La sociedad estatal AcuaJúcar, encargada de ejecutar las obras del trasvase Júcar-Vinalopó, tiene «fundadas sospechas» de una supuesta financiación irregular de la «campaña del PP en la ‘guerra del agua'» con el aval de un millón de euros que la Generalitat concedió a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó.

En un comunicado, el consejero delegado de AcuaJúcar, José María Marugán, criticó el «oscurantismo» y la «falta de transparencia» de la Generalitat al haber denegado el acceso de este organismo al expediente del aval de un millón de euros concedido por la Administración autonómica a la citada entidad agrícola.

El Consejo de Administración de AcuaJúcar aprobó el pasado 26 de enero personarse en el expediente administrativo que permitió a la Generalitat aprobar, el 22 de diciembre, la concesión de un aval a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de la Marina Baja por un importe de 950.000 euros.

La sociedad solicitó a la Generalitat acceder al expediente administrativo, puesto que la Junta Central de Usuarios le adeuda 926.000 euros.

El pasado día 9, según informaron fuentes del organismo, la Subsecretaría de la Conselleria de Economía y Hacienda denegó el acceso al expediente.

La Subsecretaría acompañó el escrito de una copia del informe de la Abogacía General de la Generalitat, en cuyas conclusiones se especifica que «no procede acceder a la petición formulada por la Sociedad Estatal ‘Aguas del Júcar, SA’, atendiendo a que en el mismo se contienen documentos de carácter nominativo y a que dicha mercantil carece de interés legítimo y directo».

Fuentes de AcuaJúcar recordaron que estas conclusiones «contradicen las del informe elaborado en su día por la Abogacía del Estado», en el que se destacaba que la sociedad estatal «tiene derecho a solicitar a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat el acceso a los documentos que formen parte del expediente de autorización de concesión de aval a la Junta Central de Usuarios».

Tras conocer la resolución de la Generalitat, Marugán lamentó «el oscurantismo y la falta de transparencia de la Generalitat respecto a este aval», lo que les hace tener «fundadas sospechas sobre una presunta financiación irregular de la campaña del PP en la denominada ‘guerra del agua’, como sucede igualmente con la Fundación Agua y Progreso», añadió el responsable de AcuaJúcar.

Por ello, dijo que la sociedad estatal llegará «al fondo de este turbio asunto, y exigirá también a la Generalitat que asuma toda su responsabilidad».

El president de la Generalitat, Francisco Camps, aseguró hoy que el «único responsable» de los problemas de agua es el Gobierno central porque, en su opinión, ha generado «incertidumbre, desconfianza y crispación» entre territorios y no ha dado «una alternativa al PHN».

Camps se pronunció así al ser preguntado por el trámite que se inicia hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha para aprobar la reforma del Estatuto pactada por socialistas y populares y que recoge la orden de poner fin al trasvase Tajo-Segura en 2015.

Según manifestó el presidente de la Generalitat, «hasta que llegó al Gobierno -el PSOE- había un plan que solucionaba todos los problemas de agua, y que nació con el consenso de comunidades como Andalucía y Castilla-La Mancha».

Camps afirmó que todos los recursos naturales de España son «de todos los españoles» y se opuso a que «se pongan barreras de transferencia de riqueza y de prosperidad entre españoles».

Adujo las inversiones realizadas en la Comunidad Valenciana para el ahorro y el uso eficaz del agua para avalar la petición de trasvases como el del Tajo-Segura y el del Ebro.

Así, según dijo, la Comunitat cuenta con el mayor número de hectáreas de cultivo con riego localizado, recicla la mitad del agua que se recicla en toda España con el compromiso de alcanzar los 350 hectómetros cúbicos, tiene en marcha iniciativas para ahorrar hasta un 28% de agua, ha instalado sistemas de depuración y tiene el menor consumo de agua per cápita.

Por ello, indicó, continuará en su defensa de los trasvases Tajo-Segura, Ebro y Júcar-Vinalopó porque, en su opinión, «no podemos crear compartimentos estanco ni en el agua ni en energía eléctrica ni en otro recurso».

«De igual manera que jamás permitiré que haya la más mínima sensación de atisbo egoísta hacia el resto de CCAA, igual exigiré que se compartan con los valencianos los recursos que se pueden compartir», manifestó.

Pidió al resto de Comunidades Autónomas que el debate del agua «no se convierta en debate de tensión entre territorios sino en una apuesta de futuro para todas las CCAA».

«Nadie me ha podido demostrar -añadió- que no haya agua para todos, pero hace falta que se utilice con sentido, equilibrio, seriedad y responsabilidad y hacen falta apuestas de uso eficiente del agua en toda España».

El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la sociedad pública Aguas del Júcar, se dirigió ayer a todos los ayuntamientos y a todas las comunidades de regantes del Vinalopó y de l’Alacantí (futuros usuarios del agua del trasvase aprobado por la UE) para que les indique qué cantidades necesitan.

«En la medida en que tu Comunidad de Regantes desee sumarse a la recepción de caudales de esta infraestructura estratégica, desearíamos poder mantener una reunión informativa con vosotros al objeto de que ningún usuario potencial de la misma quedase al margen», indica José María Marugán, el consejero delegado de Aguas del Júcar en la carta entregada ya a los regantes.

Esta comunicación es fruto de la reciente ratificación de la ayuda de los 120 millones de euros para el proyecto de la conducción modificada desde el río Júcar y la mejora de los acuíferos, que es el objetivo último del proyecto.

La sociedad pública que depende del departamento que dirige la ministra Cristina Narbona «lamenta» la respuesta obtenida a la petición de diálogo por parte de la Junta Central de Usuarios, una entidad que se creó precisamente para agrupar a los futuros beneficiarios de la transferencia.

Esa respuesta ha sido, según subraya Aguas del Júcar, su solicitud la semana pasada ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de la suspensión cautelar de la adjudicación de la obra del nuevo trazado. «Obviamente vamos a oponernos jurídicamente a esa petición que no va a prosperar, pero que nos da una inequívoca prueba de la escasa voluntad de dialogo que mantiene la Junta Central», añade Marugán a las comunidades de regantes y a los ayuntamientos.

Desde que el Gobierno aprobó el nuevo proyecto, apenas tres ayuntamientos -de signo socialista- y una sociedad agraria de transformación de Agost se han mostrado abiertamente interesados en el agua del río Júcar para regar.