En el último año, las ventas de tractores en la provincia de Albacete han descendido un 40%, una situación «paradójica» que contrasta con las favorables perspectivas que la climatología está dando al sector. Así lo explica el presidente de la Asociación de Concesionarios y Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Acofama) de Albacete, Honorato León, quien atribuye la caída a la contención de la demanda que, entre los agricultores, ha provocado la esperada publicación de la normativa de subvenciones para la adquisición de maquinaria agrícola.

Coincidiendo con la próxima celebración de la XXVII edición de la Feria Agrícola y Ganadera de Castilla-La Mancha (Expovicaman), que se celebra este año entre el 17 y el 20 de mayo, Acofama señala que el ‘plan renove’ para tractores y otra maquinaria específica «ha perjudicado» indirectamente al sector, y puso como ejemplo el hecho de que, el pasado mes de abril, sólo se matricularon en la provincia de Albacete ocho tractores nuevos, una cifra que calificó de «mínimo histórico».

Normativa

El representante de Acofama, una entidad que representa al 85% de los concesionarios y fabricantes albaceteños, explicó además que la normativa que ha publicado la Consejería de Agricultura, y que establece un montante inicial de 620.000 euros en ayudas, es «demasiado compleja», con «muchos requisitos que lastran las ventas, ya que el agricultor sólo compra cuando tiene claro que va a poder ser beneficiario», indicó León.

El máximo representante de Acofama señaló que la situación en otro tipo de maquinaria como cosechadoras es «similar» a la de los tractores, mientras que el de vendimiadoras es el único apartado que muestra una cierta tendencia al alza debido a la proliferación de explotaciones de viña en espaldera. Además, citó que otro factor que está incidiendo negativamente en las ventas es la oferta de adquisición de derechos en una zona del regadío de la provincia que ha lanzado la Confederación Hidrográfica del Júcar, contra la cual se ha manifestado públicamente la asociación.

En cuanto a la participación en Expovicaman,señaló que Acofama llevará este año toda su oferta de maquinaria nueva al no coincidir el certamen albaceteño con la feria de Zaragoza, y avanzó que la maquinaria agrícola ocupará una superficie de 7.000 metros cuadrados en el recinto exterior de la feria. Manifestó, en este sentido, que las previsiones apuntan a que esta edición «será un éxito», ya que se ha cerrado ya prácticamente todo el espacio disponible de exposición.

Recordó que, tras el acuerdo alcanzado con el Ifab, los años ‘pares’ la asociación acudirá con maquinaria de ocasión, y afirmó que la experiencia de la pasada edición «no fue mala, ya que sin apenas publicidad se vendió el 20% de lo que se expuso».

Izquierda Unida anunció ayer su intención de no pedir la ejecución de la sentencia del Supremo que anula la privatización del agua en la capital en 1997 por parte del Partido Popular, porque «una chapuza no se puede solucionar con una chapuza mayor, ya que supondrá un serio perjuicio para la ciudad».

Así se expresó ayer la portavoz municipal de IU, Rosario Gualda, que recordó en rueda de prensa que fue su grupo el que recurrió la adjudicación del agua a la empresa Aquagest y, por ello, mostró su satisfacción por el fallo judicial «que dice que el PP lo hizo fatal y que la adjudicación fue incorrecta».

Gualda calificó de «detestable» que el Partido Popular privatizara un bien básico como es el agua y que vendiera este servicio por 2.000 millones de las antiguas pesetas, «que fueron volatizados por el PP».

La portavoz izquierdista volvió a mostrar su apoyo firme a la recuperación de la gestión del agua potable y saneamiento de la ciudad y por este motivo, desde Izquierda Unida se impulsó la creación de Aguas de Albacete, si bien admitió que «no es nuestro modelo de gestión, pero era lo mejor que se podía hacer después de una privatización que nos mantenía amordazados y prisioneros».

La portavoz municipal de IU avanzó que desde su grupo seguirán luchando por recuperar al cien por cien la gestión del ciclo integral del agua y aplaudió que el alcalde haya anunciado su intención de reclamar la gestión de la planta de abastecimiento -hoy gestionada por Aqualia por un periodo de dos años-, así como la gestión de la futura planta de nanofiltración.

Derecho al agua gratuita

En este sentido, Gualda también resaltó su satisfacción porque el Ayuntamiento «no pague ni un sólo euro» para la citada planta de ósmosis e insistió en defender el derecho de Albacete de recibir de forma gratuita el agua del Júcar y no pagar el «peaje» que hoy repercute en el bolsillo de los albaceteño.

