La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera que, aunque el borrador de la nueva Ley de Aguas plantea avances, un aspecto que habrá que discutir es la representación de las comunidades autónomas en las demarcaciones hidrográficas ponderando su voto en función de su población. El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se refirió al borrador de la Ley de Aguas presentado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Este borrador, que cede parte del control de los ríos a las comunidades autónomas, señala que en las demarcaciones hidrográficas el Estado tendrá la mitad más uno del número total de sus miembros, mientras que las comunidades autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de ellas, tendrán cada una un representante, pero su voto se ponderará, entre 0,10 y 1, en función de la superficie y la población, mediante una fórmula aún no desarrollada.

La representación según la población, dijo García-Page, es una de las cuestiones que se tienen que discutir, porque no es un criterio tan objetivo como pudiera pensarse.

Apuntó que se pueden considerar muchos factores, como los kilómetros de recorrido que tiene un río en una comunidad autónoma, las vinculaciones a cultivos o a proyectos de desarrollo, «la población no puede ser un criterio definitivo», afirmó.

El portavoz del Gobierno regional dijo que todos los criterios tienen que ser objeto de negociación, y «nosotros vamos a negociar para que algunos de los cambios que se adelantan en esta ley que van en la dirección correcta sean analizados con mucho más detalle y ponderando mucho más los intereses de las distintas comunidades autónomas». En cualquier caso, señaló que no quería dar más detalles y anticiparse a la negociación de la futura Ley de Aguas, porque quieren discutir el borrador directamente con el Ministerio.

Propuesta abierta

García-Page consideró que la propuesta del Gobierno central es «abierta y va a ser objeto de muchas opiniones, y muy contrapuestas entre unas comunidades autónomas y otras».

Todavía, dijo, es un proyecto que está empezando a dar los primeros pasos y sobre el que la Junta va a fijar un criterio de forma sosegada, «vemos algunos elementos positivos en los cambios que se plantean, pero queremos avances todavía más notables», aseguró.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, continuó, tendrá una posición definida sobre el proyecto, pero aún tiene que contrastar muchas opiniones y muchos intereses, sin embargo, afirmó que «nuestra posición es tan clara que esta Ley de Aguas terminará aproximándose mucho más de lo que está ahora a la posición de Castilla-La Mancha».

Por su parte, el grupo parlamentario socialista de Murcia realizó ayer en la ponencia de la Comisión Especial del Pacto del Agua sus propuestas para alcanzar un acuerdo, que pasarían por declarar intocable el trasvase Tajo-Segura y continuar con las actuaciones de desalinización. Por otra parte, en el último tramo de la legislatura, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha decidido desarrollar los bancos públicos de agua a través de la reforma de la Ley de Aguas que quiere aprobar la ministra Cristina Narbona por la vía de urgencia. De acuerdo con el borrador al que ha tenido acceso La Verdad, no se limita la cantidad de caudales que se pueden comprar a otras cuencas hidrográficas.

Asimismo, la decisión dependerá de los organismos que dirigirán las nuevas demarcaciones, en los cuales el Estado se asegura la mayoría. De esta forma, las comunidades autónomas no podrán vetar estas operaciones.

La diputada nacional por el PP de Albacete, Encarnación Naharro, mostró ayer su preocupación por el peso que tendrá Castilla-La Mancha en los órganos de decisión con el borrador de la Ley de Aguas. Naharro aseguró que conforme se ha presentado el decreto de demarcaciones la participación de Castilla-La Mancha será bastante reducida y mostró su preocupación porque todas las decisiones del Comité de Competencias estará en manos de decisiones políticas. La diputada popular recordó que Castilla-La Mancha debería tener un uso prioritario sobre las aguas de Castilla-La Mancha. La diputada nacional del PP compareció en rueda de prensa para anunciar que pedirá explicaciones a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, por la disminución adicional del caudal de riego para los agricultores de la Mancha Oriental.

