo, sino, según la Fiscalía, sobre la probable comisión de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales del artículo 325 del Código Penal, en caso de ejecutarse la previsión del mismo de depositar los lodos procedentes del cauce del pantano de Almansa, sepultando y anegando de forma irreversible la denominada Laguna del Vínculo.

La Fiscalía recuerda que resulta evidente que sepultar la Laguna del Vínculo bajo los lodos extraídos del pantano supone una vulneración de los artículos de la Ley autonómica de Conservación de la Naturaleza, al vulnerar, añade, de manera evidente, el régimen de protección para preservar los ecosistemas acuáticos.

Además, considera que la protección legal que la normativa ambiental otorga a las zonas húmedas no puede ser ignorada bajo el pretexto de considerar que su origen es artificial, circunstancia que según la Fiscalía además es más que discutible.

Sostiene en su diligencia la Fiscalía que existen al menos indicios de que el origen de sus aguas no solo procede de los aportes de lluvia (que ya es un origen natural), sino que se abastece de algún manantial de aguas subterráneas que formaría parte del dominio público hidráulico. Desde el punto de vista de la ordenación del territorio y urbanística, la Fiscalía explica que la zona donde se encuentra ubicada la Laguna del Vínculo además está calificada como Suelo Rústico Protegido como Área de Interés Ecológico, lo que hace difícilmente compatible con tal calificación una actuación administrativa como la proyectada por la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Inquietud municipal

Por otra parte, la Fiscalía recuerda que no se puede obviar un estudio de la Dirección General de Calidad Ambiental, en las sugerencias del estudio de impacto ambiental del proyecto de limpieza de la presa, en el que se establecía como inapropiado elegir esta zona para el vertido.

La Fiscalía advierte a la Confederación Hidrográfica del Júcar a que adopte las medidas adecuadas para evitar incurrir en un delito ecológico, ya que según esta información, la laguna se considera como la única zona húmeda permanente en Almansa.

Por ello, la Fiscalía insta la Confederación a que reconsidere la posible ubicación de los depósitos de lodos, en función de las alternativas que ya se barajaron en el expediente administrativo.

El concejal de Desarrollo Sostenible, Miguel Cuenca, ha indicado que esta situación plantea el problema de que se pueda paralizarla obra, poniendo en riesgo su ejecución, ya que la financiación de esta obra procede de los Fondos Feder del año 2000-al 2006 y debe justificarse antes de finales del 2008. El periodo de ejecución de las obras terminaría en el verano del 2008. Cuenca considera que esta situación no paralizará la obra y cuestiona las bases de las que parte esta diligencia.

El edil indicó que se trata de una iniciativa a instancias de una sola parte sin que se haya dado ocasión de pronunciarse a las otras como son el Ayuntamiento, la Junta y la Confederación. Uno de los principales temores del consistorio se refiere a que se ponga en riesgo un proyecto que se gestiona desde hace más de doce años.

La diligencia informativa de la Fiscalía tiene fecha del 2 de mayo; según Cuenca, el Ayuntamiento tiene está pendiente de una reunión con la Comisión de Seguimiento del Proyecto, con la Consejería de Obras Públicas y la Confederación Hidrográfica.

Cuenca asegura que desde la Confederación Hidrográfica se estudia reubicar los lodos dentro del propio cauce del pantano, y que recudiría la capacidad del pantano en 5 ó 6 hectáreas, cuando la Laguna del Vínculo tiene tan sólo 1’3 hectáreas, y provocaría una importante afección visual, ya que se crearían dos presas cerca del entorno del embalse. La Plataforma Iniciativa Ciudadana por Almansa (ICA) ha manifestado su satisfacción por la diligencia de la Fiscalía, y recuerda que la justificación aportada por el equipo de gobierno era que no se considerarían otros vertederos para los lodos del dragado del pantano por el incremento económico y por la necesidad de parar las obras, al precisar de otro proyecto con el consiguiente retraso. Por el contrario ahora, con la diligencia en la mano, manifiesta que esto no paraliza la obra. ICA expresa su reconocimiento y admiración a Alfonso Baeza y Alfredo Martínez, por la labor que están realizando en defensa de los espacios protegidos en general, y particularmente este caso. ICA agradece también los esfuerzos de todas las asociaciones, y personas que creyeron que la Laguna del Vinculo no debía desaparecer.

La Consejería de Agricultura ha ordenado el pago de 5.195.968 euros correspondientes a las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) para cultivos energéticos de la campaña 2006-2007, de las que se beneficiarán más de 8.000 agricultores de la Región -544 en Albacete- para una superficie de 118.178 hectáreas.

