El Ministerio de Medio Ambiente, a través de los dictámenes de sus confederaciones hidrográficas, ya advirtió en julio del 2005 que no había agua suficiente para las miles de viviendas proyectadas. Además, según advertía ayer el diario El País, entre las cuencas con mayor porcentaje de dictámenes contrarios a esta creciente expansión urbanística están las del Júcar, el Segura y el Guadiana, por lo que no se salvaría ni uno solo de los proyectos albaceteños. Y es que, como ya ha denunciado Ecologistas en Acción en numerosas ocasiones, la provincia de Albacete está apostando por la edificación en horizontal, es decir, adosados, y los campos de golf, cuando el abastecimiento actual ya parte de acuíferos y ríos sobreexplotados.
En el informe Urbanismo y depredación del territorio en Castilla-La Mancha Ecologistas en Acción cuestiona ocho proyectos por su respeto al medio ambiente y viabilidad por su ubicación y por la cantidad de agua que necesitarían. Éste es el caso, según el informe ecologista, de Las Higuericas y Espartalia, en Hellín, que prevén la construcción de 2.180 chalets y viviendas; La Losilla, en Chinchilla, que prevé la construcción de más de 2.000 chalets y un campo de golf, Cuasiermas Golf, en Madrigueras, que prevé 300 chalets a orillas del río Júcar o el proyecto de Ossa de Montiel, que incluye 4.000 chalets en una urbanización junto al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
De Norte a Sur
Pero no hace falta irse a las zonas más verdes de la provincia para encontrar urbanizaciones con campos de golf, ya que Ecologistas nombra también en su informe dos proyectos en Montealegre del Castillo, con más de 5.400 viviendas, y una urbanización en La Roda con 1.500 viviendas y un campo de golf de 27 hoyos.
Ecologistas en Acción pone en tela de juicio todas estas macrourbanizaciones porque, en su opinión, se carece de una estrategia de ordenación territorial y, sin embargo, se opta por un elemento permanente e irreversible como es el ladrillo en zonas de alto valor medioambiental. La organización pone el grito en el cielo cuando hace los cálculos de los planes del Corredor del Henares y La Sagra, ya que juntos llegarán a las 300.000 nuevas viviendas en dos décadas.
No obstante, no pasa de largo al observar los nuevos planteamientos que crecen en la provincia de Albacete, donde, aunque denuncia sólo ocho proyectos, reconoce que tiene que haber muchos más sobre plano de los que no tiene constancia. Y es que, sólo en la zona de Las Lagunas, en el territorio de Albacete, el Seprona ha tramitado 115 denuncias de vivienda ilegal entre los años 2005 y 2005. Pero «ni los ayuntamientos, ni la Consejería de Vivienda, ni los tribunales están cumpliendo con su función de vigilancia, sanción y demolición de las miles de construcciones ilegales que hay en Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción no duda al afirmar que la actividad urbanística implica la completa destrucción del ecosistema, lo que en Castilla-La Mancha dañaría a unas 70.000 hectáreas. Además, estas viviendas alejadas de los núcleos urbanos, necesitan conducciones de aguas residuales que contaminan los cursos de agua y amenazan la calidad del aire con el tráfico.
No obstante, el núcleo del problema, al que se le pueden sumar cientos de ramificaciones, es la falta de agua. «El crecimiento urbanístico en horizontal, además de ocupar más suelo, conlleva necesariamente un mayor consumo de agua». Y es que las nuevas viviendas que se están poniendo de moda, unifamiliares con jardín, «gastan -según denuncia el informe- más del doble de agua de media al año, de unos 100 litros a unos 200 al día». Si Castilla-La Mancha consume actualmente entre 175 y 200 hectómetros cúbicos de agua al año en abastecimientos urbanos, con las previsiones de desarrollo urbanístico actuales, la demanda de agua para uso urbano podría llegar a triplicarse.
Código ético
Ante esta situación y el negro futuro que augura, Ecologistas en Acción propone fijar límites al crecimiento urbanístico en Castilla-La Mancha; ordenar y racionalizar el crecimiento; controlar mejor tanto a los ayuntamientos como a las comunidades autónomas; poner restricciones a las recalificaciones; proteger el suelo; mayor protección medioambiental; incremento de las actuaciones judiciales; facilitar la participación pública; tomar medidas contra la especulación y fomentar un código ético que incluya la destitución inmediata de un imputado en delitos urbanísticos.
