La ciudad y el condado de Nueva York no existirían si no fuera por los tres trasvases que los abastecen de agua. Igual le pasa a la ciudad y al condado de Los Ángeles.

Estamos hablando sobre las dos ciudades más importantes de los Estados Unidos de América, que no existirían si no fuera por los seis trasvases de aguas que utilizan, ambas ciudades, con caudales siete veces superiores al tristemente derogado trasvase del Ebro. Serían otra cosa. Posiblemente ciudades muy pequeñas y sin la relevancia que tienen hoy, en cuanto a fuentes de prosperidad y oportunidades que son.

A nadie se le escapa que, tanto Nueva York como Los Ángeles, son consideradas como ciudades modernas por excelencia. Ciudades en las que se genera empleo y adonde todo el mundo se desplaza en busca de oportunidades. En busca de una vida mejor. Igual que la Comunidad Valenciana.

Todo esto, sin perder la perspectiva de que el alto valor agrícola y vinícola del Estado de California se debe a los innumerables trasvases de agua que existen esa región.

En efecto, los trasvases de aguas son buenos porqué hacen prosperar a los pueblos. He citado California, Los Ángeles y Nueva York sin carácter exhaustivo. Otras ciudades, como Helsinki, Lesotho, en África, Ben Haroun, en Argelia occidental, ciudades del sertaô brasileño, ciudades de China, India, Pakistán, Irak, Grecia, Francia, Tailandia y un largo etcétera se abastecen de trasvases de aguas tanto para uso en boca como para regadío. Los trasvases son usados en todo el mundo. Son un instrumento de planificación hidrológica utilizado con éxito desde hace siglos y con una contrastada eficacia en la resolución de los déficits hídricos en muy distintos lugares.

Algunos solicitan un potencial trasvase del Ródano. Parece un poco de locos que no podamos tocar el Ebro y que nos tengamos que ir, ¿o sólo los catalanes?, a traer agua del Ródano. ¿No son buenas acaso las desalinizadoras para Cataluña?

A lo mejor, como la palabra Ebro proviene del latín iberus, que a la sazón significa España, no se puede tocar este río, no sea que España salga fortalecida en estos abruptos tiempos que corren para todo aquél que se precie de ser ciudadano de España. A mi juicio, la inmensa mayoría de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y Murcia nos sentimos valencianos y murcianos y, al mismo tiempo y nivel, españoles. En definitiva, las dos caras de una misma moneda. Por eso queremos el trasvase del Ebro: para que la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana sigan progresando y que ese progreso lo sea también para España.

Quede claro que no estoy en contra del trasvase del Ródano, antes bien lo contrario. Creo que sería bueno para todos porque vertebraría la Unión Europea, al igual que el Ebro, con su trasvase, debe vertebrar España. En este orden de cosas, desde mi punto de vista, se debería hacer simultáneamente o después de que el trasvase del Ebro sea una realidad desde Tortosa hasta Almería. Nos lo merecemos. Nos lo hemos ganado. Es de justicia. Y, además, ¿cómo le vamos a pedir a Francia un agua que en nuestro propio país no somos capaces de administrar teniendo el Ebro vertiendo 20 trasvases al mar en un año de sequía? No parece de recibo ni de sentido común.

Desde la Fundación, estamos demostrando desde el rigor de la ciencia que ceder o trasvasar agua es como donar sangre. Uno ayuda a los demás y además se ayuda a sí mismo. Su sangre mejora. Con el trasvase del Ebro, igual. La Comunidad Valenciana y Murcia siguen prosperando y España, a la postre, se enriquece y se hace más grande: ganamos todos, en definitiva, y se mantiene uno de los grandes signos de identidad de la fachada sureste de España, que es la agricultura. Gana también España como nación. Quizás sea esto último lo que no les interesa a determinadas personas, grupos o partidos políticos.

Lo tengo -perdón por la autocita- puesto por escrito por algún lado. «Salgamos de la hidroesquizofrenia»: recuperemos el trasvase del Ebro ya.

José Alberto Comos Guillem es director de la Fundación Agua y Progreso de la Comunidad Valenciana.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) aseguró ayer en un comunicado de Prensa que es «rotundamente falso» que se vaya a sacar agua a 4.000 metros de profundidad con la ayuda de satélites como afirmó el domingo el consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá, al que pide «que no traslade su ignorancia a los ciudadanos».

La Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad del Gobierno de Murcia anunció la semana pasada que iba a realizar un estudio sobre los acuíferos de la cuenca del Segura para analizar las masas de agua subterráneas «para realizar una mejor gestión» de las mismas.

«Es rotundamente falso que su objetivo sea extraer agua a 4.000 metros de profundidad, como han afirmado algunos miembros del Gobierno murciano y del Partido Popular», asegura la CHS.

Ante las declaraciones de Cerdá considerando la «inviabilidad» del proyecto, la CHS expresó su «estupefacción ante la capacidad de exhibir ignorancia que se demuestra por parte del Ejecutivo regional con ánimo, suponemos, de hacerla extensiva a todos los ciudadanos y ahondando en la tremenda manipulación de que hace objeto todas las cuestiones relacionadas con la política hidráulica».

Investigación

«No existe ningún proyecto para extraer agua a 4.000 metros de profundidad, sino una investigación mediante imágenes por satélite para conocer las características de las masas de agua subterránea existentes hasta dicha cota utilizando las más modernas tecnologías que existen en el mundo», añade la fuente.

«Si algo semejante, un estudio análogo, se hubiera llevado a cabo durante los ocho años que gobernó en la CHS el Partido Popular, probablemente la gestión de las aguas subterráneas se hubiera realizado de otra manera, probablemente algunos agricultores no habrían gastado inútilmente su dinero reprofundizando pozos donde no habían recursos y probablemente alguno hubiese podido atender mejor sus cultivos si hubiera sabido con exactitud donde sí había recursos disponibles», agrega la fuente.

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han aumentado en 48,33 hectómetros cúbicos durante la última semana y se han situado en 696,38 hectómetros, lo que supone un 20,81% de los 3.346,6 hectómetros cúbicos de su capacidad total.

Según informan fuentes de la CHJ, de los 27 embalses adscritos a la Confederación, 22 han aumentado el nivel del agua, dos lo han disminuido y tres, mantenido.

El embalse que ha registrado el incremento más importante ha sido el de Alarcón, que ha recibido 11,69 hectómetros cúbicos, con lo que se sitúa al 10,69%.

Los dos pantanos en los que el nivel de agua se ha reducido han sido los de El Naranjero, que ha sufrido un descenso de 1,01 hectómetros cúbicos, y el de Alcora, con una reducción de 0,01 hectómetros.

Las lluvias no han alterado los niveles registrados en los embalses de La Muela, que se encuentra al 63,92% de su capacidad; Almansa, al 11,50% de su capacidad; y el de Algar, que sigue seco.

Por sistemas, el de Alicante (Marina Baja/Serpis) se encuentra al 60,51% de su capacidad; el Júcar, al 17,02%; el del Turia, al 34,68%, y el de Castellón (Palancia/Mijares/Cenia), al 37,71%.

Más agua, más barata y en menos tiempo. El Gobierno socialista tendrá que darse mucha prisa para poder cumplir, en el año que resta de legislatura, los objetivos que se había marcado para resolver el grave déficit de agua de las regiones mediterráneas. La realidad es que el Programa Agua de la ministra Cristina Narbona, sustituto del derogado trasvase del Ebro, no aportará todos los caudales que se fijaron para este periodo. Murcia y Alicante, las zonas más sedientas, dispondrán el año que viene de unos 120 hectómetros cúbicos a través de desalinizadoras, la mayoría para los abastecimientos, cuando el objetivo marcado con esta opción es de 280 hectómetros en ambas provincias. A día de hoy la producción es de 72 hm3.

Frente a eso, la última riada del Ebro ha desaguado al mar 1.874 hectómetros cúbicos en dos semanas, el equivalente a cuatro trasvases anuales de los proyectados para la cuenca del Segura. El Gobierno murciano apunta que lo más preocupante, a su juicio, es que sólo se hayan podido retener en los pantanos de la cuenca del Ebro 200 hectómetros cúbicos de esta riada. «No ha habido beneficio ni para Aragón ni Cataluña, ya que el Ministerio de Medio Ambiente tampoco ha realizado las obras del Pacto de Aragón», señala el consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá.

