Más de un centenar de regantes pertenecientes a las comunidades de toda España se han reunido esta semana en Junta General Extraordinaria con el fin de analizar las últimas modificaciones propuestas en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y adoptar una postura unánime y unívoca de cara a su votación en el Pleno del Consejo que tendrá lugar después de Semana Santa, según indicaron fuentes de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).

Entre los últimos gestos que los regantes han valorado positivamente destacan, por un lado, el aplazamiento hasta 2010 de la puesta en marcha de la denominada «tasa por prestación de servicios» y, por otro, la actualización de estos precios básicos de acuerdo con el IPC, frente a la potestad que se arrogaba el Gobierno de modificar los precios del agua periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, han acogido con satisfacción la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de retrasar el pleno con el fin de disponer de más tiempo para el estudio de las modificaciones.

Por el contrario, los artículos que siguen siendo motivo de preocupación entre los regantes y que podrían conducir a un voto no favorable en el Pleno del Consejo son la exclusión de su participación en el Comité de Autoridades Competentes y la aplicación indiscriminada de una política de precios al agua que pudiera conducir a la desaparición de la tercera parte del regadío español.

En este sentido, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, insistió en que poner un precio al agua no es un mandato de la Directiva comunitaria, sino una actuación que, realizada de manera generalizada, supondría una pérdida de competitividad para la agricultura española, que ha de competir con otros países de Europa, donde sin necesidad de agua tienen iguales o superiores producciones.

La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, dijo ayer que ella también ha visto «muchas veces» al presidente de la Junta, José María Barreda, «darse abrazos» con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, después de que éste haya asegurado que no va a poner fin al trasvase Tajo-Segura.

De Cospedal respondía así en Villacañas a las críticas que ayer le hizo el PSOE por hacerse una foto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, mientras un representante del gobierno madrileño votaba en contra de la conexión del sistema de Picadas al Tajo. María Dolores de Cospedal añadió que «el PSOE va a criticar todo lo que yo haga y todo eso no es ninguna novedad ni una excusa para la crítica», al tiempo que añadió que «utilizar algo como eso para criticar a la candidata a la Junta es algo tan normal que tampoco le encuentro mas explicación».

Su compañera de partido, la portavoz del PP en las Cortes, Ana Guarinos, emplazó al Gobierno regional a que, en lugar de enfrentarse con otras comunidades autónomas a cuenta del agua, plante cara y exija explicaciones al Ejecutivo central, que es el que decide la política hidráulica.

Guarinos, respondió así a las críticas de la Junta por el voto en contra de la Comunidad de Madrid en el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Aguas del Tajo a la ampliación y mejora del abastecimiento a las provincias de Toledo y Guadalajara a través del sistema de Picadas desde el embalse de Almoguera. Pidió a la Junta que, en lugar de buscar enfrentamientos con otras comunidades, se dirijan al Gobierno central, que acabó con un Plan Hidrológico Nacional que, según dijo, solucionaba los problemas de la región.

Murcia mira al Ebro

Por otro lado, la Asamblea Regional de Murcia aprobó ayer, gracias al peso mayoritario de los votos del Grupo Popular, un dictamen de la Comisión del Pacto del Agua que establece «la necesidad adicional de aportar nuevos recursos de otras cuencas» para remediar el déficit estructural de la Región de Murcia, «en sintonía con los previsto en el Plan Hidrológico Nacional de 2001». Añade el documento la necesidad de «retomar como punto de partida los acuerdos, análisis y determinaciones de este Plan, en especial el proyecto del trasvase del Ebro».

Por otro lado, el Gobierno de Murcia reiteró la pregunta que realizó al central hace 15 días para saber «por qué Cataluña tiene derecho al agua del Ebro que se niega al levante y al sureste?» tras la derogación del trasvase de ese río, prevista en el plan hidrológico nacional, cuando el PSOE llegó a Moncloa.

El secretario general de la Presidencia y Relaciones Externas, José Antonio Ruiz Vivo, y el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, mostraron un vídeo tomado el día 24 en la conexión Ebro-Segre, desde donde el Gobierno central y la Generalitat catalana plantean hacer un trasvase de 342 hectómetros cúbicos al año hasta Lleida para 70.000 hectáreas de nuevo regadío.