Finalmente y en cuanto al cierre de los pozos, la portavoz de IU aclaró que el alcalde «no es quien decide» que Albacete deje de beber agua de los pozos, sino que la decisión es de la Comisión de Sequía de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la que el Ayuntamiento «tiene voz, pero no voto».

Al respecto aseguró que es «mentira» que el agua superficial del Júcar fuera para las pedanías, como manifestó el alcalde, pues «estas aguas fueron para regar a manta en Valencia y Alicante».

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Albacete aseguró ayer «respetar» la sentencia del Tribunal Supremo que anula el pliego de condiciones que sirvió en 1997 para la adjudicación del servicio de distribución de agua potable de la capital, si bien subrayó que la gestión del mismo continúa siendo «indirecta y privada», pues el Ayuntamiento sólo tiene un 26% del capital de la empresa mixta Aguas de Albacete, mientras que el 74% restante pertenece a Aquagest.

En rueda de prensa para exponer su criterio en torno a la sentencia que se hacía pública la pasada semana, el concejal Juan Carlos López Garrido indicó que este fallo judicial entiende que no se puede aplicar la experiencia como criterio de puntuación para la adjudicación «y si los tribunales dicen que esto no está bien, llevarán razón, pero lo que es innegable es que en el proceso hubo pública concurrencia, algo que no sucedió en la constitución de Aguas de Albacete», recriminó el edil popular.

Garrido criticó que el alcalde de Albacete dijera que sabía que el Supremo iba a anular esta concesión porque el criterio de experiencia es ilegal y, sin embargo, «este mismo criterio se valora en otros concursos públicos de adjudicación hasta marzo de 2004; si el alcalde sabía que era ilegal, ¿por qué lo mantiene hasta ese año?», se preguntó el concejal del PP que consideró pues que «tan ilegales son los contratos que ha consentido el alcalde como la adjudicación del agua en 1997».

El concejal popular indicó que, a pesar de que los socialistas criticaron la privatización de la gestión del ciclo integral del agua, hoy por hoy esta gestión sigue siendo «indirecta» y corre a cargo de una empresa mixta, de la cual el Ayuntamiento sólo tiene el 26% de su capital, es decir, que el servicio «no es municipal», con la diferencia además de que a Aquagest «se le ha ampliado la adjudicación durante 25 años sin pública concurrencia».

Planta de ósmosis

Garrido, que en varias ocasiones acusó al alcalde de ser un «mentiroso profesional», se refirió también al retraso de la construcción de la planta de ósmosis inversa que mejorará la calidad del agua, una planta que todavía no está construida pero, a pesar de ello y según el concejal del PP, «en el recibo del agua estamos pagando el mantenimiento de una planta que no existe».

Por último, dijo no creer que una sentencia judicial no se pueda cumplir y consideró que es Pérez Castell a quien le corresponde ejecutarla.

Paralelamente a todos los anuncios relativos al agua del Júcar -relacionados directa o indirectamente-, Pérez Castell también mencionó el depósito de 20.000 metros cúbicos que se va a construir junto a la depuradora de Albacete y que va a servir para recoger todas las aguas pluviales antes de que entren en ésta. Un depósito que va a suponer una inversión de 4,3 millones de euros, que se ha conveniado con la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La novedad de este proyecto es que el pasado 24 de abril se reunió la Mesa de Contratación, en la Confederación, para abrir el periodo de presentación de ofertas de las empresas que opten a construirla.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo acaba de ratificar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del año 2000, por la que se anulaba el pliego de condiciones que el Pleno del Ayuntamiento utilizó en el año 1997 para la adjudicación a Aquagest del sistema de gestión, mediante concesión administrativa, de la gestión integral del agua en Albacete. Una gestión que incluía la captación, distribución y suministro domiciliario de agua potable, evacuación y tratamiento de aguas residuales y recaudación de las tasas por prestación de dichos servicios.

Se vuelve a dar la razón al Grupo Municipal de Izquierda Unida, que fue quien votó, en aquel entonces a través de su portavoz, José Eduardo Martínez Valero, en contra del acuerdo plenario que desestimó las alegaciones que se habían presentado y que dio la concesión a Aguagest. Un Pleno que en 1997 estaba presidido por el alcalde del PP, Juan Garrido.