Naharro recordó que a primeros de marzo los agricultores han recibido un escrito comunicándoles que por efecto de la sequía la Confederación del Júcar ha reducido un 20% adicional la cantidad de agua inicialmente fijada. La diputada popular calificó de «verdadero fracaso» la oferta de compra sobre los derechos de agua sobre los regantes del Júcar que no ha cubierto ni la mitad de las expectativas, motivo por el cual se ha ampliado el plazo de presentación. Naharro aseguró que en una comisión de sequía la Confederación, «sin contar con nadie», ha decidido ampliar otro 20% la reducción, «que se comunica cuando muchos de los afectados ya habían sembrado, lo que repercutirá negativamente en sus explotaciones porque ya tenían hechas unas previsiones económicas». La diputada popular aseguró que preguntará a la ministra las razones que justifican esta reducción adicional, cuántas explotaciones se verán afectadas y con qué superficie, cuál es la merma de producción estimada por la reducción y qué medidas adoptará el Gobierno para compensar las pérdidas económicas que tendrán los agricultores de la zona.

Naharro se mostró a favor de la toma de medidas para paliar la sequía, «pero el futuro de Castilla-La Mancha no pasa porque paguen a los regantes para no regar».

Además, criticó al presidente regional, José María Barreda, «que lo único que hace es interponer recursos contra su propio Gobierno que luego no cumplen».

La nueva de Ley de Aguas cederá a las Autonomías una parte del control de los ríos al reservarles un representante en los máximos órganos de dirección de las futuras demarcaciones hidrográficas, que el Estado controlará para jugar un papel «claro» de arbitraje en los conflictos interterritoriales.

Así lo manifestó el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, en una rueda de prensa en la que explicó el borrador de la nueva Ley de Aguas , que el Gobierno someterá mañana al debate de las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial, y que pretende ser «una herramienta para la sociedad del nuevo milenio».

La ley garantiza que «nadie en España padezca el no tener agua que le permita llevar una vida digna», por lo se establece un suministro de agua potable de calidad mínimo de 60 litros por habitante y día, dijo.

El borrador establece la creación del Comité de Autoridades Competentes, que es el órgano superior de dirección y cooperación de las demarcaciones hidrográficas, que es como se van a llamar las actuales Confederaciones Hidrográficas.

El Estado tendrá la mitad más uno del número total de sus miembros, mientras que las comunidades autónomas, cuyo territorio forme parte total o parcialmente de la demarcación hidrográfica, tendrán cada una un representante, pero su voto se ponderará, entre 0,10 y 1, en función de la superficie y la población, mediante una fórmula aun no desarrollada.

También las corporaciones locales tendrán un representante en esos comités.

En atención a las labores de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua, tanto superficiales como subterráneas, desaladas o reutilizadas, se crea una tasa para recuperar el coste de la prestación de ese servicio, que oscilará desde los 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos.

Palop explicó que así se dará respuesta a la situación actual por la que «estamos pagando todos los españoles vía impuestos y algunas personas estén obteniendo beneficios de un agua que es de todos».

Resolver el problema

La nueva ley pretende resolver el problema de la seguridad jurídica de las más de 1.300 grandes presas que hay en España, para lo cual se establece la obligación de registrar todas aquellas que tengan más de cinco metros de altura o una capacidad de más de 100.000 metros cúbicos, ya sean privadas o públicas. Otra de las novedades de la nueva Ley es el establecimiento de un Sistema Nacional de Cartografía de Zonas inundables, que realizarán las comunidades y los organismos de cuenca en un plazo previsiblemente de tres años.

Se creará una Conferencia Sectorial del Agua, que se complementará con un nuevo Consejo Nacional del Agua, distinto al actual, formado por asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales y representantes del mundo científico.

El borrador establece un Plan de Acción en materia de aguas subterráneas, de tal forma que se dará más competencias y más capacidad de actuación a las comunidades de usuarios.

Agregó que, además, existen 450.000 expedientes de aguas subterráneas, cuya tramitación supondrá un coste de entre 15 y 20 millones de euros.

El representante del Ministerio aseguró que en el borrador «no se hace ninguna referencia a obras hidráulicas concretas ni a trasvases concretos».

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró que la nueva Ley de Aguas , que entrará en vigor en la presente legislatura, regulará los supuestos y condiciones bajo los que las comunidades autónomas gestionarán de forma «concreta» las cuencas de los ríos.

