El 85% del agua que se envió el pasado verano para socorrer al parque nacional de Las Tablas de Daimiel se perdió por el camino. De los 10 hectómetros cúbicos autorizados por el Consejo de Ministros, sólo llegaron 1,5 hectómetros, según explicaron ayer a La Verdad fuentes del Ministerio de Medio Ambiente. El agua de la cabecera del Tajo derivada a Daimiel hizo que se redujera el desembalse destinado a los regadíos del Segura, puesto que no había más excedentes en la cabecera.

El Consejo de Ministros reconoció ayer que se ha producido «un escaso aprovechamiento» de los recurso trasvasados a Las Tablas. De hecho, este envío tenía carácter «experimental», puesto que se ha realizado en pleno verano. Las Tablas se encontraban en una situación crítica, ya que sólo tenía encharcadas 214 hectáreas de las 1.750 totales. El trasvase sirvió para mejorar su estado, aunque el encharcamiento no superó las 400 hectáreas debido a las numerosas pérdidas por el camino: 160 kilómetros de distancia desde el canal del Acueducto Tajo-Segura hasta el parque nacional, que se hacen a través del cauce natural del río Cigüela. Las filtraciones y probablemente las extracciones ilegales han impedido que el rendimiento sea mayor. Esta desembalse a Las Tablas ha sido uno de los menos fructíferos. En el año 1994 sólo llegó el 10% de lo autorizado y el rendimiento medio desde el año 1989 ha sido del 50%.

La propuesta para derivar agua a Daimiel en verano partió de una proposición presentada en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular, que propuso además que se derivara cada año una media de 20 hectómetros.

Ayudas fiscales

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto para eximir del pago de las tarifas del Acueducto a Las Tablas y a la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Las ayudas irán asimismo a los titulares de derechos de agua para riego que han tenido una dotación inferior al 50% de lo normal. El presidente de la Federación Nacional de Regantes, Andrés del Campo, mostró ayer su satisfacción por ello. En el caso de Canales del Taibilla, esta condonación compensa el esfuerzo económico que ha tenido que hacer para comprar agua a los regantes de Aranjuez, lo cual le ha provocado un desequilibrio económico, puesto que se trata de caudales más caros. Las exención sumarán 80 millones de euros.

El Consejo de Ministros, por otra parte, aprobó el envío de los 69 hectómetros del Tajo para los abastecimientos y los regadíos, como había propuesto el día antes la Comisión de Explotación. El presidente de los regantes del Tajo-Segura, Francisco del Amor, expresó su satisfacción por este envío y por las ayudas del decreto de sequía. «Empezamos muy bien el año», dijo. La ministra Narbona afirmó que el trasvase «se ha hecho de acuerdo con las reglas de explotación vigente».

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha calificado el desembalse de «imprudente» y ha recordado que los trasvases «tienen fecha de vencimiento . Hoy se tacha un día más en la cuenta atrás». El Ejecutivo de Barreda ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para comprobar si existen bases para recurrir el trasvase autorizado ayer. Asaja de Castilla-La Mancha, por último, criticó que este desembalse no va a la población, sino a los desarrollos urbanísticos, informa Efe.

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy un trasvase desde la cabecera del Tajo para este trimestre de 69 hectómetros cúbicos, de los que 37,6 son para consumo humano y 31,4 para riego en las zonas servidas con aguas procedentes del acueducto Tajo-Segura.

La Comisión de Explotación del trasvase, que se reunió ayer, había propuesto al Consejo de Ministros estas cantidades, ya que las reservas de los embalses de Entrepeñas y Buendía están por debajo de los 450 hectómetros cúbicos y la decisión de desembalsar agua corresponde al Gobierno.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, informó de esa decisión, «dadas las condiciones hidrológicos excepcionales».

Ha añadido que se trata de conciliar los intereses de todas las regiones en beneficio de los ciudadanos, «cumpliendo las normas del marco legal que nos hemos dado -las reglas de explotación del trasvase- y siempre pensando en el interés general».

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha afirmado que el trasvase «se ha hecho de acuerdo con las reglas de explotación vigente», que marca «como máximo» la aportación de hasta 23 hectómetros cúbicos al mes para garantizar el abastecimiento y un riego «de socorro» en la cuenca del Segura.

En su opinión, el envío del agua garantiza el abastecimiento a las poblaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (2,5 millones de personas de 79 municipios de Murcia, Alicante y Albacete) y a los municipios almerienses servidos desde el acueducto Tajo-Segura.

La referencia del Consejo alude a la «difícil situación» de las cuencas del Segura, Júcar y Almanzora y precisa que el ritmo de trasvase será de 23 hectómetros cúbicos mensuales.

Las reservas de los embalses de la cabecera del Tajo se sitúan en 357 hectómetros cúbicos, volumen superior a los 240, límite establecido por la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 por debajo del cual está prohibido trasvasar agua, con objeto de poder atender las necesidades de la cuenca del Tajo.

El Gobierno pide a la población que continúe con sus hábitos de ahorro, concienciación y sensibilidad frente a la «delicada situación» que se registra en las zonas en las que persisten las condiciones de sequía, como las cuencas del Júcar, Segura, Guadalquivir y Almanzora y la cabecera del Tajo.

Solicita a las fuerzas políticas en Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valencia y Andalucía «la máxima responsabilidad» ante la delicada situación de sequía que afecta, por tercer año, de forma significativa a esos territorios.

A la Fiscalía del TSJ se le amontona el trabajo. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha denunciado ante el Ministerio Fiscal 28 casos de extracciones ilegales, vertidos contaminantes y aperturas de pozos a lo largo del año hidrológico que finalizó el domingo. Estas denuncias se suman a los 33 expedientes por motivos similares que se remitieron el año pasado. En estos casos la CHS considera que se han cometido delitos contra el medio ambiente y con daños al dominio público hidráulico que superan los 400 euros.

El presidente de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita, adelantó ayer algunos datos del balance de este año, en el que el organismo de cuenca ha abierto más de 500 expedientes sancionadores por diversos motivos. La Fiscalía del TSJ debe hacer frente asimismo a otro grupo de expedientes que corresponden a la investigación que se llevó a cabo sobre la gestión de la cuenca, principalmente en la etapa del PP. La causa general se archivó por no encontrarse una «trama organizada de robo de agua», pero sí se denunciaron en cada juzgado natural los casos particulares de aquella investigación.

Excedentes agrícolas

Fuentes Zorita destacó, no obstante, la ejecución presupuestaria de su departamento, que ha sido seis veces superior a la del año 2003, que atribuye a la herencia que dejó el PP en la Confederación. Según sus cifras, el organismo del Segura ha ejecutado inversiones por valor de 20,7 millones de euros, frente a los 3,2 millones de aquel año. Hay que contabilizar aparte los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente y de sus organismo Acuamed, AcuaSegura y Canales del Taibilla.

La cuenca del Segura se mantiene oficialmente en situación de alarma, ya que el régimen de aportaciones en el año hidrológico que finaliza apenas ha sobrepasado los 211 hectómetros cúbicos (las necesidades se aproximan a los 2.000 hectómetros). El déficit se ha contrarrestado, según Fuentes Zorita, con 208 hectómetros cúbicos enviados desde la cabecera del Tajo para los abastecimientos y regadíos (30,5 de ellos mediante compra de derechos), así como la reutilización de aguas depuradas y los pozos de sequía. Éstos últimos han aportado 120 hectómetros a los regadíos. El presidente añade también la producción de agua desalinizada, que en la cuenca del Segura alcanza los 72 hectómetros cúbicos con el Programa Agua.

«A pesar de que hemos atravesado otro de los años más secos de la historia, el octavo peor estadísticamente, estas medidas han permitido atender todas las demandas de la población, de la industria y del sector turístico. Además, la agricultura no ha salido mal librada gracias ha que ha llovido más. Han existido incluso excedentes en algunas producciones. Lo importante es que no se ha producido el más mínimo corte de agua para la población, cosa que sí ocurrió en el año 2003 pese a haber entonces más agua».

Mariano Rajoy se ha comprometido a incluir en el programa electoral del PP para las próximas elecciones las reivindicaciones de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana en agua, infraestructuras y financiación autonómica. Así lo adelantó ayer el presidente valenciano Francisco Camps durante el tradicional almuerzo que marca el inicio del curso político con su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel.

En concreto, Camps explicó que Rajoy tendrá presente el Trasvase del Ebro y del Júcar-Vinalopó; así como la continuidad del acueducto Tajo-Segura.

El tren de alta velocidad y el agua vuelven a unir a ambos presidentes, que marcaron la misma estrategia que la legislatura anterior. Junto a un buen número de altos cargos y miembros del PP, acudieron a la reunión del llamado Pacífico Club Marítimo Político Veraniego, fundado por el senador y ex alcalde pinatarense, Pedro José Pérez, hace 14 años. Justo enfrente del hotel Thalasia que acogió la cita se levantan las dos plantas desalinizadoras que ha impulsado el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que venían recogidas en el PHN del Partido Popular.

Los dos presidentes se mostraron de nuevo firmes en cuanto al AVE, aunque fue Camps quien acusó directamente a Rodríguez Zapatero de «hurtarnos el tren de alta velocidad, ya que, aunque está a medio construir el trazado de Madrid-Valencia, nos está hurtando entre Madrid-Alicante, Madrid-Murcia y Madrid Castellón, además de la comunicación entre las ciudades ciudades del Mediterráneo».

Más seguridad

Valcárcel por su parte criticó al PSOE y recordó que «es la segunda vez que la Región de Murcia queda fuera de la Red Transeuropea de Transportes, pues ya ocurrió en 1994, y fue porque el mismo Gobierno de España que hay hoy no solicitó de la Unión Europea que se incluyera la alta velocidad para Murcia». Al hilo de la información publicada por La Verdad, el presidente aseguró que «un Gobierno del PP sí incluyó el AVE». Defendió la memoria de la comisaria de la UE Loyola de Palacio y calificó de «inmorales y ruínes» las críticas de los socialistas murcianos, que habían reprochado a esta última que Murcia hubiera quedado fuera de la red europea de alta velocidad. «Pero aquí está el PP y no hay mal que cien años dure», comentó.

Ramón Luis Valcárcel se pronunció sobre las opciones que estudia el Ministerio para enviar agua desde el Tajo Medio, el Jarama y Extremadura, como publicó ayer este diario, y declaró que los socialistas «están bailando la yenka en lugar de tener ideas fijas y defenderlas». Explicó que las alternativas del Tajo Medio y del Jarama «no me resultan novedosas porque llevo muchos años defendiéndolas. Llegan con años de retraso, aunque nunca es tarde si la dicha es buena». El presidente murciano aclaró después que no renuncia el Trasvase del Ebro, aun cuando el Ministerio asegure 600 hectómetros cúbicos anuales del Tajo.

Los responsables de las dos gobiernos levantinos destacaron además su deseo de que se reconozca una financiación económica de ambas comunidades acorde al crecimiento de la población, sobre todo en materias de Sanidad y Educación. La seguridad ciudadana es otra de las cuestiones que une a las regiones costeras del Levante, para las que Camps pidió más guardias

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Ruiz Vivo, ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que se solicita que el presidente del Gobierno de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero, haga un «pronunciamiento oficial sobre las propuestas presentadas por el presidente de la Región de Murcia, relativas al Plan de Interconexiones del Tajo-Medio y a la apertura de bancos del agua en la desembocadura del Ebro, alternativas que contribuirían a alcanzar soluciones para paliar la escasez de agua que viven diversas zonas de España, y en especial la Región de Murcia».

Según ha manifestado José Antonio Ruiz Vivo, «la situación que vive el campo murciano no permite más dilaciones. Además, las alternativas fueron puestas encima de la mesa por el presidente Valcárcel en su visita a La Moncloa hace ya más de dos años y lo que hay que hacer es darles respuesta con urgencia».

En respuesta a las declaraciones del vicepresidente primero de Castilla La Mancha, Fernando Lamata que aseguraba que el trasvase del Tajo-Segura «no tiene futuro», el portavoz popular le ha recordado que establecer una «autarquía del agua es propia de políticos a los que se les paró el reloj hace tiempo. Es evidente que mientras que los miembros del gobierno castellanomanchego buscan la confrontación permanente, nosotros buscamos la solución permanente».

Ruiz Vivo ha manifestado asímismo que Lamata debería estudiar seriamente el proyecto presentado por Valcárcel y decir «cuánta agua hay almacenada en el Tajo-Medio, en lugar de buscar continuamente la polémica con la Región de Murcia y con la Generalitat Valenciana».

Sufragado por Murcia

En cuanto a los bancos del agua, señaló que «es preciso recordar que tanto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps como Ramón Luis Valcárcel se ofrecieron a sufragar los gastos de conducción del agua desde la desembocadura del Ebro hasta Murcia, pasando por Valencia».

Ruiz Vivo ha añadido que «si el Gobierno central no quiere el trasvase, pero sí admite los bancos de agua, que dejen que las comunidades de Murcia y Valencia acudan a esa fórmula de bancos de agua donde la hay, es decir, en la desembocadura del Ebro».

Igualmente, el portavoz popular ha asegurado que «el llamado Plan Valcárcel sobre el Tajo Medio no puede seguir durmiendo el sueño de los justos en algún cajón de la mesa de despacho de Zapatero. Tal y como ha explicado Ramón Luis Valcárcel en varias ocasiones, los 500 hectómetros cúbicos que se obtendrían de este nuevo plan solucionarían problemas de agua de Castilla La Mancha y Murcia».