Narbona y las Tablas

En otro orden de cosas, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dijo ayer que la compra de fincas por el Ministerio de Medio Ambiente para reducir la extracción de agua del acuífero que nutre las Tablas de Daimiel será mejor que un trasvase, que dijo tendría un efecto mínimo en el proceso de pérdidas de zonas húmedas.

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) ya había dejado claro por boca de su presidente, Agustín González, que no compartía las restricciones de riego de un 20% fijadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el pasado 15 de febrero.

Ayer en la asamblea anual de la JCRMO los propios regantes refrendaron ese rechazo. Y es que consideran excesiva esta medida habida cuenta de que la restricción del 20% se suma al 20% que ya se autoimpusieron los regantes cuando aprobaron el Plan de Explotación correspondiente a este año.

González explicó que la JCRMO asesorará y prestará apoyo jurídico a cuantos regantes lo deseen. En este sentido, señaló que se canalizarán todas estas peticiones «de la mejor forma posible para defender los intereses de los regantes» insistiendo en que la reducción de hasta el 40% ha puesto contra las cuerdas a muchos agricultores.

Reducción que ha sido aplicada a los agricultores que no se han sumado a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de derechos de riego lanzada por la CHJ a los regantes del tramo medio del río. Convocatoria ésta que finalmente se saldará con un ahorro de unos 38,5% hectómetros cúbicos mientras que la pretensión de la Confederación era dejar de extraer del acuífero entre 50 y 60 hectómetros.

Los datos, a juicio de González, ponen de manifiesto dos cuestiones esenciales. Por una parte, aseguró que la cuantía económica establecida por metro cuadrado era demasiado exigua y por otra, que la rentabilidad de los cultivos en Albacete es mucho mayor de lo que se propugna en el Levante ya que la mayoría han preferido no «vender» sus derechos y seguir cultivando.

Anticonstitucional

Tampoco gusta a los regantes el borrador de la Ley de Aguas, tal y como ayer dejaron claro en el trascurso de la asamblea. González subrayó que lo consideran «anticonstitucional», y que entre otras cuestiones vulnera lo establecido en la sentencia del Júcar del Tribunal Supremo del año 2004. Amén de que el texto confunde aspectos esenciales como son unidad de cuenca o demarcación. González dijo que esta ley provocará descontentos en todas las regiones por lo cual sería mejor «que no saliese». A falta aún de que el texto pase por el Consejo del Agua, confió en que pueda ser mejorado.

Por otra parte, y aunque desde la Mancha Oriental prefieren no ser agoreros sí son conscientes de que el año en curso se presenta seco.

No obstante, González subrayó que se han adoptado todas las medidas pertinentes para que se mantenga el nivel de recarga del acuífero 18 y para evitar problemas ambientales en el tramo medio del río.

En cuanto a los cultivos de verano, González apuntó que dado la situación de sequía hoy por hoy ya se puede afirmar que habrá dificultades «para sacarlos adelante».

Los socialistas murcianos solicitarán al Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Castilla-La Mancha. El secretario general del PSOE de Murcia, Pedro Saura, hizo ayer este anuncio.

El líder socialista de Murcia insistió en que el PSOE quiere alcanzar un acuerdo en el que se encuentre una estrategia definitiva de permanencia del trasvase Tajo-Segura, porque «antes de militante socialista soy militante de la Región de Murcia».

El secretario general de los socialistas murcianos citó entre las propuestas la necesidad de apostar por la desalinización como estrategia de la Región por cuanto da «independencia y autonomía frente a la sequía», y calificó de imprescindible reconocer que las aportaciones externas de agua son un principio fundamental para Murcia.

Por su parte, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno murciano, el popular Fernando de la Cierva, afirmó en este sentido que la postura de los socialistas de Murcia «es el pataleo de su secretario general, Pedro Saura».

En este sentido, De la Cierva recordó que «el primero que manifestó la inconstitucionalidad de este Estatuto en aquellas partes que regula el tema del agua fue este Gobierno, que lo ha dicho alto, claro y diáfano».

