Unas 900 familias podrían verse afectadas por este pago si finalmente la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental no consigue que la Confederación Hidrográfica del Júcar ceje en sus pretensiones de que sean los propios usuarios quienes costeen las obras llevadas a cabo en la zona regable de Los Llanos.

En la inauguración de los trabajos de mejora en el canal Tajo-Segura tanto desde la Confederación como desde la Comunidad de Regantes Príncipe de España, que aglutina a las nueve comunidades de Los Llanos, estimaban entorno a unas 900 las familias que cultivaban en torno a 6.000 hectáreas en esta zona.

Familias que ahora serían las que tendrían que soportar el pago, según apuntaba ayer el secretario de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. Y es que si finalmente la JCRMO tiene que hacer frente al coste de las obras éstas solo se repercutirían en los usuarios de esta organización que se benefician de las mismas.

Desde Alarcón

Los trabajos que se desarrollaron supusieron un avance considerable en la captación de agua del agua que llega hasta la zona de Los Llanos, vía trasvase Tajo-Segura, desde el embalse de Alarcón con cargo a la primera fase de la sustitución de bombeos.

Esa primera fase permitía que los agricultores pudiesen usar hasta 39,4 hectómetros cúbicos. En el marco de la sustitución en su día se llevaron a cabo en la zona, a lo largo de 21,6 hectómetros de la infraestructura del trasvase, un total de siete tomas que se desdoblaban hasta convertirse en diez, para dar servicio a los usuarios de las nueve comunidades de regantes existentes en la zona.

Herminio Molina aseguraba que tener que costear las obras que se llevaron a cabo posteriormente para solventar los problemas en la captación del agua supondría un importante varapalo para la JCRMO y las familias afectadas.

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal se comprometió ayer a trabajar «con menos demagogia y con más voluntad» que el PSOE para solucionar el problema que genera en la Región el trasvase Tajo Segura. Afirmaciones ante la reunión de hoy de la Comisión de Explotación del Tajo-Segura. Cospedal dijo que de ésta espera «lo de siempre», que es «defender los derechos de la Región».

Ante la reunión el consejero portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, aseguró ayer que van a estar «muy vigilantes» de que lo que apruebe la Comisión se ajuste a las reglas de explotación del trasvase.

Durante una visita a la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), Esteban respondió así a preguntas de los periodistas sobre las expectativas del Ejecutivo regional ante la reunión de hoy de la Comisión de Explotación.

Contestó que su planteamiento siempre ha sido el mismo y es: «unidad a la hora de afrontar los problemas básicos del agua en España», a través de un plan hidrológico «con todas las autonomías sentadas a la mesa eliminando demagogia y tratando de ponerse de acuerdo».

El Gobierno de Castilla-La Mancha, dijo Esteban, «está para impulsar acuerdos en el ámbito nacional y para defender los intereses de Castilla-La Mancha de una manera muy clara, por lo tanto estaremos muy vigilantes de que lo que se haga se ajuste a la normativa, a las reglas de explotación del trasvase».

Petición de la plataforma

Por su parte, la Plataforma en Defensa del Tajo pidió a la Comisión de Explotación del trasvase que no autorice desvíos para regadíos y que se trasvase exclusivamente lo «imprescindible para abastecimiento» y que las desaladoras no puedan proporcionar.

Recordó que en la cabecera del río Tajo las reservas son de poco más del 23%, cifra muy inferior a la media nacional, que es del 45,5%, y a la del Segura, del 36,3%, por lo que solicitó «cordura y altura de miras» a la nueva Directora General del Agua, Liana Ardiles. La Comisión decidirá los trasvases que se ejecutarán hasta enero de 2013 y la plataforma subrayó que se encara un tercer ciclo seco después de un año hidrológico que ha sido el «más seco de los últimos 100 años», a pesar de lo cual, se ha cometido la «aberración» de trasvasar «más agua incluso de la que entra en el río».

Una empresa valenciana, ‘Valle del Magro’, ha anunciado la presentación, el próximo viernes, de un proyecto de construcción en la zona industrial de Ossa de Montiel de una planta de biomasa que sería pionera en España al utilizar la tecnología de generación por plasma.

