Las inversiones y la mejor atención que viene dedicando en los últimos años la Confederación Hidrográfica del Segura al municipio de Hellín, para reparar muchos años de olvido de administraciones anteriores, siguen sin hacer mella en el alcalde de esta localidad, y a su vez senador, el socialista Diego García Caro. El pasado lunes, el Ayuntamiento hellinero aprobó que se aplique un gravamen de 0,008 euros (1,3 pesetas) por cada metro cúbico que se saque de los pozos de sequía abiertos para hacer frente a la grave crisis de la cuenca del Segura.

De momento es una propuesta aprobada por este Ayuntamiento, que no tendrá efecto hasta que la autorice el Ministerio de Medio Ambiente. El presidente de la Confederación del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, manifestó ayer que cuando reciban la propuesta «será estudiada por nuestros servicios jurídicos para ver si tiene o no base legal. Actuaremos en función de lo que nos digan estos servicios y la Abogacía del Estado». Añadió que la aprobación de este gravamen «es una medida unilateral del Ayuntamiento de Hellín». La extracción de cada hectómetro cúbico de estos pozos situados en el municipio de Hellín supondría el pago de 1.300.000 pesetas. Las extracciones totales en esta zona pueden llegar a los 35 hectómetros anuales.

No es la primera vez que García Caro -que tiene al parecer hilo directo con el Gobierno de Castilla-La Mancha- se enfrenta a la Confederación Hidrográfica del Segura. Meses atrás intentó cerrar los pozos enviando a la Policía Local, de lo cual tuvo que desistir. Con anterioridad, entabló una batalla contra las obras del túnel Talave-Cenajo, con encierro de por medio en el Ayuntamiento, que tuvo que ser redimensionada para que pasara menos agua procedente de la cabecera del Tajo.

No a los pozos

La propuesta aprobada por mayoría socialista en el Ayuntamiento será elevada a los servicios jurídicos municipales para que avalen o no su viabilidad. Los concejales del PP votaron en contra y los de IU se abstuvieron. Diego García Caro acusó a la Confederación Hidrográfica del Segura de estar causando un «daño irreparable» al municipio por la extracción de agua de los denominados pozos de sequía a la Región de Murcia, informa Efe.

Durante el pleno ordinario celebrado el lunes por la noche, el regidor volvió a repetir sus ataques contra la CHS por el problema del agua. Fue durante el punto del orden del día que trataba sobre la propuesta de la concejalía de Economía y Hacienda sobre la creación de una ordenanza fiscal de tasa ambiental por la extracción de agua del subsuelo hellinero. De esta ecotasa, que se elevaría a 0,008 euros por metro cúbico de agua extraída de los pozos de sequía, García Caro aseguró que era una medida de protección por esta grave incidencia que atravesaba desde hacía mucho tiempo el subsuelo de Hellín.

Tras afirmar que la CHS estaba haciendo un daño irreparable a Hellín y sus gentes con esta sobreexplotación de sus acuíferos, aseguró que el agua que sacan de los pozos, la está vendiendo la Confederación del Segura a un euro el metro cúbico, por lo que la medida que su equipo de gobierno proponía era una auténtica miseria. El también senador socialista añadió que con estas extracciones la CHS está quitando el agua a Hellín tan necesaria para su desarrollo, llevando a cabo la misma política sobre el agua que realizaba en el siglo XIX, por lo que consideró que ya va siendo hora de que se modernice.

El Ayuntamiento de Hellín, dijo, pide que esas extracciones cesen definitivamente, ya que no se debe derivar más agua del subsuelo de la provincia de Albacete hacía la Región de Murcia. Advirtió de que si no cesaba este expolio, que, al menos, se autorizase la ecotasa y que el dinero recaudado serviría para adquirir agua para darla a la Comunidad de Regantes Martínez Parras recargar algunos acuíferos y emprender otras obras medioambientales.

García Caro también recordó lo ocurrido hace unos meses cuando tras abrir la CHS varios pozos de sequía en este municipio ordenó a la Policía Local que los cerrara, aunque poco después tuvo que revocar esta orden ante el recurso de la CHS, ya que se demostró que él no era persona competente para llevar a cabo esta acción

Los puntos más conflictivos del Estatuto de Castilla-La Mancha en materia de agua no se limitan a la propuesta de eliminar el acueducto Tajo-Segura en el año 2015. Contiene otros diez artículos -según el informe encargado por el PSRM-PSOE-, que buscan dejar en manos del Gobierno de Castilla-La Mancha la gestión de los trasvases, que son competencia del Estado. El estudio de los socialistas murcianos propone cambiar estos puntos conflictivos en el Estatuto pactado por Barreda y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

«Los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen derecho al uso preferente de los recursos hídricos de su territorio para consumo humano, desarrollo económico, así como para el sostenimiento medioambiental y para cualquier otro objetivo n el ámbito de sus intereses». (artículo 98.3).

«Corresponde a los poderes públicos de Castilla-La Mancha velar para evitar cualquier transferencia de agua de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad que perjudique los intereses de Castilla-La Mancha» (art. 101.1).

«Dicha planificación [la de los recursos de las cuencas hidrográficas que discurren por Castilla-La Mancha] garantizará la disponibilidad de agua para todos aquellos proyectos que conduzcan al crecimiento y la equiparación con los demás territorios del Estado» (art. 101.3).

«La Junta de Comunidades aporta las previsiones de demanda de agua de los distintos sectores de actividad dentro del territorio de Castilla-La Mancha en el horizonte de dicha planificación» (art. 102.1).

«Dicha participación [en la adopción de decisiones de asignación o reserva de los recursos hídricos disponibles] comprende también aquellas demarcaciones cuyas aguas discurren fuera del territorio español» (art. 102.1, párrafo tercero).

«La Junta dispondrá de forma efectiva de las reservas de recursos hídricos que se establezcan, con arreglo a la legislación estatal, en la planificación hidrológica del Estado para demandas futuras ». (art. 102.2).

«La Junta de Comunidades emitirá un informe previo, preceptivo y determinante ante cualquier trasvase, cesión, transferencia, transacción o cualquier modo de intercambio de aguas tanto públicas como privadas dentro de una misma cuenca hidrográfica o entre cuencas hidrográficas de la Comunidad» (art. 102.3).

«La Junta se reserva el derecho de ejercer la asignación y utilización preferente de dichos recursos hidrográficos para atender necesidades de Castilla-La Mancha». (art. 102.4).

«Tendrán sede en Castilla-La Mancha los órganos administrativos de planificación y gestión de las cuencas del Tajo, del Júcar, del Guadiana, del Segura y del Guadalquivir» (art. 103.2).

«Corresponde a la Junta de Comunidades la participación en el procedimiento de declaración y en la planificación de las obras hidráulicas de interés general que se emplacen en su territorio de acuerdo a la legislación del Estado (…) cuando dichas obras afecten únicamente a Castilla-La Mancha corresponderá a la Junta de Comunidades la ejecución y explotación de las mismas, así como de las reservas de recursos y concesiones de aprovechamiento. (art. 104.2).

«Los poderes públicos del Estado y de Castilla-La Mancha velarán para que, en cumplimiento de la disposición adicional primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reduzca progresivamente a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto hasta su definitiva extinción, que en todo caso se producirá en 2015, coincidiendo con el plazo establecido para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y los plazos referidos al buen estado ecológico de las aguas superficiales establecidos por la Directiva Marco de Aguas». (Disposición Transitoria (DP) primera 1).

«Los poderes públicos del Estado y de Castilla-La Mancha velarán para que éste sea el fin al que se aplique prioritariamente cualquier recurso generado en la cuenca hidrográfica receptora, tanto por las nuevas infraestructuras de generación de agua como por las que supongan un ahorro, así como para que se produzca con carácter inmediato a la entrada en vigor del Estatuto la ordenación y reestructuración de los usos del agua, especialmente el regadío, de acuerdo a la oferta de agua disponible en la cuenca hidrográfica del Segura». (DT primera 2).

«El nuevo Plan del Tajo, que deberá estar aprobado en el 2009, fijará la dotación suficiente a las necesidades y derechos reconocidos a favor de Castilla-La Mancha en el momento de la entrada en vigor de este Estatuto, la disminución progresiva de los caudales trasvasables, así como el incremento de las reservas no trasvasables». (DT primera 3).

«La Junta de Comunidades emitirá un informe preceptivo y determinante sobre cualquier propuesta de trasvase, transferencia, cesión, transacción o intercambio de agua». (DT primera 4).

(El texto en negrita corresponde a la parte que debe ser corregida o eliminada, según el PSOE).

Fue un pulso político en toda la regla, de los pocos que se han producido en este 37º Congreso Federal del PSOE, y como trasfondo tenía la controversia sobre la continuidad o no del trasvase Tajo-Segura.

