El PSOE presentó ayer el documento ‘Gestión sostenible del agua. Hacia un gran Pacto Social’, que analiza la situación del agua en España y plantea las bases para una política sostenible en materia hidrológica, según informa el grupo.

El responsable de la ejecutiva federal del PSOE de Medio Ambiente, Hugo Morán, explicó que este documento «tiene una vocación abierta e integradora, en el marco de una propuesta de Pacto de Estado».

El texto ha contado con la participación de expertos vinculados al agua y su gestión, y está dividido en seis apartados: el agua en España; bases para una política sostenible en materia hidrológica; objetivos y principios; avances realizados hacia un recurso seguro, y nuevas propuestas: retos pendientes y agua y cooperación internacional al desarrollo.

Morán reiteró que «hay que hablar sobre agua y sobre política de agua, sin orillar ninguno de los aspectos que constituyen la compleja realidad de este elemento, imprescindible para la vida y fundamental para la actividad económica».

«Ni por asomo vamos a cambiar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura», manifestó ayer con rotundidad un alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente, que quiso aclarar el alcance que tendrá el grupo técnico que revisará el protocolo de desembalses. Según el Ministerio, a esta comisión no le corresponde cambiar las reglas recogidas en el Plan de Cuenca del Tajo aprobado por el Congreso de los Diputados. Añade que lo único que se persigue es mejorar el funcionamiento del trasvase para transportar de otra forma el agua que se manda a la cuenca del Segura, de tal forma que los caudales permanezcan más tiempo en los pantanos de cabecera para que puedan ser disfrutados por los municipios ribereños del Tajo. Por ejemplo, que el volumen autorizado se mande conforme se vaya necesitando y no de una tacada, como se hace habitualmente.

Los vecinos de la cabecera del Tajo también quieren disponer de una lámina de agua estable en los embalses de Entrepeñas y Buendía que garantice sus actividades económicas ligadas al turismo. Los regantes están de acuerdo en pausar los envíos de agua. Esto también repercute en la costosa factura eléctrica que se paga en la Región de Murcia con los bombeos del agua que llega del Tajo.

Reunión Valcárcel-Claver

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, asegura que la proposición de Ley que plantea el Ejecutivo de Castilla-La Mancha para recoger todas las demandas de esta Región en materia hídrica «tiene un matiz exclusivamente electoral». Asimismo, afirma que «no tendría sentido adelantarse con la ley murciana» en defensa del trasvase porque «les estaríamos haciendo el juego».

José Manuel Claver opina que «no se debe echar más leña al fuego», en referencia a la petición realizada por el PSRM de que se recupere la proposición de Ley para la defensa del Trasvase Tajo-Segura, que ya fue retirada a petición de los propios regantes de la Asamblea Regional. El presidente de los regantes murcianos hizo ayer estas declaraciones tras la reunión que mantuvo con el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, para analizar la situación a la finalización del año hidrológico, e iniciar la entrada en el nuevo curso político, según explicó el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá.

Claver ratifica que la nueva proposición de Ley «resulta un claro y casi exclusivo matiz electoralista de cara a las próximas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha que lleva a plantear nuevamente el tema del agua cuando el mismo Parlamento acaba de rechazar el Estatuto manchego». Respecto a la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, el titular de Agricultura se muestra abierto a la posibilidad de «discutirla y analizarla», porque las normas fueron redactadas hace 10 ó 12 años y «a lo mejor las circunstancias de ahora requieren que se discutan, pero siempre predominando los criterios técnicos, no los caprichos políticos».

No obstante, Cerdá explica que la Comunidad está centrada en «defender los intereses de los murcianos y de los regantes con uñas y dientes», al tiempo que muestra su disposición a «ayudar a resolver los problemas de los demás».

Claver tampoco se opone a la modificación de las normas «siempre que se haga con criterios objetivos técnicos». No obstante destaca que el cambio «no quiere decir necesariamente una rebaja, sino adecuar las reglas a lo que dice la realidad actual». A su parecer, lo que no se puede hacer es «política con lo que significa el trasvase Tajo-Segura».