Según esta empresa, que ayer difundió un comunicado con las líneas generales de este proyecto, la planta, una vez construida, «dará empleo a la cuarta parte de la población activa del municipio (2.750 habitantes) de forma directa o indirecta, generará energía eléctrica para suministrar a toda la provincia de Albacete y no emitirá un solo gramo de CO2 a la atmósfera».

Añade que el alcalde de Ossa de Montiel, José Tello, ejecutará la idea de construir la primera planta de gasificación y valoración energética por plasma que existe en España para hacer frente a la crisis, y especialmente al paro juvenil, que en este municipio alcanza un 60%.

Empleos

El proyecto es de realizar esta planta en seis meses, lo que creará 50 puestos de trabajo directos y más de 250 trabajos indirectos, según la estimación de la empresa. Ocupará unos 8.000 metros cuadrados, con una superficie construida del 50%.

El combustible que utiliza la planta son los restos de las cosechas que se producen en los terrenos de cultivo, así cómo los sobrantes de las podas de bosque y monte bajo. La empresa Valle del Magro, propietaria de la planta, afirma que negociará la compra de todos los restos de cultivos agrícolas de la zona.

La empresa considera que con la venta de los residuos vegetales o de las podas de monte bajo, cada agricultor obtendrá entre 600 y 700 euros más por hectárea. La planta proyecta también ofrecer otros productos derivados de su funcionamiento, como vapor de agua para la extracción de la glucosa del maíz, o las escorias inertes (grava), que puedes ser utilizadas en aplicaciones comerciales.

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Según la empresa promotora, la planta transformará en energía los residuos, principalmente en electricidad, y obtendrá una producción de 11,5 millones de watios a la hora. Con esta producción, entre 1,5 y 2,5 veces más que una incineradora de última generación, y sin contaminación, cubriría las necesidades de unas de 92.000 viviendas; toda la provincia de Albacete; o la demanda de las ciudades de Albacete y Ciudad Real. Añade que la electricidad para uso doméstico cuesta 0,77 céntimos el kilowatio y la planta de Valle del Magro en Ossa de Montiel lo venderá su producción a las eléctricas por 0,005 céntimos.

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La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Castilla-La Mancha ha valorado de manera muy positiva la modificación del Código Penal que plantea el Gobierno de España y que entre otras cuestiones, plantea un endurecimiento de las penas para aquellos delincuentes que reincidan o para quienes pertenezcan a bandas organizadas.

Así lo trasladaron la semana pasada el secretario regional de UPA-CLM, Julián Morcillo y el secretario de Organización, Ramón Sáez al delegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador con quien mantuvieron una reunión de trabajo. Según Morcillo es común que los robos en explotaciones agrarias los comentan personas reincidentes y bandas organizadas, hechos delictivos que se comenten con cierta frecuencia y que «están acabando con nuestra paciencia», aseguró.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha dado a conocer las tarifas de utilización del agua y el canon de regulación que afecta a una treintena de municipios de la provincia de Albacete, y que suman cerca de 600.000 euros.

Estos precios para el año 2013 se refieren a obras de captación y mejora de agua potable, obras de emergencia para sondeos y conducciones y otros trabajos relacionados con el uso del agua en esta cuenca.

Las cantidades más importantes son, de nuevo, a las obras de emergencia para conectar a varios pueblos con la Estación Depuradora (Etap) de Albacete. Estos pagos han sido cuestionados por varios de los ayuntamientos afectados, que alegaron que ni pidieron las obras, ni las necesitaron y que tampoco fueron consultados a la hora de proyectarlas.

Son, en este caso, 116.281,83 euros de factura anual para el Ayuntamiento de Alcadozo, 91.081,33 al de Pozohondo y 90.720 para el de Peñas de San Pedro.

