La Confederación del Júcar ha impulsado la puesta en marcha de un plan de recuperación integral del río, con el objetivo de desarrollar actuaciones que permitan obtener una mejora de sus caudales y de la calidad de sus aguas, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua..Para su desarrollo se creará una mesa de participación
Los concejales presentes en la sesión plenaria conocieron, puesto que se dio cuenta en la parte última del Pleno, de la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo que anulaba la forma en la que se aprobaron dos acuerdos. Uno para dar luz verde al protocolo de funcionamiento de la sociedad mixta Aguas de Albacete, y otro para asumir el Ayuntamiento el pago del IVA al Ministerio de Defensa por la venta de los terrenos de las antiguas Cocheras de Aviación para construir 98 viviendas de protección oficial.
Lo que la sentencia venía a decir era que el equipo de gobierno había vulnerado los derechos fundamentales de dos concejales -Juan Carlos López Garrido y José Miguel González Moraga- porque, en lugar de entregarles para su estudio estos expedientes del Pleno con 48 horas de antelación, se los había entregado con 24 horas.
Además de dar cuenta, la mayoría socialista -con la oposición del PP y el voto a favor de IU en el tema del agua y en contra en el de las Cocheras- aprobó convalidar todo lo que se ha ido haciendo hasta ahora porque, según el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Martínez, «es lo que los servicios jurídicos municipales nos han aconsejado que hay que hacer».
Una postura que no gustó nada al PP, por lo que su concejal Juan Carlos López Garrido anunció que «vamos a votar en contra y vamos a recurrir a los tribunales esta decisión», añadiendo que «seguramente el señor alcalde tendrá la ocasión de ser agraciado con una nueva sentencia en contra».
La reserva de agua en los embalses peninsulares ha subido en la última semana en 1.424 hectómetros cúbicos y se sitúa ya en el 59,6% de su capacidad total. Esta cifra representa un incremento de 10,9 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, medio punto menos que hace cinco y 4,3 menos que hace 10 años.
Según los últimos datos del ministerio de Medio Ambiente, los pantanos contienen en la actualidad 32.295 hectómetros, con variaciones que van desde el Segura (15,5% del agua que puede contener) a Norte II (Asturias y Cantabria), donde están al 90,8%.
En los últimos siete días los embalses, cuya capacidad total ascienden a 54.148 hectómetros, han subido un 2,6%.
A pesar de que las precipitaciones han sido abundantes en toda la península, no en todos ha aumentado la reserva y hay diferencias tan notables como la de la Cuenca del Duero, que ha subido 368 hectómetros, y la de las cuencas internas de Cataluña, que han bajado 6 hectómetros.
La portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, acusó ayer al PSOE de plantearse la retirada del Estatuto en la tramitación en el Congreso, ya que el lunes en junta de portavoces presentó una propuesta de resolución de la Presidencia parlamentaria que establece la retirada por mayoría simple. En rueda de prensa en sede parlamentaria, Guarinos recordó que el artículo 170.8 del texto aprobado por las Cortes regionales y registrado en el Congreso de los Diputados -aún no en vigor- plantea una mayoría de dos tercios para los casos de retirada y, por tanto, interpretó que el PSOE anticipa la posibilidad de una retirada sin consenso.
Guarinos afirmó que el PP está en contra de esta propuesta, aseguró que este partido defenderá el texto aprobado por unanimidad en las Cortes regionales durante su tramitación en las Cortes Generales y ligó la proposición del grupo socialista a la afirmación de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acerca de que el Gobierno no es partidario de establecer una fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura.
Al respecto, el secretario primero de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, aseguró que la resolución de Presidencia sobre la retirada del Estatuto durante su tramitación en las Cortes Generales es un «acto procedimental» para equiparar la Cámara a los parlamentos de comunidades históricas.
En rueda de prensa en las Cortes, Fernández Vaquero acusó de «deslealtad institucional» a la portavoz del PP, Ana Guarinos, por haber hecho una interpretación partidista de un requisito aprobado por otros parlamentos, incluidos aquellos de comunidades donde gobierna el PP, como Castilla y León, cuya resolución ha sido tomada como muestra.
Hoy jueves
Según indicó el diputado socialista, la resolución será aprobada por el presidente de las Cortes, Fernando López Carrasco, hoy jueves, tras la aprobación por la Mesa y la junta de portavoces que se reunirán después del pleno, ya que fue él quien presentó la propuesta de resolución a estos órganos.