Entre otras cuestiones, en los Fundamentos de Derecho de la sentencia se recoge que, ante el expediente de adjudicación de la gestión del agua a Aquagest se presentaron 9.044 alegaciones y que éstas fueron estudiadas por la propia empresa mercantil del proyecto, que «hizo un informe rechazando cualquier incidencia de las mismas y proponiendo su desestimación por el Pleno», que, en efecto, el 29 de abril de 1997 desestimó todas estas reclamaciones formuladas. Contra esta actuación votó en contra Izquierda Unida cuestionando tanto la legalidad del procedimiento, como el hecho de que el informe de las alegaciones lo hubiera realizado la empresa redactora del proyecto y no los técnicos municipales.

Experiencia, sí o no

El Supremo considera, por otra parte, y en relación al pliego de condiciones que sirvió para adjudicar el suministro a Aquagest, que «la impugnación del meritado pliego por un miembro de la Corporación que votó el correspondiente acuerdo aprobatorio conduce a que se tenga por cuestionada, aunque no lo hubiera sido por ninguno de los partícipes en el concurso convocado». Es decir, aunque las empresas que concurrían al concurso de adjudicación no mostraron su disconformidad con el procedimiento seguido y el pliego, como sí lo hizo IU a través de su portavoz votando en contra, la validez de este voto para tener en cuenta la impugnación del acuerdo es la misma.

En ese sentido, IU alegó que se tuvo en cuenta como criterio para la adjudicación del contrato la experiencia, cuando en el pliego de condiciones, entre todos los criterios a los que se hacía referencia como puntuables, precisamente la experiencia no aparecía.

Por todo ello, la sentencia del Supremo estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo que en su día interpuso IU contra el acuerdo plenario del 29 de abril de 1997 y anula el apartado a) del pliego de condiciones, el referido a los criterios de adjudicación.

Ante esta sentencia del Supremo, Izquierda Unida expresaba ayer su satisfacción porque «se confirma la nulidad del pliego de condiciones que sirvió de base para adjudicar el contrato del servicio de agua y saneamiento de Albacete, ya que se tuvo en cuenta un factor, el de la experiencia, que en estos casos, tal y como establece la sentencia no es un criterio de adjudicación».

IU añadió que sus servicios jurídicos están estudiando con detenimiento la totalidad de la sentencia. En todo caso, según Rosario Gualda, portavoz de la formación, «se confirma no sólo que la privatización de un servicio tan esencial como es el del agua fue perjudicial para Albacete, sino que además se hizo de manera incorrecta desde un punto de vista contractual».

Finalmente, Rosario Gualda recordó que fue su grupo municipal quien recurrió esta sentencia y señaló que seguirá trabajando para que el Ayuntamiento recupere la gestión pública del ciclo integral del agua.

Aguas de Albacete

Por su parte, el alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell, manifestaba ayer que «la creación, en 2006, de la empresa mixta Aguas de Albacete, por la que el Ayuntamiento recuperaba el control público sobre el abastecimiento de agua potable a la ciudad evitará que ahora tengamos que sufrir las consecuencias de la mala gestión que llevó a cabo el PP para privatizar el agua de Albacete y que reiteradamente ha sido condenada por los tribunales, incluido el Tribunal Supremo como establece una esta sentencia».

«Política y administrativamente -dijo Pérez Castell- el Ayuntamiento ha subsanado la mala gestión que en este tema hizo el PP y ahora el abastecimiento de agua potable a la ciudad vuelve a estar bajo control público».

El equipo de gobierno municipal ha esquivado, de momento, el ‘mazazo’ que suponía para el Ayuntamiento de Albacete y para las arcas municipales la sentencia del Tribunal Supremo que salía a la luz la semana pasada. Una sentencia que viene a dar la razón a la que ya dictó en el año 2000 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dando la razón a un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Izquierda Unida.

El Supremo vuelve a ahora anular -como ya hizo el TSJ- el primer punto del pliego de condiciones por el que, en 1997, se adjudicó a Aquagest la gestión del ciclo del agua. Al anularse ese punto del pliego, supondría consecuentemente la anulación de todo el pliego y, por tanto, invalidar la adjudicación a aquella empresa.