Narbona indicó que, para la aprobación de la citada Ley , el Consejo de Ministros dará su visto bueno el próximo mes y el Gobierno pedirá a las Cortes Generales una tramitación de urgencia para hacer posible que entre en vigor antes de que acabe la legislatura.

Asimismo, Narbona señaló que la nueva Ley de Aguas recogerá la configuración de demarcaciones mixtas para que la planificación de las cuencas hidrológicas integren a las «pequeñas cuencas» y «a las de mayor envergadura».

Satisfacción en la Región

Mientras, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Regionales, José Molina, consideró que el borrador de la nueva Ley de Aguas «abre el camino» a la posición y a los planteamientos de Castilla-La Mancha sobre la participación de las comunidades en los órganos de gestión y caducidad del trasvase.

Molina considera que se trata de un buen proyecto de ley porque la coparticipación de las comunidades autónomas en los órganos de gestión del agua evitará «los blindajes» de los ríos, tal y como ha defendido Castilla-La Mancha, señaló el portavoz del PSOE.

Entiende que la nueva Ley de Aguas permitirá tener en cuenta la posición de Castilla-La Mancha en aspectos medioambientales de los ríos, como el caudal.

También podrá intervenir a la hora de decidir sobre los usos y establecer las obras hidráulicas necesarias para ello y «todo ello -agregó- será decisivo a la hora de decidir sobre la caducidad del trasvase Tajo-Segura».

Entre las cuestiones que a su juicio hay que mejorar, el portavoz parlamentario socialista se refirió a los aspectos que regulan los bancos de agua para evitar que primen criterios económicos de que «quien más pueda pagarla más agua se pueda llevar», además ahormar la representación de las comunidades en las confederaciones.

El diputado socialista Alejandro Alonso aseguró ayer que Castilla-La Mancha ya ha conseguido «la primera victoria» en el borrador de la Ley de Aguas enviado por el Gobierno al Consejo Nacional del Agua por la inclusión de la capacidad de decisión de las comunidades autónomas en la gestión del agua.

Alonso, en rueda de prensa, atribuyó al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, la autoría de ese planteamiento y aseguró que el Gobierno central «ha aceptado» su propuesta de dar participación a las comunidades en los órganos de decisión del agua.

Alonso apuntó que el peso de las comunidades en los Comités de Autoridades Competentes de cada demarcación hidrográfica no dependerá sólo de la población, sino también de la extensión el territorio.

Coparticipación

En la misma línea, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, apreció «avances interesantes» sobre coparticipación en la gestión hídrica en el borrador ministerial de la Ley de Aguas, pero también «aspectos mejorables» respecto a las demarcaciones hidrográficas y la compraventa de derechos de agua.

En rueda de prensa en Toledo en un receso de una reunión de la comisión delegada para asuntos de agua del gobierno regional, Lamata explicó que Castilla-La Mancha defenderá el criterio de unidad de cuenca en cuanto a las demarcaciones, así como la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente para las compraventas intercomunitarias de derechos.

Lamata valoró que el borrador otorgue representación en los órganos de gestión de agua a las comunidades, pero indicó que ésta ha de guiarse por una proporcionalidad, para la cual el criterio de superficie «tiene que tenerse en cuenta con mayor precisión».

Por su parte, la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, eludió pronunciarse sobre el anticipo de la Ley de Aguas publicado en un diario nacional, aunque indicó que, en principio, el que «las CC AA podamos participar en los organismos de gestión de las cuencas y confederaciones hidrográficas es algo que me parece muy bien y absolutamente necesario».

De Cospedal, que hizo estas declaraciones en Toledo al ser preguntada por los periodistas sobre la información publicada en el diario El País, señaló que «los borradores yo los miro cuando son borradores de las leyes, pero todavía El País no es el Boletín Oficial del Estado para que sea un borrador», aseveró. En este sentido confió en tener «un documento algo más fiable para poderlo comentar».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, dijo hoy que el desarrollo del año hidrológico confirma que «nos encontramos en una sequía atroz», debido a que los tres últimos años hidrológicos van a ser los más secos que ha tenido el río Júcar.