De la Cierva subrayó que sería en su caso «una inconstitucionalidad si se aprobase». También consideró que «no va a salir», aunque de hacerlo, dio por seguro que se irá al Constitucional. No obstante, destacó que, en este momento, se encuentra en su fase de redacción en el Congreso de los Diputados.

Pese a todo, dejó claro que «ahora mismo no se puede ir a ningún sitio y está donde tiene que estar, en el Congreso de los Diputados, pero ahora hay un documento aprobado en las Cortes, que tiene vocación de convertirse en Estatuto y que contiene cosas preocupantes para España y Murcia en materia de agua».

Recogida de firmas

Asimismo, la Comunidad de Regantes de la localidad murciana de Lorca se sumó ayer a la campaña de recogida de firmas emprendida por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, para que no se admita a trámite en el Congreso la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.

La institución comunera informó que los artículos de la propuesta de estatuto relativos a la política del agua «opuesta al trasvase Tajo-Segura» son «contrarios a la Constitución Española». A la par tildaron de insolidario el texto del Estatuto.

Por su parte, el vicepresidente primero, Fernando Lamata, indicó ayer que Castilla-La Mancha tiene capacidad para aumentar sus usos agrícolas y «derecho a reclamar algo más del agua que está en esta tierra».

Señaló hay agua «suficiente» si se gestiona «adecuadamente en función de las necesidades de los territorios».

Así, Lamata afirmó que Murcia tiene «alternativas» porque hay agua «que se puede desalar» y puede seguir desarrollando su población, su industria y también mantener su agricultura de forma «sostenible».

El acuífero de la Mancha Oriental, el número 18, está manteniendo el nivel freático que tenía en el año 2005 a pesar del período de dos años y medio de sequía, gracias a las restricciones en la extracción de agua del veinte por ciento el presente año y un ocho por ciento en 2006.

Así lo explicó hoy el presidente de la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental (JCRMO), Agustín González, tras la celebración de su Asamblea Ordinaria Anual, y dijo que una parte de las hectáreas sufrirán restricciones de hasta el 40 por ciento (el 20 de este año más otro 20 por ciento añadido).

En este sentido, González destacó que los asistentes han mostrado su insatisfacción con las restricciones propuestas por la Comisión de Sequía del Júcar en dicha zona de este río que abarca 25.000 hectáreas.

Las restricciones, dijo el presidente de la JCRMO, de hasta el 40 por ciento para los agricultores que no se han acogido a la OPA (Oferta Pública de Adquisición), «son necesarias para que el caudal ecológico del río esté en buen estado».

En cuanto a los agricultores acogidos a la OPA, que reduce su derecho de extracción de agua hasta en un 60 por ciento, manifestaron en la Asamblea que el precio pagado por el metro cúbico de agua ha sido bajo porque, explicó González «los cultivos que se realizan en la Mancha Oriental no son tan catastróficos como otros, y me refiero a los de la comunidad valenciana».

A este propósito, Agustín González resaltó que la agricultura que se lleva a cabo en Albacete es más rentable que el precio que le han puesto al metro cúbico del agua.

El presidente de la JCRMO señaló que en la Asamblea estuvieron representadas hasta un 42 por ciento de las hectáreas de cultivo, es decir, 47.000, de un total de 105.000 que representan a la Junta Central de Regantes en las provincia de Albacete y Cuenca.

González apuntó que la asamblea «se ha movido en unos cauces de respeto y, sobre todo, de gran responsabilidad por parte de los agricultores, sobre todo de los que van a sufrir una mayor restricción en esa zona, porque han entendido esa medida que reviste un carácter medioambiental, pero es lógico que existan algunas reticencias».

En la asamblea ordinaria celebrada hoy una mayoría «aplastante», del 85 por ciento, aprobó las cuentas del ejercicio 2006, el presupuesto para 2007, la cuota ordinaria y el informe de gestión de sequía.

Y, ¿qué opinan los regantes acerca de la futura medida incluida en los nuevos planes hidrológicos? Desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) no dudaron en aplaudir esta decisión.

