La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dijo ayer que las inversiones del Programa Agua realizadas hasta ahora, y las que están en fase de ejecución garantizan «la atención del déficit estructural de la cuenca del Segura» en materia de recursos hídricos.

Narbona visitó por la mañana la planta desalinizadora de Águilas¯Guadalentín que producirá 60 hectómetros cúbicos de agua al año destinados a riego y abastecimiento urbano. «Estará terminada de aquí a un año», señaló, a lo que añadió que se proyecta que pueda llegar a producir hasta 70 hectómetros cúbicos, ya que «se pide agua por parte de la comunidad de regantes y de los ayuntamientos y es lo que se merecen, y no batallas estériles en torno a productos inviables».

La ministra también se refirió a la tarifa del agua, afirmando que los agricultores han firmado convenios con el Ministerio con un coste de agua desalada que implica «una subvención del 30% respecto al coste total». La Comunidad de Regantes de Aguilas recibirá 15 hectómetros cúbicos, los regantes de Lorca y Puerto Lumbreras, 28 hectómetros cúbicos y los agricultores de Pulpí, 5 hectómetros cúbicos de agua al año.

Cristina Narbona también visitó la terminación de las obras de modernización de regadíos en Lorca cuya inversión supera los 17 millones de euros. La ministra explicó que «con todas las obras que ya se han ejecutado dentro del Programa Agua y las que están en ejecución terminamos con ese déficit estructural».

Añadió que «trabajamos para que haya más agua y para siempre, que no sea un agua condicionada a si llueve o no llueve», y dijo que «el programa ha conseguido ya aportar más agua, que la que hubiera conseguido aportar el derogado trasvase del Ebro al cabo de diez años. Esa es la realidad».

Un sólo colector, que recogerá vertidos ocasionales en el litoral, falta por construir para lograr el esperado vertido cero el Mar Menor. Con la depuradora de San Javier en funcionamiento y la de los Alcázares, que tiene prevista su puesta en marcha el próximo verano, sólo queda por construir el último colector cuyo proyecto se encuentra en redacción.

La ministra de Medio Ambiente, que visitó ayer la depuradora de San Javier, anunció que «el siguiente paso es eliminar la contaminación de la agricultura que requiere un mejor uso de las sustancias químicas». El ministerio tiene previsto adquirir terrenos en el entorno del Mar Menor para evitar que sean urbanizados, según confirmó Narbona.

Mariano Rajoy ha asegurado que “todo el agua sobrante la transferiremos a otras cuencas, porque si no estamos condenados irremediablemente a no solucionar nunca el problema del agua”.

Rajoy ha contestado así en Punto Radio a la pregunta que Zapatero dejó para él en el programa ‘Protagonistas’. El presidente del Gobierno retó en una entrevista anterior al candidato popular a que dijera “claramente si está a favor del trasvase del Ebro que aprobaron y definieron”.

“Nosotros en su día aprobamos el Plan hidrológico nacional» y ahora “llevamos en nuestro proyecto electoral como primera prioridad hacer las obras del pacto del agua en Aragón y luego, todo el agua sobrante la transferiremos a otras cuencas», aseguró el candidato popular.

A cuestiones de un oyente, que quería saber si el PP transferiría las competencias de urbanismo al Estado, Rajoy aseguró que “hicimos una ley en su día” que basaba el planteamiento en “la liberalización del suelo para evitar las cosas que se han producido y el tribunal Constitucional la declaró contraria a la Constitución, y yo ahora llevo una propuesta en el programa electoral para que el estado recupere las competencias en esa materia”. “Mi propuesta será liberalizar el suelo, por tanto, en principio todo el suelo sería urbanizable con, lógicamente, las limitaciones de medio ambiente y de ordenación del territorio”. “Ahora llevo una propuesta en ese sentido que me parece muy razonable”, concluyó.

En esta misma línea, Rajoy apostó por “un nuevo modelo de crecimiento” para España, que no se base en la construcción y el consumo, que “han perdido peso”.

Aconsejó a las constructoras que diversifiquen sus negocios invirtiendo en otros sectores y apuntó que él “haría una gran apuesta por las tecnologías”.