LA CONTROVERSIA

Echar al mar y sacar del mar

A día de hoy no puede decirse que haya más agua, ni más barata ni antes. Los gobiernos de Murcia y la Comunidad Valenciana sostienen que se ha perdido el tiempo, puesto que las aguas del Ebro podrían empezar a llegar el año que viene si hubiesen continuado las obras iniciadas en la etapa de Aznar. Añaden que ese agua no habría sido más cara que la desalinizada, cuyo coste en planta alcanza los 60 céntimos por metro cúbico. Y rematan con que estas elevadas tarifas son inasumibles por los regadíos. Asimismo, la plantas desalinizadoras en marcha o en obras que están siendo ejecutadas por Acuamed y otras sociedades estatales son las mismas que dejó aprobadas el Partido Popular, aunque con un bajo grado de ejecución ya que la prioridad entonces era el acueducto del Ebro.

En gran parte de la sociedad de Murcia y Levante todavía cuesta trabajo entender que todos los excedentes del Ebro se depositen en el mar -sin que se pueda derivar una pequeña parte- y que como alternativa haya que extraer esa misma agua del mar para desalinizarla.

El Ministerio de Narbona se ha preocupado más por garantizar los abastecimientos, sobre todo en estos tres años de extrema sequía, lo cual ha conseguido en la medida en que no se han producido restricciones en las ciudades. La asignatura pendiente, no obstante, es aportar todos los volúmenes a los que se había comprometido y, sobre todo, asegurar el futuro de la actividad económica que todavía inquieta a miles de agricultores y empresarios.

COMPRAR AGUA DEL EBRO

Falta el canal

Enemigo ahora de nuevos trasvases, el Gobierno socialista ofrece a los regadíos agua desalinizada, reutilización y modernización de explotaciones agrarias. Queda además el acueducto Tajo-Segura, que en estos tres años de sequía ha ofrecido unas aportaciones mínimas; al tiempo que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el PP de esta comunidad pretenden eliminarlo antes del 2015.

La última opción que se ha abierto, mediante decreto, es la compra de concesiones de agua a regantes madrileños ribereños del Tajo, lo que ha proporcionado unos 125 hectómetros en los dos últimos años. Son la antesala de los bancos de agua, que quedarán regulados en la reforma de la Ley de Aguas. No obstante, nacen con una limitación, ya que estos bancos e intercambios de derechos sólo funcionan cuando existe un canal construido, como es el del Tajo-Segura. Sería imposible aplicarlo a la cuenca del Ebro, ya que no existe un acueducto que transporte los caudales. Muchos regantes del Ebro estarían dispuestos a vender voluntariamente, y cuando les convenga, su agua al Sureste a cambio de un buen precio (el doble de la tarifa del Tajo-Segura), según ha podido comprobar el Gobierno murciano en varias zonas del delta del Ebro.

EL COMPROMISO DEL MINISTERIO

¿Fallan los cálculos?

El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, explicó hace tres años, al principio de la legislatura, que las cuencas mediterráneas recibirían en cuatro años el mismo volumen de agua que se había previsto en el trasvase del Ebro. Esto es, 1.050 hectómetros cúbicos que llegarían a través de la desalinización, la modernización de regadíos y la reutilización y depuración, principalmente.

Cuando el Ebro se recupera de la última crecida, se ha reabierto el debate nacional sobre este trasvase y el elevado volumen de excedentes que desembocan en el mar, y de los cuales una pequeña parte -entre un 10 y un 15% anual- estaba destinada en el anterior Plan Hidrológico Nacional a cubrir el déficit de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

Pese a estas aportaciones del Ebro, el Ministerio de Medio Ambiente sostiene que ese trasvase no lo construirá este Gobierno ni los siguientes, ya que, a juicio de Cristina Narbona, la Unión Europa lo rechazó, a la vez que cree que resulta inviable económica y medioambientalmente.

El anterior Plan Hidrológico Nacional no sólo ofrecía el trasvase del Ebro, sino otros 1.105 hectómetros cúbicos mediante reutilización, desalinización, modernización y ahorro y aguas subterrénas. Los redactores del PHN partían del hecho de que el déficit real de las cuenca mediterránea es de 2.105 hectómetros cúbicos. Para el Gobierno socialista, esas necesidades quedan recortadas justo a la mitad, ya que es partidario de cambiar la gestión de la demanda.