Ayudas europeas

Cerdá pone como ejemplo de «solidaridad» el modelo del pago de las pensiones o la Política Agraria Comunitaria (PAC), cuyos fondos proceden de los estados miembros, que participan con un porcentaje del PIB y del IVA que se recauda, que se envía a la Unión Europea y se redistribuye. Así, precisa que en España, hay comunidades como Castilla-la Mancha que «reciben más de lo que aportan». En concreto, recuerda que Castilla-La Mancha «recibe 750 millones de euros por año más de los que aporta, mientras que la Región de Murcia recibe 58 millones de euros menos de los que aporta».

J. M. BARREDA PTE. C-LA MANCHA

«Me habría gustado que Valcárcel estuviera en Toledo para oír lo que pensamos del agua»

Cuando se frustró el Estatuto de Castilla-La Mancha, el Gobierno de José María Barreda advirtió de que no había dicho su última palabra sobre el agua y el Trasvase Tajo-Segura. Así ha sido. En su discurso del debate sobre el estado de la región celebrado en Toledo, Barreda anunció ayer que va a impulsar una proposición de ley del Agua en el Congreso de los Diputados, en la que estarán incluidas todas las demandas que contenía el fallido Estatuto de Autonomía: participación en los órganos de gobierno de las demarcaciones -en especial la del Tajo-, en la planificación hidrológica, en las inversiones y en la gestión de los recursos de los ríos que bañan su comunidad autónoma

«La sociedad de Castilla-La Mancha, representada por la Mesa del Agua, nos ha pedido que ni cedamos ni nos resignemos; y yo ni cedo ni me resigno», resaltó Barreda, que ha vuelto a abrir de esta forma la guerra del agua. Cuando presente la propuesta, el Congreso la aceptará a trámite. Llevará un recorrido parecido al del Estatuto, aunque en este caso puede resultar más fácil porque no será una ley orgánica.

La iniciativa de Barreda puede haber pillado con el paso cambiado al Gobierno murciano, ya que la Asamblea retiró recientemente la proposición de ley que presentó en el Congreso a principios de año para blindar el Trasvase y contrarrestar el Estatuto. Dado que éste fue retirado, la ley murciana siguió los mismos pasos. El PP regional y los regantes pensaron que podía tener efectos contraproducentes, en el sentido de que el PSOE podía aprovecharla para modificar el Trasvase. Ahora tendrán que replantearse esta estrategia.

El debate coincide con la cumbre que celebra la plana mayor del PP en Toledo, una circunstancia que ha aprovechado Barreda para lanzar un dardo envenenado a Ramón Luis Valcárcel. Dijo estar encantado con que un político como Mariano Rajoy visite las Cortes regionales, así como que Toledo acoja una reunión del Comité de Dirección del PP, sin embargo, ha echado en falta al presidente de Murcia. «Me hubiera gustado ya puestos, en la medida que se celebra una cumbre, que hubiera venido también Valcárcel a escuchar lo que se piensa del agua en Castilla-La Mancha», subrayó. «¿Ahora resulta que el PP apoyaba el Estatuto en el Congreso de los Diputados? Si toda España vio como Valcárcel se presentó allí para hacer valer su posición», exclamó en la tribuna.

Cospedal: «Arma alectoral»

En su turno, Cospedal hizo caso omiso al anuncio de Barreda de impulsar una ley del Agua. La secretaria general del PP explicó que no renuncia a la aprobación de un Estatuto de Autonomía por consenso cuando presida Castilla-La Mancha. En este contexto, acusó a Barreda de mentir sobre los motivos por los que no salió adelante la reforma del Estatuto, lo cual considera uno de los dos grandes fracasos del presidente regional, junto al de Caja Castilla-La Mancha. Apuntó que Barreda hizo fracasar la ley para poder seguir usando el agua como arma electora. El diputado nacional García Tizón dijo no entender que Barreda quiera recuperar lo que él mismo quitó en el Estatuto.

El portavoz del PP de la Región de Murcia, José Antonio Ruiz Vivo, ha lamentado que el presidente de Castilla La Mancha «vuelva a la demagogia». «Como los malos jugadores, pide prórroga cuando pierde el partido. Sabe que Ramón Luis Valcárcel ha defendido, y seguirá defendiendo los intereses de los murcianos en cuanto al agua, sin variar un milímetro su posición». En repuesta a las palabras de Barreda de que echaba en falta a Valcárcel en las Cortes, Ruiz Vivo ha asegurado que «no se puede echar en falta a quien mantiene su coherencia. Valcárcel no sólo ha defendido que hay agua para la Región de Murcia, sino que también hay agua para Castilla La Mancha a través del Plan Hidrológico Nacional que derogó Zapatero y el Plan del Tajo Medio, que lleva años durmiendo en un cajón del Ministerio».

El PP no ha resistido la tentación de criticar al PSRM-PSOE. «Puestos a echar en falta, nosotros sí echamos en falta la denuncia ante los tribunales de Justicia de la mala gestión hídrica de Barreda que el señor Saura prometió a los murcianos y que finalmente no ha llevado a cabo».

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha reconducido los trámites para otorgar 80 hectómetros cúbicos de agua a los abastecimientos de Madrid y de la comarca toledana de La Sagra. La junta de gobierno de esta demarcación tomó la decisión en diciembre del año pasado acogiéndose al decreto de sequía y sin informar a los usuarios del Trasvase, que se enteraron de la noticia a través del diario ‘La Verdad’.

Estos 80 hectómetros garantizarán el suministro de casi un millón de habitantes en ambas regiones. Según la ley, tienen prioridad por partida doble: Los caudales se destinan a la población y además son comunidades ribereñas del Tajo. Estos volúmenes se enviarán desde el curso alto del Tajo y estarán regulados en la cabecera, por lo que mermarán los excedentes trasvasables a la cuenca del Segura.

La Confederación volvió sobre sus pasos a raíz de las protestas y del recurso que presentaron los regantes murcianos y alicantinos, razón por la cual se han vuelto a tramitar ambas concesiones. El Sindicato Central de Regantes está en contra porque insiste en que no se cumplen los trámites legales. También ha alegado indefensión porque se enteraron de la propuesta a través de lo publicado por este periódico. Sesenta hectómetros se destinarán al Canal de Isabel II y los otros 20 a la agencia del agua de Castilla-La Mancha.

La ley del Plan Hidrológico Nacional determina que las comunidades autónomas afectadas por la revisión de los caudales trasvasables del Tajo deben ser consultadas, razón por la cual los regantes se han dirigido a los gobiernos de Murcia y de la Comunidad Valenciana para que intervengan y presenten alegaciones si creen que perjudican sus intereses. El consejero murciano de Agricultura, Antonio Cerdá, explica que va a estudiar los expedientes, si bien opina que si Madrid y Castilla-La Mancha necesitan agua para sus abastecimientos deben contar con ella porque la ley obliga. Critica, no obstante, que haya 200 hectómetros de concesiones en el Alto Tajo que apenas se han utilizado en los últimos treinta años.

Los regantes advierten de que se trata de un estudio técnico para mejorar el funcionamiento del canal, aunque estarán alerta

El Gobierno central ‘recompensa’ a Barreda y abre un proceso para revisar las reglas de explotación del Tajo-Segura

Los regantes y Barreda veían el jueves satisfechas sus peticiones

No fue un trágala, pero sí una sorpresa para los regantes. La representante de Castilla-La Mancha en la Comisión Central de Explotación del Tajo-Segura puso sobre la mesa la necesidad de revisar las reglas del Trasvase. No se trata de cambiar la ley, sino de cuestionar el manual que se ha utilizado hasta ahora para autorizar los desembalses y transportar el agua desde la cabecera del Tajo hasta la cuenca del Segura. Obviamente, el asunto se ha cocinado entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de José María Barreda, quien ese mismo jueves exhibió el trofeo que había conseguido: cambiar las reglas de explotación para frenar la voracidad hídrica del Sureste. Lo que no había logrado en el Congreso con su Estatuto de Autonomía, lo podría obtener ahora, aunque sin rango de ley, por la vía administrativa.

Al mismo tiempo, Barreda conseguía que quedara en un segundo plano la autorización de uno de los mayores desembalses del Tajo al Segura en los 31 años de funcionamiento del acueducto: 230 hectómetros repartidos en seis meses para los regadíos, que se soltarán de Entrepeñas y Buendía de acuerdo con una planificación bisemanal de necesidades establecida entre las confederaciones del Segura y el Tajo. De esta forma, el agua asignada al Sureste queda almacenada más tiempo en los embalses de cabecera -para sus fines turístico y de ocio- en lugar de ser transportada de una tacada, como ha publicado ‘La Verdad.’ Conviene precisar que esos 230 hectómetros se quedarán finalmente en 180 efectivos, ya que hay que restar los caudales aún no consumidos del desembalse aprobado en Semana Santa.

Así que, una cosa por la otra, los regantes y Barreda veían el jueves satisfechas sus peticiones, según el prisma del Ministerio. La revisión de las reglas de explotación es la moneda de cambio a la nueva derivación de agua. Y esa revisión, como apunta José Manuel Claver, presidente del Sindicato Central de Regantes, se plantea precisamente cuando hay más recursos almacenados en el sistema y menos problemas para su distribución. ¿Por qué no se revisaron las reglas en los años de feroz sequía? Claver considera inevitable que el presidente de Castilla-La Mancha se esté apuntando un tanto político en su región sobre un trámite administrativo que a la postre, según éste, no debe afectar al funcionamiento del acueducto. Pero el mensaje del Gobierno castellano-manchego ya estaba calando. El jueves, Claver fue entrevistado por la SER de Cuenca y la primera pregunta que le hicieron se refirió al triunfo de Castilla-La Mancha por cambiar las reglas de explotación.

«En la reunión de la Comisión no nos opusimos a la revisión de unas reglas que llevan 13 años de funcionamiento porque no tenemos nada que ocultar, y dejamos bien claro que debe hacerse con criterios técnicos y no políticos. Lo que se acordó fue iniciar un estudio de esas reglas, que siempre han sido orientativas», explica Claver. Para éste, la ley del Plan de Cuenca del Tajo no cambia, ni tampoco el nivel mínimo no trasvasable de 240 hectómetros. ¿Qué puede cambiar entonces? Podría afectar a los escenarios sobre los que operan dichas reglas, que actualmente son cuatro.

En el nivel uno, en el que nos encontramos, se autoriza el máximo trasvasable anual de 600 hectómetros. Se cumple siempre que las aportaciones de un año en Entrepeñas y Buendía superan los 1.000 hectómetros, o bien cuando ambos embalses almacenan más de 1.500. En el segundo nivel se reducen los desembalses de acuerdo con las existencias de cada mes y son decididos por la Comisión de Explotación. En el tercer nivel, de excepcionalidad, los caudales almacenados oscilan entre los 490 y 520 hectómetros y la autorización depende del Consejo de Ministros. El último nivel impide cualquier desembalse porque no se superan los 240.

En teoría, se pretende cambiar este protocolo a requerimiento de Castilla-La Mancha, pero Claver advierte de que se trata de un proceso administrativo muy largo en el que no se sabe qué va a salir ni cómo se va a realizar. Deben participar todas las instancias implicadas, incluidos los usuarios, y expertos del CEDEX. «Si hay algo que no funciona bien o que se puede mejorar, estamos dispuestos a que se analice, aunque nos sorprende que ahora le den tanta importancia a las reglas de explotación cuando se las han saltando un montón de veces a la torera». El dirigente de los regantes advierte de que estarán vigilantes para impedir que ese estudio derive en un ataque al acueducto. «Barreda está vendiendo su producto, pero lo que se aprobó no cambia el Trasvase», recalca. Claver subraya que por encima de todo permanecen las leyes del Trasvase y el Plan de Cuenca del Tajo.

Ecologistas en Acción vuelve a la carga y ha denunciado ante la Comisión Europea «la pasividad» del Gobierno de la nación «ante el deterioro de los recursos hídricos en la Región de Murcia», según informó ayer esta organización, que señaló que Bruselas ha apercibido a España por este motivo. «La gestión del agua es bastante precaria en una región como la de Murcia, que dice tener sed mientras sus autoridades no ha cesado de aprobar planes y proyectos con usos del agua tan insostenibles como los campos de golf asociados a complejos turístico-residenciales, así como crecimientos urbanísticos artificiosos e irreales basados en la especulación inmobiliaria. Todo ello al mismo tiempo que gran parte de la explotación de las aguas subterráneas sigue al margen de la legalidad y la planificación, y existen miles de hectáreas de regadíos ilegales», señala esta organización.

Ha trasladado a Bruselas sus argumentos ya conocidos sobre la cuenca del Segura, que no se corresponden con los datos que maneja el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica.

Ecologistas en Acción, asimismo, se atribuye la denuncia que dio pie al toque de atención que la Comisión Europea dio a España por no tener finalizados los nuevos planes hidrológicos que debían incorporar la Directiva Marco de Agua. «El apercibimiento ha tenido lugar dos semanas después de que fuera admitida la queja realizada por Ecologistas en Acción», subrayan en un comunicado. Lamentan el motivo del apercibimiento, «provocado por la pasiva actitud del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ante la planificación hidrológica, cuyo principal fin está siendo el evitar definir unos caudales ambientales adecuados». Ello es debido, según los ecologistas, a su sumisión ante sector agrario, «cuyo desarrollo descontrolado y subvencionado es incompatible con la conservación».

El Ministerio de Medio Ambiente hará todo lo posible para que todos los nuevos planes de cuenca se aprueben con celeridad, pero con la excepción de los del Tajo, Júcar y Segura, que se quedarán para el final debido a su complejidad. Incluso pueden quedar aplazados. Por un lado hay que casar las necesidades del Tajo y del Segura, con el Trasvase de por medio, lo cual está generando más tensiones en ambos territorios. En el caso del Júcar, aún está pendiente que se delimite su demarcación. Técnicamente, es el más retrasado. Junto a estas consideraciones están las elecciones autonómicas y municipales del año que viene, que pueden suponer un serio obstáculo para la aprobación de estos planes.

Los condicionantes políticos que pueden surgir se unen al hecho de que el Gobierno central no parece dispuesto a azuzar de nuevo el avispero territorial del agua. Además, existe un plazo de tiempo muy ajustado para aprobar estos planes antes de que finalice el año. De hecho, los documentos saltarán al año que viene porque la ley obliga a que el borrador se someta a un periodo de información pública de seis meses antes de ser aprobado definitivamente.

Previamente, no obstante, se debe constituir el nuevo consejo del agua de cada una de las demarcaciones, el cual deberá informar con antelación de todas las alegaciones presentadas hasta la fecha y realizar una propuesta. La constitución de este consejo puede ir para largo. Para salir del paso, el Ministerio de Medio Ambiente se propone aprobar un decreto provisional para que puedan informar los consejeros actuales.

Peleas territoriales

Por encima de estas consideraciones políticas y administrativas están las dificultades objetivas de encajar los planes del Tajo y del Segura. El primero opta por modificar las reglas de explotación del Trasvase y reducir los caudales trasvasables. El del Segura, por su parte, reclama la dotación completa de 600 hectómetros cúbicos anuales del Tajo. Así las cosas, el Ministerio no tiene prisas con los planes más polémicos y los dejará para el final, pese a la advertencia de la Comisión Europea a España de una sanción por el retraso de estos planes, que debían estar aprobados el año pasado.