Moragues, que asistió al inicio de las obras de acondicionamiento del Júcar a su paso por Cuenca, indicó que, mientras que las aportaciones medias del río se sitúan en el entorno de 1.000 hectómetros cúbicos anuales, hace tres años sólo fueron de 300 hectómetros cúbicos y el pasado año hidrológico descendieron hasta 280 hectómetros cúbicos.

En el actual año hidrológico «vamos camino de mantenernos en esas cifras, por debajo de 300 hectómetros cúbicos», señaló Moragues, que añadió que «tenemos los tres años históricos más secos del río Júcar, y además consecutivos».

En este sentido, dijo que las precipitaciones que se registraron en las semanas pasadas no han sido suficientes para aliviar la situación de la cuenca hidrográfica.

No obstante, destacó que se han garantizado ya los abastecimientos a las poblaciones, los suministros industriales y los posibles usos turísticos y que se han preparado una serie de medidas medioambientales «para evitar que el río sufra más allá de lo necesario».

Planes de sequía

Por otro lado, Moragues dijo que entiende que los representantes de Castilla-La Mancha en el Consejo del Agua hayan votado en contra del plan de sequía y lamentó que los de la Comunidad Valencia no hayan explicado su abstención.

Moragues, que asistió al inicio de las obras de acondicionamiento del Júcar a su paso por Cuenca, afirmó que comprende «perfectamente» el voto contrario al Plan Especial de Alerta y Eventual Sequía que emitieron los representantes de Castilla-La Mancha durante el debate de este documento que se produjo el pasado miércoles en el Consejo del Agua de la Cuenca del Júcar.

Según el presidente de la CHJ, los representantes de Castilla-La Mancha «razonaron el por qué hacían ese voto contrario, concretamente por el ámbito territorial de actuación del plan especial».

Por su parte, la consejera de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, María Encina Alvarez dijo que el voto de los representantes de la región en el Consejo del Agua se asienta en una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 2004, que avala las tesis de Castilla-La Mancha de que no se puede gestionar y planificar conjuntamente la cuenca del Júcar con las cuencas internas de Valencia.

La Mancha Oriental exige que se modifiquen los órganos de gobierno y el ámbito territorial para que se cumpla la Sentencia del Júcar

Por enésima vez la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) ha denunciado la vulneración de los derechos de Castilla-La Mancha y de la ley en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Hartos de esta situación desde la Junta Central de Regantes han decidido trasladar su queja al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que a su vez la traslade al Consejo de Ministros.

Así, el presidente de la JCRMO, Agustín González, ha remitido una carta a Zapatero en la que solicita el inmediato traspaso de las funciones y servicios correspondientes a las competencias de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana «que actualmente se encuentran incluidas en el ámbito territorial del organismo de cuenca, es decir la Confederación Hidrográfica del Júcar».

Demarcación

En el mismo escrito los regantes de la Mancha Oriental también exigen al responsable del Ejecutivo español la «inmediata modificación del ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para adaptarlo al definido como Demarcación Hidrográfica del Júcar» así como a lo dispuesto en la Sentencia delSupremo de octubre del 2006.

El último punto del escrito de la JCRMO se refiere a la participación de Castilla-La Mancha en la Confederación del Júcar. En este sentido, González recordó que el 70% del curso del río discurre por la comunidad castellano-manchega.

Así en la misiva los regantes de La Mancha Oriental piden «la inmediata modificación de los órganos de gobierno, planificación y gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para adaptarlo al nuevo ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, con la representación que en este caso le corresponde a Castilla-La Mancha en dereco, y a lo dispuesto en la Sentencia del Júcar».

González manifestó que el envío de esta carta a Zapatero se produjo tras la reciente aprobación en el Consejo del Agua del Plan Especial de Sequía del Júcar ya que este texto no se adecua ni a la Demarcación del Júcar ni a lo establecido en la Sentencia del Supremo.

Por su parte, la Junta de Comunidades ha informado desfavorablemente tanto sobre el Plan de Sequía del Júcar como sobre el del Tajo y el del Segura.

El Gobierno de Castilla-La Mancha fundamenta su recurso contra el trasvase de 11 hectómetros cúbicos para regadío de la cuenta del Tajo a la del Segura del pasado mes de febrero en que ni el destino ni la justificación que se adujo para autorizarlo se ajustan a las reglas del explotación del trasvase.

El vicepresidente segundo de la región, Emiliano García-Page, explicó el acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de impugnar ante el Tribunal Supremo la autorización del Consejo de Ministros, el pasado 2 de febrero, de un trasvase de 22 hectómetros cúbicos, la mitad de ellos para regadío.

Según dijo García-Page, ni el destino del agua -para el riego en invernaderos, de cultivos leñosos y para balsas- ni la justificación de la Comisión de Explotación para hacer su recomendación se basan en las reglas de explotación actuales del trasvase Tajo-Segura.

«No es que nos opongamos sólo a la filosofía del trasvase para regadíos», dijo, sino que, aunque éstos estén previstos en la Ley del Trasvase, en este caso no se daban las condiciones «ni de reserva de agua ni de aplicación estricta de las normas técnicas de la comisión de explotación».

«No están suficientemente justificados técnicamente estos trasvases ni cuando se apela al socorro ni a otras distribuciones que no están previstas estrictamente en la reglamentación del trasvase, como las balsas y los invernaderos», señaló el vicepresidente segundo, para quien no se trata de llevar agua a Murcia para acumularla. A su juicio, la presión del Levante «sigue siendo intensa» y, por ello, en el organismo regulador de la cuenca y del trasvase se toman decisiones forzando la interpretación de las normas del trasvase.

Subrayó que el Gobierno de Castilla-La Mancha, independientemente de qué partido gobierne en España, antepone siempre los intereses de la región.

En este caso, continuó, la decisión del Consejo de Ministros de autorizar el citado trasvase «no estaba fundamentada y estaba soportada sobre la base de una modificación incorrecta de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura».

Cambio de las reglas

Añadió que la legislación «deja claro que las reglas de explotación del trasvase se tendrán que modificar en la próxima legislatura, pero en tanto que son norma actual no pueden acomodarse, reinterpretarse o modificarse de forma encubierta», por tanto, la decisión del Consejo de Ministros no se ajusta al ordenamiento jurídico vigente. Confió en que el recurso sea admitido a trámite y el Tribunal Supremo «termine dándonos la razón como ya ha ocurrido en otras ocasiones».

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, mostró ayer su respaldo al recurso del Gobierno regional al trasvase de 11 hectómetros cúbicos de agua para regadío que aprobó el Consejo de Ministros, pero exigió «valor» para hacerlo en todas las circunstancias.

Por otro lado, la Comisión va a conocer las alegaciones que se van a remitir desde el Ayuntamiento a la Confederación Hidrográfica del Júcar en contra de la petición de Iberdrola (que la Confederación hizo llegar al Consistorio albaceteño) para que el Ayuntamiento pague la cantidad de 668.213 euros.

El motivo por el que Iberdrola reclama esta cantidad es como «indemnización por la afección de pérdida de producción de la energía eléctrica de Iberdola por derivación del agua del sistema del Júcar para abastecimiento de la ciudad de Albacete».

Entre los argumentos que da el Ayuntamiento para no pagar, y que se integran «en un escrito de diez folios», aparecen que la Confederación «no es competente para intermediar entre Iberdrola y nosotros porque no tenemos ningún contrato con Iberdola, que nos pide ese dinero porque dice que es agua que no ha pasado por sus saltos de agua para turbinarla y producir energía eléctrica y que eso le ha creado un perjuicio económico de más de 600.000 euros».

Además, que el acuerdo en el que se sustenta Iberdrola no afecta al abastecimiento de Albacete; asimismo, el Plan Hidrológico de cuenca establece como principio general del uso del agua del sistema Júcar la integración de todos los embalses del mismo para la gestión optimizada y «no puede contarnos el agua como que no baja de Alarcón»; Iberdrola tampoco acredita que se haya producido daño alguno que deba ser indemnizado; y «lo más importante de todo» es que los usos de abastecimiento a población son prioritarios a los industriales.