De estas subvenciones, la provincia de Cuenca recibirá 3.674.077 euros, que se distribuirán entre 6.183 beneficiarios y 85.048 hectáreas; a Guadalajara se destinarán 931.031 euros para 1.432 agricultores y 21.552 hectáreas; y a la provincia de Albacete le corresponderán 483.277 euros, que se repartirán entre 544 perceptores y 11.187 hectáreas, informó ayer la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en un comunicado.

Por su parte, a la provincia de Toledo llegarán 90.675 euros que se distribuirán entre 19 agricultores y 2.099 hectáreas, y Ciudad Real percibirá 16.909 euros para 48 beneficiarios y una superficie de 391 hectáreas.

El Gobierno regional ha gestionado hasta la fecha algo más de 506 millones de euros correspondientes a las ayudas de la PAC 2006, de los que se han beneficiado alrededor de 132.500 agricultores y ganaderos de la Región.

De esta cantidad, 388 millones corresponden al pago único, principal novedad de las subvenciones comunitarias del año 2006, mientras que el resto son ayudas acopladas distribuidas entre cultivos herbáceos -donde se incluyen los energéticos (75 millones)-, primas ganaderas al ovino y caprino (32,5 millones) y olivar (9,1 millones).

Los cultivos energéticos suponen una alternativa para el campo en Castilla-La Mancha, y prueba de ello es que en la campaña 2006-07 se sembraron en la Región un total de 127.490 hectáreas de estos cultivos, lo que supone multiplicar por seis la superficie cultivada en la anterior campaña.

Por provincias, la mayor parte de esta superficie se encuentra en Cuenca, con más de 90.000 hectáreas cultivadas, seguida de Guadalajara, con más de 22.000, Albacete, con 11.000, Toledo, con más de 2.000, y Ciudad Real, con cerca de 1.400.

En la comunidad autónoma los cultivos energéticos que predominan son la cebada (75.064 hectáreas) y el girasol (50.677 hectáreas), seguidos a gran distancia por el trigo, la colza y la avena.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita, ha recibido a alcaldes, regantes y agricultores de la Sierra de Albacete, para analizar sus peticiones tendentes a mejorar el desarrollo económico de la comarca, enfocado hacia la actividad de las plantaciones de almendro, olivo y vid.

Estuvieron presentes el delegado de Agricultura en Albacete, Manuel Miranda, las alcaldesas de Elche de la Sierra, Carmen Ruiz; y Férez, María Begoña Ruiz (ésta última presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra del Segura);y los presidentes de la Junta Central de Usuarios del Alto Segura, José María Pérez, y de cooperativas y sociedades agrarias.

Se analizó la posibilidad de llevar a cabo un proyecto que garantice la subsistencia de los cultivos leñosos en Elche de la Sierra (almendro, olivo y vid), ya que su permanencia puede suponer el arraigo de la población en la zona y su crecimiento económico.

Las dos partes convinieron en la necesidad de que se resuelvan los trámites respecto a la Junta Central de Usuarios del Alto Segura, al quedar algunos flecos pendientes tras la visita de la ministra de Medio Ambiente a Hellín en julio de 2006, cuando se reconocieron los derechos de riego a esta comunidad de regantes.

La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura recomendó ayer que el próximo Consejo de Ministros autorice un desembalse desde la cabecera del Tajo de 62 hectómetros cúbicos para el abastecimiento durante los próximos cuatro meses de más de 2,5 millones de personas.

Además, aconsejan que se trasvasen otros 10 hectómetros para las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, y otros 20, que podrían llegar a 30, para el regadío de las cuencas del Júcar y Segura.

Así lo anunció el director general del Agua, Jaime Palop, que consideró este envío de agua como «prioritario». En el caso del Parque Nacional, donde dijo que es «inviable» enviar los 20 hectómetros que había pedido el Gobierno de Castilla-La Mancha, apuntó que se va «a intentar» mandar los 10 hectómetros «lo antes posible», en un mes y medio, para aprovechar que los cauces de ríos como el Cigüela actualmente no están secos, al contrario de lo que ha ocurrido en los últimos meses.

En cuanto al trasvase para regadío, Palop manifestó que se pide que sea de 20 hectómetros cúbicos, ampliable a 30, cantidad necesarios para el «mantenimiento del arbolado y evitar la salinización del suelo», aunque la Dirección General de Agricultura había solicitado 40.