El tiempo no es un aliado del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Aparte del conflicto de Torrevieja -que el Ministerio considera un claro boicot del Ejecutivo de Francisco Camps-, en la cuenca del Segura funcionan en estos momentos tres plantas desalinizadoras del Programa Agua. Estaban previstas en el PHN del PP, pero sin ampliaciones. Una desalinizadora está a plena producción en Alicante y dos en San Pedro del Pinatar. El año que viene terminará la ampliación de Alicante y en unos meses se espera que esté en marcha Mazarrón.

En total, la legislatura acabará con 116 hectómetros cúbicos disponibles para los abastecimientos, y probablemente 37 para regadíos. En el año 2009, si no aparecen inconvenientes, podrían estar funcionando las plantas de Torrevieja y Águilas, que aportarán otros 140 hectómetros. En total, la cuenca del Segura (Murcia y parte de Alicante) obtendría por esta vía 293 hectómetros cúbicos de agua desalinizada en un periodo de tiempo en el que el trasvase del Ebro estaría operativo, según el PP, y aportando más agua.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró ayer en su visita a la Sede de la Universidad de Alicante, donde se reunió con varios grupos de ecologistas, que las obras del trasvase del Júcar se iniciarán «dentro de muy poco».

Según Narbona, el trasvase Júcar-Vinalopó, está siendo objeto de una «auténtica guerra por parte se algunos agricultores y de la Generalitat». Asimismo, afirmó que lo único que pretenden algunas instancias valencianas «es bloquear la solución de los problemas hídricos de la provincia de Alicante».

De la política del agua, la ministra afirma que el Gobierno socialista actúa con soluciones que están «perfectamente ajustadas a las exigencias europeas, ya que todas las actuaciones del Programa Agua han recibido el visto bueno de Bruselas y tienen financiación europea, no como el derogado proyecto del trasvase del Ebro, que no consiguió ni un solo euro de las instancias europeas».

Además, Narbona asegura que «no tienen ningún tipo de miedo» a que Europa estudie las alegaciones que el Gobierno del PP ha presentado sobre el trasvase del Júcar ya que, según dice, «la Comisión de Peticiones ya se pronunció una vez a favor del nuevo trazado, un trazado que comenzará a construirse dentro de un breve espacio de tiempo».

En cuanto a la paralización de las obras de la desalinizadora de Torrevieja por parte de la Generalitat Valenciana, Narbona recordó que el Gobierno presentó una cuestión de competencias ante el Tribunal Constitucional, del que esperan que en pocos días se pronuncie sobre la admisión a trámite de la iniciativa legal presentada por el Ejecutivo.

Sobre el caso, la titular de Medio Ambiente cree que el Consell «no tiene competencia para parar una obra de interés general del Estado que se ha sometido a todos los trámites ambientales».

Más inversiones

Respecto a las manifestaciones que algunas comunidades de agricultores tienen previstas para este fin de semana a favor del trasvase del Ebro, Narbona asegura que estas obras «nunca se realizarán con ningún Gobierno», ya que las calificó «totalmente inviables» desde el punto de vista ecológico, económico y social. Asimismo, la ministra asegura que los socialistas están invirtiendo tres veces más en política de agua que el PP en su anterior mandato.

Por otra parte, la ministra de Medio Ambiente también se refirió a la reunión mantenida ayer con la patronal hotelera de Alicante, que calificó de «muy productiva», ya que se trataron temas como las inversiones que está realizando el Ministerio en la provincia y la garantía de agua de calidad para el turismo.

Sobre esta última cuestión, Narbona afirmó que «el Gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante ya que, actualmente, nos encontramos en el tercer año de sequía intensa y ni el sector hotelero ni la ciudadanía en general, han sufrido cortes en el suministro hídrico».

Además, la ministra comunicó la preocupación de los hoteleros alicantinos por que aparezca como un punto de debate político el tema del agua ya que, según Narbona, «éstos entienden que la Generalitat hace daño a la imagen de la Comunidad Valenciana como receptora de turismo, creando así una inquietud y una preocupación que ellos mismos perciben en sus clientes».