Sumando

Otras cantidades importantes de la factura de la Confederación Hidrográfica del Júcar en su ámbito afectan a los municipios de Albacete (129.933,48 euros, más 14.567,62 de Tinajeros); Barrax (25.327,96); Bonete (22.602,04 de un sondeo, y 9.466,73 euros de obras de emergencia); Alatoz (20.612,03); Alcalá del Júcar (15.109,69 de Las Eras y Zulema, y 8.160,33 de Casas del Cerro y La Gila); Valdeganga (11.995,98 euros) y Casas de Juan Núñez (10.340,88).

Otra veintena de ayuntamientos tienen el resto de los pagos, de menor cuantía, por obras realizadas por la Confederación del Júcar.

Las negociaciones sobre el marco presupuestario de la UE para el periodo 2014-2020 encallaron ayer lunes por el enfrentamiento entre los países contribuyentes netos, liderados por Reino Unido, que exigen más recortes, y los receptores de ayudas, entre ellos España, que piden que se mantengan las subvenciones comunitarias para compensar los ajustes nacionales y fomentar el crecimiento.

El bloqueo dificulta que se logre un acuerdo en la cumbre extraordinaria de líderes europeos convocada para el 22 y el 23 de noviembre, tal y como pretende la presidencia chipriota. La última propuesta de Chipre perjudica especialmente a España porque pone en duda que vaya a haber ayudas específicas para Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia.

Durante el debate público de los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete se dibujaron dos bandos contrapuestos. Por un lado, los autodenominados ‘amigos de mejorar el gasto’, grupo que cuenta con el apoyo de la presidencia chipriota y reúne a los partidarios de recortar el presupuesto de la UE: Reino Unido, Finlandia, Holanda, Alemania, Austria, Italia, Suecia, Finlandia y Dinamarca.

En el extremo contrario se sitúan los ‘amigos de la cohesión’, que reclaman que se mantenga la propuesta de presupuesto de la Comisión y sobre todo que no disminuyan las ayudas a las regiones. Se trata de España, Eslovaquia, Bulgaria, República Checa, Croacia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia.

De parte del primer grupo, Dinamarca y Suecia han reclamado expresamente que se supriman las ayudas a las regiones en transición, con un PIB entre el 75% y el 90% de la media comunitaria, categoría en la que están Galicia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia (aunque Austria y Bélgica han apostado por un tratamiento especial), así como ajustes en agricultura.

No a los recortes

Ante este panorama, el secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo, detalló las «líneas rojas» de España en el presupuesto de la UE, que pasan por no aceptar recortes en las partidas de agricultura y de cohesión. Consideró que poner en riesgo la propuesta de regiones transitorias y utilizar los datos para medir la renta de las regiones del periodo 2007 a 2009 «no tiene en cuenta precisamente las repercusiones de la crisis económica en esas regiones» y es «irreal».

En el caso de España esa propuesta sobre regiones transitorias beneficiaría a Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y Murcia.

Iñigo Méndez de Vigo lamentó también que no se haya recogido la propuesta española de llevar a cabo una revisión a medio camino de los PIB regionales. Tras conocerse este enfrentamiento entre países de la UE, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, aseguraba que España se mantendrá «crítica» ante esta última propuesta porque plantea nuevos recortes en el gasto agrícola, un sector al que según Arias Cañete «no sería lógico imponer sacrificios adicionales».

Por su parte en Albacete, la diputada nacional Maravillas Falcón anunció que el Gobierno está impulsando una serie de medidas en el ámbito europeo y el nacional para corregir las debilidades que tiene el sistema agroalimentario español.

El borrador del nuevo Código Penal que prepara el Gobierno incluye un agravamiento de las penas, de hasta cuatro años, para los multirreincidentes de los robos en el campo, la sustracción de cable de cobre y un endurecimiento de las penas para supuestos de incendios forestales.

Así lo reveló ayer el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador , tras reunirse con los responsables regionales de Asaja, una «reivindicación histórica» de esta organización agraria, por lo que han expresad su satisfacción.

Según dijo Labrador tras la reunión con el secretario y presidente regional de Asaja, José María Fresneda y Fernando Villena, respectivamente, se aumentan las condenas para aquellos multirreincidentes de hurtos sistemáticos en el medio rural con la agravación de las penas de dos a cuatro años, con lo cual ingresarían en prisión, y también se castiga más el concepto de grupo o banda organizada para delinquir.