Fernández Vaquero explicó que en 1993 las Mesas del Senado y del Congreso aprobaron resoluciones que habilitaban a los parlamentos de comunidades creadas por la vía del artículo 143 de la Constitución a obtener una facultad en principio limitada a las «históricas» del artículo 151, consistente en retirar una reforma estatutaria durante la tramitación en las Cortes Generales. En función de esta facultad varios parlamentos han aprobado resoluciones en este sentido, según explicó Fernández Vaquero, entre ellos, las Cortes de Castilla y León, que en diciembre aprobaron el texto estatutario y «veinte días más tarde» aprobaron una resolución de la Presidencia sobre la retirada. «Hemos hecho exactamente lo mismo» que en Castilla y León, aseguró el secretario del a Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Asimismo, explicó que la diputada del PP María Jesús Bonilla recibió el lunes copias de la resolución del presidente del parlamento de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago.
La presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, emplazó ayer al jefe del Gobierno regional, José María Barreda, a que pida a la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, que explique su rechazo a poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura. Unas declaraciones aparecidas en El País en las que aseguraba que el Gobierno no es partidario de poner fecha de caducidad al trasvase.
El secretario regional de Organización del PSOE, Patrocinio Gómez, dijo ayer, en alusión al rechazo de la vicepresidenta del Gobierno a poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, que «no sería la primera vez que un gobierno socialista de Castilla-La Mancha se enfrentase a un Gobierno de su mismo signo en Madrid, por defender los intereses de esta tierra».
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) prevé que en los próximos cuatro años más de medio millón de regantes gestionarán su actividad por Internet a través del proyecto Corenet, una red de servicios y recogida de datos que permite mejorar la gestión del agua para regadío.
El Gobierno valenciano anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que fija el año 2015 como el fin del trasvase Tajo-Segura, si finalmente el Congreso y el Senado aprueban esa reforma estatutaria.
Así lo anunció, en el pleno de las Cortes Valencianas el conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, a una pregunta del grupo popular sobre si el ejecutivo valenciano piensa recurrir la citada normativa autonómica, aprobada por las Cortes castellanomanchegas con los votos del PSOE y el PP.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, calificó de «humo» la política hídrica del Gobierno central, anunció que continuará reclamando la recuperación del proyecto del trasvase del Ebro frente a las «promesas incumplidas» del programa AGUA, y reclamó que las Cortes Valencianas se muestren unidas para reclamar el agua que necesita su comunidad.
Unanimidad
Camps valoró el acuerdo unánime logrado en el pleno de las Cortes Valencianas para rechazar el acuerdo estatutario de Castilla-La Mancha que fija la caducidad para el trasvase del Tajo-Segura, pero lamentó que esa unanimidad no se hubiera alcanzado en relación con el Plan Hidrológico Nacional y el derogado trasvase del Ebro al sureste peninsular.
También se refirió en sus críticas al cambio de trazado de la toma del trasvase Júcar-Vinalopó, que «busca un retardo que genera inquietud y desconfianza» en esta autonomía, y a la posibilidad de que Castilla-La Mancha se reserve el uso «exclusivo» del tramo del Júcar que discurre por esa autonomía.
Antes esta intención el portavoz del grupo parlamentario socialista de Castilla-La Mancha, José Molina, afirmó que parece un anuncio «en plan rabieta» y que «no tiene visos de seriedad».
Molina insistió en este punto en que en la Región «estamos plenamente convencidos» de que el Estatuto es «plenamente constitucional», y que en Castilla-La Mancha no se ha planteado un debate constitucional sino político pues pretende terminar con «los privilegios» que determinadas comunidades autónomas quieren mantener sobre el agua que transcurre por Castilla-La Mancha.
Unidad
Tanto el PP y el PSOE de Castilla-La Mancha se ratificaron en el acuerdo alcanzado para pedir la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad, cuya constitucionalidad defendieron ante el recurso anunciado por el Gobierno valenciano.
El secretario regional del PP castellanomanchego, Vicente Tirado, recalcó que su partido se ratifica en lo acordado en el texto desde la convicción de que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma más solidaria de España, pero debe utilizar el agua que necesita para su desarrollo.
Por otra parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, manifestó que los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades españolas «no son clones» pero en el caso del aragonés la propuesta de reforma pactada entre los diferentes grupos políticos resulta ser «excelente». Iglesias además aseguró que no es momento de comparar el Estatuto aragonés con el de Castilla-La Mancha.
El presidente de la Confederación Hidrográfíca del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, llevó a cabo una jornada de trabajo en la mañana de ayer en Hellín para hacer entrega de distintas resoluciones a la Comunidad de Regantes Juan Martínez Parras, SAT La Horca, Regantes de Isso y Sociedad Agraria de Transformación Fuente de Isso.