Al final, el documento ideológico que salga del congreso socialista incluirá la defensa de los trasvases, a pesar de que la ponencia marco no aludía inicialmente a esta infraestructura. Y esto será posible gracias a una enmienda presentada por la delegación murciana que, tras más de dos horas de discusión y varios retoques para levantar las reticencias de unos y otros, recibió 98 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones.

El texto final refleja las tensiones que tuvieron lugar en la comisión sobre el cambio climático y que provocaron la supresión de la palabra «trasvase». Pero aunque la palabra no aparece como tal -algo que pretendían los socialistas murcianos-, el PSOE sí que aboga por los trasvases denominándolos «transferencias de recurso a través de infraestructuras hidráulicas necesarias, que sean viables económicamente, medioambientalmente sostenibles y socialmente aceptadas».

Murcia y Valencia

Este párrafo alternativo al texto que había el PSOE de Murcia fue defendido por la secretaria de Medio Ambiente de la federal socialista, Soraya Rodríguez, y cosechó el apoyo mayoritario de los participantes, excepto de los delegados de Castilla-La Mancha, que reclaman la caducidad del trasvase Tajo-Segura, siguieron oponiéndose a que apareciera toda alusión a las transferencias de agua, por lo que al final votaron en contra.

Enrique Guerrero, uno de los ponentes de la comisión, fue preguntado en la rueda de prensa posterior si el término «transferencias» se refería a los trasvases, y asintió al responder: «Se refiere a transferencias de agua de un sitio a otro».

El secretario general del Partido Socialista de Murcia, Pedro Saura se declaró «muy satisfecho porque el partido ha reconocido la necesidad de trasvases a la Región».

También los socialistas valencianos mostraron su satisfacción al haber conseguido que todas sus enmiendas sobre agua fuesen aceptadas, permitiendo incorporar a la ponencia marco las transferencias hídricas, por tanto, los trasvases, como una de las muchas formas de gestionar los recursos hídricos del Estado español.

Tras esta derrota dialéctica, el PSOE de Castilla-La Mancha no se pronunció. El diputado por Toledo, Alejandro Alonso, dijo al terminar la reunión de la comisión de cambio climático, que la ponencia marco había recogido la propuesta del secretario general del PSOE castellano-manchego, José María Barreda, para ofrecer al resto de las formaciones políticas y sociales un gran pacto nacional por el agua.

«En este debate complejo, que tiene muchas aristas, Castilla-La Mancha cada día está mejor posicionada e, incluso, la palabra trasvase ha desaparecido como terminología», dijo Alonso, a través de un comunicado remitido por el PSOE de la región, pero se olvidó de mencionar que la delegación manchega había votado en contra por su oposición a la terminología «transferencias de agua».

Según el diputado toledano, las posiciones de Castilla-La Mancha van ganando la batalla y queda claro que «si en algún momento en España se producen trasvases serán para garantizar el abastecimiento de las poblaciones y tendrán que ser siempre políticas de medidas hidráulicas que se adoptan con carácter de emergencia».

La razones todavía no explicadas por parte del Consejo de Ministros, que ha dejado el desembalse del Tajo al Segura en el atolladero, han tenido respuesta a través del presidente socialista de Castilla-La Mancha , José María Barreda, quien ha revelado que el nuevo envío de agua no se ha autorizado debido a sus gestiones políticas. Barreda declaró el viernes a ABC, en el transcurso del Congreso Federal del PSOE, que no ha habido trasvase «porque la vicepresidenta Fernández de la Vega se había comprometido conmigo a estudiar el asunto en profundidad y ha entendido nuestras razones».

El presidente castellano manchego mostró su doble satisfacción por este compromiso de De la Vega, que tuvo después su reflejo en la reunión del Consejo de Ministros, en la que el envío de agua a la cuenca del Segura «no estaba en el orden del día» en contra de lo previsto.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, reunida el pasado lunes, propuso sobre la base de criterios técnicos, que se podían enviar 35,5 hectómetros cúbicos para los regadíos, además de otros 4 para completar los abastecimientos del verano. La Comisión hizo una interpretación muy prudente de las reglas de explotación del acueducto, dado que legalmente podía haber propuesto un desembalse de 69 hectómetros -a razón de 23 por mes- a la vista de los excedentes almacenados en los pantanos de la cabecera del Tajo. El Sistema Entrepeñas-Buendía almacena más de 390 hectómetros, de los que 150 se consideran excedentarios con la legislación actual. Esto hace que el desembalse que ayer no se atrevió a estudiar el Consejo de Ministros tenga pleno respaldo legal y técnico.

Razones políticas

Tras la confesión de Barreda, las razones políticas parecen haber pesado más que las técnicas para dejar el nuevo desembalse en dique seco. El Gobierno murciano calificó de «vergüenza» este aplazamiento. A juicio del consejero de Presidencia, el PSOE ha preferido tener un Congreso tranquilo y anteponer sus intereses partidistas al bien común.

El compromiso que arrancó José María Barreda a De la Vega abre además la posibilidad de que el Consejo de Ministros recorte el envío de agua.

Mientras tanto, los caudales del Tajo para abastecer a la población se están transportando a través del acueducto. Éstos no necesitan autorización del Consejo de Ministro porque se compraron a Aranjuez a través del decreto que autoriza los intercambios de derechos de agua. Un agua que resulta casi tres veces más cara con esta fórmula que si se hubiera derivado a cargo de los sobrantes de la cabecera, ya que hay suficiente para atender todas las demandas.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) se ha posicionado a favor de los trasvases de agua entre cuencas excedentarias y deficitarias, siempre que estén controlados y no causen despilfarros. Asimismo, detecta problemas aún no resueltos en la desalinización y la reutilización de aguas, como los altos cortes energéticos y la acumulación de contaminantes. En la práctica, este organismo anima a la Comisión Europea a que se realicen trasvases.

El CESE es un órgano consultivo de la Unión Europea con más de 50 años de antigüedad y cuyos miembros representan un amplio abanico de intereses económicos, sociales y culturales, desde empresarios hasta ecologistas, pasando por agricultores, ONG y consumidores. Elabora dictámenes sobre las propuestas legislativas de la UE. En este caso, el 30 de mayo aprobó su informe sobre la escasez de agua y la sequía en el territorio de la Unión, como respuesta al documento base presentado por la Comisión Europea, que está siendo sometido ahora a un amplio debate social y político antes de que se tome una decisión final.

Menos cautelas

Frente a las cautelas a los trasvases que formula la Comisión, este organismo mantiene una postura más abierta. «No hay motivo para rechazar a priori los trasvases de caudales, siempre y cuando se hagan de manera controlada para evitar actitudes despilfarradoras respecto de un recurso, el agua, cuya gestión debe estar permanentemente orientada al ahorro y utilizar técnicas más avanzadas de control del consumo», señala el dictamen al cual ha tenido acceso este periódico. En este punto, el dictamen hace referencia a la audiencia pública celebrada en Murcia en abril, donde «se constató que este tipo de técnicas con un uso razonado y razonable del agua ya está disponible en el mercado. Además, los cultivos y la plantación de árboles permiten luchar contra la desertificación».

En este sentido, el CESE «pide» a las autoridades comunitarias «que examinen las posibilidades de llevar a cabo trasvases interregionales de caudales. Incluso desde una perspectiva europea, los trasvases a partir de cuencas excedentarias hacia otras deficitarias pueden resultar convenientes, por ejemplo con vistas a la autosuficiencia agrícola, con la condición de que los usos dados al agua en la cuenca receptora sean eficaces y de bajo consumo».

Al analizar la desalinización, apunta que esta opción plantea dos tipos de problemas: el elevado consumo energético y las pegas medioambientales debido a «los subproductos y la mezcla de concentración de sales». También ve deficiencias en la reutilización «debido a la acumulación de productos contaminantes a lo largo de los ciclos de reutilización».

Agua más cara

Propone el CESE más programas de investigación, como el desarrollo de la desalinización solar, y nuevas técnicas para ahorrar agua. Plantea la posibilidad de reinyectar caudales en las capas freáticas mediante el revestimiento de las vías urbanas, así como habilitar grandes almacenes subterráneos.

El Comité Económico y Social plantea otras novedades sobre el precio del agua. Coincide con la Comisión en que deben aumentar las tarifas y mejorar los mecanismos de medición y registro. El CESE no es partidario de que en algunos países se cargue a los consumidores urbanos los costes de preservación de caudales, en beneficio de los usuarios agrícolas e industriales.

Propone igualmente que cuando la demanda de agua para usos urbanos sea estacional, como ocurre en los lugares de vacaciones, deben establecerse tarifas diferenciadas. «Eso introduciría un elemento de justicia entre los residentes y los veraneantes por lo que se refiere al reparto de los costes fijos del sistema».

La cesión de derechos de agua entre concesionarios y usuarios de cuencas hidrográficas diferentes, una figura recogida en la legislación estatal, lleva dos años y medio funcionando entre el Tajo y el Segura como una medida extraordinaria para paliar la falta de excedentes en los embalses de Entrepeñas y Buendía. No ha tenido más polémica que la negativa formal de los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Madrid a estos intercambios. El conflicto originado por el trasvase a Barcelona, basado en este modelo de cesiones, ha destapado los rechazos y recelos de los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Aragón, que ahora rechazan de plano esta modalidad porque la consideran trasvases encubiertos. Más todavía después del decreto ley del Consejo de Ministros de la semana pasada que consagra esta alternativa para el resto de territorios.

Con esta fórmula, el Sindicato Central de Regantes ha adquirido en los últimos años 95 hectómetros cúbicos de Estremera para los cultivos del Segura, aunque están pendientes de recibir la última compra. Por esta cesión temporal de derechos, han pagado unos 18 millones de euros a los agricultores madrileños.

Por su parte, la Mancomunidad de Canales del Taibilla ha adquirido otros 105 hectómetros a los regantes del Canal de las Aves de Aranjuez a cambio de 30,1 millones de euros. El último fue aprobado el jueves.

En ambos casos, dos reales decretos han permitido que estos volúmenes salgan casi regalados para la cuenca del Segura, ya que el Sindicato y la Mancomunidad han sido compensados con diversas exenciones. De lo contrario, habrían sumado a las pérdidas de la fuerte sequía unos altos precios por esos caudales que duplican y triplican el canon del Trasvase Tajo-Segura. Regantes y abastecimientos han pagado religiosamente a los usuarios del Tajo, pero a cambio el Gobierno central les ha condonado dos tramos de la tarifa por el uso del acueducto que ha permitido el transporte de esos caudales. En concreto, la Mancomunidad de Canales del Taibilla se ha beneficiado de unos 30 millones de euros. La condonación no sólo ha afectado al envío de estos caudales extraordinarios, sino también a los excedentes trasvasados aplicando las reglas de explotación de la cabecera (131 hectómetros máximos anuales). De no haber sido así, la población de la cuenca del Segura habría pagado unos precios astronómicos por el agua de boca. La última compra a Aranjuez se ha hecho a cambio de 0,31 euros por metro cúbico. Eso sin olvidar que la tarifa ya es abultada debido a los costes de la desalinización.

La parte de la tarifa que no se ha perdonado es la que corresponde a las indemnizaciones a las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, ribereñas del Tajo.

Los regantes del Tajo-Segura, por su parte, se han beneficiado de la exención de otros 28 millones de euros por el mismo procedimiento, según explica su presidente, Francisco del Amor. Éstos quieren que los dos decretos anteriores se amplíen para este año hidrológico. Los regantes son los que peor parte llevan, ya que los desembalses ordinarios para sus cultivos se han concedido con cuentagotas. Muy lejos de los 460 hectómetros máximos anuales que prevé la ley.

El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, destacó ayer que con esta fórmula y con las desalinizadoras se han evitado cortes en el suministro de agua.

El Gobierno murciano quiere tener de frente al Ejecutivo de Castilla-La Mancha en todas las reuniones de trabajo y consulta para elaborar el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo, ya que así considera que podrá defender mejor el Trasvase Tajo-Segura. El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, puntualizó ayer que hay mucho en juego para la Región de Murcia y la cuenca del Segura, por lo que no cejará para que el Gobierno autonómico esté presente en aquellas reuniones «donde se tomen las decisiones. No nos vamos a limitar a asentir con lo que se acuerde».

El Ejecutivo de Valcárcel considera que debe vigilar muy de cerca todas las decisiones que se tomen sobre las futuras demandas de la cuenca del Tajo, ya que teme que el Gobierno de José María Barreda aproveche la revisión del plan de cuenca del Tajo para imponer sus criterios contra la continuidad del Trasvase Tajo-Segura.

Convocatoria por carta

Cerdá quiso ayer rebajar la tensión con la Confederación Hidrográfica del Tajo, pero no cree que se haya debido a un error la expulsión del director general del Agua de Murcia de la reunión que se celebró el pasado jueves en Madrid, y en la que el representante de Castilla-La Mancha protestó por la presencia del alto cargo murciano. A la Consejería de Agricultura y Agua no le convencen las explicaciones de la Confederación del Tajo, y para ello muestra el contenido de una carta que envió el presidente de este organismo, el 16 de abril pasado, en la que incluía a la Administración murciana dentro del grupo de trabajo de los gestores.

En dicha carta, José María Macías Márquez, presidente del Tajo, le dice al consejero Cerdá que Murcia ha sido incluida en ese mesa participativa «en virtud de la relevancia alcanzada en su campo de actividad». Macías explica en la misiva que se han constituido cinco mesas de trabajo sectoriales (gestores de la cuenca, usuarios, instituciones y entidades, empresas e industrias y tejido social estructurado). Sobre esta base, Cerdá duda de que existiera un error de convocatoria.

Ante el hecho de que la Región de Murcia no es ribereña del Tajo, y que tampoco participa de los órganos de gestión y gobierno de esa cuenca, Antonio Cerdá contestó que existen unos claros intereses en la cabecera del Tajo que hay que preservar.

José María Macías no quiso ayer hacer declaraciones a La Verdad. Una portavoz de la Confederación del Tajo atribuyó lo sucedido a «un error», explicando que el Gobierno murciano no pertenecía a la mesa de trabajo de los gestores, sino de las instituciones. Señaló que el director general del Agua de Murcia, Miguel Ángel Ródenas, fue tratado con toda cortesía por el comisario de Aguas del Tajo, e invitado a quedarse en la reunión, pero sólo en calidad de oyente.

«Nos preocupa»

El consejero portavoz del Gobierno regional, Juan Antonio de Heras, criticó ayer la expulsión del representante murciano y declaró que el comisario del Tajo, «actuó más como un comisario político». Cree que detrás de lo sucedido está el Gobierno de Castilla-La Mancha y su negativa a que Murcia participe en la nueva planificación del Tajo. «Nos preocupa que exista un trasfondo distinto», apuntó De Heras.

El nuevo plan de cuenca del Tajo, como el del segura y el resto de demarcaciones, será aprobado el año que viene y estará vigente hasta el año 2015. Implementará con todas sus consecuencias la Directiva Marco de Aguas, que tiene como principal objetivo la calidad de las aguas, la recuperación total de costes y los caudales ambientales.

El comisario echa de la mesa al director general del Agua de Murcia, tras las quejas de Castilla-La Mancha, cuando se iba a discutir la nueva planificación de esa cuenca El consejero Cerdá destaca la «gravedad» del incidente y manda una carta de protesta

Es otra muestra de las deterioradas relaciones que existen entre los gobiernos de Murcia y de Castilla-La Mancha en materia de agua, acentuada ahora por el conflicto del trasvase a Barcelona. El director general del Agua de Murcia, Miguel Ángel Ródenas, ha denunciado que fue expulsado ayer de la reunión convocada en la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en Madrid, para participar en la planificación del nuevo plan de cuenca de este río.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, ha enviado una carta de protesta al presidente de dicha confederación para exigirle explicaciones, toda vez que la participación del Gobierno de Murcia en esta reunión había sido aceptada por carta el pasado 16 de abril. La planificación de la cuenca del Tajo para los próximos años es de suma importancia para los intereses de la Región de Murcia, ya que incide directamente en el Trasvase Tajo-Segura y los caudales que se pueden enviar en el futuro para la población y los regadíos.

Primero, sí; luego, no

Tanto Ródenas como Antonio Cerdá achacan al director general del Agua de Castilla-La Mancha la expulsión del representante murciano de dicha reunión, ayer por la mañana. Según relató Ródenas, al representante castellano manchego no le gustó que hubiera un alto cargo murciano en dicha reunión, por lo que pidió explicaciones sobre los criterios para constituir y convocar la mesa sectorial donde están representadas las comunidades autónomas. El director del Agua de Castilla-La Mancha calificó de «oscuro y opaco» el proceso de participación pública.

Acto seguido abandonó la sala y minutos después entró el comisario de aguas de la Confederación del Tajo para comunicarle al representante murciano que debía marcharse, «invitándole a abandonar la mesa». El comisario le dijo a Ródenas que no podía participar en esa mesa de trabajo, que lo sentía y que había recibido instrucciones del presidente de la Confederación del Tajo, José María Macías, que en esos momentos estaba asistiendo a la toma de posesión del secretario de Estado de Agua, Jospe Puxeu.

El consejero Cerdá considera los hechos «graves», y así se lo ha hecho saber al presidente del Tajo en una carta que le envió ayer tarde. Le recuerda que el Gobierno murciano solicitó en noviembre del año pasado su participación en el proceso de planificación del nuevo plan de cuenca del Tajo, «dado el evidente y legítimo interés» de la sociedad murciana, los municipios abastecidos por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y los agricultores del Acueducto Tajo-Segura.

