La Consejería de Obras Públicas, la Diputación Provincial de Albacete y los Ayuntamientos de Carcelén, Férez, Letur, Robledo y Tarazona de La Mancha han firmado diferentes convenios para la mejora de las redes de abastecimiento en baja de estos municipios.

Dichos convenios se encuadran dentro del convenio marco firmado por el Ejecutivo autonómico y la Administración provincial por valor de 9,5 millones de euros y que beneficiarán en torno a 50 municipios, lo que supone el 60 por ciento del total de la provincia de Albacete.

En estos momentos, la ejecución del mismo marcha a buen ritmo con cerca del 85 por ciento de los convenios tramitados, informaron hoy fuentes de la Junta de Comunidades.

Este acuerdo marco ha sido suscrito con las cinco Diputaciones provinciales y contempla una inversión de 50 millones de euros beneficiando a más de 500 municipios de Castilla la Mancha.

En el caso de los convenios con estas cinco poblaciones la inversión alcanza 610.000 euros.

Las actuaciones que se van a acometer consistirán en renovar las redes de abastecimiento en estos municipios, en el caso de Letur y Robledo se mejorará el suministro de agua a distintas pedanías, mientras que en Tarazona de La Mancha se ejecutará un sondeo para garantizar la distribución de agua en esta población, sobre todo de cara a la época estival en la que se produce un importante incremento de habitantes en el municipio.

Estos convenios son un ejemplo de coordinación entre administraciones para responder a las demandas de los ciudadanos, y ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno regional de asegurar el abastecimiento en cantidad y calidad de todos los municipios de la región.

Ante un futuro desesperanzador, debido en gran parte a las consecuencias negativas del cambio climatológico, se impone la necesidad de agudizar el ingenio y de apostar por proyectos para solucionar la falta de agua en España.

Un problema de primera magnitud que sufren en sus propias carnes los agricultores castellanomanchegos, al igual que los del resto de comunidades de la denominada España seca, y que podría verse agravado este mismo año con cortes de agua en los hogares de gran parte de la geografía del país, según auguró el investigador catalán Antonio Ibáñez.

El último de los proyectos en los que trabaja este ingeniero industrial afincado en Castilla-La Mancha, que ha ejercido también su labor en su carrera profesional en la Nasa, es la creación de lo que ha denominado un sistema de autopistas submarinas para derivar agua desde el delta del río Ródano hasta la localidad murciana de Águilas.

Desde allí el agua sería bombeada a través de un entramado de tuberías hasta la Comunidad Valenciana, Almería y Castilla-La Mancha. La iniciativa, gestada en los laboratorios Alba Montecristo, será presentada en las próximas semanas al presidente de la Comunidad Murciana, Ramón Luis Valcárcel, y a su consejero de Agricultura, Antonio Cerdá. Posteriormente hará llegar el proyecto también al Ejecutivo castellanomanchego y al resto de comunidades implicadas.

La mitad del coste

El sistema en cuestión, según explicó Antonio Ibáñez a este diario, podría estar finalizado en un año y el coste del mismo se reduciría un 50% respecto al presupuestado en su día para el derogado Plan Hidrológico Nacional. Asimismo el investigador defiende que este proyecto no acarrearía problemas medioambientales ni políticos.

Para derivar el agua Ibáñez de Alba apuesta por la realización de unas vías de comunicación que discurrirían por el fondo marino a cotas de profundidad que no afectasen al tráfico marítimo. El sistema, muy similar a un teleférico, se completaría con una serie de pilares fijados al fondo del mar con unos morteros como los que se usan para fijar las plataformas petrolíferas. Desde estos puntos se uniría un conjunto de cables que constituiría un tendido submarino de postes y poleas para el recorrido de los cables realizando trayectos desde el Ródano hasta Murcia (con una distancia de unos 650 kilómetros).

Por este tendido discurrirían una serie de transportadores de agua realizados en acero o con materias plásticas resistentes a la oxidación, es decir vagones con una capacidad de entre uno y diez hectómetros. Las bodegas de estos transportadores se llenarían en el delta del río gracias a unas mangueras de gran diámetro, para evitar la aproximación de estos vagones a la costa. Las mangueras estarían provistas por sistemas de filtración de impurezas y de depuración de las aguas tanto para consumo humano como para regadío.