Tras departir con los representantes de estos colectivos de regantes el presidente de la CHS giró visita a los depósitos de agua potable que la Sociedad Estatal Acsegura está construyendo en el cerro Cruz de la Langosta con una capacidad de cinco mil metros cúbicos cada uno. Acompañó a esta visita el delegado provincial de Agricultura, Manuel Miranda.
Fuentes Zorita dijo que esta visita es para seguir solucionando problemas y reconocer derechos de los regantes de la zona que se adquirieron hace muchos años. Hoy -dijo- se sientan las bases para legitimar unos derechos que estaban sin concretar.
Cumplido
Añadía que la CHS está ultimando la tramitación para inscribir a la SAT La Horca-Agramón en el Registro de Aguas, con lo que se cumplirían todas las demandas realizadas por el Ayuntamiento de Hellín respecto a la regularización y adaptación de todos los regadíos de su término municipal a la vigente legislación de aguas, culminando un proceso que se remonta a más de 20 años antes.
Fuentes Zorita dijo que Hellín en los últimos tres años ha conseguido más cosas que en bastantes décadas anteriores, teniendo una importante serie de proyectos en marcha.
A la pregunta de cómo ve la caducidad del trasvase Tajo-Segura dijo que él no se podía manifestar, quien debe resolver esa cuestión -dijo- son las Cortes de España, añadiendo que la CHS está para recoger las inversiones y repartirlas.
Siguió diciendo que «debemos dejar trabajar a los parlamentarios, estoy convencido de que al final del debate de las Cortes saldrá un Estatuto que no tendrá duda de su constitucionalidad y que representará adecuadamente los intereses de Castilla-La Mancha en el marco general de España».
El proyecto de los depósitos de la Cruz de la Langosta es de 2,5 millones de euros financiado por Acuasegura en un 85%, con cargo al Fondo de Cohesión de la Unión Europea, y el 15% por el Ayuntamiento de Hellín.
Los nuevos depósitos han sido construidos con muro de hormigón armado, de forma rectangular, incluyendo una instalación de rebombeo entre ambos.
Estas infraestructuras forman parte del proyecto de mejora de abastecimiento de agua potable, incluyendo una nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable que sustituirá a la antigua, y que contará con las más modernas técnicas, entre ellas, la ozonización, que proporciona una desinfección impecable del agua y la filtración en carbono activo, que elimina cualquier sabor.
En este mismo acto Fuentes Zorita dio a conocer el reconocimiento formal para el aprovechamiento de la Fuente Principal de Isso y Pozos del Boquerón, esto -dijo- es un paso más del Ministerio de Medio Ambiente en la satisfacción de las demandas históricas de los regantes hellineros.
Dijo que los sondeos aportados por los sondeos de El Boquerón se vierten y acumulan a un embalse de regulación de unos 100.000 m3, ubicado en la rambla del Boquerón, y del que parte una conducción de agua hasta el entorno de la Fuente Principal de Isso. Estos sondeos se ejecutaron en su día como parte de las obras de infraestructuras para el desarrollo y transformación de la zona regable de Hellín.
El alcalde de Hellín, Diego García Caro, dijo que esta visita no era como las que anteriores presidentes hacían a Hellín que eran, aseguró, para ocasionar problemas; esta no es así -añadió- porque se hace un acto sencillo con la entrega de esos acuerdos que serán muy productivos para el municipio. «Siempre hemos encontrado voluntad de pacto con la CHS que se cierra con estos acuerdos», concluyó el alcalde.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura y sus acompañantes visitaron posteriormente los trabajos en los barrancos de Férez y Benizar (Socovos), donde la CHS ha realizado obras de acondicionamiento y recuperación.
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Francisco del Amor, dijo hoy que «cualquier regadío que está ocho meses sin agua tiene suficiente justificación» para un trasvase, en respuesta a las críticas de la Junta de Castilla la Mancha al último aprobado por el Gobierno.
Del Amor indicó que existen informes que avalan la petición que hicieron los regantes a la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura, pero que, en cualquier caso, las 147.000 hectáreas de regadíos de la cuenca del Segura llevan sin recibir agua del acueducto desde hace casi un año, a pesar de que tienen una declaración de interés nacional.
Criticó el oscurantismo y secretismo con el que la Junta de Castilla la Mancha lleva a la Comisión de Explotación del Acueducto los informes contrarios a los trasvases, cuando, según Del Amor, los datos técnicos debieran ser conocidos por todos, «porque la ciencia enriquece, pero envilece si se manipula políticamente».