Y eso, como reconoció ayer el alcalde de la ciudad, Manuel Pérez Castell, al admitir que «el pliego de condiciones elaborado por el PP para la concesión de la gestión a una empresa fue ilegal y la concesión estuvo mal hecha». Añadió, además, Pérez Castell, que compareció ante una multitud de periodistas, «hubiera supuesto para el Ayuntamiento pagar 36 millones de pesetas». Una cantidad procedente de la devolución del canon de 12 millones de euros que se pagó en su momento (los dos mil millones de pesetas famosos que tantas veces han utilizado los representantes políticos municipales en sus debates) y otros 24 millones de euros de indemnización.

Solución a tiempo

«De no haber constituido inteligentemente la sociedad mixta ‘Aguas de Albacete’ tendríamos que haber indemnizado a Aquagest con 36 millones de euros», insistió Pérez Castell, que estuvo acompañado en su comparecencia por los concejales de Hacienda, Antonio Martínez, y de Sostenibilidad, Ramón Sotos.

Según contó el máximo responsable municipal, el equipo de gobierno socialista «era consciente» de que el tribunal Supremo podía dictar este auto, como así ha hecho, y «por ello creamos ‘Aguas de Albacete’ y así el municipio se ha ahorrado» esa cantidad millonaria.

Y es que desde el equipo de gobierno consideran que, cuando se creó Aguas de Albacete (donde el Ayuntamiento tiene el 26% de las acciones), se acabó con la adjudicación a una empresa privada (Aquagest) y se comenzó una nueva etapa con un sistema de gestión a través de una empresa mixta. Al no existir ya la adjudicación que se llevó a cabo en el año 1997, cuando gobernaba el Ayuntamiento el PP, no hay posibilidad de aplicar la sentencia. «Lo que dice el Tribunal Supremo es inejecutable porque tal empresa ya no gestiona el agua de Albacete», aseguró Pérez Castell.

De aquella adjudicación, insistió el alcalde, «no queda nada y hemos sido liberados de aquellos perjuicios que habríamos tenido que afrontar».

De momento, con esta solución el Ayuntamiento esquiva un grave problema económico que habría tenido que afrontar de continuar siendo Aquagest la adjudicataria. «La ciudad le ha ganado al PP en esto del agua», sentenció Manuel Pérez Castell, que acusó al PP de «haber actuado de un modo esquizofrénico» en materia hídrica, primero con la adjudicación a Aquagest en el año 1997 y más tarde con el intento de que los tribunales anularan la sociedad mixta ‘Aguas de Albacete’.

Por último, dentro de la batería de novedades ofrecidas ayer por Pérez Castell, ofreció dos más, fruto de una reunión mantenida el pasado 24 de abril entre el alcalde, el concejal de Hacienda, Antonio Martínez, y responsables del Ministerio de Medio Ambiente en Madrid. «Hemos conseguido que el 100% de la obra de construcción de la planta de ósmosis será financiado por el Ministerio de Medio Ambiente», dio a conocer Pérez Castell. Una planta que costará algo más de 9 millones de euros, de cuya construcción se encargará Lubasa (empresa que ha construido ya en Albacete los tres aparcamientos subterráneos) y que la previsión de que esté acabada sea en la primavera de 2009.

«Objetivo conseguido», subrayó el alcalde, que añadió que «en esto, el PP tampoco tiene nada de qué presumir sino más bien que arrepentirse» porque «en numerosas ocasiones» ha defendido que esta planta no era necesaria o que «un poco de colesterol o sulfatos en el agua» no eran perjudiciales.

Petición plenaria

En aquella reunión ministerial se abordó otra posibilidad, que se va a solicitar formalmente a través del Pleno municipal del próximo 10 de mayo: pedir al Ministerio de Medio Ambiente que ‘Aguas de Albacete’ se encargue también de la gestión del tramo donde se capta el agua del Trasvase Tajo-Segura para, de ahí abastecer a la capital, y de la planta de tratamiento y potabilización, dos cuestiones de las que aún se encarga Aguas del Júcar y que, de lograrse, «la ciudad tendría realmente la gestión del ciclo integral del agua». Al parecer, Aguas del Júcar acaba su concesión sobre estas dos cuestiones el próximo mes de junio aunque, de no concedérsele la solicitud todavía al Ayuntamiento, podría prorrogarse hasta la primavera de 2009, cuando esté finalizada la planta de ósmosis porque, para el alcalde, «ésa sería la solución ideal».