Indicó Palop que las predicciones de volumen embalsado para octubre en la cabecera del Tajo serían de 386 a 319 hectómetros, siempre por encima de los 240 que impedirían un trasvase de agua a la cuenca del Segura. Destacó que el año pasado por estas fechas la cabecera del Tajo almacenaba 340 hectómetros cúbicos, mientras que ahora hay 464.

La consejera en funciones de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, María Encina Álvarez, señaló que si se justifica esa petición de 62 hectómetros para consumo «nosotros no tenemos nada más que decir», si bien pidió a la Confederación Hidrográfica que «debe velar por que se haga un uso adecuado de ese agua».

Felicitó a la Comisión por el envío de aguas a las Tablas y lamentó «profundamente» que «las presiones irresponsables e imprudentes» de regantes y del Gobierno de Murcia, así como del PP, de solicitar un riego de socorro, «hayan derivado en que unos 20 hectómetros cúbicos se transfieran», que «pueden poner en riesgo el abastecimiento de sus conciudadanos».

Por otra parte, censuró las «presiones imprudentes» por parte del Gobierno de Murcia y del PP a nivel nacional para trasvasar agua por cantidades muy superiores a las aconsejadas. Afirmó que, de haber atendido su demanda de trasvasar 70 hectómetros para los cultivos de Murcia, «hoy no habría agua para 2,5 millones de personas». Dicho esto, pidió «prudencia y responsabilidad» al Consejo de Ministros a la hora de aprobar la cantidad de agua destinada a riego de socorro para los cultivos del Segura e hizo hincapié en la importancia de que sus necesidades «estén realmente justificadas».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de los Pantanos de Entrepeñas y Buendía, Vicente Obispo, del PSOE dijo estar en «total desacuerdo» con este envío.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha acordó ayer solicitar al Gobierno central un trasvase de agua desde la cabecera del Tajo para el parque nacional de las Tablas de Daimiel.

El Ejecutivo regional, que considera el trasvase fundamental para mantener la biodiversidad de este parque nacional y para paliar el estrés hídrico en el que se encuentra su vegetación, pedirá un desembalse de entre diez y veinte hectómetros cúbicos.

La petición del Gobierno castellanomanchego se suma a la de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados que, por unanimidad, aprobó la iniciativa del Grupo Popular para reclamar 20 Hm3 para las Tablas.

La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura analizará hoy esta petición y estudiará la cantidad de agua que se trasvasa a la cuenca del Segura en el próximo trimestre hidrológico, aunque ambas decisiones dependen del Consejo de Ministros.

El temporal de lluvia de finales de mayo ha hecho que el río Cigüela, seco en los últimos años, haya comenzado a aportar agua a las Tablas, que han pasado de 15 hectáreas encharcadas (menos del 1% del total) a unas 70.

Por ello, la Junta considera que es el momento adecuado para hacer el trasvase pues las tormentas de las últimas semanas han saturado las capas freáticas superiores del Cigüela y el agua no se perdería en el camino.

Por otra parte, el diputado socialista en las Cortes regionales José Manuel Caballero pidió ayer a la dirección del PP de Castilla-La Mancha que aclare si respalda la iniciativa de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados que insta al Gobierno a autorizar un trasvase de 70 Hm3 desde la cabecera del Tajo al Levante.

Caballero lamentóayer en rueda de prensa esta iniciativa, anunciada la semana pasada y que se ha registrado ya en la Cámara Baja, pues con ella el PP vuelve a dar «la espalda a los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua» y se pone «del lado de Murcia».

«Siguen pintando poco»

José Manuel Caballero manifestó que, después del acuerdo que alcanzaron PSOE y PP en Castilla-La Mancha para la reforma del Estatuto de Autonomía, en el que se fija la fecha de caducidad del trasvase en 2015, «entendimos que el PP nacional haría más caso a los intereses de Castilla-La Mancha y que el PP de Castilla-La Mancha se opondría» a iniciativas como la proposición no de ley que ha registrado el Grupo Popular en el Congreso.

Indicó que los dirigentes del PP «siguen pintando muy poco» para la dirección nacional de su partido y añadió que ha quedado en evidencia que entre las direcciones regionales del PP a las que afecta el trasvase había un acuerdo para que no se hablara de él antes de las elecciones autonómicas.

A juicio del diputado socialsita en las Cortes castellano-manchegas, con la petición del PP de un trasvase de 70 Hm3 para regadío ha quedado en evidencia «el desprecio que sienten por nuestra región» en la dirección nacional del PP «y desde luego el poco caso que hacen, si es que dicen algo, a los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha».