La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura recomendará al Consejo de Ministros un desembalse desde la cabecera del Tajo de 38 hectómetros cúbicos destinados al abastecimiento humano para los próximos tres meses. De esos 38 hectómetros, según explicó el director general del Agua, Jaime Palop, 35,5 se destinarán a la Mancomunidad de los canales del Taibilla y 2,5 para el levante almeriense.

Asimismo, Palop descartó el envío de recursos al Segura para el riego desde los embalses de Entrepeñas y Buendía por la «situación preocupante» de la cabecera del Tajo que, a día de hoy, acumula 340 hectómetros cúbicos, cien por encima del límite (240) que impide desembalsar agua. En este sentido, el brazo derecho de Cristina Narbona en materia de agua dijo que, pese a esos cien hectómetros por encima del límite, «hay que contemplar el año hidrológico completo hasta septiembre, por lo que hay que ser prudentes». La Comunidad de Regantes había solicitado un trasvase de 40 hectómetros cúbicos para riego para afrontar el inicio de la primavera. Palop señaló que la prioridad es garantizar el abastecimiento humano y consideró que éste está asegurado y respecto a la petición de los regantes aseguró que la capacidad de los embalses es «justa para atender al abastecimiento a poblaciones y hay que ser cautos en las recomendaciones de desembalse para otros usos».

En cuanto al envío recomendado, Jaime Palop agregó que desde la Comisión de Explotación aconsejan que el desembalse se haga inmediatamente tras la autorización del Consejo de Ministros y de una sola vez, ya que se van a iniciar una serie de obras de mantenimiento, conservación y reparación, que se prolongarán unos tres meses, para evitar las fugas y pérdidas de agua en la red. Palop recordó que el año pasado a finales de septiembre había 250 hectómetros cúbicos en la cabecera del Tajo, por lo que quedaban diez para trasvasar en el mes de octubre.

Situación de las cuencas

Además, hizo un repaso de las cuencas afectadas y destacó que en la del Guadiana, aunque la situación ha mejorado respecto al año pasado, en la zona solo hay 18 hectáreas de superficie inundada. En la del Júcar, las aportaciones han sido de 157 hectómetros cúbicos, cuando la media es de 299, y el Turia, «el gran pulmón de la ciudad de Valencia -según Palop- está en situación similar a la del Júcar». El Almanzora, continuó, contiene 2,2 hectómetros cúbicos, por lo que «estamos en un embalse muerto» y la población que se abastece de él «depende completamente del trasvase», en tanto que el Segura persiste en el tercer año de «la sequía más dura desde 1912». También hizo mención al Taibilla. Dijo que «está un 4% por debajo de sus aportaciones medias y destacó «el ahorro importante» realizado en el consumo. El director general apreció que esa sequía no afecta sólo a las cuencas mencionadas, por lo que el agua para riego será restringida en numerosas zonas.

La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura estudiará el próximo martes una petición de un envió de 40 hectómetros cúbicos de agua que han solicitado los regantes del acueducto.

El consejero de agricultura murciano, Antonio Cerdá, recalcó el apoyo del Ejecutivo murciano a la petición del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), y advirtió que la cabecera del Tajo (embalses de Entrepeñas y Buendía, Guadalajara) se encuentran «con reservas suficientes para satisfacer esta petición», agregó.

Añadió que los cultivos, «conforme nos vamos acercando a la primavera, irán demandando más agua, debido al aumento de las temperaturas».

«Si no autorizan el desembalse al final acabará afectando no solo a los cultivos hortícolas, sino también al arbolado, lo que supondrá la desaparición de miles de puestos de trabajo», afirmó.

Recordó que en la anterior junta de explotación del trasvase se concedieron 11 hectómetros, que, según dijo, «se dieron por misericordia».

Por último, criticó que el Gobierno central no ofrezca una solución a medio y largo plazo ante la falta de agua en la cuenca del Segura, y para resolver el problema que tiene la agricultura de la zona con la escasez de recursos hídricos.

Jose María Barreda (Ciudad Real, 1953), asumió la presidencia de Castilla-La Mancha en abril de 2004 tras la marcha al Ministerio de Defensa de José Bono. En esta entrevista, Barreda repasa la gestación del reformado Estatuto de Castilla-La Mancha, de la fecha de caducidad del Trasvase y de otros asuntos de interés regional y provincial. Y pone por delante los intereses de su región frente a los criterios o directrices que en materias como el agua marca el PSOE a nivel nacional.

-¿Esperaba que la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha alcanzara este nivel de consenso, incluso, en lo referente a la fecha de caducidad del Trasvase?

-Siempre lo desee y busqué. El tema es suficientemente complicado como para necesitar todos los apoyos. Y desde luego la fuerza política de un Estatuto que se propone reformar por unanimidad desde las Cortes de Castilla-La Mancha es infinitamente superior a que esa reforma se hubiera hecho sólo con el apoyo de un grupo parlamentario, aunque ese grupo parlamentario tuviera mayoría cualificada.

-Aunque durante el estudio y redacción del nuevo Estatuto se llegó a dar otra fecha, incluso antes del 2010, finalmente el documento fija el 2015 como fecha de caducidad del Trasvase. Esa fecha responde a que para ese momento se prevé que estén solventados los problemas del agua de Levante o porque entra en vigor la Directiva Marco de Agua de Europa…

-No queríamos poner una fecha que resultara excesivamente precipitada, ya que no se trata de que Castilla-La Mancha, de repente, haya dejado de ser solidaria, que queramos cerrar el grifo de la noche a la mañana. Por eso, ese espacio temporal nos parecía lo suficientemente razonable como para dar tiempo a que entren en funcionamiento las alternativas que permitan asegurar el abastecimiento a Murcia y al sur de Alicante. Nosotros ahora necesitamos el agua, y tenemos un derecho preferente al ser la cuenca cedente. Pero hasta ahora resultaba como las Leyes de Indias, que se acataban pero no se cumplían, ya que no teníamos la infraestructura que nos permitiera utilizar a nosotros también el agua y el Acueducto Tajo-Segura. Muy pronto, dos millones de castellano-manchegos estaremos bebiendo en especial aguas superficiales del Tajo.

-¿Le está resultando muy complicado mantener sus argumentos sobre la caducidad del Trasvase dentro de su partido?

-Sin duda alguna, puesto que en el tema del agua hay planteamientos más que ideológicos, territoriales, y se producen agrupamientos mucho más que por afinidades políticas por el lugar de procedencia. En Castilla-La Mancha PP y PSOE están de acuerdo, y coinciden con el Gobierno de la Región en la defensa del agua. Y vemos al mismo tiempo, como, en Murcia, los socialistas y el PP están también de acuerdo frente a nuestras pretensiones. Eso, lógicamente, tiene una traslación a nivel nacional, pero a mí no me preocupa. Yo, como presidente de Castilla-La Mancha, lo tengo muy claro, no me debo a ningún partido político.

-Uno de los argumentos que más utiliza el presidente murciano es que en Castilla-La Mancha no se han hecho los deberes en cuanto a infraestructuras hídricas o transformación de regadíos, a pesar de que los regantes de que los murcianos pagan a Castilla-La Mancha por el agua que recibe del Tajo. ¿Qué tiene que decir?

-Mire. Hemos gastado cinco veces más en obra hidráulica de los ingresos que produce el Trasvase. Ya dije en una ocasión que solamente un necio confunde el valor con el precio. Si es un problema de dinero, que se queden con su dinero. Nosotros nos quedamos con el agua. O sea, que no lo plantee en esos términos porque creo que se equivoca.

-La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en cuanto tiene ocasión dice que no contempla una fecha de caducidad para el trasvase. ¿Y por qué sí eliminó el trasvase del Ebro, incluido en un PHN que apoyaba Castilla-La Mancha?

-Ya, pero además, en el PHN que sustituye al anterior, hay una disposición adicional aprobada, y por lo tanto en vigor, y que se incluyó a propuesta de Castilla-La Mancha, que anuncia la caducidad del Trasvase Tajo-Segura, tal y como nosotros lo planteamos. Ahí se dice, y se reconoce, tenía un interés personal en que apareciera en el PHN, que la cuenca cedente tiene prioridad sobre la cuenca receptora, y en la medida que empiecen a funcionar las alternativas del Plan AGUA en Murcia y Alicante, se dejara de trasvasar agua a aquel territorio.

-Esta semana, en el Foro del diario ABC, el presidente de Murcia abogó por nacionalizar el agua para acabar con las discrepancias entre las autonomías. Es más, expresó su deseo de que las Cortes Generales eliminen aquellas reformas estatutarias que reservan a la Comunidad Autónoma la gestión del agua. ¿Qué le parece?

-El problema de fondo es el modelo posible de desarrollo en todas las partes de España. Y el desarrollo sostenible de las regiones. Y en este caso, el desarrollo sostenible de Murcia. Cuanto antes se planteen en Murcia que el desarrollo sostenible de su región no puede basarse sine die, indefinidamente, en un recurso que es escaso, que está lejos de Murcia y sobre el cual nosotros tenemos prioridad, mejor. Yo no digo que el agua de las cuencas que transcurren por Castilla-La Mancha sea de los castellano-manchegos. El agua de todos los ríos de España, sean cuencas intercomunitarias o intracomunitarias, es de todos los españoles, pero también de los castellano-manchegos.

El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, abogó hoy por centralizar la política del agua en el Ejecutivo e impedir que las Comunidades Autónomas puedan tener capacidad de decisión en este ámbito.

Valcárcel explicó que la centralización de la política hidráulica es un principio recogido en la Constitución, de modo que, añadió, sólo hay que acatar la Carta Magna para evitar que las comunidades autónomas puedan ofrecer gestiones propias del agua.

El presidente murciano hizo estas consideraciones durante la conferencia que impartió en Madrid con motivo de su participación en el Foro del diario «Abc».

Preguntado por esa posibilidad, la de la centralización por el Gobierno, el presidente murciano recordó que las Comunidades Autónomas tienen voz en las Confederaciones Hidrográficas, pero no voto, y por tanto, no pueden determinar si se lleva a cabo un trasvase de un río a otro.

A su juicio, adoptar una medida así «no corresponde a las Autonomías».

Asimismo, Valcárcel expresó su deseo de que las Cortes Generales «tumben»literalmente aquellas reformas estatutarias que reservan a la Comunidad Autónoma la gestión del agua.

El Gobierno murciano, de hecho, ha anunciado que presentará un recurso en este sentido contra la propuesta de nuevo Estatuto de Castilla la Mancha ya aprobado en el Parlamento autonómico.

Valcárcel, respecto al supuesto de que el Gobierno nacionalice el agua, opinó que no es un extremo «nuevo», aunque matizó que sería muy distinto que intente «fiscalizar cualquier posibilidad del uso del agua», ya que entonces habrá dificultades desde la empresa privada y desde las propias Comunidades Autónomas.

La diferente forma con la que las Comunidades abordan la política hidráulica en sus reformas estatutarias no ha suscitado desavenencias en el seno del PP, que para Valcárcel es un partido «unido y sólido».

Por esta razón, eludió «perder el tiempo» sobre hipotéticas disensiones entre los populares de Aragón, Murcia o Castilla la Mancha .

Lo que importa en este aspecto, afirmó Valcárcel, es «anteponer el interés de España por encima de los intereses autonómicos».

El presidente de la Región de Murcia también se refirió a las inversiones del Estado en la Comunidad Autónoma durante la presente legislatura.

En este sentido, y en contraposición con la época del Gobierno de José María Aznar, manifestó que actualmente no hay «inversiones razonables» en Murcia.