Ibáñez indicó que se trata de un sistema más sencillo de lo que parece a priori y que además permitiría llenar los pantanos de la cabecera del Tajo y del resto de la España seca hasta el 100% de su capacidad. También recordó que en la actualidad el Ródano vierte al mar entre 7.000 y 8.000 metros cúbicos por segundo.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, acerca de las declaraciones de la pasada semana de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre el riego «a manta» en Castilla-La Mancha, confirmó que esto demuestra que «no sabe como se llama» puesto que la denominación es de «riego a manto». Explicó el diputado regional al respecto que esta fórmula solo se utiliza en el 10 por ciento de los casos de la superficie de regadío en Castilla-La Mancha, frente al 70 por ciento de Madrid.

En este sentido, recordó que, históricamente, la región «ha tenido negados los derechos a regar» y dijo que lo que se pretende no es «blindar el río», sino «liberarlo» porque los que tenían los derechos eran los agricultores de Murcia y Levante.

Por su parte, la Unió de Llauradors criticó las «abusivas extracciones» de agua del Júcar en Castilla la Mancha para los cereales de regadío

La presidenta de la Comunidad de Madrid anda, como decimos por aquí, sembrada últimamente. Primero fueron las afirmaciones que hacía en su libro diciendo que con 8.000 euros no llegaba a fin de mes. Unas afirmaciones que molestaron profundamente a más de uno. Especialmente a los jóvenes que a pesar de tener una formación universitaria y en muchos casos un postgrado son «mileuristas» o ni siquiera eso.

O que se lo digan a los pensionistas que tras toda una vida de trabajo tienen que pasar el mes haciendo cuentas y más cuentas con pensiones que en la mayoría de los casos no llegan a los 600 euros.

O a las familias que están hipotecadas hasta el cuello para vivir en un piso en el que apenas se pueden mover y con la amenaza constante de una nueva subida.

Ahora la señora Aguirre se ha vuelto a meter en un terreno pantanoso acusando a los agricultores castellano-manchegos de regar «a manta». Un tópico tan usado ya por el Levante que desgraciadamente se está extendiendo a otros puntos de España sin que nadie venga ni siquiera a comprobar si sus afirmaciones son ciertas.

Los que sí que lo hacen y los que gestionan el agua reconocen que en Albacete y en Castilla-La Mancha se ha hecho un gran esfuerzo de modernización de regadíos y que en muchos casos nuestros regantes son un ejemplo de buena gestión. Alguien debería asesorar a Esperanza Aguirre mejor pero también a nuestros políticos porque lo cierto es que nuestra región en determinados temas sigue teniendo muy, pero que muy, mala prensa.

Los regantes de la Mancha Oriental quieren que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha elimine los blindajes a los que ha estado y sigue estando sometido el río Júcar. Una propuesta que ayer transmitieron al portavoz del grupo socialista en las Cortes Regionales, José Molina, para que la traslade al proyecto del Estatuto en la reunión prevista para el próximo martes antes de que el próximo día 19 culmine el plazo de presentación de enmiendas al documento.

Los representantes de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) se reunieron con Molina para analizar el anteproyecto y plantear algunas puntualizaciones que consideran necesarias.

Un encuentro que se produjo a petición de los propios regantes y del cual se extrajeron importantes aportaciones. En este sentido el portavoz socialista anunció que la intención es hacer extensiva la propuesta de la JCRMO al resto de los ríos y cuencas hidrográficas que atraviesan la Región.

Convenio de Alarcón

Por su parte, el presidente de los regantes, Agustín González, recordó que los blindajes no son nada nuevo. Además se refirió al convenio de Alarcón como un elemento también a eliminar y como una hipoteca para el río Júcar.. En este sentido subrayó que el convenio «a partir de un determinado volumen tiene el derecho de uso exclusivo de los usuarios valencianos» y que el resto de usuarios deben pagar por utilizar el agua.

En cuanto a la III Conferencia de Presidentes celebrada el pasado jueves, que culminó sin un acuerdo para dar mayor participación a las comunidades en materia de gestión de agua, González se mostró más crítico con los resultados que Molina.

Así, el responsable socialista afirmó que «la posición de Castilla-La Mancha se abre camino y más pronto que tarde será una realidad» .No obstante, a la par que destacó el paso dado con el compromiso para crear una Conferencia Sectorial del Agua, reconoció que pretendían que en la Conferencia ya se hubiesen iniciado las acciones para que las comunidades tuviesen representación en los órganos de gestión del agua.

Molina calificó de «curioso y sorprendente» la actitud de los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP que se negaron a apoyar esta iniciativa. En este sentido el portavoz socialista instó a los populares de Castilla-La Mancha a dejar clara su postura al respecto.

El presidente de los regantes por su parte tildó de «pobre» el resultado de la Conferencia ya que, en su opinión, se han visto dos posturas totalmente enfrentadas. «Los que quieren usar el agua como lo han hecho históricamente y los que queremos hacerlo con futuro», matizó añadiendo que es muy difícil trasladar los llamados derechos históricos al presente y «prácticamente imposible al futuro».

La OPA del Júcar

En lo referente a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del 60% de los derechos a extraer agua del acuífero lanzada por la Confederación del Júcar y dirigida a los regantes del tramo medio del río, es decir a unos 4.000 agricultores adscritos a la Junta Central, González destacó el interés que ha despertado.

Así cifró en torno a un 80%del total los agricultores que se acogerán previsiblemente a esta medida de cesión temporal y con un objetivo de carácter ambiental. «La gente está muy interesada y está pidiendo información», apuntó González añadiendo que se trata de un proceso muy complejo ya que afecta a sociedades agrarias de transformación de iniciativa pública.

El pasado ejercicio vino marcado en Albacete por cuestiones como la entrada en vigor del sistema de pago único, las inclemencias meteorológicas que se dejaron sentir, sobre todo, en la comarca de La Manchuela y la propuesta de reforma de la OCM del Vino, que ha movilizado a los profesionales y a la propia Administración. De todo ello hace balance el delegado provincial de Agricultura, Manuel Miranda, quien señala que en 2007 el objetivo es seguir trabajando para ayudar a los agricultores y ganaderos, con una apuesta muy fuerte por alternativas como el desarrollo de los biocombustibles o la agricultura ecológica y de conservación.

-El año pasado supuso la entrada en vigor del sistema de pago único. ¿Cuál es el balance?

-Efectivamente, 2006 fue el año de aplicación de la reforma de la PAC, con la principal novedad de la implantación del sistema de pago único. Como siempre que se pone en marcha un nuevo procedimiento administrativo, se necesita un tiempo de rodaje, pero gracias al trabajo de las entidades colaboradoras y de la Administración se pudo hace todo el trámite, incluyendo las alegaciones a la comunicación de derechos provisionales. En total, en la provincia se han presentado 23.110 solicitudes de pago único, mientras que en las últimas semanas de diciembre se efectuó, por parte de la Consejería, un pago generalizado que en Albacete ha ascendido a 68,4 millones de euros, el más importante en la provincia desde la entrada en vigor de la PAC y que, además, se ha hecho seis meses antes de que acabara el plazo estipulado para ello. Las cosas, a mi juicio, se han hecho bien en este apartado.

-A partir del 18 de diciembre se enviaban también las comunicaciones de derechos definitivas. ¿Va a facilitar esto la tarea de cara a la convocatoria de 2007?

-A fecha de hoy la Consejería de Agricultura ha enviado todas las comunicaciones y, lógicamente, estamos recibiendo algunas quejas de agricultores que no están de acuerdo con los derechos asignados. Para reclamar cabe un recurso de alzada, aunque estamos hablando de un pequeño porcentaje de alegaciones.

-¿Ya hay plazo para presentar las solicitudes de la PAC?

-El plazo se ha fijado ya y comprende del 1 de febrero hasta el tercer viernes de marzo.

-2006 ha sido un año complicado en comarcas como La Manchuela, que se ha visto muy afectada por las heladas en el olivar y el viñedo. ¿Va a atender la Consejería las peticiones de las organizaciones agrarias, que solicitan ayudas para esta zona?

-Nosotros consideramos que para este tipo de casos están los seguros agrarios. La consejera Mercedes Gómez decía el otro día que se han invertido más de siete millones en seguros agrarios; en este sentido, creemos que las Administraciones no podemos estar pendientes y salir corriendo, cada vez que la climatología sea adversa, a sacar una orden de ayudas. A pesar de ello, y dada la situación bastante particular de La Manchuela, se está estudiando por parte de la Consejería de Agricultura ofrecer algún tipo de ayuda o compensación, unas medidas que se consensuarán con las organizaciones agrarias. Hoy mismo se ha convocado en Toledo una reunión para abordar este asunto.

-Al hilo de los seguros agrarios, los agricultores se quejan de que las compañías están subiendo las primas y rebajando la cobertura que ofrecen…

-Sobre este tema tengo que decir que aún estoy esperando que alguien venga aquí a la Delegación y nos diga que convoquemos a la Mesa de Seguros. Si el seguro no es bueno habrá que intentar mejorarlo entre todos, pero no puede ser que cada vez que tenemos una incidencia climatológica, que por desgracia es algo muy frecuente en el campo, tengamos que salir con una orden de ayudas que además, en muchos casos, la normativa comunitaria no permite de forma directa.

-El sector vitivinícola, tan importante para Albacete y la Región, se ha llevado en 2006 el ‘susto’ de la reforma de la OCM del Vino. ¿Qué se va a hacer desde el Gobierno regional en 2007?

-El primer documento que sacó la Comisión Europea no nos ha gustado a nadie, fundamentalmente porque gira en torno al arranque de viñedo y nosotros consideramos que no es el momento de arrancar viñedo de forma indiscriminada. La Consejería de Agricultura y el Gobierno regional han estado presentes en todos los foros de debate que se han abierto en este sentido. Mercedes Gómez estuvo en julio en el Parlamento Europeo defendiendo la postura de Castilla-La Mancha, y a primeros de diciembre el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, hizo lo propio en el Comité de las Regiones. Esta Región está liderando, por tanto, la oposición a la propuesta de reforma.

-¿Pueden estar tranquilos, entonces, los profesionales albaceteños de la defensa que se hará desde los poderes públicos?

-Por supuesto. Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones en todos los foros europeos y seguiremos trabajando en este sentido. Cualquier reforma de la OCM que no considere al agricultor como el eje sobre el que debe girar la reforma, que no se preocupe o que no intente mejorar su renta, va a contar con toda la oposición de Castilla-La Mancha, del Gobierno regional y de la Consejería de Agricultura.

-Una política comunitaria adversa podría suponer la desaparición de ciertos cultivos, como ha ocurrido este año en Albacete con la remolacha. ¿Qué alternativas hay, sobre todo por lo que respecta al desarrollo de biocombustibles?.

-Hay que recordar que la remolacha demandaba mucha agua y, tal y como estamos en esta provincia, consideramos que su pérdida se puede paliar con otros cultivos sin mayor problema. Aun así, los agricultores que se han visto afectados, que tampoco eran tantos, han sido compensados y no se han ido con las manos vacías. Desde luego que hay alternativas y ahí tenemos los cultivos energéticos. La Unión Europea, precisamente, acaba de difundir el porcentaje obligatorio de biocombustible que deben llevar los carburantes de cada país, y eso es una cosa que a los agricultores albaceteños nos viene bien. Va a haber demanda de biodiesel, de hecho ya la hay, y va a ser una opción muy interesante en la que estamos trabajando, con la idea de que se establezca una planta aquí en Albacete.

-Hacía usted referencia a los consumos de agua. ¿Qué opina de declaraciones como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que afirman que aquí se despilfarra este recurso?

-A mi juicio, Esperanza Aguirre ha venido poco por Castilla-La Mancha para ver cómo regamos y cómo hacemos las cosas en esta Región. Demuestra un desconocimiento impresionante, ya que en Castilla-La Mancha tenemos el 92% de regadío modernizado, mientras que en la Comunidad Valenciana sólo se ha modernizado el 48%, con dotaciones por hectárea de hasta 20.000 metros cúbicos, cuando aquí en La Mancha Oriental estamos hablando, como mucho, de 5.000 metros cúbicos. Además, este año la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental aplicó una restricción voluntaria del 20%, algo que no ha hecho nadie.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que en materia de aguas se acordó con los presidentes de las comunidades autónomas en la III Conferencia de Presidentes la creación de una Conferencia Sectorial del Agua.

El presidente del Ejecutivo comenzó su intervención en esta materia afirmando que «se han mantenido las diferencias entre los presidentes de las comunidades autónomas», pero que «no obstante se ha alcanzado un acuerdo» que es la creación de este nuevo órgano de debate, que dará más corresponsabilidad a las Comunidades Autónomas.

Rodríguez Zapatero señaló ayer en rueda de prensa al término de la III Conferencia de Presidentes que la política del agua es «muy trascendente» para las comunidades autónomas.

En la actualidad existe un Consejo Nacional del Agua, en el que participan las comunidades autónomas, usuarios del agua, regantes, sindicatos y organizaciones ecologistas. Este Consejo Nacional del Agua «tiene una naturaleza y composición muy distintas», porque en la Conferencia Sectorial del Agua «sólo participará el Gobierno y las comunidades autónomas», explicó Rodríguez Zapatero.

Asimismo, podrá formar parte de la Conferencia Sectorial del Agua, «con voz pero sin voto», un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y se podrá «invitar» a otros titulares ministeriales o consejerías, especialmente los relacionados con regadíos. Concretamente en regadíos, el Gobierno propone un «programa concertado con el Ministerio de Agricultura para mejorar la formación de los regantes».

Informe previo

Esta Conferencia Sectorial del Agua debatirá y emitirá un informe de todos los proyectos de Ley, decretos o cualquier tipo de norma relacionados con el agua, tanto de ámbito estatal como autonómico, así como los contenidos de la nueva planificación hidrológica acorde con la directiva marco de aguas.

Por el contrario, la III Conferencia de Presidentes no aprobó la propuesta del Gobierno de que en materia de agua se reconozca a las Comunidades Autónomas el «ejercicio de determinadas funciones en la gestión del agua en las cuencas intercomunitarias».

Estas cuencas son responsabilidad de la Administración del Estado, pero el Ejecutivo pretendía que las comunidades autónomas «participarán activamente» en su gestión. El PP por su parte afirmó en su documento que «la competencia en materia de aguas es de carácter estatal».

En cuanto a los trasvases, el Ejecutivo quería que las Comunidades Autónomas participaran en la «gestión de las transferencias de aguas entre demarcaciones, de acuerdo con lo que establezca en la planificación hidrológica», pero el documento final no hizo ninguna referencia a este tema.

Los populares reclamaron por su parte al presidente del Gobierno que «diseñe y construya suficientes infraestructuras hidráulicas en toda España, que hagan posible llevar agua de unas cuencas a otras», según el documento entregado a los medios de comunicación, en el que no se recoge la palabra trasvase.

No obstante, tampoco se admitió esta propuesta del PP que abogaría por la creación de nuevas infraestructuras para poder trasvasar el agua de unos ríos a otros.

En el documento de propuestas en materia de aguas del PP se vuelve a reclamar el principio de solidaridad entre las cuencas, aunque apuntan que cada cuenca «debe tener una preferencia para el uso del agua de forma que satisfagan previa y plenamente sus legítimas necesidades actuales y futuras». No obstante, el PP considera que «es compatible con la posibilidad de empleo en otras cuencas de recursos sobrantes disponibles».

Cambio climático

Por otra parte, Rodríguez Zapatero anunció que la próxima Conferencia de Presidentes será el próximo año y estará dedicada al cambio climático, porque España por sus condiciones geográficas estará influida por el cambio climático.

Para preparar la próxima Conferencia de Presidentes se constituirá un amplio grupo de expertos que elaborarán un informe sobre la situación, el impacto y medidas a adoptar ante el cambio climático en España.

Más peso en los órganos de gestión de agua. Castilla-La Mancha ha abierto el debate sobre la participación de las comunidades autónomas en la política hidráulica, una cuestión que en Albacete vienen reclamando también entidades como la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO). La provincia está representada, hoy por hoy, en las cuatro confederaciones hidrográficas que gobiernan las cuencas de los ríos Júcar, Segura, Guadiana y Guadalquivir, aunque en proporción desigual y no siempre con capacidad de decisión.

De los 42.989 kilómetros cuadrados que comprende la cuenca del Júcar, 15.737, el 36,61% del total, se sitúan en Castilla-La Mancha, en las provincias de Albacete y Cuenca. La mayor parte del territorio, el 49,59%, pertenece a la Comunidad Valenciana, mientras que Aragón concentra el 13,15% y Cataluña el 0,65%.

Sin embargo, sólo tres de los 37 miembros que componen la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) pertenecen a Castilla-La Mancha y tienen voz y voto: el director general del Agua de la Consejería de Obras Públicas, José Fernando Ortega; el director general de Mejora de Explotaciones Agrarias de la Consejería de Agricultura, Juan Manuel Suárez, y el director general de Planificación y Gestión Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Mariano Martínez.

En este órgano, entre cuyas funciones figura la de aprobar los planes de actuación de la Confederación y la propuesta de presupuesto, están presentes como invitados la JCRMO y el Ayuntamiento de Albacete, aunque al contrario que los representantes de los ayuntamientos de Valencia y Benidorm, o de las comunidades de regantes valencianas -que sí son miembros activos de la junta de gobierno-, no tienen voto.

«No tenemos nada más que voz», indicaba el presidente de la JCRMO, Agustín González, recordando que la ciudad «más grande» de la cuenca del Júcar, Albacete, «tampoco tiene representación». Y eso a pesar de que el 70% del río Júcar, más allá de la extensión de la cuenca, discurre por Castilla-La Mancha, según explicaba el representante de los regantes albaceteños. «Ya es hora de que esta situación se modifique, de manera que en la gestión de la cuenca se refleje la realidad social y económica actual del territorio», añadió.

La CHJ, cuya sede central está en Valencia, está presidida por Juan José Moragues, que encabeza la junta de gobierno, siendo el vicepresidente primero de este último órgano el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comunidad Valenciana, Juan Cotino, y el vicepresidente segundo el máximo representante de la Acequia Real del Júcar, también con sede en la capital del Turia.

La provincia de Albacete también está representada, a través de las Consejerías de Obras Públicas, Agricultura y Medio Ambiente y Desarrollo Rural en las juntas de gobierno de las confederaciones hidrográficas del Segura, el Guadiana y el Guadalquivir.

Segura

En la del Segura, la comunidad autónoma castellano-manchega concentra el 25% de la fracción de la cuenca, ocupando el segundo lugar tras la Región de Murcia, que ostenta el 59%. En total son dos los vocales con los que cuenta la Región: el director general de Mejora de Explotaciones Agrarias de la Consejería de Agricultura y el director general del Agua de la Consejería de Obras Públicas, representantes que ascienden a cuatro en el caso del consejo del agua de la Confederación: el citado director general de Planificación y Gestión Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural; el delegado provincial de Obras Públicas en Albacete, José Eduardo Martínez Valero; el jefe de Servicio de Obras Hidráulicas de la Delegación de Obras Públicas de Albacete, Miguel Gómez y el jefe de Servicio de Mejora de Explotaciones Agrarias de la Delegación Provincial de Agricultura, Ángel Larrauri.

Todos ellos, según confirmaron fuentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, tienen voz y voto, al igual que los miembros castellano-manchegos de la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de cuya cuenca forman parte 172 municipios de la Región, 176 de Extremadura y 78 de Andalucía. En este órgano la comunidad autónoma cuenta con tres vocales de las Consejerías de Agricultura, Obras Públicas y Medio Ambiente y Desarrollo Rural, así como el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real y los representantes de la Comunidad de Regantes de Alcázar de San Juan y de Tomelloso.

miembros más en el consejo de agua.

Ecologistas en Acción considera que la reclamación de competencias de agua que vienen realizando algunas comunidades autónomas y que se debatirá mañana en la Conferencia de Presidentes tiene como finalidad evitar cualquier cortapisa a grandes desarrollos urbanísticos, aunque superen las disponibilidades hídricas renovables existentes en sus territorios.

En un comunicado, esta organización indicó que en los últimos meses algunos gobiernos autonómicos y numerosos ayuntamientos están autorizando la construcción de nuevas grandes urbanizaciones que no cuentan con la garantía de abastecimiento de agua potable para esas nuevas viviendas y que cuentan con informes negativos de las confederaciones hidrográficas.

Ecologistas en Acción mostró su preocupación por que algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Aragón y Madrid, reclamen competencias de agua que superan con creces lo establecido en el Estatuto de Cataluña y en la ley de aguas del Gobierno vasco.