En cuanto a problemas de abastecimiento de agua, la ministra comunicó que el agua para el próximo año está «totalmente garantizada», aunque aseguró que las últimas lluvias que han barrido toda la provincia han producido un ligero incremento en los embalses. Pero, aún así, «la provincia sigue sufriendo una sequía sin precedentes, ya que ha llovido más en el litoral que en el interior».

Noventa mil regantes alicantinos, propietarios de 15.000 hectáreas de cultivo en toda la Comunidad Valenciana, se dan cita hoy en Elche para intensificar su oposición a la política hídrica del Gobierno central. Convocados por el presidente de la Federación de Entidades de Riego de la Provincia de Alicante (Ferpa), Manuel Serrano, los representantes de decenas de comunidades de base de riego y juzgados privativos de agua de todas las comarcas exigirán al Ejecutivo de Zapatero que «no demore más el inicio del trasvase Júcar-Vinalopó», según explicó ayer el portavoz de dicha federación, Ángel Urbina.

En medio de una nueva estrategia por parte del Gobierno valenciano para exigir agua al Gobierno central, los regantes se suman a una polémica hídrica que nunca acaba pero que cobra nuevos bríos conforme se acerca la campaña electoral.

«Todo el mundo está pensando en las elecciones, pero la tubería hay que hacerla, con toma donde sea, pero hacerla, porque Elche, por ejemplo, lleva desde el año 1420 esperando el agua del Júcar», afirmó ayer a este diario Ángel Urbina. «Lo que es triste es que aún no tengamos interlocutores válidos, ni en Valencia ni en Madrid; esto es lo que vamos a analizar en Elche, para que nadie manipule las necesidades de los humildes regantes, a los que pocos políticos apoyan», añade Urbina.

Apoyo de la Generalitat

La Generalitat Valenciana, por su parte, ha incorporado también a su ofensiva en Bruselas, con la polémica urbanística de fondo, el apoyo a la Junta Central de Usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó en su intento para que el Comité de Peticiones reabra la investigación sobre el cambio del trazado. La Junta Central que preside Martínez Espinosa remitió el pasado miércoles un nuevo informe sobre el proyecto coordinado por el catedrático alicantino Antonio Gil Olcina.

El estudio fue enviado a Bruselas, concretamente al presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), Martin Libicki, quien pide más información sobre el trasvase Júcar-Vinalopó al europarlamentario popular español Carlos Iturgaiz, que había pedido retomar el asunto. El estudio insiste en que no hay razones técnicas válidas para el cambio de toma, aprobado en julio del año 2005 por el Gobierno central.

El catedrático Gil Olcina ha sido una de las voces más críticas con el cambio de toma, al denunciar que el agua incorpora pesticidas y otros productos químicos en la cola del río, de donde se tiene que impulsar hasta Villena. La ofensiva de los regantes de toda la provincia, al menos de los representantes de las comunidades en la Federación Provincial, no se detiene en el modificado trasvase del Júcar. También analizarán en el Parque Agroalimentario de La Alcudia, en Elche, la inoportunidad de la caducidad fijada en la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.

Urbina anuncia un informe jurídico «impresionante» elaborado por el Sindicato Central del Trasvase Tajo-Segura contra el fin anunciado por el Gobierno de Barreda, con el apoyo del PP.

Otro de los ejes de la reunión de hoy se centrará en la denuncia del proyecto de Ley de Aguas modificada. «Los regantes pasamos a ser un órgano consultivo con apenas un 10% de representación, cuando somos los titulares del 70% de las concesiones de agua para riego», denuncia el portavoz de dicha Federación.

Fuentes de Acuajúcar declinaron ayer pronunciarse sobre la denuncia del retraso en el inicio de las obras, previsto para principios de año. Una fuente autorizada se limitó a recordar las alegaciones presentadas hace ahora un mes por la Conselleria de Territorio contra los nuevos tramos del trasvase y su mayor o menor cumplimiento de la declaración de impacto ambiental.

El Ministerio de Medio Ambiente aún está analizando dichas alegaciones, según fuentes de Acuajúcar, la empresa que gestiona la construcción de la nueva conducción, cuyo tramo final, en Villena, está finalizado.

El último argumento usado por el PP contra el Gobierno central por su política hídrica, la crecida del río Ebro, también será analizada en Elche. «Somos solidarios con los regantes del Ebro, pero se ha demostrado que no son necesarias las inundaciones para hablar de los trasvases; si se enviara aquí agua, no pasaría nada en Aragón», dice Urbina.

El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, garantizó ayer a los agricultores valencianos que podrán decidir sobre el futuro del Júcar, si obtiene el triunfo electoral. El líder socialista aseguró que «la reforma de la Ley de Aguas reconocerá la mayoría territorial valenciana en el Júcar y la adecuada representación de los agricultores en la futura administración del agua».

Pla realizó estas declaraciones anoche durante la presentación del programa socialista en agricultura, que dedica buena parte a la cuestión hídrica. Aseguró que «el Júcar ha sido, es y será un río español con mayoría valenciana y así seguirá siendo», y garantizó la presencia de los agricultores en la futura administración del agua.

Recordó que «igual que os dije que el trasvase Júcar-Vinalopó sería desde el azud de la Marquesa, ahora os aseguro que la reforma de la Ley de Aguas reconocerá nuestra mayoría territorial en el Júcar y vuestra adecuada representación en la administración del agua».

Por el contrario, acusó a los populares y al jefe del Consell de «carecer de voluntad política y de exigir a otros lo que él puede hacer aquí y no hace», ya que «no permite la participación de los agricultores en la administración del agua, no moderniza los regadíos del Júcar y sigue emperrado en que el agua del Júcar se tome en Cortes de Pallás, aunque suponga el fin de la Ribera del Júcar».

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, informó ayer de que la disponibilidad de aguas superficiales del río Turia serán un 50 por ciento menos que las del pasado año y las de Júcar un 28,5 menos, situación de sequía calificada de emergencia. Tanto Moragues como el jefe de la Oficina de Planificación de la CHJ, Javier Ferrer, explicaron que a esa disponibilidad de las aguas superficiales hay que añadir las subterráneas y la de los pozos.

Preguntados por las solicitudes de aperturas de pozos para la zona del Turia, indicaron que tampoco hay tantas como parece y son similares a las que se hicieron el pasado año en el Júcar.

Además, subrayaron que esas solicitudes aunque fueran atendidas ahora los pozos no podrán estar operativos para esta campaña. Lo que sí que se están realizando ante la situación de sequía son «peticiones de puesta en marcha de esos pozos» (que están inventariados

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, dijo ayer, al término del Consejo del Agua, que el Ministerio de Medio Ambiente aprobará en 15 días el Plan Especial de Sequía destinado a evitar o minimizar los efectos de la falta de agua en esa cuenca.

Fuentes Zorita subrayó la importancia de este plan, que consideró imprescindible para el Segura, que actualmente se encuentra «en situación de emergencia». Explicó que la cuenca del Segura «se caracteriza por la escasez de recursos, lo que se ha venido acentuando en los últimos 25 años debido a que las aportaciones naturales a los embalses son bastante inferiores y no entran recursos suficientes» en los pantanos.

Según dijo, con este plan se trata de definir mecanismos para la previsión y detección de situaciones de sequía, así como de fijar umbrales de fases de gravedad progresiva de las sequías, y de definir medidas para conseguir, por ejemplo, minimizar los efectos negativos en el abastecimiento urbano de la falta de agua. La del Segura ha sido la primera cuenca hidrográfica que ha llevado a cabo este trámite.

El Ministerio de Medio Ambiente no tiene ninguna duda: la desalinizadora de Torrevieja es legal y cumple todas las normativas medioambientales. Así lo destacó ayer el director general de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Adrián Baltanás, quien encabezó una amplia representación del Ministerio de Medio Ambiente en el acto de colocación de la primera piedra de la planta de este tipo más grande de Europa. También asistieron el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, acompañado por el delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Ángel González, y la subdelegada del Gobierno en la provincia de Alicante, Etelvina Andreu, entre otras autoridades provinciales, regionales y locales del PSPV y de EU.