Estos planes pueden ser incluso suspendidos o aplazados hasta un momento más propicio políticamente. Serían prorrogados si la Directiva Marco lo permite, con lo cual se evitaría otra pelea entre regiones

¿Cuánta agua del Tajo necesita Castilla-La Mancha para sus demandas futuras? La respuesta la tiene el borrador del nuevo plan de cuenca de este río, según el cual los regadíos, la industria y los 7,2 millones de habitantes de esta demarcación, que incluye Madrid, necesitarán 176 hectómetros cúbicos más en el año 2015. Sus demandas consuntivas -no incluye el caudal ecológico- pasarán de 2.595 a 2.775 hectómetros. Esto significa que Castilla-La Mancha está reivindicado desde su Estatuto de Autonomía treinta veces más agua del Tajo de la que realmente necesita, según este borrador, que forma parte del llamado Esquema de Temas Importantes.

El plan hidrológico de este río se encuentra en la recta final, en fase de discusión pública, aunque existe la posibilidad de que se retrase o aplace debido a su complejidad y a los conflictos territoriales que genera el Trasvase Tajo-Segura.

La evolución de las necesidades de agua en la cuenca del Tajo, que abarca 55.645 kilómetros cuadrados repartidos principalmente entre Castilla-La Mancha (que tiene un 45% del total), Madrid y Extremadura, ha sido fijada por los técnicos de esta demarcación sobre la base de un incremento del 11,6% de la población, que incluye Madrid, el Corredor de Henares y la comarca de La Sagra-Torrijos. La explosión demográfica de los dos últimos ha llevado a Castilla-La Mancha a reclamar más recursos del Tajo, cuando la realidad es que sólo se prevé un incremento de 77 hectómetros para los usos domésticos y los servicios institucionales y municipales. Hay que sumar otros 187 para el sector industrial, que según la Confederación del Tajo «no es una demanda significativa».

El consumo urbano global, incluyendo los 3,3 millones de habitantes de Madrid, es ahora de 786 hectómetros. En el año 2015 será de unos 870. Los otros puntos importantes de abastecimiento están en Toledo, Talavera de la Reina, Cáceres y las mancomunidades de Algodor y Segorbe.

En el caso de los regadíos, los consumos con recursos superficiales y subterráneos son de 1.712 hectómetros, incluyendo la ganadería. El incremento de las necesidades de agua para los regadíos de toda la demarcación del Tajo -sin incluir la zona portuguesa- es muy baja, ya que apenas aumentará en 100 hectómetros.

Empuje agrícola del Sureste

Pese a su extensión, la zona regable del Tajo con aguas superficiales es de 204.520 hectáreas, inferior a la de la cuenca del Segura, que tiene tres veces menos de superficie. La demanda oficial de agua para riego es de 1.571 hectómetros en el Segura, muy cerca de los 1.712 del territorio del Tajo. Estos parámetros dan una idea del empuje de los regadíos en el Sureste.

En el borrador se observa que los consumos de los regadíos no crecen significativamente en la zona de la cabecera del Tajo, que pasará de 75 a 100 hectómetros. En el área de Castrejón, Torrijos y La Sagra, aumentará de 25 a 96.

Los técnicos de esta Confederación prevén, en resumen, un crecimiento moderado» de todas las demandas hasta el año 2015, que rondará el 6,3%. Estas estimaciones de agua no casan con las reivindicaciones de Castilla-La Mancha, cuyo gobierno sostiene que necesita toda el agua del Tajo para su desarrollo futuro. La presidenta de madrid, Esperanza Aguirre, también ha solicitado recursos adicionales del Tajo en un volumen que no se corresponde con el aumento de sus necesidades, aunque más discreto del que pide Barreda.

El nuevo Plan Hidrológico del Tajo aumentará el caudal ecológico en Aranjuez, Toledo y Talavera; descartará cualquier proyecto de trasvase desde el Tajo medio y garantizará una lámina de agua estable en los pantanos de cabecera, que equivaldría a la reserva estratégica que Castilla-La Mancha no consiguió introducir en su Estatuto de Autonomía. Así lo dio a conocer ayer el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en la sala de prensa de las Cortes, donde comentó que esta información la había trasladado el Ministerio de Medio Ambiente al consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón.