El representante de los regantes dudó además de la justificación técnica que puedan hallar para presentar un recurso jurídico al trasvase de 11 hectómetros cúbicos, y confió en que la cordura vuelva de nuevo a la gestión del agua en España.
En este sentido, lamentó la existencia de reformas de estatutos autonómicos que incluyen apartados en los que se atribuyen competencias estatales sobre política hidráulica, como, según dijo, el caso de Castilla la Mancha, «y que luego sus representantes en rueda de prensa hablen de que el agua es un bien de todos».
«Parece mentira que en su estatuto quieran apropiarse de todas las balsas de agua de España saltándose la Constitución Española», añadió, y señaló «la incongruencia y contradicción en la que constantemente caen» al hablar de agua.
Aseguró que el sindicato de regantes del Segura estará vigilante de lo que ocurra en los próximos días con los estatutos en trámite parlamentario, ya que sospecha de que solo se maquillará el texto y que se persistirá en la cesión de competencias del Estado.
«Parece que de lo que hablan es de un bien público para ellos solo y no para el resto», añadió.
En cuanto a las críticas del vicepresidente segundo de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page, a la posibilidad legal de venta de derechos de agua calificándolo como «mercadeo», respondió que están legalmente autorizados y que solo se trata de un acuerdo entre unos regantes que no quieren disponer de un volumen de agua que les corresponde y que la ofrecen a otros regantes que la necesitan para sus cultivos.
El secretario general de Asaja de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, afirmó ayer que la organización agraria «no se cree absolutamente nada» de los dos trasvases aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros, porque su destino «es terminar de llenar las balsas» en Murcia.
Fresneda dijo, en referencia a los dos trasvases para regadío y para consumo humano de la cabecera del Tajo al Segura aprobados el pasado viernes, que «ni nos creemos lo de los 11 hectómetros cúbicos para beber, ni nos creemos lo de los 11 hectómetros cúbicos para regar, ni nos creemos absolutamente nada de todo eso».
Aseguró que entiende que los representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha digan, «porque es lo políticamente correcto», que agua para beber no se puede negar, pero «Asaja si lo niega, porque no es para eso, es para terminar de llenar las balsas que no se terminado de llenar bien con las aguas que han caído».
Según Fresneda, «para lo que usan el agua es para seguir desarrollando una sociedad rica, cada vez más rica, a costa del agua, no solamente sobre la base de la agricultura y sobre la base de beber».
Infraestructuras de ocio
En este sentido, se preguntó que hubiera ocurrido «si además de hacer esas grandes infraestructuras de ocio que están haciendo allí se hubieran dedicado a hacer infraestructuras para recoger el agua para cuando llueve», porque entiende que «con el agua que ha caído allí no hacía falta hacer un trasvase para riego».
A Fresneda le gustaría «que alguien tuviera el valor de no hablar de esto en campaña electoral y después, al día siguiente de celebrarse las elecciones, se sentara en Belmontejo», (un municipio conquense por el que pasa el acueducto), «y empezara a contar el agua que pasa».
Si lo hicieran «verán como al cabo del año el agua que pasa es mucho más de la que se anuncia en el Ministerio de Medio Ambiente, es así no hay más historia», afirmó Fresneda.
Añadió que «lo que queremos es que se hagan las infraestructuras previstas en el Plan Hidrológico Nacional», porque «ni 2015, ni 2020, ni 2010, que se hagan cuanto antes, porque cuanto antes se hagan esas obras de infraestructuras antes vamos a poder utilizar el agua del trasvase y si sobra ya llegará a donde tenga que ir, porque nunca vamos a dejar de ser solidarios». A su juicio, «está fenomenal lo del Estatuto y está fenomenal lo de 2015», pero reiteró que «nuestra posición es ésta y no nos va a mover nadie de ella nunca».
Por otra parte, la consejera de Obras Públicas, Encina Alvarez, reiteró ayer que los servicios jurídicos de Castilla-La Mancha estudian la presentación de un recurso contra el último trasvase aprobado por el Consejo de Ministros y acusó a los agricultores murcianos de ejercer presiones «irresponsables».
Según la consejera, Castilla-La Mancha es solidaria, «lo hemos demostrado durante 25 años y lo seguiremos demostrando, no hemos negado a nadie el agua para beber» y apostilló que «quien está poniendo en riesgo esa solidaridad son los agricultores con unas presiones absolutamente irresponsables».