Plan serio y solidario

«Ante el evidente fracaso del programa AGUA -continúa el viceportavoz- y las permanentes protestas de los regantes murcianos, que se ven desamparados por aquellos que les arrebataron un Plan Hidrológico Nacional serio, solvente, solidario y vertebrador, entendemos que ha llegado la hora de alcanzar compromisos sobre la base de los trabajos ya realizados por el presidente Valcárcel que, a la hora de plantear sus alternativas no sólo ha contemplado las necesidades hídricas de la Región, sino también de otras comunidades autónomas, como es el caso de Castilla La Mancha».

Acaba Ruiz Vivo señalando que «Valcárcel ha planteado soluciones donde otros ponen sequía de ideas, que es la peor de las sequías. Por eso, desde el Partido Popular queremos que el pleno de la Asamblea Regional pida al Gobierno de España una respuesta clara, diáfana y concisa sobre el Tajo-Medio y los bancos de agua del Ebro. Tiempo han tenido para ello».

El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, criticó hoy en rueda de prensa lo que calificó como «postura numantina» del gobierno de Castilla-la Mancha y de las Cortes Generales en esa comunidad por su política en materia de agua de criticar el trasvase Tajo-Segura, con lo que pretenden sacar réditos políticos.

A su juicio, tanto el gobierno manchego como el murciano mantienen una política de agua «que no beneficia nada a los intereses de España, de Murcia o de Castilla-La Mancha».

Recordó que el Gobierno central ha dejado claro que los ríos que atraviesan mas de una comunidad autónoma son competencia del Estado y que el trasvase «es intocable y tiene mucho futuro, como lo demuestran las inversiones millonarias que se están haciendo para su fortalecimiento, y que los bancos públicos del agua utilizan su infraestructura para su funcionamiento».

Para Jara, en Castilla-La Mancha «intentan el ejercicio perverso, en el que el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, cae a veces, de igualar el Tajo con Castilla-La Mancha y decir que el agua que viene la mandan los castellano manchegos; lo que no es cierto porque Castilla-La Mancha es la cuenca del Tajo, dado que dos terceras partes no son cuenca del Tajo, y solo un tercio de la cuenca del Tajo está en Castilla-La Mancha, el resto están en Madrid, Extremadura y en Portugal».

«No viene agua de los manchegos para Murcia; viene agua de un río español para Murcia y, por tanto, tenemos tanto derecho a utilizarla como los regantes de la cuenca del Tajo en Castilla-La Mancha», agregó.

José Ramón Jara consideró «inaceptable» esta situación «porque están arrogándose una prioridad y un derecho que no les pertenece porque por ley hace 25 años se asignó a unos regantes derechos sobre la cuenca del Tajo, y esos derechos son tan importantes como los que puedan tener los regantes de Castilla-La Mancha, de Madrid o de Extremadura».

El dirigente murciano afirmó que «harían bien los políticos de uno y otro signo si dejaran de manosear el agua, e intentaran llegar a un consenso o a un acuerdo que beneficiara a todos. En la guerra del agua perdemos todos», añadió.

«Se que es difícil en este país llegar a acuerdos de Estado, pero debería ser posible, no solamente en materia de terrorismo o de educación o pensiones, también en materia de agua sería deseable que este país llegara a un acuerdo», aseveró.

Respecto a las críticas de los regantes murcianos y del gobierno regional a un proyecto de oleoducto desde Cartagena a Puertollano, comparando esta infraestructura a un trasvase, Jara manifestó que se trata de una postura poco seria y de un discurso barato y simplista, ya que a la Región de Murcia le interesa esa infraestructura que aporta dinero a su economía, y dijo que criticarla sería como criticar por ejemplo las exportaciones de frutas murcianas.

El Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura ha escrito un nuevo capítulo en la polémica sobre el futuro del acueducto que mantienen las comunidades de Murcia y Castilla-La Mancha, al anunciar su rechazo al oleoducto entre Cartagena y Puertollano (Ciudad Real) y la presentación de alegaciones a este proyecto en respuesta a la oposición del Ejecutivo manchego al envío de agua a Murcia para regadío.

– ¿No cree que su iniciativa puede agravar la confrontación entre las dos regiones?

– No la hemos hecho con esa intención, sino con la de llamar la atención sobre los intereses de los regantes murcianos, a los que llevan mucho tiempo agobiando con el anuncio del cierre del grifo del trasvase.

– ¿Tienen alguna iniciativa similar más en cartera?