Precisó que el proyecto de construir un aeropuerto en la región, que en la anterior legislatura estaba encaminado, se guardó en un «cajón» al producirse el cambio político en el Gobierno central, si bien puntualizó que ahora, gracias al «coraje» del Ejecutivo murciano, se ha convertido en «realidad inminente».

A Valcárcel le preguntaron, además, por la investigación de la Fiscalía sobre presuntas extracciones ilegales de aguas subterráneas.

En respuesta, dijo que dicha investigación obedece a «criterios políticos» por cuanto, añadió, «se esta instrumentalizando a la Fiscalía en beneficio del PSOE».

Y sobre una posible declaración de Cartagena como una provincia más de la Región de Murcia, Valcárcel aseguró que «no hay un sentimiento generalizado» en pos de este supuesto.

La organización Ecologistas en Acción recordó hoy en un comunicado que «siguen abiertos varios procedimientos sancionadores y penales por robos de agua», en relación al sobreseimiento de las diligencias pedido por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Según Ecologistas en Acción, el escrito del fiscal «ratifica la situación de irregularidades en las aguas subterráneas, el descontrol y mala gestión de la Confederación», como ha denunciado «reiteradamente» esta organización.

El escrito del fiscal-jefe, enviado al Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, que abrió diligencias contra ex altos cargos de este órgano de cuenca sobre la supuesta trama para la detracción ilegal de agua, pide que se investigue por separado, en los juzgados a los que corresponda, cada caso en particular.

Para Ecologistas en Acción, «no hay motivos para la alegría o el escarnio de personas que ejercieron cargos de responsabilidad y están siendo investigados o han sido acusados por la justicia».

Además, recuerdan que «el fiscal jefe apunta que la adecuada persecución penal de los hechos debe hacerse a través del fraude al uso del agua y la demostración en casos concretos de omisiones y autorizaciones constitutivas de prevaricación».

En ese sentido, señalaron que el escrito «recoge 1.686 expedientes sancionadores por irregularidades en las aguas subterráneas que habían sido archivados en la CHS».

«Lejos de negar la realidad de una tramitación nefasta o anormal, el fiscal ratifica la existencia de estos numerosos usos irregulares así como la falta de diligencia de la Confederación en la aplicación de las correspondientes sanciones, aunque dicha falta de diligencia alcance responsabilidades administrativas y no penales», añadió Ecologistas en Acción.

La organización ecologista informó también de que la Fiscalía «determina el envío a los juzgados de instrucción de las diferentes irregularidades contenidas en el sumario inicial», y aseguró que seguirá las investigaciones judiciales «muy de cerca» para «impulsar su esclarecimiento».

Al respecto, se refirieron a procedimientos como un eventual «uso ilegal de agua en los Llanos de Salafranca (junto a Carrascoy); el de agua de pozo para agricultura en el campo de golf de La Peraleja (Sucina), la relativa a la comunidad de regantes Ascoy-Benís y Carrasquilla, y otra a propietarios de la finca El Chopillo».

Por otro lado, la organización exigirá la celebración del juicio oral por la contaminación «consentida» al río Segura a su paso por Murcia.

Desde Ecologistas en Acción «consideramos que el descontrol en las aguas subterráneas constituye uno de los principales obstáculos para un uso sostenible del agua en esta cuenca», añade el comunicado, en el que piden auditar y reforzar el control de todos los usos del agua, en especial de la subterránea y de la procedente del trasvase Tajo-Segura.

La organización también reclama dar prioridad a las políticas de control en la demanda, con la eliminación de los regadíos ilegales y otros usos irregulares del agua, pide un freno a las urbanizaciones y campos de golf, al tiempo que propone una reforma institucional de la CHS, con control democrático de las decisiones.

El portavoz de la Comisión Pro-Río, José Antonio Muñoz Grau, calificó ayer de «auténtico disparate jurídico» la decisión del fiscal jefe porque, entre otras cosas, «en algunos casos sus argumentaciones son contrarias a los informes del propio Ministerio de Medio Ambiente».