La reforma del Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha podría estar antes del verano. Así lo anunció ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que asistió en Albacete a unas jornadas para debatir sobre el estatuto básico del empleado público. Sevilla recordó que todas las reformas estatutarias planteadas por las comunidades autónomas al Congreso han sufrido modificaciones tras su paso por la Cámara Baja y señaló que la de Castilla-La Mancha no tiene porque ser diferente.

Sevilla recordó que la fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura está incluida en la propuesta que ha salido de las Cortes de Castilla-La Mancha, «pero como todas las reformas estatutarias ahora tienen que discutirse, debatirse y aprobarse donde reside la soberanía nacional, aunque la experiencia demuestra que hasta ahora todas las propuestas se han pactado, negociado y discutido y se han cambiado, por lo que estoy seguro que también seguirá el mismo procedimiento el Estatuto de Castilla-La Mancha».

No obstante, el ministro de Administraciones Públicas no quiso pronunciarse sobre si la caducidad del trasvase será uno de los puntos que se modifique en esta negociación en el Congreso. «En este momento es prematuro decir si éste será uno de los puntos que será eventualmente negociado, pactado y corregido».

Sevilla recordó que la propuesta de reforma que ha emanado de las Cortes de Castilla-La Mancha ya ha llegado al Congreso de los Diputados, «por lo que es razonable que tengamos la reforma antes del verano». El ministro recordó que la Comisión Constitucional, que es la que se ocupa del seguimiento de las reformas estatutarias, «en las que esta legislatura ha cogido ya carrerilla, por lo que se pueden garantizar unos plazos como esos».

Siguen las negociaciones

También se pronunció el máximo responsable de Administraciones Públicas sobre el proceso de transferencias de Justicia a Castilla-La Mancha. En este sentido, Sevilla recordó que sigue el proceso negociador, «porque una de las grandes obsesiones de mi Ministerio hasta ahora ha sido abordar las grandes transferencias pendientes de los Estatutos hasta ahora en vigor». Recordó que de momento sólo se ha alcanzado un acuerdo con Asturias para cerrar las transferencias de Justicia, «y tenemos la negociación muy avanzada con Aragón, con Baleares y con Castilla-La Mancha». El ministro admitió que el obstáculo en las negociaciones se encuentra en la valoración y el coste económico que el Estado tendrá que traspasar a la Comunidad junto con las competencias.

Sevilla reconoció que la reforma estatutaria ha supuesto una cierta demora «porque la prioridad se ha puesto más ahí que en la transferencia, pero la voluntad del Gobierno de España, y entiendo que también del de Castilla-La Mancha, poder garantizar que antes de que finalice la legislatura nacional se haya procedido a ese traspaso de competencias, en el año 2008».

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) aprobó ayer en Valencia la propuesta realizada por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) de ampliación de la oferta pública de adquisición (OPA) de hasta el 60% de los derechos a extraer aguas subterráneas.

Esta oferta, que culminó a finales del pasado mes de enero y que estaba dirigida a los regantes del tramo medio del río, se ampliará con las mismas condiciones tras la reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación celebrada ayer en Valencia.

Según explicó a este diario el presidente de la JCRMO, Agustín González, los regantes interesados en adherirse a esta nueva oferta de cesión temporal de derechos podrán hacerlo en un plazo de siete días desde el momento en el que se publique esta nueva convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

La propuesta de ampliación surgió tras los resultados obtenidos en la primera convocatoria cuando se esperaba que la adhesión de regantes fuese mucho mayor de lo que finalmente resultó.

González indicó en este sentido que la nueva oferta pública de adquisición completará la anterior con la que se pretendían ahorrar entre 55 y 60 hectómetros. Así, con la ampliación el reto es conseguir dejar de extraer los 17 hectómetros que habían quedado sin cubrir en la oferta inicial.

El presidente de los regantes albaceteños recordó que en esta segunda fase tendrán prioridad aquellos regantes que ya se adhirieron a la convocatoria anterior.

En la Junta de Gobierno de la Confederación también se analizaron las alegaciones que los distintos colectivos implicados han presentado al Plan Especial de Sequía. En este sentido los denominados regantes tradicionales, del Levante, volvieron a dejar claro su convencimiento en cuanto a su prioridad en el uso del agua y en cuanto a los volúmenes asignados incluso en épocas de sequía.