Se incrementan las penas de los incendiarios, que podrá llegar hasta los nueve años de cárcel en casos agravados como que la zona afectada sea de especial protección o bien porque se produzcan cerca de núcleos poblados.

También se incluye la posibilidad -según Labrador – de que los autores de los incendios respondan con su patrimonio en la reparación de los daños.

También han tratado de la vigilancia de la Guardia Civil en las zonas rurales y aunque han constatado, según Labrador , que se están obteniendo «buenos resultados» no van a bajar la guardia y «seguiremos trabajando en ello», ha afirmado el delegado del Gobierno.

El secretario regional de Asaja, José María Fresneda, ha agradecido «muy seriamente» al delegado que les haya llamado para explicarles esta reforma del Código Penal.

Miedo

Labrador explicó que al tratarse de una Ley Orgánica que afecta a los derechos fundamentales de las personas no se puede tramitar de urgencia como les hubiera gustado a los dirigentes de Asaja, tras el malestar de los afectados por estos robos, ha explicado Fresneda, que agradeció que se haya aumentado la vigilancia de la Guardia Civil en el medio rural.

Según el secretario regional de Asaja, en el borrador del nuevo Código Penal «se recoge todo lo que Asaja había planteado para acabar con esta sangría que está ocurriendo en nuestros pueblos».

El hecho de que estos robos dejen de ser faltas y pasen a ser delito y que los autores vayan a dar «con sus huesos en la cárcel a nosotros nos llena de satisfacción», dijo Fresneda, quien remarcó la circunstancia de que este tipo de robos se producen en lugares aislados, donde la gente pasa «mucho miedo».

«Ahora saben que quien lo haga lo pagará y no como antes que se daba el caso de que aunque cometieras doscientas faltas leves no pasaba nada».

Fresneda reiteró la satisfacción por estos cambios, ya que se trata de «una vieja reivindicación que ya tocaba y se lo tenemos que agradecer al Gobierno». Asaja va a intentar que en la tramitación de le ley se incluyan «algunas mejoras» como incluir el robo de ganado

Los peores augurios de los regantes albaceteños se han cumplido. Desde este jueves, el agua de la balsa de San Diego, ubicada en Villena (Alicante) y que se llenó «de prueba» con recursos del Júcar, riega los campos alicantinos. Este envío se interpreta, en la Comunidad Valenciana, como el comienzo efectivo del trasvase Júcar-Vinalopó, un hecho que la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) ha denunciado porque «carece de cobertura legal».

La entidad ha mostrado su indignación por el acuerdo que ha permitido el desembalse del agua de San Diego, suscrito el pasado día 18 entre la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, «bajo el auspicio», según informó el Ministerio en nota de prensa, de la Diputación Provincial de Alicante.

El presidente de la JCRMO, Francisco Belmonte, señaló que el Ministerio «debe saber que el trasvase no tiene cobertura legal» ya que el Plan Hidrológico del Júcar de 1998 prevé unas normas de explotación «que aún no se han redactado». «El artículo 24 del Plan está derogado entero por el Supremo», recordó Belmonte, quien señaló que, además, a la hora de vaciar la balsa «debió contarse con el Gobierno de Castilla-La Mancha y con la JCRMO».

A juicio del máximo representante de los regantes de la Mancha Oriental, en el Ministerio «alguien no se entera», señalando que Acuamed «no tiene autoridad para iniciar un trasvase». Belmonte afirmó que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, «no puede ponerse de perfil» en este asunto, y criticó también la postura de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que a su juicio «se inhibe cuando debería decir algo».

Segunda fase

El presidente de la JCRMO explicó que la balsa de San Diego es propiedad de Acuamed porque las obras «no están entregadas» y denunció no solo el envío de agua del Júcar que ya se ha hecho, sino que según la nota difundida por el Ministerio se vaya a realizar «una segunda fase de llenado o puesta en carga, de cuya distribución se encargará también la Junta Central (de Usuarios del Vinalopó)».