Muñoz Grau, que temía esta decisión desde hace meses, comentó que si se archiva el caso del robo del agua «se carga todas las acusaciones de prevaricación que se han hecho en este país por asuntos urbanísticos por ejemplo, ya que reconoce que existe el robo pero exculpa a los funcionarios, y eso mismo puede decir mañana cualquier alcalde acusado por corrupción, que no tenía medios».

Incrédulo todavía por la resolución del fiscal, Muñoz Grau reiteró que lo que exige Pro-Río es que se devuelvan a la Vega Baja los caudales que se han perdido a consecuencia de estos robos ya que, tal y como aseguran, «la Confederación Hidrográfica del Segura debe declarar de oficio nulas de pleno derecho las inscripciones de agua efectuadas a favor de los grupos privilegiados que se benefician del agua que se roba y clausurar pozos ilegales».

Saura respeta la decisión

El secretario del PSRM- PSOE, Pedro Saura, expresó su máximo respeto a la Justicia. Pidió al PP «que no use dos varas de medir. Cuando el fiscal cita al alcalde de Mazarrón, dicen que hay acoso político; pero cuando señala que no se roba agua, les parece estupendo».

Satisfacción de regantes

El presidente del Sindicato de Regantes, Francisco del Amor, señaló que «esperábamos esta decisión del fiscal. Aquí no hay pozos ni regadíos ilegales como se había denunciado. Con Juan Cánovas se empezó a reconsiderar los expedientes sancionadores. Estamos muy contentos de que se demuestre que no hay responsabilidad de los órganos gestores de la Confederación».

IU critica a PP y PSOE

El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, indicó que la decisión del fiscal «no es para que los dirigentes y responsables del PP y del PSOE tiren cohetes. Se habla expresamente de la deficiente tramitación de los expedientes sancionadores, y que la gestión ha sido nefasta». Según Pujante, Narbona «debe abrir los cajones y las ventanas de la CHS, ya que se trata de un organismo muy opaco».

Pide lo imposible para conseguir lo que realmente deseas. El texto del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha aprobado con los votos del PSOE y del PP de la vecina Comunidad, proyecta un cúmulo de reivindicaciones estelares, de entrada imposibles, que tienen como objetivo final obtener poderes sustanciales sobre la gestión del agua, merced a una negociación política en el Congreso de los Diputados donde Castilla La Mancha sólo tiene cosas que ganar, a la vista de la situación actual.

LA FECHA DEL 2015

Importa otro objetivo

El Gobierno de José María Barreda tiene más que asumido que el texto será modificado en el Congreso. Y también intuye que la fecha del 2015 -esa precisión lejana a los usos legislativos- será eliminada. Ofrecerá la resistencia justa, ya que lo que realmente le importa a Barreda es que el Estatuto mantenga el nervio principal de su política hidráulica. Esto es, que se reconozca que el Acueducto Tajo-Segura es una hipoteca sobre el desarrollo de Castilla-La Mancha y debe desaparecer tarde o temprano. Las armas para conseguirlo, indirectamente, es que se consagre (otra vez) la preferencia de la cuenca cedente para unos usos en aumento que se beberán todos los excedentes habidos y por haber en Entrepeñas y Buendía. Y en segundo lugar, que se aplique a rajatabla la Directiva de Aguas de al UE, lo cual aumentaría el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez y Toledo. Lógicamente, a costa de mermar los envíos para el regadío murciano.

¿POR QUÉ ESA FECHA?

Los cálculos de Barreda

El año 2015 responde a dos criterios. Por un lado marca la entrada plena en vigor de la Directiva Europea. Por otro lado, es el tiempo que estima el Ejecutivo de Barreda para que puedan estar construidas todas las plantas desalinizadoras que necesita la cuenca del Segura para garantizar los abastecimientos en su integridad.