A juicio de Ecologistas en Acción, estas reclamaciones de competencias van en contra del concepto de gestión de unidad de cuenca establecido en la Ley de Aguas y en la Directiva Marco de Agua.

Según el artículo 25.4 de la Ley de Aguas, los nuevos desarrollos urbanísticos que se pretendan llevar a cabo deberán contar con un informe de las confederaciones hidrográficas o del órgano administrativo responsable de la gestión del agua, en el caso de que la competencia esté transferida, sobre la disponibilidad o no de agua potable para abastecer a esos nuevos desarrollos urbanísticos.

Ecologistas en Acción señala que, dado el espectacular desarrollo urbanístico que se está promoviendo en España, especialmente en el entorno de las grandes ciudades y en el litoral mediterráneo, y la escasa disponibilidad de agua existente en determinadas regiones, las confederaciones hidrográficas y otros órganos de gestión del agua están emitiendo informes negativos sobre la disponibilidad de agua potable para esos nuevos desarrollos urbanísticos.

Así, en los últimos meses las confederaciones hidrográficas han informado negativamente a varias decenas de miles de nuevas viviendas, especialmente situadas en la costa mediterránea.

Sin embargo, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos han alegado que dichos informes no son vinculantes y están aprobando nuevos desarrollos urbanísticos que posiblemente no van a disponer de abastecimiento de agua potable, al menos de manera continuada, indicó la organización ecologista.

Ecologistas en Acción considera que dichos informes son vinculantes, pues se realizan en base a lo establecido en los planes hidrológicos de cuencas, que sí lo son.

Advierte que la venta de viviendas que no dispongan de un elemento tan básico como es el abastecimiento de agua potable, podría ser constitutivo de delito, al poder considerarse una estafa, y anuncia que está estudiando emprender acciones legales contra aquellos responsables de ayuntamientos y comunidades autónomas que pretendan aprobar la construcción de nuevas viviendas que no tengan asegurado el abastecimiento de agua potable.

También ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente que haga público el contenido de dichos informes en su página web para que los posibles compradores de esas viviendas sean conscientes de esa situación y puedan emprender las acciones legales correspondientes cuando les falte el suministro de agua potable.

El Segura ya es el tercer río de la península, junto con el Ebro y el Júcar, que ha sido invadido por la plaga del mejillón cebra, la cual que se está propagando a velocidad de vértigo por las cuencas españolas. El presidente de la Confederación Hidrográfica del segura, José salvador Fuentes Zorita, confirmó ayer a La Verdad que en las muestras de agua recogidas el pasado mes de diciembre se han encontrado una preocupante proporción de larvas de estos bibalvos, que están catalogados como una de la especies invasoras más dañinas para los ecosistemas fluviales.

Las larvas se han encontrado diseminadas por toda la cuenca, ya que han aparecido en la cabecera, donde llegan los caudales derivados del Tajo; en Murcia y en la Vega Baja alicantina. Han invadido los canales del Acueducto Tajo-Segura.

La vertiginosa velocidad con la que se reproducen y los millones de individuos que componen cada colonia provoca numerosos daños en las canalizaciones de agua; obstruyendo tuberías, equipos e impulsiones. Asimismo, atacan a las especies locales, a las cuales se adhieren dificultando sus movimientos; a la vez que causan malos olores y acentúan la corrosión de los metales.

La preocupación es máxima en la Confederación Hidrográfica del Segura, explicó Fuentes Zorita, ya que las larvas se han encontrado en los canales del Acueducto Tajo-Segura, que cuenta con un complejo sistema de maquinaria para la regulación e impulsión del agua. Una vez que estas larvas se conviertan en mejillones adultos, podrían causar serios perjuicios en el funcionamiento.

Las muestras fueron tomadas a finales de diciembre por un equipo técnico desplazado desde Zaragoza, donde ya existe experiencia debido a que esta plaga irrumpió en España a través de la cuenca del Ebro. Los expertos tomaron muestras de agua en once puntos, principalmente en las canalizaciones, azudes y embalses. Inicialmente, y por medio de una inspección visual, no encontraron ejemplares adultos. Ahora se inicia una fase de evaluación y averiguación para determinar su procedencia