El 16 de abril, la Confederación del Tajo y la empresa de consultoría encargada de los trabajos accedieron a esta petición. Por esta razón, Cerdá no entiende los motivos de la expulsión, que considera que van «en contra de los criterios de consenso, buen talante y participación pública». En su carta, el consejero traslada «la protesta» del Gobierno murciano y exige con urgencia una explicación sobre la razones de la expulsión. Al mismo tiempo, reitera la petición del Ejecutivo regional para participar el todo el proceso de planificación de la Demarcación del Tajo, en cumplimiento de las normas nacionales y de la UE, «dada la extraordinaria importancia que esta cuestión tiene para el futuro de Murcia».

Miguel Ángel Ródenas explicó por su parte que acudió a la reunión para exponer las ideas y opiniones sobre el trasvase Tajo-Segura, «pieza fundamental del sistema de abastecimiento de agua potable y de la base económica de la Región, con especial incidencia en nuestros regadíos».

Como se sabe, el Gobierno y los partidos políticos de Castilla-La Mancha, incluido el PP, están unidos para exigir que este acueducto finalice en el año 2015.

Ródenas calificó de «paradoja» que en una reunión de participación activa se trate de excluir. «Al Gobierno socialista de Castilla-La Mancha no le interesa el agua, sino sólo hacer política con ella, porque no han querido escuchar la opinión de Murcia. Están practicando una política en negativo. Por un lado niegan el agua al Segura, y por otro, la legitimidad y la realidad del trasvase, y sin proponer solución», señaló ayer. «Tienen una política mezquina y destructiva. Crean conflictos en lugar de sumar esfuerzos para resolver sus propias necesidades». Añadió que «tanto esta actitud, como el decreto del trasvase del Ebro a Barcelona, descubre el verdadero talante del Gobierno socialista, que cuando algo molesta se elimina, y cuando interesa se hace por decreto».

El martes, los regantes

El conflicto generado ayer pasará otro examen el martes próximo, ya que los regantes murcianos y alicantinos del Tajo-Segura han sido convocados a otra reunión en la Confederación Hidrográfica del Tajo con vistas también a su planificación, en la que piensan defender la continuidad del acueducto.

El Sindicato considera esta reunión «un hito histórico», ya que consideran que tendrán por vez primera voz en la planificación de esta cuenca.

Se lo pudo decir más alto, pero no más claro. La ministra de Medio Ambiente en funciones, Cristina Narbona, comunicó ayer al consejero catalán Francesc Baltasar, que no habrá ningún trasvase del Segre, en la cuenca del Ebro, al río Llobregat para resolver los problemas de abastecimiento del área metropolitana de Barcelona. En una conversación telefónica, Narbona le dijo al responsable de Medio Ambiente de la Generalitat que estudie otras alternativas, como la compra de derechos de agua a los agricultores, como viene haciendo la cuenca del Segura desde hace dos años a los regantes de Estremera y Aranjuez, así como dentro de la propia confederación.

En la conversación con Baltasar, realizada a final de la mañana, Narbona dio por zanjado el tema y le comunicó que no había «ninguna ambigüedad» en las palabras que pronunció el viernes la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, María Teresa Fernández de la Vega. Cuando dijo que no habrá ningún trasvase del Ebro al Llobregat, se refería a la cuenca del Ebro en su integridad, explicó ayer a La Verdad un portavoz del Ministerio.

Francesc Baltasar, que pertenece a Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), había declarado el fin de semana que De la Vega no había mencionado en ningún momento el trasvase del Segre al Llobregat, y que por lo tanto creía entender que su propuesta no era rechazada por el Ejecutivo central. Narbona le aclaró ayer las ideas. En el Ministerio de Medio Ambiente no se explican cómo miembros del Gobierno de Cataluña han propuesto este trasvase, para derivar entre 20 y 45 hectómetros al año, sin haber estudiado la situación de la cabecera del río Segre, que no tiene al parecer suficientes aportaciones. Además, esta propuesta cuenta además con el rechazo frontal de los agricultores de Lleida, concretamente de los canales de Urgell y Segarra-Garrigues, que señalan que no tienen agua ni para sus explotaciones.

Cristina Narbona planteó ayer al consejero catalán que estudie la compra de derechos de agua a los agricultores de su comunidad, como se viene haciendo en otras cuencas, como la del Segura, donde el Sindicato Central de Regantes y la Mancomunidad de Canales del Taibilla están comprando sus concesiones a Estremera y Aranjuez. Asimismo, la Confederación Hidrográfica tiene abierto un concurso público para comprar derechos de agua dentro de la propia cuenca. La ministra en funciones recordó que el Gobierno central es el único competente para autorizar trasvases entre cuencas hidrográficas distintas, ya que lo que se plantea es conectar la del Ebro con las cuencas internas de Cataluña.