Los regantes albaceteños que llevan más de una década trabajando para lograr una gestión racional de este escaso recurso. Y como ellos llevan años predicando con el ejemplo no dudan en valorar positivamente una medida con la que se pretende que nadie realice un excesivo consumo de agua. El objetivo es optimizar recursos.

Un nutrido grupo de agricultores albaceteños, acompañados por el delegado provincial de Agricultura, Manuel Miranda, ha visitado recientemente las nuevas instalaciones para producción de biodiesel que la cooperativa ACOR de Valladolid ha puesto en marcha.

Entre los agricultores albaceteños se encontraban Agustín González, presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental; Javier Valero, presidente de la Asociación Albaceteña de Agricultura de Conservación; Miguel Barnuevo, miembro de esta entidad y otros agricultores con explotaciones en la provincia de Albacete.

La cooperativa ACOR es una de las más importantes en el cultivo de la remolacha y, en diciembre de 2005, sus aproximadamente 9.000 socios dieron el visto bueno a la construcción de una planta para la producción de 66.000 toneladas de biodiesel, a partir de cultivos de colza y girasol.

En la visita, y acompañados por Esteban Sanz Cantalapiedra, miembro del Servicio Agronómico de ACOR, así como por ingenieros directores de obra y responsables del proyecto, la delegación albaceteña recorrió las obras que la cooperativa esta llevando a cabo, concretamente, en el municipio de Olmedo (Valladolid).

Obras que consisten en la construcción de una planta, en la que se almacenará la cosecha de semillas oleaginosas de los socios de ACOR, con una capacidad de almacenamiento de 160 millones de kilogramos; una extractora de aceite; y las instalaciones necesarias para realizar el proceso de transesterificación, por el que el aceite obtenido se transforma en biocombustible, en este caso en biodiesel.

Además, la planta también producirá harinas, ácidos grasoso y glicerina. Los primeros cereales que se transformarán serán los de la presente campaña.

Toda la expedición albaceteña mostró un gran interés por el proyecto que, según comentaron los agricultores y el propio delegado de Agricultura, es perfectamente extrapolable a la provincia de Albacete, dadas las condiciones de suelo y clima y la adaptación de las explotaciones albaceteñas a la producción de los cultivos principales para la obtención de biodiesel, la colza y el girasol.

Asimismo, la delegación albaceteña comentó que lo más importante del proyecto de ACOR es que se trata de un proyecto cooperativo y el beneficio industrial que supondrá la transformación del aceite en biocombustible repercutirá en el propio agricultor socio de la cooperativa, rentabilizándose de esta manera el cultivo de una manera importante.

Posteriormente se realizó una visita a diversas parcelas dedicadas a cultivos energéticos en las provincias de Valladolid y Ávila.

Los Planes Especiales de Sequía, que han entrado hoy en vigor coincidiendo con el Día Mundial del Agua, permitirán adoptar decisiones a largo plazo para garantizar el abastecimiento y evitar «cortes» de agua, con lo que supondrán «un antes y un después en la gestión de la sequía».

Así lo manifestó hoy el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en rueda de prensa tras presentar estos planes.

Destacó la importancia de que en un país como España se gestione la sequía de forma normal ya que es un fenómeno propio de nuestro clima, que aparece periódicamente, y no «una maldición extraordinaria».

Estos Planes permitirán ir adoptando decisiones que generen los menores sacrificios en la población, en función de los recursos disponibles y de las necesidades.

Señaló que la experiencia ha demostrado que cuando se producen cortes de agua los efectos son muy negativos en las redes de abastecimiento y además los ahorros son inferiores a los previstos.

Por ello, uno de los principales objetivos del Gobierno es que no se produzcan cortes de agua en el abastecimiento humano y mantener el suministro normal de agua para consumo e industrias dentro de los cascos urbanos.

Los Planes establecen un mecanismo de participación, las Comisiones Permanentes de Sequía, en las que están representadas las comunidades autónomas y los usuarios, que se reunirán con una frecuencia mayor que la mensual.

Uno de los principales objetivos del Plan es el establecimiento de un sistema de indicadores fiable, que permita prever las situaciones de sequía y valorar la gravedad con que se presentan.