La representación del PP se limitó a la asistencia del director general de Regadíos de la Región de Murcia, Julio Bernal. No acudió ningún cargo de la Generalitat Valenciana ni del equipo de gobierno popular del Ayuntamiento de Torrevieja.

Antes de la colocación de la primera piedra, en la que se enterró una urna con los periódicos del día, monedas de curso legal y el acta del evento, en la que firmaron Adrián Baltanás, Fuentes Zorita y los representantes del Gobierno en Murcia y Alicante, tanto el director general de Acuamed, como el presidente del CHS, el presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, Francisco del Amor, y la subdelegada del Gobierno en Alicante, se dirigieron a los presentes para hablar de la futura desalinizadora. Obviaron cualquier enfrentamiento político con el Consell valenciano o con las autoridades locales del municipio de Torrevieja, donde se ubica.

Todos coincidieron en la importancia de una obra destinada a «garantizar el agua para siempre» en una zona con un problema endémico de escasez hídrica.

Durante los discursos, se pudo oír en repetidas ocasiones que con la desalinizadora «se acaba el problema del agua para siempre». Algo que permitirá «dejar de mirar al cielo y mirar sólo al futuro». Un futuro que tendrá «garantizado», con la nueva desalinizadora, «el progreso de los dos puntales de la economía de la zona, el turismo y la agricultura».

Para riego

Con la nueva desalinizadora, según hicieron constar también las autoridades presentes en el evento, los agricultores no tendrán que renunciar al agua para riego, como cuando la sequía hacía que todo el agua disponible se dedicase al abastecimiento. Algo que, recordó Fuentes Zorita, ha sucedido recientemente, durante la sequía que aún afecta a la región. «Mano tendida a los responsables autonómicos» fue otro de los conceptos que se repitieron durante el acto de colocación de la primera piedra de la desalinizadora, porque todos coincidieron en la necesidad de «olvidar las confrontaciones» para solucionar uno de los más graves problemas que vienen sufriendo tanto la Región de Murcia como la provincia de Alicante, las áreas a las que abastecerá de agua la la nueva planta.

Aun manteniendo el tono conciliador, y exento de una voluntad de confrontación con las autoridades autonómicas valencianas, que, desde la Conselleria de Territorio, han amenazado con paralizar la obra, el presidente de Acuamed, Adrián Baltanás, aseguró que la desalinizadora cuenta con la preceptiva declaración de impacto ambiental, al señalar: «Tenemos la tranquilidad de que se ha cumplido con toda la tramitación ambiental de acuerdo con la ley, como no podía ser menos».

Aseguró que la citada declaración de impacto ambiental, realizada por la Dirección General de Prevención de la Contaminación y Cambio Climático, «dice que no hay ningún impacto significativo que pueda causar esta infraestructura sobre ningún ecosistema».

En cualquier caso, el director de Acuamed afirmó: «Estamos a disposición de la Generalitat desde la máxima colaboración institucional, para, si falta algún tipo de documento o alguna información, facilitárselo».

Como parece que las dudas parten de la Generalitat, porque, según señaló el conseller de Territorio, Esteban González Pons, no se había hecho declaración de impacto ambiental tras la ampliación del proyecto, Baltanás aseguró que el primer informe ya contemplaba, a la hora de estudiar el impacto, la posibilidad de una ampliación, por lo que se incluyó en ese estudio.

Baltanás indicó que «en la información aparecida en los medios de comunicación se decía que se nos había solicitado alguna documentación, pero ayer no había llegado esa solicitud a Acuamed». El director general de la sociedad de Aguas de las Cuencas del Mediterráneo descartó que las tensiones puedan llevar el asunto a la Fiscalía por parte del Consell, y reiteró su voluntad de brindar todas las informaciones que soliciten. Además, atribuyó a la época preelectoral las declaraciones que se han hecho en la localidad sobre la desalinizadora, al asegurar que «el Ayuntamiento cuenta con toda la información desde el primer momento, y dispone del proyecto desde hace meses».

La desalinizadora, definida como «la más grande de Europa», producirá 80 hectómetros cúbicos anuales, que se obtendrán con una producción diaria de 240.000 metros cúbicos. Con ellos se abastecerá a los usuarios del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura con 40 hectómetros anuales, y los otros 40 se destinaran al Taibilla para abastecer a 450.000 personas.