– No. [Sonríe antes de contestar]

– El Gobierno de Castilla-La Mancha le ha contestado que los que le acusan de insolidarios llevan 30 años bebiendo agua del Tajo.

– Hay que intentar suavizar un poco las cosas, pero es que ellos continuamente se oponen a los trasvases para regadío, cuando nosotros cumplimos la legalidad vigente y modernizamos los regadíos. ¿Qué más se puede pedir? Ellos tienen agricultores, ¿qué harían si les dijeran que no iban a regar más y que tienen que quitar sus cultivos? Además, Castilla-La Mancha tiene sus necesidades cubiertas con la reserva estratégica de los 240 hectómetros cúbicos que marca la ley.

– El Gobierno de Murcia les ha dado nuevamente su apoyo…

– Sí, hoy mismo (por ayer) he recibido un fax del Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea Regional anunciando que van a presentar una moción para el apoyo a nuestras alegaciones contra el oleoducto de Puertollano.

– ¿Y cuál es la solución?

– Aquí es el Gobierno central el que se debe imponer y hacer que se cumpla la ley. El proyecto del oleoducto viene desde hace dos o tres años, pero hasta ahora no hemos dicho nada. La Comunidad de Murcia y nosotros defendemos nuestros intereses, de acuerdo con la legislación vigente.

El Ministerio de Medio Ambiente autorizará dentro de unos días la operación de compra de derechos de agua a los regantes del Canal de las Aves de Aranjuez, en la provincia de Madrid. El volumen en esta ocasión será inferior a los 30 hectómetros cúbicos. Servirán como reserva estratégica para los abastecimientos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Esta operación de compra de derechos sobre las concesiones del Tajo es la segunda que se realiza este año, después de la anterior que formalizó el Sindicato Central de Regantes con sus colegas de Estremeras. En el anterior año hidrológico también se ejecutaron ambas operaciones, la cuales considera el Ministerio como caudales trasvasables a todos los efectos.

Por otra parte, se espera una nueva visita de la ministra Cristina Narbona, probablemente a la planta desalinizadora de Valdelentisco (Cartagena), que se pondrá en funcionamiento en breves fechas

La reivindicación del Trasvase del Ebro no estaba en la agenda de la reunión. Según las ministras Cristina Narbona y Elena Espinosa, ninguno de los miembros del Comité de Crisis ha planteado esta opción en el encuentro de ayer ni en los anteriores. La titular de Agricultura indicó al respecto que el Gobierno trata de dar solución «a problemas concretos con medidas y plazos establecidos».

Espinosa contestó, por otra parte, que el Gobierno murciano no le ha transmitido que se estaba dejando morir al regadío del Sureste por la falta de agua, como se ha publicado en varias ocasiones por boca de miembros del Ejecutivo y del PP. La ministra apuntó que a su juicio sí se han recibido favorablemente por los regantes las inversiones de su departamento en el plan de modernización de regadíos. Espinoso abogó por reducir las pérdidas de agua en las conducciones agrícolas.

Cristina Narbona, por su parte, criticó la actitud del presidente valenciano Francisco Camps y señaló que «no es el Gobierno de España el que paraliza inversiones en la cuenca del Segura». Puso como ejemplo la desalinizadora de Torrevieja, que ha tratado de paralizar Francisco Camps, y cuyo objetivo es proporcionar agua a los regadíos y a toda la población de la zona.

Narbona también quiso dejar claro en la rueda de prensa que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel «no ha hecho ninguna petición» para que se concedieran los 20 hectómetros cúbicos que pedían los regantes; y que sí lo ha hecho la Administración central para dar respuesta al grave problema que tenían.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, presente en la toma de posesión del presidente regional, ofreció al Ejecutivo autónomo «la colaboración y la mano tendida» del Ejecutivo de la Nación «para resolver los problemas de la Región de Murcia», entre los que citó el agua y las infraestructuras, mencionados también por Valcárcel en su discurso.

El ministro aludió a la necesidad de que «las instituciones tenemos que cooperar» y vaticinó para Murcia «años fructíferos con el apoyo del Gobierno de España».

Sevilla se refirió a las competencias de Justicia, pendientes por negociar con el Gobierno regional, e indicó que «existe la voluntad» de los ministerios de Administraciones Públicas y de Justicia para que la transferencia se lleve a cabo en la nueva legislatura. «Por nosotros no va a quedar -dijo- y espero que podamos avanzar en este camino».

También defendió el proceso de reformas de los estatutos de autonomía, que aún no llegado a la Región de Murcia, porque «se ha demostrado que España no se ha roto, se ha consolidado el modelo autonómico y ahora funciona mucho mejor.