Narbona mostró su confianza en que la situación se normalice en Cataluña una vez que se pongan en marcha las desalinizadoras que hay en construcción. Dos de ellas están siendo ejecutadas por la Generalitat catalana, sobre la base de la concesión que hizo en su día el Ministerio, que le transfirió además el montante de las subvenciones europeas. La otra desalinizadora depende de la sociedad estatal Acuamed. Entre todas deben aportar entre 60 y 100 hectómetros cúbicos anuales.

Mientras tanto, el Ministerio sigue adelante con la propuesta de enviar agua desalinizada por barco desde Almería. Narbona no considera esta medida como una alternativa a ningún trasvase, sino como un complemento, ya que no será suficiente para cubrir el déficit de Barcelona.

Cataluña insiste

La Generalitat volverá a plantear la captación de agua del Segre al futuro Gobierno de Rodríguez Zapatero, según manifestó ayer Francesc Baltasar tras su conversación con la ministra. Éste reconoció «las reticencias» de Cristina Narbona al considerar que «podía ser interpretado» como un trasvase, informa Europa Press. El consejero añadió que no ha querido «forzar» más a la ministra teniendo en cuenta que está en funciones y que la decisión dependerá del futuro Gobierno.

El presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, aseguró que no quiere «que nadie se quede sin agua para beber, ni en Cataluña ni en ningún sitio», pero precisó que está obligado «a cumplir el Estatuto de Autonomía de Aragón, que nos exige que luchemos contra los trasvases».

La vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que la política del agua en Cataluña es igual que en el resto de España y que «ni hay ni habrá trasvase del Ebro», en respuesta a la valoración del Ejecutivo sobre la propuesta de la Generalitat de Cataluña de realizar una trasferencia de agua desde el Segre (afluente del Ebro) hasta el río Llobregat. «El Gobierno no se opone con carácter general a los trasvases. Se opone a los trasvases de agua que resultan insostenibles desde el punto de vista económico, social y medioambiental, como es el caso del trasvase del Ebro, que por cierto ni está ni estará», dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En todo caso, subrayó que seguirán trabajando y colaborando con las instituciones catalanas de la Generalitat para garantizar el abastecimiento de agua potable, utilizando «todos los instrumentos que ya se están utilizando», entre ellos, agua de la desalinizadora de Carboneras.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente en funciones, Cristina Narbona, presentó al Consejo un informe sobre la situación hídrica, que advierte de que la situación en las cuencas internas de Cataluña es «muy delicada» para todos los usos.

Además, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas para luchar contra la sequía «histórica» que sufre el arco mediterráneo y las cuencas del Tajo y del Guadalquivir. Los datos de Medio Ambiente ponen de manifiesto que los pasados periodos de otoño e invierno son los más secos de la serie histórica. Así, en las Cuencas del Segura y Júcar, se esperan «importantes restricciones para el regadío», así como en la Cuenca Mediterránea Andaluza, donde además persiste una situación delicada de abastecimiento a población en la ciudad de Málaga. En la del Guadalquivir no se esperan, a día de hoy, problemas para agua de boca.

En todo caso, destacó que la sequía se está dejando sentir, con especial intensidad, en el arco mediterráneo, en la cabecera del Tajo y en la cabecera del Guadalquivir. Por eso, el Consejo ha decidido reservar todos los excedentes de los recursos hídricos de la cabecera del Tajo para atender al abastecimiento humano.

El Gobierno asegura que también ha analizado la «grave situación» de los regadíos en Murcia , pero que garantizar el abastecimiento a las poblaciones sigue siendo el «objetivo fundamental», por lo que es necesario esperar a las precipitaciones que puedan producirse a lo largo de la primavera y la recuperación del sistema de la cabecera del Tajo antes de poder plantear atender otras demandas.

Nuevas crecidas del Ebro

Por otro lado, la crecida del río Ebro alcanzó ayer una cresta de 1.200 metros cúbicos por segundo, aunque no llegó a inundar los terrenos de la Expo de Zaragoza, como se temía en un principio. El nivel del agua desciende progresivamente, aunque se espera otra subida ¥ con punta hoy sábado en Castejón (Navarra), por lo que llegará a la capital aragonesa la noche del domingo. Esta crecida será del mismo nivel que la actual.