¿Y PARA BEBER?

Los regadíos, a desalinizar

Barreda no se opondrá a ningún desembalse para los abastecimientos mientras sean necesarios. Ni ahora ni en el futuro. También deberá justificar para qué quiere todos los excedentes del Tajo.

La opción que da Barreda a los regadíos del Segura es que se abastezcan también de agua desalinizada. Si no pueden pagarla, tendrán que ir mermando y desapareciendo. Es la única opción que ofrece, aplicando criterios puramente economicistas.

LA ESPADA DE DAMOCLES

¿Y la próxima legislatura?

Si el Gobierno central y el PSOE mantienen en el Congreso la misma pauta que con Estatutos anteriores, el texto de Castilla-La Mancha se igualará a los de Cataluña, Andalucía y Valencia que le han precedido. Basta que Zapatero y Narbona cumplan con lo que viene prometiendo y haciendo. Los trasvases quedarán bajo la gestión del Gobierno central, así como todas las competencias intercuencas. La fecha de caducidad desaparecería; pero queda la Espada de Damocles de la ley del PHN, que permite reducir los envíos de agua al Segura en la próxima legislatura. Es seguro que se mermarán, ¿pero cuánto?

Lo que sí conseguirá Barreda es mayor voz y voto en los órganos de gestión del Tajo-Segura. Los informes que emita su Gobierno serán preceptivos, pero no vinculantes, como en Cataluña. Por otra parte, tiene asegurado el acueducto a Ciudad Real.

¿POR QUÉ APOYA DE COSPEDAL?

El doble discurso

A la presidenta del PP manchego no le queda más remedio que ir a remolque de Barreda, de lo contrario perdería un chorro de votos. El agua tiene un fuerte cartel electoral. En la sede de Génova lo saben y dejan hacer a De Cospedal, radicalizando a Barreda.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, pidió al presidente Rodríguez Zapatero «que pida perdón a los murcianos por la campañas de insultos y difamación que ha abierto su posición y su silencio, como escenificó en el mitin socialista de Albacete del pasado domingo». Reafirmó su «sospecha» de que hay un «pacto oculto Barreda-Zapatero para cargarse la agricultura más moderna y competitiva de Europa»».

El consejero culpó al Gobierno socialista de crear «una política farisaica del agua», al tiempo que reprochó a la ministra Narbona la «doble vara de medir» que aplica con los trasvases. Recordó los seis trasvases cero para regadíos en el último año hidrológico, y dijo que «los embalses de cabecera almacenan 304 hm3, por lo que se puede atender perfectamente la petición de los regantes».

Mientras que la ministra de Medio Ambiente se mantiene a distancia, el presidente murciano Ramón luis Valcárcel ordenó ayer a los Servicios Jurídicos de la Comunidad que preparen un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que pone fecha de caducidad al Trasvase Tajo-Segura en el año 2015. El Ejecutivo regional considera que la iniciativa aprobada el lunes por el PSOE y el PP castellano manchegos vulnera cinco preceptos de la Constitución sobre agua y solidaridad.

El recurso se presentará si el texto no se modifica durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. Populares y socialistas murcianos confían en que el Estatuto apadrinado por Barreda y De Cospedal se peine y se cambie en Madrid, como se hizo con el texto de Cataluña. El secretario de los socialistas murcianos, Pedro Saura, ha ido más lejos al señalar que el Grupo Socialista en el Congreso «va a cambiar el texto porque va directamente contra las competencias del Estado». Asimismo, casi todos dan por hecho que este Estatuto no podrá aprobarse antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas.