La JCRMO afirmó este verano, coincidiendo con el anuncio que se hizo desde la Generalitat Valenciana de realizar hasta dos envíos de, al menos, 18 hectómetros cúbicos para los regantes del Vinalopó, que «no se han establecido las normas de explotación del trasvase Júcar-Vinalopó que garanticen la prioridad de la cuenca hidrográfica cedente».

Los regantes albaceteños, que en su momento anunciaron que están dispuestos a acudir a los tribunales para defender sus derechos, hacen hincapié en que el 72% de la cuenca del Júcar está en Castilla-La Mancha, y que siguen sin resolverse cuestiones previstas en el Plan del 98 como la finalización de las obras de sustitución de bombeos en la Mancha Oriental, todo ello en un momento marcado por la sequía que afecta a los cultivos de la provincia.

Para Francisco Belmonte, el envío de recursos del Júcar para regar más de 20.000 hectáreas de cultivos alicantinos es una «cuestión política» que se ha planteado «a costa de los usuarios albaceteños».

La entidad ya se ha puesto en contacto con el Gobierno regional para que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, haga valer su compromiso de que «la cuenca cedente tiene la prioridad», y tiene previsto reunirse, el próximo jueves, con la presidenta de la CHJ, la valenciana María Ángeles Ureña.

La solución a los problemas de inseguridad en las explotaciones agrarias pasa por endurecer las leyes, de manera que los ladrones «no sean detenidos y luego salgan y sigan robando». Así lo indicó ayer en Albacete el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, que participó en la XXIII asamblea general ordinaria de esta organización en la provincia.

En declaraciones a los periodistas, el máximo representante nacional de Asaja señaló que, al igual que en otros lugares de la geografía española, los robos en el campo son «una lacra» y señaló que hay explotaciones que han sufrido asaltos «siete y ocho veces», las mismas que han sido detenidos los autores. «Esto demuestra que las fuerzas de seguridad del Estado están cumpliendo con su obligación», puntualizó.

La cuestión, dijo, es que «ya no podemos aguantar con esta ley que tenemos», afirmó Barato, por lo que desde Asaja se pide un endurecimiento del marco legal para castigar a los delincuentes y también «un mayor control» del mercado donde se venden los artículos robados.

Barato, que compareció junto al presidente de Asaja Albacete, José Pérez Cuenca, y el diputado del PP y portavoz adjunto de Agricultura en el Congreso, Bibiano Serrano, señaló que esta cuestión es una de las que más preocupa al colectivo de agricultores y ganaderos.

Precios del cereal

Aludió, no obstante, a otros asuntos como la difícil situación por la que atraviesa la ganadería, inmersa en una «crisis acuciante» a nivel nacional. Sobre las causas que explican lo mal que lo están pasando los profesionales de este sector, Barato afirmó que no culpa a los cereales, cuyos precios están inmersos en una nueva vorágine alcista, sino al hecho de «no poder repercutir» los costes de producción en los precios.

«Los productos ganaderos tendrían que valer», comentó, señalando que desde Asaja se ha pedido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que agilice el mecanismo previsto para activar el sobrante de los fondos que vienen de la Unión Europea y «poderlo llevar a la ganadería». La ganadería extensiva es, según indicó Pedro Barato, la que más está sufriendo las consecuencias de esta crisis que según dijo «no es estructural ni coyuntural, sino histórica».

Por su parte, el presidente de Asaja Albacete, José Pérez Cuenca, y el representante del PP Bibiano Serrano se refirieron a las negociaciones sobre la nueva PAC. Sobre los plazos que sigue la reforma, Serrano afirmó que «el marco financiero se aprobará, presumiblemente, antes de final de año», y señaló que el propósito del Gobierno es que la nueva PAC sea «lo menos lesiva y más favorable posible a los intereses de España».

La XXIII asamblea de Asaja Albacete, celebrada en el Palacio de Congresos, contó con la presencia de unos 300 agricultores y ganaderos de la provincia, una cifra «menos numerosa» que en anteriores convocatorias debido a que, según Pérez Cuenca, «cada vez se adelanta más la vendimia en la provincia». Una vendimia que, indicó, está siendo «más corta» pero «de calidad» y con buenos precios.