Las alarmas se encendieron ayer a media tarde tras conocerse el compromiso alcanzado por los ministros de Medio Ambiente de España y Portugal para que el país vecino cuente con unos caudales mínimos trimestrales, y semanales, que aseguren el buen estado ecológico de las cuencas del Tajo, Guadiana y Dueño en territorio luso. El director general del Agua, Jaime Palop, explicó a La Verdad, a través del gabinete de prensa, que dicho acuerdo «no afectará al régimen del Trasvase Tajo-Segura», a la vista de los estudios realizados. No habrá una merma de los excedentes trasvasables al tener que mantener un caudal ecológico más uniforme en Portugal.

El Ministerio español recalcó que los volúmenes de agua del Tajo que deben entrar cada año en territorio luso no varían. El Convenio de Albufeira que suscribieron ambos países cifra este volumen en 2.700 hectómetros cúbicos anuales, que se restan de los 9.000 hectómetros de media que llegan a la frontera portuguesa con aguas del Tajo.

Según explicaron ayer Cristina Narbona y su colega portugués Francisco Nunes, España garantizaba que los ríos hispano-portugueses como el Duero, el Tajo o el Guadiana llevaran a la frontera un caudal mínimo anual, que podía sufrir grandes oscilaciones dependiendo de la época del año. Con el nuevo acuerdo, cada trimestre se fijará un mínimo que dependerá de las lluvias, en algunos casos, un umbral semanal muy inferior que no admitirá excepciones y servirá para preservar el caudal ecológico del río, señaló Narbona.

El convenio «tranquiliza a los portugueses», ha asegurado Nunes, y servirá además, como afirmó Narbona, para garantizar el caudal necesario que requieren las centrales hidroeléctricas portuguesas. El ministro portugués ha anunciado, además, que ya se ha aprobado la cesión de 6 hectómetros cúbicos del embalse portugués de Alqueva a regantes de Villanueva del Fresno y Cheles, aunque aún no existe acuerdo sobre el precio El agua servirá para regar 500 hectáreas de cultivos y la petición al Gobierno portugués podría elevarse hasta los 3 hectómetros.

Rudí y los trasvases

Por otra parte, la candidata del PP al Congreso por Zaragoza, Luisa Fernanda Rudí, aseguró ayer que el informe europeo que cuestiona los trasvases es sólo un documento inicial sobre el que se debe debatir para llegar a un acuerdo de las instituciones europeas, informa Efe. Rechazó que se trate de la posición oficial de la UE. Rudí insistió para que se eliminara la referencia al Ebro en el programa electoral del PP.

La nueva campaña de publicidad promovida por el Gobierno murciano para reclamar el Trasvase del Ebro resulta más estilosa y menos tendenciosa que la anterior, en la que un niño ponía en duda la eficacia de las desalinizadoras. En esta ocasión, la campaña de Agua para Todos muestra un vídeo en el que aparece una niña tocando el vals de El Danubio Azul, utilizando como instrumento musical cinco vasos con los nombres de los ríos Ebro, Tajo, Duero, Miño y Segura. Todos contienen un determinado volumen de agua, menos el recipiente del Segura, que está vacío.

La niña saca las notas golpeando los vasos, pero desafina cuando toca el del Segura. A continuación, vierte un poco de agua del Ebro y El Danubio Azul suena a la perfección. «Las soluciones justas son siempre las más solidarias», reza el eslogan final de este vídeo promovido por la Consejería de Presidencia.

En el anuncio precursor, un niño aseguraba a su padre que el agua desalinizada no sirve para regar ni para beber, y que había que juntarla con el agua de río para poder consumirla. El niño se preguntaba por qué el agua del río iba a mar, y después se extraía para quitarle una sal que era depositada de nuevo en el mar.

El Gobierno de Ramón Luis Valcárcel sigue apostando fuerte por el Trasvase del Ebro, en paralelo con su homólogo valenciano Francisco Camps, que promueve otro anuncio en el que se critica las desalinizadoras con el procedimiento de sacar agua del mar -alimentado por los ríos- y donde se vuelve a verter la sal.

El PSOE ha criticado en varias ocasiones el uso de fondos públicos para costear la campaña Agua para Todos por parte del Gobierno murciano, por entender que guarda una finalidad política queno refleja el parecer de todos los ciudadanos de la Región.

La Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura se reunirá mañana para analizar la situación en la que se encuentran los embalses de la cabecera del Tajo y realizar una propuesta al Consejo de Ministros para que estudie un posible riego de socorro para los regadíos de la Cuenca del Segura.

La Comisión, presidida por el director general del Agua, Jaime Palop, se reunirá un día antes del último Consejo de Ministros del año, donde la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, trasladará la necesidad de realizar un riego de socorro para la agricultura en la cuenca del Segura.

La vicepresidenta segunda de Castilla-La Mancha y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, ha manifestado hoy que el Gobierno regional es absolutamente contrario a dicho trasvase, pues «las condiciones de la cuenca cedente no lo hacen aconsejable»

El Gobierno castellanomanchego ha subrayado que no aprecia «que se den las circunstancias que hagan imprescindible esta derivación en la cuenca cedente».

Entre tanto, el Sindicato Central de Regantes ha indicado que se necesitan 60 hectómetros cúbicos para el primer trimestre del año en la cuenca del Segura.

Según la última medición facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía ha registrado un descenso de nueve hectómetros cúbicos y se sitúa en 322 hectómetros cúbicos, el 13,01 por ciento de su capacidad total, que es de 2.474 hectómetros cúbicos.

El Consejo de Ministros autorizó por última vez un trasvase el 5 de octubre, cuando decidió enviar al Segura 69 hectómetros cúbicos durante el último trimestre de 2007, el primero del año hidrológico, de los que 37,6 han ido para consumo humano y 31,4 para riego en las zonas servidas con aguas procedentes del acueducto Tajo-Segura.

La aprobación de trasvases de agua por el acueducto corresponde al Consejo de Ministros mientras la reserva de agua en Buendía y Entrepeñas se sitúe por debajo de 450 hectómetros cúbicos y por encima de 240 hectómetros cúbicos, reserva mínima por debajo de la cual no se puede trasvasar.

Da luz verde al Estatuto Valenciano, que habla de «redistribución de los sobrantes» Los encargados de reformar el texto en Murcia quieren emplear los mismos términos

El Tribunal Constitucional ratificó ayer la legalidad del nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Congreso en la primavera de 2006, y al tiempo despejó el camino para que el pleno de la institución pueda centrarse a partir de ahora en el debate de los múltiples recursos contra el polémico Estatut de Cataluña. La controversia más importantes sobre el texto valenciano se centraba en un solo artículo, el 20, en el que el Estatuto de la Comunitat Valenciana señala que los ciudadanos de esta región tienen derecho «a disponer de abastecimiento suficiente de agua de calidad» y a la «redistribución de los sobrantes de las cuencas excedentarias».

La disposición fue interpretada por Aragón como la reivindicación valenciana sobre la necesidad de disponer en el futuro de un trasvase desde el Ebro, y por Castilla-La Mancha como la cláusula para eternizar la existencia del trasvase del Tajo-Segura. Lo vieron como «intromisión» sobre las demanda de la gestión de las aguas que pasan por su territorio y como una invasión de las competencias del Estado sobre los recursos hídricos.

Pese a que la sentencia del Constitucional no se conocerá en los próximos días (ayer sólo se conoció el resultado de la votación), fuentes jurídicas indicaron que la mayoría del tribunal puede haber concluido que no existe ilegalidad alguna en que los estatutos proclamen derechos para sus ciudadanos.

Sin embargo, la corte podría matizar que cualquier eventual aprovechamiento de aguas de ríos nacionales, mediante técnicas como como la construcción o aprobación de trasvases, sólo podrán llevarse a cabo si está autorizado por una ley específica del Estado, pues es el Gobierno central quien tiene la competencia última sobre estos recursos hídricos.

El pleno del tribunal, por una amplia mayoría de nueve magistrados contra tres, certificó que el texto valenciano no choca con la Constitución y que no invade ni las competencias exclusivas del Estado ni las asumidas por el resto de las comunidades autónomas. De esta manera, la corte rechazó los recursos presentados por los gobiernos de Castilla-La Mancha y Aragón.

El acto de ayer del PP en el Pabellón Príncipe de Asturias, en Murcia, fue una especie de orgía preelectoral. El presidente popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, fue agasajado con una manifestación masiva y entusiasta de cariño, y las más de 5.000 personas que abarrotaron el pabellón escucharon justo lo que querían oír: que Murcia es una tierra ejemplar y que tendrá más agua, un tren de alta velocidad decente y menos impuestos si Rajoy gana las próximas elecciones generales.

El líder del PP comenzó su intervención con una confesión: «Hoy estamos en el mejor momento político desde el año 2000, y no han sido fáciles estos años. Hemos tenido que dar batallas importantes en beneficio de los españoles, hemos defendido una nación de ciudadanos iguales que es España y hemos hecho oposición a las negociaciones con un grupo terrorista».

Rajoy no se hizo de rogar, y a la primera voz de entre el auditorio que clamó «¿Agua!», entró al trapo. «El agua es de todos -dijo-, y puede, debe y va a haber agua para todos». Frente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de «hacerse el sueco» en esta cuestión, el presidente del PP anunció que promoverá un acuerdo nacional sobre el agua que fije las infraestructuras a realizar.

Dicho acuerdo «sólo puede hacerse bajo la base de que el agua excedente vaya de las cuencas en las que sobra a las que son deficitarias, como la del Segura», precisó Rajoy, que también se comprometió a ejecutar las obras previstas en el Pacto del Agua de Aragón.

Con respecto al tren de alta velocidad, anunció también su propósito, si gana las elecciones de marzo, de «cumplir el acuerdo del año 2001» -suscrito en Murcia por los presidentes de la Región, Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha para la construcción del AVE Madrid-Levante- y aseguró que Murcia «tendrá un AVE por Levante y otro por Albacete a través de Cieza».

Sobre otro de los asuntos sensibles para la Región, como es la inmigración, se mostró «a favor de la inmigración legal, con contratos en origen, y en contra de las regularizaciones masivas», al tiempo que defendió para los inmigrantes «los mismos derechos y oportunidades» que los españoles, pero también «iguales deberes y obligaciones».

Más policías

Demostrando conocer la agenda política murciana, Rajoy aludió a la seguridad ciudadana, otro de los asuntos controvertidos en la Comunidad Autónoma, que ha reforzado las policías locales de los municipios al considerar insuficiente la dotación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. «El aumento de la Guardia Civil y de los policías es una obligación del Estado -dijo- y no son las comunidades las que deben gastarse el dinero en eso, a causa de la incompetencia del Ministerio del Interior».

Criticó la reciente ley de Memoria Histórica y los debates autonomistas al indicar que «llevan cuatro años ocupándose del pasado y de los derechos de los territorios, y yo me ocuparé del futuro y del derecho de las personas».

Acusó al Ejecutivo central de «jugar con el dinero del contribuyente», por «gastar más en anuncios publicitarios que en vivienda», y reivindicó cambios en la educación para dar mayor relevancia al inglés y a las nuevas tecnologías. «Para competir -declaró- hay que dedicar más tiempo al inglés, a las nuevas tecnologías y a digitalizar España, no a la educación para la ciudadanía».

El auditorio y el orador establecieron una comunicación fluida durante todo el discurso. El primero le interrumpía con vítores, cánticos o alusiones a algún asunto, y Rajoy se detenía, sonreía y contestaba.

Puso especial énfasis en su oferta de rebaja fiscal. Reiteró que «todos los que ganan menos de 16.000 euros no pagarán impuestos». «Es una acto de justicia», apuntó, cuya viabilidad defendió porque contribuirá a «incrementar la producción y aumentar los puestos de trabajo».

Menos impuestos

Avanzó también la receta fiscal de su programa para que las mujeres trabajadoras lleguen a final de mes, como reza uno de sus eslóganes de precampaña, y las empresas dispongan de más recursos para invertir. «Quiero que las mujeres se sientan fuertes y seguras, independientes con su trabajo, por eso voy a rebajar todos los impuestos a las mujeres trabajadoras», indicó, para, a renglón seguido, anunciar la rebaja del impuesto de sociedades con el fin de que las empresas puedan competir «en igualdad de condiciones» en Europa, en algunos de cuyos países este impuesto es la mitad que en España.

El mensaje de optimismo con el que Rajoy envolvió casi todo su mitin lo cerró con una exaltación patriótica: «Nunca vamos a tener petróleo ni gas, pero España tiene a los españoles, y yo convoco a los españoles para convertir la economía española en una de las más punteras de Europa. ¿Por qué no podemos tener en España el nivel de vida de Alemania, Francia y el Reino Unido?». El himno del PP a todo volumen apenas pudo ahogar la ovación.

El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, dijo hoy que a los regantes murcianos del trasvase el agua «les ha salido prácticamente gratis en los últimos tres años, porque el Gobierno, teniendo en cuenta la sequía, les ha eximido del coste de llegada, lo que no hizo nunca Aznar mientras gobernaba».

Jara, que hizo estas declaraciones en un comunicado en respuesta a las críticas del consejero de Agricultura a las tarifas del trasvase, indicó que «la hipotética tarifa más cara es una propuesta de equiparación de costes derivada de la subida de la tarifa eléctrica, a la que obliga la normativa europea para imputar los costes reales de impulsión, pero que no tiene que ser el precio final que paguen los agricultores, porque puede haber bonificaciones»:

Recuerda que «el trasvase del Ebro que reclama Cerdá hubiese supuesto un precio superior a 60 céntimos de euro por metro cúbico de agua, porque habría sido necesario elevarla a más de 500 metros desde la hipotética toma al nivel del mar».

El dirigente socialista afirma que el Gobierno central proporciona agua a los regantes, asegurando la pervivencia del Trasvase Tajo-Segura, y aportando agua desalinizada a precios «razonables y a la baja como complemento también a la agricultura».

«Mientras tanto, -añade- Cerdá no aporta ni una sola gota de agua a los agricultores. Es más, construye una desalinizadora en Escombreras y ha anunciado que el 100 % del agua que produzca será para las urbanizaciones», afirma.

José Ramón Jara también le recuerda al consejero del PP que «el agua de la desalinizadora de Valdelentisco la ofreció la ex ministra Elvira Rodríguez más cara de lo que ahora la pone el Gobierno socialista.

El precio del agua en destino es de entre 35 a 50 céntimos de euro por metro cúbico, mientras que la del Ebro, por la impulsión necesaria y la amortización, no hubiese costado menos de 60 céntimos, aseveró.

En este sentido, Jara ha afirmado que «Cerdá miente cuando dice que el agua del Ebro hubiese salido a 16 céntimos y que el Gobierno de Aznar se negó siempre a dar el precio final para los usuarios, ya que estudios serios hablan de 60 céntimos».

También Jara explica que «no se ha dicho que la desalinización sea por sí sola la solución, sino un complemento, junto con el Trasvase Tajo-Segura y el uso racional de los recursos propios».

Por ultimo, en cuanto a la urgente concesión de derechos de las aguas del Tajo-Segura a las comunidades de regantes, el portavoz socialista advierte que «éste es un compromiso de la ministra Cristina Narbona con los regantes, compromiso que en ocho años nunca se planteó Aznar».

Hasta qué grado los regantes murcianos tienen derechos reconocidos sobre las aguas excedentarias del Tajo. Y en qué medida el Gobierno de la nación está obligado a autorizar el envío a Murcia de los sobrantes. En definitiva, ¿están suficientemente blindados jurídicamente los derechos del Trasvase Tajo-Segura después de 25 años de funcionamiento? ¿Existe unanimidad entre los juristas o hay campo abierto para las interpretaciones?

Son las principales tesis que han sido debatidas durante dos días por los expertos que han participado en las jornadas sobre la Ordenación Jurídica del Trasvase Tajo-Segura, organizadas por la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua.

Tanto la legislación como la jurisprudencia del Tribunal Supremo han dado pie a diversas interpretaciones, si bien el Gobierno regional y los organizadores de estas jornadas, como Francisco Cabezas y Antonio Martínez Nieto, director y secretario del Instituto Euromediterráneo respectivamente, apuntaron ayer a La Verdad que la opinión mayoritaria de los juristas convocados en Murcia es que la ley reconoce los derechos reales de los regantes.

La decisión del Ministerio de Medio Ambiente y de la Confederación del Segura de iniciar los trámites para reconocer las concesiones de agua del Tajo será un refuerzo legal, aunque en realidad se trata de documentar por escrito derechos que ya existen. Para eso también hay interpretaciones, en el sentido de que no obligaría al Gobierno de la nación a dar agua a los regantes del trasvase, ni tampoco a indemnizarles cuando no pueda atender sus peticiones, ya que eso estará en función de los excedentes y de la oportunidad de los desdembalses de acuerdo con los ciclos de sequía, como ocurre actualmente.

Aparte de las leyes que desde el año 1971 regulan el aprovechamiento conjunto y la explotación del Acueducto Tajo-Segura, lo que marca la pauta es el Plan de Cuenca del Tajo -sometido a revisión, como el del resto-. La ley precisa al respecto -éste es uno de dilemas jurídicos- que «no se podrá» trasvasar si las existencias no superan los 240 hectómetros en el Sistema Entrepeñas-Buendía (Cuenca y Guadalajara). El uso de la palabra «podrá», frente a «deberá», está en la raíz del debate, ya que según algunos juristas el segundo término obliga más al Estado que el primero. Otros opinan lo contrario y sostienen que el Gobierno central no tiene potestad discreccional, sino que debe conceder los desembalses siempre que exista una solicitud previa de los regantes y de que haya excedentes.

La lectura negativa

Sobre esta base, el magistrado de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el murciano José Guerrero Zaplana, arrojó al debate un punto de vista que invita al desasosiego, al señalar en las jornadas que muchas de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo sobre el Tajo al Segura han sido contrarias a las pretensiones del Sindicato Central de Regantes de reconocer como un derecho el envío de agua, informa Efe.

Según el magistrado, el Tribunal Supremo reconoce en la mayoría de sus sentencias que el trasvase de agua «es una posibilidad, es decir que la Administración Central puede cuando hay agua excedentaria aprobar trasvases, cuando la pretensión impulsada por la Administración murciana es que habiendo excedentes el resto del agua se trasvase. «Hasta ahora y con la legislación que hay no se ha logrado que se satisfaga esa pretension. Quizás en el futuro, o si cambia la normativa, se reconozca ese derecho al trasvase que hasta hoy la jurisprudencia no ampara», señaló Guerrero.

Aclaró que el derecho al trasvase quiere decir que la Administración está obligada a trasvasar cuando los embalses de cabecera superen los 240 hectómetros cúbicos, en tanto que hasta ahora lo hace cuando lo considera, por una decisión discrecional.

La lectura positiva

El Gobierno murciano, por otra parte, comunicó ayer que «los expertos juristas que han participado en las ponencias reconocen el derecho real a las aguas excedentarias». Antonio Fanlo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja, director técnico de las Jornadas y experto en Derecho de Aguas, señaló que los usuarios del Tajo-Segura tienen un derecho ex lege (una concesión legal) que ampara su aprovechamiento.

En este sentido destacó que «si existen aguas reguladas excedentarias, la Administración hidráulica competente tiene la obligación de trasvasarla a los usuarios de las mismas, en correspondencia del derecho que estos tienen». Añadió que cuando existen recursos excedentarios y estos se otorgan a un uso, «postergando a otro, o a costa de todos o de parte de su dotación», lo que procederá es «la expropiación de los mismos, con el consiguiente justiprecio».

En opinión de este experto, en términos de seguridad jurídica, «no parece razonable la conflictividad que ha generado la explotación el Tajo-Segura». Apuntó que una actividad económica de la importancia y potencialidad como la que se realiza con las aguas trasvasadas en el regadío del sureste español, planificada y financiada como política de Estado, «no puede tener la debilidad y falta de previsibilidad del recurso básico y fundamental», señala la nota.

Mañana tendrá lugar el calado del túnel que comunicará los pantanos de Talave y Cenajo para depositar en este último las aguas que proceden de la cabecera del Tajo y que se destinarán a la población. La conducción está calibrada para transportar un máximo de 131 hectómetros cúbicos anuales, por lo que no pasará el agua que se destine a los regadíos. El objetivo del túnel, en territorio de Castilla-La Mancha, es que mejore la calidad de las aguas para la población, ya que impedirá que transcurran a cielo abierto por un tramo del río Mundo con alto contenido en sulfatos.

La máquina tuneladora que ha perforado el túnel en los últimos meses calará la última parte de la roca. El túnel, de 7.513 metros, se tuvo que redimensionar -reducir su diámetro- por exigencias del Gobierno de Castilla-La Mancha. El diámetro inicial era de 4,5 metros para transportar un máximo de 60 metros cúbicos por segundo; pero se ha quedado limitado a 3,5 metros y una capacidad de transporte seis veces inferior. Las obras han estado a cargo de la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Segura, Acuasegura, que dirige Carlos Alcón, con un presupuesto de 35 millones de euros.

Narbona, en Murcia

Esta obra garantiza la continuidad del acueducto Tajo-Segura, cuyos aspectos jurídicos serán debatidos la semana que viene por un grupo de expertos en Murcia, en un acto que inaugurarán los presidentes Valcárcel y Camps. Al mismo tiempo -y puede decirse que a la misma hora- la ministra Cristina Narbona inaugurará otras jornadas conmemorativas del Plan de Defensa frente a Inundaciones en el Segura, que analizará el éxito que ha tenido en los últimos veinte años. Las lluvias torrenciales de 1997, 2000, 2001 y 2003 han tenido una incidencia apenas perceptible gracias a estas obras.