Barreda explicó que el Ministerio ha confirmado estas tres cuestiones cruciales por las que, ha resaltado, la región llevaba mucho tiempo trabajando. De ser así, repercutirán directamente en los volúmenes de agua trasvasables a la cuenca del Segura, ya que se reducirían considerablemente los excedentes. Barreda destacó que la propuesta que se haga, y que se habrá de cuantificar, será de un caudal ecológico al paso del Tajo por Aranjuez, Talavera de la Reina y Toledo, y no de caudal mínimo, y eso supondrá que tendrá que correr más agua por el río.

Asimismo, subrayó que se prevé la modificación de las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura para garantizar una lámina de agua estable en los pantanos de cabecera, Entrepeñas y Buendía, aún sin cuantificar, pero que, según Barreda, «equivaldría a una reserva estratégica». Barreda ha señalado que éste es un paso muy importante para el desbloqueo del plan y ha indicado también que en Murcia «van a entenderlo muy bien cuando oigan hablar de esto».

En el programa ‘La Lupa de la actualidad’ que dirige Ángel Expósito, director de ABC, José María Barreda declaró anoche en la televisión 10 Región de Murcia que el caudal ambiental del Tajo en Aranjuez y Toledo debe duplicar los 6 metros cúbicos por segundo asignados ahora. Al ser preguntado si pretende conseguir con el plan de cuenca del Tajo lo que no pudo lograr con el Estatuto, como es acabar con el Trasvase, contestó que las nuevas medidas «son un paso en la buena dirección». «Me gusta cómo suena la música». El presidente castellano manchego comentó que los murcianos «se creen que el Tajo y el Segura son de ellos. También son de Castilla-La Mancha».

Cerdá: «Se van a ahogar»

El diputado popular Leandro Esteban cree que Barreda trata de «vender humo» con estas propuestas. «Si esto es dicho por Barreda, no será verdad». Argumentó que el presidente castellano manchego recurre al agua porque las elecciones son el año que viene y «no le salen los números». Según Esteban, el presidente regional quiere vender otra vez «la famosa raya de Bono».

El consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, ha reiterado que Barreda, «está obsesionado con el tema del agua». «Si el Gobierno de esta Comunidad se sigue metiendo tanto en el tema del agua, se va a ahogar». En un comunicado de prensa, Cerdá ha apuntado que el Gobierno manchego intenta «desviar la atención de los problemas reales que tienen sus ciudadanos y que no resuelve, como la crisis y el paro, la intervención de Caja Castilla-La Mancha y el aeropuerto de Ciudad Real.

La pretensión del Gobierno de Castilla-La Mancha de que el Ejecutivo murciano asuma la gestión de la cuenca interna comprendida entre San Pedro del Pinatar y Águilas, sólo es, para el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, «una manera más de enredar».

El presidente de la Comunidad se refirió con sorna a la propuesta de Barreda: «Éramos poco y parió la abuela», sentenció provocando la risa de los regantes y autoridades que se dieron cita ayer en Blanca. «Es mejor dejar las cosas como están», dijo Valcárcel, quien advirtió de lo «peligrosa» que puede resultar esta idea. «Con las cosas de comer y de beber no hemos de jugar», apostilló en referencia a la noticia publicada el viernes por’ La Verdad’.

La eficiencia de los regantes murcianos fue expuesta por Valcárcel ante la ministra con entusiasmo: «La agricultura regional es la que menos agua consume de toda España, y los regadíos murcianos son uno de los mejores ejemplos en la gestión y uso eficiente de los recursos», detalló. En su opinión, las obras de mejora de regadíos «facilitan nuevos instrumentos a la agricultura. En Murcia la reutilización del agua es una realidad patente y el uso de los recursos hídricos no puede ser más óptimo; seguimos aprendiendo, hasta ser alumnos aventajados y enseñar a los que vienen a estas tierras».

El presidente argumentó ante la ministra que «no es posible prescindir del agua porque el agua no la bebe el agricultor, sino que la comemos en forma de frutas y hortalizas, ya que Murcia exporta agua y solidaridad a otros territorios en forma de productos agroalimentarios».