El Ayuntamiento de Albacete gestionará el ciclo integral del agua de consumo humano a partir de la primavera de 2005 cuando entre en funcionamiento la planta de ósmosis que dará «máxima» calidad al agua de abastecimiento, aunque las tarifas no sufrirán variación en los próximos 25 años.

Así lo anunció en rueda de prensa el alcalde de Albacete, Manuel Pérez Castell, quien señaló que mantuvo una reunión el día 24 de abril con representantes del Ministerio de Medio Ambiente a los que solicitó que sea el Consistorio el encargado de administrar todo el ciclo del agua de abastecimiento a la ciudad.

En concreto, Pérez Castell explicó que el Ayuntamiento no gestiona la captación de agua desde el trasvase Tajo-Segura, así como la planta de tratamiento que administra la empresa Aguas del Júcar, de modo que «sea público todo el ciclo del agua», y dijo que lo solicitará en el mes de mayo.

Asimismo, el alcalde informó de que será el Ministerio de Medio Ambiente el que financie «al cien por cien» la planta de ósmosis que ya está adjudicada a la empresa Lubasa y que costará aproximadamente nueve millones de euros, «entrará a funcionar en la primavera de 2009 y lo hemos conseguido a pesar de la oposición del PP».

Respecto al partido de la oposición, Pérez Castell afirmó que el grupo popular «debe arrepentirse de su actuación obstruccionista para conseguir para Albacete agua de la máxima calidad».

Además, el alcalde adelantó que ha firmado con la Confederación Hidrográfica del Júcar un convenio para la construcción, por 4,3 millones de euros, de un depósito de pluviales con capacidad para 20 millones de litros de agua, que recogerá el agua de lluvia antes de que pase a la depuradora «para conseguir una depuración más y mejor», y que estará en funcionamiento en la primavera de 2008.

Por otro lado, Pérez Castell mostró su satisfacción porque el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia por la que anula la privatización del servicio de agua que realizó el PP en favor de la empresa Aquagest y que recurrió IU.

El alcalde destacó que si el Tribunal Supremo hubiera dado la razón al PP, «el Ayuntamiento habría tenido que pagar 36 millones de euros de indemnización a la empresa Aquagest», y señaló que la sentencia declara ilegal el pliego de condiciones del PP por el que se cedía la gestión del agua a Aquagest.

«El Ayuntamiento consciente de que el pliego de condiciones podría ser ilegal, creó la sociedad mixta Aguas de Albacete para la gestión del agua, y se ha ahorrado 36 millones de euros» y agregó que el PP «ha actuado de modo esquizofrénico en el tema del agua».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), José María Macías, aseguró ayer que «en este momento no hay prevista ninguna reunión» de la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura e indicó que en la cuenca la situación es de «absoluta normalidad» y el consumo está «asegurado». La CHT se reunió ayer por primera vez en Toledo.

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) mostró ayer su satisfacción ante la decisión adoptada en la última Comisión de Desembalse del Júcar. Según explicó el presidente de la JCRMO, Agustín González, en la Comisión se decidió por vez primera acabar con los desembalses «a demanda» que hasta ahora se realizaban.

González indicó en este sentido que la política seguida hasta ahora era la de realizar esos desembalses cuando los usuarios tradicionales valencianos necesitaban el agua.

De esta forma se producían momentos en los que apenas discurrían dos metros cúbicos de agua por segundo mientras que en otros se llegaba hasta los 28 o 30 metros cúbicos por segundo con el consiguiente perjuicio para el equilibrio del río. En la Comisión celebraba el pasado miércoles se decidió desembalsar de forma constante desde Alarcón ocho metros cúbicos de agua por segundo hasta el mes de septiembre. González aseguró que de esta forma se da la razón a lo que siempre ha defendido la Junta Central de Regantes y es que «el río Júcar sea un río y no un canal».

Robo de cobre

Por otra parte, los regantes de la Mancha Oriental se reunieron ayer con el subdelegado del Gobierno en Albacete, José Herrero Arcas, para plantearle una situación que preocupa a estos agricultores como es el constante saqueo al que ven sometidas sus explotaciones en todo el acuífero.

El motivo de estos robos no es otro que conseguir cobre, un preciado metal de gran valor y muy cotizado entre los «amigos de lo ajeno». González manifestó que en los últimos años los robos de instalaciones de riego con elementos de cobre se han convertido en una constante. Por su parte Herrero aconsejó a los regantes que denuncien siempre estas situaciones.