A cada indicador se le han atribuido los valores correspondientes a unas situaciones de estado de sequía que se establecen en función del índice de estado, con unos valores que van de 0 a 1, que lo definen como normalidad, prealerta, alerta o emergencia.

Para ilustrar el funcionamiento de los planes, Palop puso como ejemplo la Cuenca del Júcar, en la que para evitar afecciones medioambientales no deseables como que se corte el río se ha puesto en marcha un centro de intercambio que permitirá comprar derechos de agua.

Subrayó que antes de estos planes se adoptaban decisiones puntuales para solucionar el momento presente, lo que no ocurrirá a partir de ahora.

Por otra parte, según un informe elaborado por la sección de Climatología del Centro Meteorológico de Valencia, el déficit de precipitación en la Comunidad Valenciana desde septiembre es del 10 por ciento, con lo que ya se acumulan 30 meses de sequía climática.

El balance de los dos años y medio de sequía ofrece un déficit estimado del 20 por ciento de precipitación, con el 96 por ciento del territorio de esta comunidad con déficit pluviométrico.

La ampliación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de hasta el 60% de los derechos a extraer aguas subterráneas en el tramo medio del río Júcar se ha saldado con un ahorro de otros dos hectómetros más, según explicó ayer el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Agustín González.

En concreto han sido unos cien agricultores los que se han sumado a esta segunda fase con lo que se prevé que sumando los resultados de la primera convocatoria se dejarán de extraer un total de 38 hectómetros de este tramo del río. González indicó que esta respuesta deja claro que son muchos los agricultores que han preferido seguir cultivando a ceder sus derechos de forma temporal tanto por la reducción previa en sus dotaciones que han sufrido como por la escasez de la cuantía económica en concepto de indemnización.

Por otra parte, González mostró su malestar por algunos de los aspectos incluidos en el anteproyecto de la Ley de Aguas. En este sentido lamentó que el borrador confunde demarcación con unidad de cuenca hidrográfica. «Es anticonstitucional que se use la demarcación como unidad de cuenca y contradice la Directiva Marco del Agua», apuntó insistiendo en que el texto permite que se realicen transferencias de recursos de unas cuencas a otras diferentes.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, afirmó ayer que la comunidad autónoma va a ejercer la prioridad que tiene sobre las aguas del Tajo por ser cuenca cedente de recursos hídricos y que por eso no renuncia a que «el trasvase Tajo-Segura tenga fecha de caducidad».

Barreda manifestó que «agua para todos sí, pero en primer lugar y sobre todo para Castilla-La Mancha en el caso de las aguas de nuestras cuencas», y recordó que «la ley dice que la cuenca cedente tiene prioridad sobre la receptora, y esa prioridad hasta ahora no se había aplicado».

De justicia

«Es justo la tendencia que hemos empezado a invertir, y vamos a ejercer esa prioridad, y por eso no renuncio a que el trasvase Tajo-Segura tenga fecha de caducidad», dijo Barreda.

Afirmó que, «cuanto mejor defienda Castilla-La Mancha el agua en la parte que le corresponde, mejor se contribuirá al conjunto» y se volvió a quejar de que actualmente las comunidades autónomas, que tienen competencias para cuyo desarrollo es imprescindible el uso del agua, «no pintamos nada en los órganos de gestión y planificación, y esa es la incoherencia con la que hay que terminar».

No obstante, reconoció que «nuestra posición ha avanzado porque ya todo el mundo admite, el Gobierno de España también, que las comunidades autónomas tenemos coparticipación en los órganos de gestión y planificación del agua, y eso es un salto cualitativo».

Factor estratégico

El presidente castellano-manchego, que apunto que, «incluso en Europa, hay cada vez más problemas de cantidad y calidad del agua», señaló que ésta «en Castilla-La Mancha es un factor absolutamente estratégico».

Añadió que «la escasez de agua no tiene que limitar el desarrollo de Castilla-La Mancha» y aludió a las reivindicaciones que, en este sentido, ha planteado el Gobierno regional desde el punto de vista jurídico y con la construcción de obras hidráulicas.