«Un juego de niños»

El consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, señaló ayer en rueda de prensa que el texto aprobado en Toledo tiene «carácter intervencionista; trata al Estado como un subordinado, y ofende a la Constitución». Cree que el Estatuto de Cataluña, que vio modificadas sus pretensiones sobre el agua, «es un juego de niños al lado del que ha aprobado Barreda». El consejero acusó al presidente Rodríguez Zapatero de haber propiciado «una rapiña estatutaria» después de derogar el Trasvase del Ebro. Para el Gobierno de Valcárcel las pretensiones de Castilla-La Mancha «son un disparate sin precedentes en la historia de la Constitución, motivada por la renuncia de Zapatero a ejercer sus competencias en materia de agua». Según De la Cierva, «esta situación quedó escenificada en la Conferencia de Presidentes. «Rodríguez Zapatero dijo: mátense ustedes, que yo no voy a hacer nada para solucionar el problema del agua».

Mermar los regadíos

El Ejecutivo murciano considera que el documento de Castilla-La Mancha vulnera al menos, cinco preceptos constitucionales: los artículos 14, 45, 138.2, 139.1 y 149.1.22. Así lo recordó el consejero de Presidencia en compañía del titular de Agricultura y Agua. De la Cierva señaló que texto «invade los principios de unidad de cuenca y solidaridad entre los territorios; y establece un principio de la propiedad del agua arcaico, propio del siglo XIX».

Subrayó que ningún parlamentario del PP por Murcia votará en el Congreso a favor del Estatuto de Castilla-La Mancha tal y como está redactado. Apuntó incluso que el rechazo puede producirse en la fase de admisión de trámite. Además del «disparate» que supone, a su juicio, ponerle fecha de caducidad al acueducto, considera fuera de lugar «que Barreda pretenda además reestructurar los usos del agua en la cuenca del Segura, ordenándole al Estado que reduzca el agua para Murcia».

¿Y De Cospedal?

Ante la postura de la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de apoyar a Barreda, el consejero subrayó que sus críticas iban dirigidas «contra lo acordado en las Cortes de aquella comunidad, donde incluyo a todos los partidos políticos». Valcárcel se reunió recientemente con De Cospedal y otros dirigentes del PP para llegar a un acuerdo, pero no ha evitado que su compañera de partido apoye a Barreda y la defunción del Trasvase Tajo-Segura.

El Ministerio de Medio Ambiente indicó ayer que no entra a valorar el texto aprobado en Toledo contra el Trasvase Tajo-Segura y sobre las competencias que se arroga esta comunidad en materia hidráulica. Indicó que el Parlamento es soberano y que la decisión que se tome corresponderá a los grupos políticos.

El consejero Fernando de la Cierva analizó las propuestas del Estatuto de Castilla-La Mancha que a su juicio vulneran la Constitución. Detalló que el artículo 98 es «la gran mentira y ofensa a la Constitución, ya que señala que el agua que pasa por Castilla-La Mancha es de su propiedad, cuando se trata de un recurso de todos los españoles declarado de interés público», alegó.

Sobre el artículo 100, indicó que «pretende cambiar el agua destinada a los regadíos de Murcia por el desarrollo urbanístico en Castilla-La Mancha». En cuanto al artículo 102 , explicó que «se arroga competencias sobre recursos de cuencas como las del Ebro, e incluso fuera del territorio español». Además, criticó que el punto número 3 de este precepto establece que la Junta de Castilla-La Mancha debe emitir un informe «previo, preceptivo y determinante sobre cualquier transferencia de agua», lo que calificó de «disparate sin precedentes en la historia de la Constitución Española».

De la Cierva centró asimismo la atención sobre la Disposición Transitoria Primera del Estatuto manchego, «que usurpa la competencia exclusiva del Estado en materia de agua y fija la fecha de eliminación del Trasvase Tajo-Segura para el año 2015. De esta forma el Estado queda subordinado a Castilla-La Mancha en materia de agua, además de establecer que la cuenca del Segura debe reestructurar sus regadíos».

Entre otras cuestiones, destacó que Castilla-La Mancha pide tener voto en los órganos permanentes de gestión y control del Tajo-Segura en función de su extensión, «lo que elimina desde ya, no en el 2015, cualquier posibilidad de trasvase al Segura».